AVANCE POLÍTICO EN COLOMBIA

POR MANUEL BELTRÁN /

El pasado 26 de abril luego de haber solicitado la renuncia a todo su gabinete el día anterior, el presidente Gustavo Petro Urrego, removió siete de sus ministros que junto a los tres que salieron en marzo implicó que más de la mitad de su equipo ministerial designado hace ocho meses haya sido cambiado. Este cambio obedece principalmente a que se presentó un bloqueo de parte de los partidos tradicionales de ultraderecha cuya misión específica era oponerse a puntos centrales de las reformas, principalmente a la de la salud que está en pleno trámite en el Congreso de la República.

Las zancadillas a las propuestas promovidas por Petro de parte de los sectores retardatarios que aparentemente y por motivos meramente burocráticos aparecían como parte de la coalición de Gobierno, obviamente generó un desgaste interno y transmitió a la opinión pública un mensaje de falta de unidad. Lo que quedó en evidencia es que el bloque de ministros que se disfrazó de “socialdemócrata” no compartía el proyecto programático del mandatario. Ahora, con su salida, se espera que la Administración pueda actuar de forma unificada y que las contradicciones internas sean dirimidas sin la intromisión interesada de los dueños de los tradicionales medios de comunicación que están prestos para desinformar sobre los verdaderos contenidos de las reformas.

También es un hecho que la explosión controlada que planeó la decadente oligarquía para sabotear y adueñarse del proceso de cambio que vive Colombia fracasó. Los ministros infiltrados han sido expulsados del gobierno popular. Han caído en su propia trampa o, mejor dicho, se han puesto en evidencia con sus propias acciones. El teatro y la hipocresía han fallado. Podríamos decir que terminaron atrapados en otra estrategia que se desplegó desde el sector popular y que se podría denominar “la telaraña”. Entraron al primer gobierno popular, pero no pudieron salir sin ponerse en evidencia o “pelar el cobre”, como suele decirse coloquialmente en Colombia.

El neoliberal exministro de Educación, Alejandro Gaviria, demostró estar del lado de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que sirven de intermediarias en la administración de los recursos públicos que gira el Estado a este sector por lo que obtienen multimillonarias ganancias, no obstante el deficiente servicio. Quedó claro que su presencia al interior del gabinete no tenía otro objetivo que torpedear la reforma a la salud propuesta. En cuanto a su cartera, no hizo nada. No hubo ninguna idea para reformar la educación (cuestión que tanto necesita el país para avanzar en su transformación y progreso). Los esfuerzos del exministro se enfocaron en promover ataques mediáticos contra la posibilidad de cambiar el modelo de salud que está secuestrado por un grupo mafioso que se aprovecha para enriquecerse a costa de los recursos del Estado. Para este propósito perverso contaba con la colaboración de otros ministros. Planearon ser expulsados en bloque para generar una crisis ministerial, cosa que habría propiciado problemas serios en el ejecutivo, pues para ese entonces los ministros de Hacienda y Agricultura, con su talante hipócrita, disfrazados de “socialdemócratas” no habían destapado su juego. El Presidente decidió ser paciente y dejar que el tiempo pusiera todo en su lugar para que no se presentara la historia como la de un mandatario autoritario que no llega a consensos.

La exministra de Agricultura, Cecilia López Montaño, fue más hábil; tenía mejor manejo de las comunicaciones y siempre se había mostrado como una política alternativa. Pero el manejo de la cartera demostró todo lo contrario. Sus acciones no iban encaminadas a promover el cambio, sino a obstaculizarlo. Fue evidente con los nombramientos de agentes de extrema derecha en puestos de ese Ministerio. Luego, validó todo el discurso reaccionario alrededor de las invasiones a predios que se dieron al inicio del Gobierno y que tenían todo para ser operaciones de sabotaje promovidas por los mismos terratenientes. Después vino el parsimonioso acuerdo con el gremio ganadero de ultraderecha, Fedegán, que no ha servido para gestionar la reforma agraria, pues sus voceros no han ofrecido tierras fértiles. Pero el colmo de esta actitud se dio con el hundimiento de los artículos del Plan Nacional de Desarrollo que permitían la compra voluntaria de tierras. Así se obliga al gobierno a expropiar y a enfrentarse al ya desgatado “fantasma de Venezuela”. La Ministra Lópex se quedó de brazos cruzados; por eso el Presidente le reclamó de forma pública en la población vallecaucana de Zarzal.

