La propuesta de reforma a la salud es la iniciativa social más progresista que ha diseñado el actual gobierno, porque se propone limitar el papel central que tiene el capital en la prestación de ese servicio.
Desde el movimiento social y popular es necesario comprender las correlaciones de fuerzas y las dinámicas en juego para que su movilización en las calles visibilice y fuerce la necesidad de cambios que vayan más allá de las reformas y más allá del capital
Por Edgar Fernández
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El sorpresivo anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la finalización de la coalición de gobierno es un brusco movimiento que trastoca el tablero de las fuerzas políticas institucionales. Tanto, que hace brincar preguntas sobre cómo podrá recomponerse la capacidad del Gobierno para sacar adelante las reformas sociales, y más aún, si esto derivaría en una crisis de gobernabilidad. Por lo pronto, el país está en un marco de indecisión que se resolverá a medida que las fuerzas partidarias reacomoden sus posturas, pero precisamente esto induce a pensar en un posible tránsito hacia una forma de gobierno mediada por el manejo de crisis permanentes.
El Gobierno ha dicho que el quiebre de la coalición –con los partidos Liberal, de la U, y Conservador- fue provocado por los presidentes de esas colectividades que no están apoyando las reformas propuestas. Más aún, señaló que acuden a la amenaza para imponer sus órdenes, en expresa referencia al expresidente Cesar Gaviria, quien en forma autoritaria ordenó a su bancada votar en contra de la reforma a la salud. Este autoritarismo es constatado por el representante Juan Carlos Lozada, al referir que 16 representantes liberales se oponen a esas directivas, y que no se ha dado una votación democrática al interior del Partido, tal como lo exigen sus propias normas.
La propuesta de reforma a la salud es la iniciativa social más progresista que ha diseñado el actual gobierno, porque se propone limitar el papel central que tiene el capital en la prestación de ese servicio. Con ella, el Gobierno se enfrenta al poder económico de 12 de las 60 empresas más grandes del país -20% del total- a las que se deben sumar las grandes clínicas y demás IPS. Son ellas las que han financiado la campaña de pánico mediante la cual se le dice a los colombianos que la salud se acaba, tétrico discurso que replican los gremios de la salud y los voceros políticos del gran capital, en especial los Gaviria, Santos y Vargas Lleras, bufones a sueldo que llegan al límite de sostener la gran mentira de que el país tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo[i].
Si bien las reformas sociales presentadas por el Gobierno están lejos responder a los cambios estructurales que exigieron las protestas de 2019 y 2021, ellas son muchísimo más que el portazo en las narices dado por Iván Duque a los voceros del Comité Nacional de Paro. Esto lo sabe a cabalidad Petro, quien entiende el actual momento como un paréntesis en las protestas para que se sucedan los cambios que el país necesita y reclama. Aunque se encuentra con que en el Congreso los jefes de los partidos políticos –del capital- cierran las puertas del cambio institucional y amplían los caminos para el choque directo entre las clases sociales.
Toda esta situación vuelve a revelar la dificultad en la que surgió y se mueve el gobierno progresista, al pretender regular y conciliar desde las instituciones los conflictos creados por el capital durante las últimas décadas. En ese propósito el Gobierno no cuenta con un piso social firme, porque la burguesía y la gran burocracia no se sienten representados en las reformas, pero tampoco lo hacen, de forma decidida, el proletariado y el resto de clases populares.
Los partidos de la derecha lo acompañaron, hasta ahora, en el propósito de domesticarlo y controlarlo, intención ante la cual acaba de reaccionar con fuerza Petro. Este deslinde ha sido ratificado en la afirmación del reciente comunicado de que la “apuesta por el diálogo y el pacto, fue rechazada por alguna dirigencia política tradicional y del establecimiento”. En consecuencia, entre los nuevos responsables de Ministerios hay personas más de su confianza y cercanas a su trayectoria, con las que espera adelantar el programa de cambios[ii].
Esto a su vez implica un alejamiento de las cúpulas partidarias que representan más directamente al gran capital. Así que plantea una relación más débil con el Partido de la U, al sostener sólo a uno de sus cuadros en el Ministerio de las TICs, mientras pareciera querer profundizar las grietas del Partido Liberal al fortalecer el vínculo con los liberales adversos a Gaviria y que le acompañan desde inicio de la campaña. Por supuesto, estas decisiones abren oportunidades fuertes para que el ala opositora se amplié y fortalezca, por eso aún hay que esperar las reacciones de cada una de las colectividades implicadas.