Por su parte, el exministro del interior, el neoliberal Alfonso Prada, ficha del ultraconservador expresidente Juan Manuel Santos, caracterizado por ser un bribón, había decepcionado con la manera indolente en que se permitió el hundimiento de la reforma política, que vino a comprobar el poco o nulo interés de la clase política tradicional por reformarse.

Prada no defendió la reforma a cabalidad. No impidió la introducción de artículos indefendibles, que buscaban hundir las iniciativas provechosas. Después sucedió lo que todos ya conocemos. El saliente Presidente del Congreso de la República, el camaleónico Roy Barreras (otro de los agentes de esta conspiración) se dio el gusto de hacer trizas la reforma política. El exministro no hizo nada para impedirlo. De hecho, parecía muy tranquilo con lo sucedido, como quien ha cumplido su objetivo.

Hay que decir que esta artimaña tenía un líder y no era otro que el que manejaba el dinero. El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo (ficha del expresidente Ernesto Samper, quien llegó a la Presidencia de Colombia en 1994 gracias a los aportes mafiosos del cartel de Cali de los hermanos Rodríguez Orejuela), fue el más hábil para ocultar sus intenciones. Se presentó como un liberal que quería ser parte del primer gobierno de izquierda, pero sus acciones no estuvieron encaminadas a que ese proyecto tomara vuelo, sino que pretendió ponerle grilletes y cadenas para que no pudiera avanzar. El Presidente se cansó de pedir el fin de la política de tasas de intereses altos, que tanto atenta contra el crecimiento y progreso del país. Ocampo no hizo nada al respecto. Es más, validó en todo momento las acciones de la junta uribista en el Banco de la República (banco central). Tampoco propuso un plan crediticio, impulsado por el gobierno, para paliar esta situación.

En cuanto a las reformas, mostró poco entusiasmo para defenderlas fiscalmente. Pero el colmo fue la jugada sucia en la Federación Nacional de Cafeteros, gremio ultraconservador que administra el Fondo Nacional del grano que es público, donde ayudó a elegir a un enemigo declarado del Jefe de Estado, ficha del uribismo.

En contraste, podemos ver a la exministra de Salud, Carolina Corcho Mejía, quien se va con todo el reconocimiento y aplausos de las bases populares y de amplios sectores sociales del país. La diferencia es que ella sí apostó por el cambio de verdad y fue leal al mandato de transformación expresado en las urnas. Otra diferencia la podemos ver en el comportamiento de los medios. Con los ministros conservadores de la política tradicional, la canalla mediática fue laxa, rayaba en la propaganda pura y dura. En cambio, con la saliente Ministra de Salud se ensañó de forma ruin. Creó todo tipo de noticias falsas y rumores para intentar destruirla. Pero no lo lograron. Ella se va con el trabajo cumplido. Deja la reforma diseñada y viva para su aprobación en el Congreso. No permitió que el corrupto establishment colombiano la destruyera e impidiera su radicación. Además, esta reforma a la salud cumplió la función de acabar con la estrategia de explosión controlada por medio de la cual la oligarquía pretendía “moderar” el proceso de cambio.

El paso de Carolina Corcho por el Ministerio de Salud la consolida como una líder en el espectro político colombiano, pues su solvencia profesional, moral y su activismo social que ejercía antes de ingresar al Gobierno, son cartas de presentación para que siga descollando en el ámbito público.

Hoy Colombia cuenta con un gabinete ministerial que representa con mayor cabalidad el cambio que eligió el pueblo. Queda claro que este es un desarrollo por etapas. Primero, la izquierda consiguió impedir que se robaran las elecciones en 2022. Ahora, el Gobierno de Petro con su coalición progresista denominada Pacto Histórico ha sacado a la corrupta política tradicional del poder. Algunos nunca comprendieron por qué Petro hizo acuerdos con dichos representantes del viejo régimen. La respuesta está clara: el primer gobierno de izquierda debía consolidarse y tener la estabilidad suficiente para la actual renovación que está atravesando el país. Sin embargo, hay que advertir que no será la última que veremos. La batalla ahora es por las bancadas en el Congreso de la República.

El Gobierno de Cambio que lideran Petro y la vicepresidenta Francia Márquez ha conseguido llevar a su lado varios congresistas de los partidos tradicionales, que se han rebelado contra los corruptos jefes politiqueros de toda la vida. Así avanza la estrategia para tener mayorías propias.

La reforma a la salud no solo vino a transformar el sistema sanitario del país, también ha resultado ser una medicina contra el juego sucio y la politiquería tradicional. Lo mejor de todo (valga decirlo) es que esto se da en medio de la conmemoración del segundo aniversario del Paro Nacional que lo cambió todo. El pueblo colombiano sigue avanzando.