Del otro lado, y a pesar de los esfuerzos desplegados desde las instancias oficiales, los sectores populares tampoco terminan por conectarse decididamente con el Presidente y su tren ministerial. Esto se evidencia en la multitud de choques y protestas locales sucedidas desde fines del año pasado, pero sobre todo en los tres llamados del Gobierno para que a través de la movilización se presione al Congreso para que apruebe las iniciativas de reformas. Desconexión relativa que fue evidenciada durante las lánguidas movilizaciones de marzo, lo que puede convertir a las convocadas para esta semana en un verdadero “plebiscito” y hasta en un punto de inflexión en la política institucional del país.
Ante el quiebre de la coalición con los demás partidos, el ejercicio de gobierno se dificulta enormemente porque sólo cuenta –directamente- con 17% de la bancada en el Senado. En su favor se puede sumar la legitimidad de haber ganado las elecciones, aspecto subrayado por el mismo Roy Barreras –principal aliado- quien le ha recordado que ganó con los votos de los liberales y que son las reformas las que generan cambios, no las protestas, ni las refriegas[iii]. Así las cosas, los trinos de Petro metieron el dedo en la llaga, profundizaron la crisis, y con los cambios ministeriales actuales da respuesta a Roy y a los liberales “disidentes”.
Con estas movidas no se resuelven del todo las dudas sobre cómo quedará el reacomodamiento, que por lo menos implica cierta ruptura de la Dirección Liberal.
El abordaje de respuestas lleva el análisis hacia el campo de la especulación, por así decirlo, y las lecturas llegan hasta el llamado a una constituyente o al brote de una crisis de gobernabilidad. Algo ahora más evidente, es que las semanas restantes hasta el 20 de junio –cuando se cierra el periodo legislativo- será un lapso de tiempo más que corto para la aprobación de las varias reformas sociales en curso. Por tanto, el Gobierno y los partidos se enfrentan a la difícil tarea de tener que rehacer los acuerdos para arrojar algunos resultados que cuando menos tranquilicen a las masas populares, perspectiva menos factible si el ala opositora se fortalece.
Sobre escenarios más extremos, como el llamado a una constituyente o una crisis de gobernabilidad, hay que considerar que el Gobierno aún es joven y que cuenta con un fuerte reconocimiento social. A ello se suma que tiene en sus manos un presupuesto público ampliado por las anteriores reformas fiscales y por las utilidades de Ecopetrol, de modo que esa solvencia puede ayudarle a enfrentar exigencias provenientes de distintos frentes sociales. Además, cuenta con gran respaldo internacional, fortalecido por el reciente espaldarazo del gobierno de los EEUU, que incluso llegó a catalogarlo como pieza clave en la región.
El balance anterior induce a entender que el Gobierno ha movido sus fichas para clarificar y reacomodar las posiciones hacia el liberalismo de izquierda. El sorpresivo giro puede implicar un cambio en la forma de gobernar, que transitaría de la tranquilidad ofrecida por el modelo de dialogo y consensos, hacia un proceso de gobierno más turbulento e impredecible, más no por ello inestable y menos aún ingobernable- al menos no por ahora. Con ello, se sacude el somnífero cerco tejido pacientemente por la derecha, y a la vez procura plegarse, a gritos y afanosamente, con las masas populares para que presionen en favor de su programa.
En síntesis, puede ser esperable que se normalice la administración de las crisis, en tanto a través de ellas surge la posibilidad de validar su posición preponderante de gobierno nacional, altura desde la cual puede revaluar constantemente sus fuerzas con el fin de favorecer cada una de sus iniciativas.
Desde el movimiento social y popular es necesario comprender las correlaciones de fuerzas y las dinámicas en juego para que su movilización en las calles visibilice y fuerce la necesidad de cambios que vayan más allá de las reformas y más allá del capital.
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[i] Colombia ocupa el puesto 81 de 120 según la Revista Lancet.
[ii] Comunicado a la opinión pública mediante la cual da a conocer los nuevos responsables de los ministerios 26-04-23
[iii] Entrevista de Caracol Radio, 26-04-23
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Edgar Fernández, Centro de Pensamiento y Teoría Crítica -PRAXIS
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Fuente:
