CRIMEN Y CASTIGO

Julio César Carrión Castro

Politólogo – Universidad del Tolima

“Y si el destino por lo menos le hubiese enviado el arrepentimiento, un arrepentimiento punzante que destrozara el corazón y le quitase el sueño, el arrepentimiento que llena el alma de terror hasta el punto de hacer desear la cuerda de la horca o las aguas profundas… ¡Con qué satisfacción lo habría recibido! Sufrir y llorar es también vivir. Pero él no estaba en modo alguno arrepentido de su crimen. ¡Si al menos hubiera podido reprocharse su necedad, como había hecho tiempo atrás, por las torpezas y los desatinos que le habían llevado a la prisión! Pero cuando reflexionaba ahora, en los ratos de ocio del cautiverio, sobre su conducta pasada, estaba muy lejos de considerarla tan desatinada y torpe como le había parecido en aquella época trágica de su vida”.

Fiódor Mijáilovich Dostoievski (En el epílogo de su obra, refiriéndose a la carencia de sentimientos de duelo y arrepentimiento por parte de Raskolnikof)

Rubén Jaramillo Vélez

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, finalmente ha declarado responsable al Estado colombiano por el genocidio de más de 6.000 activistas y militantes de Unión Patriótica. Según el fallo de la Corte, el Estado colombiano violó los derechos a la vida, a la honra, a la libertad de expresión, de circulación y residencia de los integrantes de la Unión Patriótica, así como el derecho de los deudos, familiares y relacionados, a conocer la verdad acerca de lo sucedido.

La Corte comprobó y certificó que la violencia sistemática contra los integrantes, militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica se extendió durante más de veinte años, por casi todo el territorio colombiano, con criminales acciones como asesinatos, desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas, vejaciones, desplazamientos, amenazas, atentados, judicialización de las protestas, y una constante estigmatización, entre otros actos, como se afirma en el texto. Todas estas acciones hicieron “parte de un plan de exterminio sistemático contra el partido político Unión Patriótica, sus miembros y militantes, acciones que contaron con la participación de agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de las autoridades, constituyendo un crimen de lesa humanidad”, agrega el documento.

Como medidas de reparación, la Corte IDH estableció que el Estado colombiano tendrá que organizar un acto público en el que deberá reconocer su responsabilidad e iniciar, impulsar y continuar con investigaciones metódicas y amplias, para conocer la verdad respecto a las graves violaciones de derechos humanos, para lo que tiene un plazo de dos años.

La U.P. comenzó en el año 1984 cuando se firmaron los “Acuerdos de la Uribe” entre el gobierno del presidente Belisario Betancur y los voceros de las Farc. El pacto inició un proceso en el cual la guerrilla y el Estado se comprometían al cese las hostilidades, en procura de que las Farc, el Partido Comunista y otras fuerzas y movimientos populares, conformaran una nueva fuerza política que, finalmente, sería el partido político Unión Patriótica .

Según la Corte IDH: “como consecuencia de su rápido ascenso en la política nacional y, en especial, en algunas regiones de tradicional presencia guerrillera, surgió una alianza entre grupos paramilitares, con sectores de la política tradicional, de la fuerza pública y de los grupos empresariales, para contrarrestar la subida en la arena política de la U.P.” y entonces, comenzaron los constantes actos de violencia contra sus integrantes, simpatizantes y militantes.

Para tratar de comprender claramente el desenvolvimiento de este proceso de violencia sobre un partido político y una comunidad, tenemos que entender, inicialmente, que todo este sistemático quehacer de persecución y de exterminio, tiene profundas raíces históricas.

Entender el genocidio efectuado sobre la Unión Patriótica implica, necesariamente, adentrarnos en la comprensión de las diversas circunstancias políticas, económicas y culturales que han determinado la formación de nuestra sociedad. En primer término, tenemos que asimilar el hecho histórico de saber que somos herederos de un pasado colonial español que estableció unas mentalidades y comportamientos, de los que aún no logramos liberarnos.

Con “la cruz y la espada” se llevó a cabo el expansionismo imperial y la aculturación de los pueblos aborígenes de América. La febril búsqueda del oro, y los anhelos de garantizar una ecuménica cristianización del mundo, fue lo que caracterizó la colonización española. Este afán evangelizador provocó la afirmación de procesos que han tenido hondas repercusiones durante toda nuestra dependiente evolución histórica. Hemos sido, irremediablemente, formados dentro de una cosmovisión anacrónica y dogmática que impone el odio, la calumnia y la tergiversación hacia toda corriente ideológica contraria a la fe católica. Tanto así que, en nuestro país el comportamiento político ha llegado a confundirse con los rituales religiosos, y no solo por ese cariz de mesianismo que encierra el caudillismo, tan característico de los partidos tradicionales colombianos, sino porque los púlpitos y las mismas ceremonias religiosas han sido utilizados para promover el sectarismo. A nombre de Cristo Rey y con vivas a la Santísima Virgen se han desatado, a semejanza de la España franquista, acciones de retaliación y hostigamiento político.

La huella de la católica Inquisición que implantara la Corona española, aún se percibe en Colombia, “el monstruo respira todavía”, está presente en la cotidiana persecución –sutil o descarada– que se ejerce sobre las diferencias; en la represión cultural, ideológica, ética y política que pesa sobre las personas, por obra y gracia de los poderes administrativos, escolares, judiciales, religiosos y morales.

En su libro “Matar, rematar y contramatar”, la investigadora María Victoria Uribe, al analizar algunas de las características culturales de los bandoleros de la llamada época de la violencia, que desde mediados del pasado siglo se estableció en Colombia, anota que la mayoría de los cuadrilleros, auspiciados por los “jefes” políticos de los partidos tradicionales, eran supersticiosos y creían en agüeros. Para protegerse, llevaban en sus bolsillos estampas de la Virgen del Carmen, del Cristo Milagroso de Buga, escapularios y varias medallas en el cuello y en los tobillos y, algunos de ellos, tatuajes en los brazos y en el pecho. (Cf. Uribe, María Victoria. Matar, rematar y contramatar. CINEP, 1990. p. 111.) Muchos de estos delincuentes, como los sicarios de hoy, confían plenamente, no solo en las cualidades mágicas y milagrosas de dichos artificios, sino que, además, encomiendan sus acciones criminales a la protección de los santos y la Virgen; creen que este amparo sobrenatural les hace invisibles a sus enemigos, les impide caer en emboscadas o les aleja de la muerte…

Las incontables masacres que colman nuestra reciente historia, con toda la vesania que las caracteriza, con el derroche de torturas a las víctimas, la vejación de los cadáveres y las más variadas mutilaciones, constituyen una especie de rituales de muerte que están emparentados, precisamente, con esos viejos rituales religiosos.

La muerte administrada no ha sido extraña en la historia de Colombia. La estrategia de exterminio a los grupos políticos inconformes con el monopolio bipartidista del poder, ha sido permanente en un extraño país que, como lo dijese Gabriel García Márquez: “Sucumbió temprano en un régimen de desigualdades, en una educación confesional, un feudalismo rupestre y un centralismo arraigado en una capital entre nubes, remota y ensimismada, con dos partidos eternos, a la vez enemigos y cómplices, y elecciones sangrientas y manipuladas y toda una zaga de gobiernos sin pueblo”. En este “caldo de cultivo”, la simulación de la democracia, la exclusión, la guerra y el genocidio, han sido las invariables históricas que garantizan la perpetuación de una sanguinaria oligarquía y de su absolutismo político. Absolutismo que va del asesinato selectivo de los líderes populares, como Rafael Uribe Uribe, Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro, Luis Carlos Galán o Bernardo Jaramillo Ossa, a la ilegalización de las luchas sociales, a la violencia disuasiva, al aniquilamiento total de organizaciones políticas, que fue lo que aconteció a lo largo de 20 años, con la Unión Patriótica y sus más de seis mil muertos. Todo ello ha permitido la criminal legitimación de las mafias y los grupos paramilitares, responsables del desplazamiento de poblaciones enteras y la continuidad de las más atroces masacres.

Para resaltar el continuismo, la permanencia y la consolidación de un régimen mafioso, de raíces cristianoides y fascistas, que se niega a desaparecer, y que, por el contrario, nos lleva a la consideración de que pareciera que vivimos un eterno y nebuloso presente cargado de crímenes y engaños, organizados por el propio Estado, quiero volver a presentar un texto mío publicado el viernes 2 de marzo del año 1990, –veinte días antes del asesinato de Bernardo Jaramillo Ossa candidato presidencial de la Unión Patriótica– en el periódico Combate de la ciudad de Ibagué. Aceptábamos entonces, y seguimos aceptando, la validez de la racionalidad y la esperanza, como opción reparadora.

A pesar de la persistencia, no sólo de esas concepciones y mentalidades, confesionales y fanáticas, impuestas por la Corona española, de la mano de la Iglesia católica, que llevó hasta la actual consolidación del paramilitarismo en Colombia, auspiciado por unas fuerzas militares corruptas, que le cobijan y amparan, garantizándoles mediante múltiples triquiñuelas y argucias una permanente impunidad; a pesar de todo ello, considero que este texto de hace ya 33 años, tiene plena vigencia y actualidad, sobre todo ahora que se abren perspectivas ciertas de cambio, bajo el gobierno de Gustavo Petro.

Miles de colombianos, los militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica, están hoy privados del amparo de la ley. A pesar de que existen convincentes pruebas sobre la participación de las fuerzas armadas en una generalizada política de muerte y terror para intimidar y eliminar la oposición política legal que representa la U.P., el gobierno de Virgilio Barco insiste en presentar estos constantes asesinatos como desligados completamente de la responsabilidad estatal. En esta época preelectoral pretende mostrar ante la opinión pública internacional, una falsa imagen de imparcialidad. Falaz empresa en la que es secundado por un periodismo claudicante y arrodillado que no duda en tergiversar la realidad con tal de garantizar “una buena prensa” al publicitado aspirante al Nobel de la Paz.

El gobierno plantea obstinadamente que las denuncias de los asiduos asesinatos de dirigentes y seguidores de la Unión Patriótica obedecen a propósitos electorales, atribuye la matanza de civiles indefensos a presuntos enfrentamientos entre las fuerzas de la izquierda; pretexto que tiene sus antecedentes en el nefando cuatrienio de Turbay Ayala, quien negaba las desapariciones, las torturas y demás violaciones a los Derechos Humanos, aduciendo que en Colombia el único perseguido era él, y responsabilizando a los detenidos políticos de auto torturarse, con el propósito de desprestigiar su gobierno. El ministro de defensa, Óscar Mejía Botero, su incondicional mandatario, Virgilio Barco y su testaferro Lemos Simonds, en un calculado montaje de desinformación, porfiadamente insisten en decir que se vienen dando plenas garantías de participación a todas las fuerzas políticas y que hay un normal desarrollo de la contienda electoral, a pesar de la magnitud que alcanza el hecho de que en lo que va corrido del presente año la U.P. ha sufrido más de 60 asesinatos.

El homicidio político efectuado por los paramilitares, como vía de intimidación o neutralización a la oposición, es un fenómeno ampliamente conocido en la América Latina: Chile, Uruguay, Brasil, Argentina, Guatemala y otros países que han soportado el incontrolado poder de un militarismo fascista, dolorosamente nos han mostrado esta cruel realidad. Una ya secular tradición de asesinatos, torturas y desapariciones, vinculadas a las fuerzas militares y de policía en estos martirizados países hermanos, nos permite colegir racionalmente, como reiteradamente lo han planteado organismos independientes, imparciales y de gran solvencia moral, como Amnistía Internacional que “la única conclusión posible es que las violaciones de derechos humanos a gran escala no son meramente toleradas por las fuerzas armadas colombianas, sino que se inscriben en una política deliberada de asesinatos políticos”. Pero, además, la Unión Patriótica está en capacidad de demostrar la participación en estos crímenes de los altos mandos militares, a quienes señala con sus nombres propios, en una declaración fechada el 27 de febrero. Allí se denuncia a los generales Harold Bedoya, Adolfo Clavijo y Gil Colorado, como responsables directos del exterminio de sus militantes.

Ya tiene claro la Unión Patriótica que “los paramilitares son los mismos militares”, como recientemente lo señalara Diego Montaña Cuellar en una entrevista televisada y como lo ha reconocido la pusilánime y oportunista Procuraduría. Esta criminal parcialidad que compromete a las fuerzas militares y de seguridad, supuestamente instituidas para “velar por la vida, honra y bienes” de todos los nacionales, la cínica confianza con que actúan los escuadrones de la muerte y la total impunidad en que permanecen estos crímenes, con un gobierno que discute, no acerca del condigno castigo a los comprometidos en estas muertes, sino, sobre la contabilidad de los asesinatos, atribuyéndole a la Unión Patriótica, disparatadamente, sólo “querer llamar la atención con propósitos electorales”.

Toda esta situación ha llevado a la Unión Patriótica a señalar la negligencia y la complicidad del gobierno de Barco en esta empresa criminal, a retirarse de un fingido tribunal de garantías electorales establecido sólo para engañar a la opinión pública y a suspender su participación en la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y el M19. Como dice la Declaración: “No nos digamos mentiras, aquí no hay paz”. Pero, la Unión Patriótica considera que aún no es tarde. Se tiene la convicción y la certeza histórica de que la muerte y las tinieblas del presente, tendrán que replegarse, abriendo paso al humanismo, a la racionalidad y a la esperanza…Ese es el sentido de la invocación a la solidaridad que significa su consigna “Venga esa mano país”, porque la U.P. cree con Gabriel García Márquez que todavía es posible la construcción de “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por nosotros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin una segunda oportunidad sobre la tierra”.

No en vano el fallo de la Corte IDH exige, como parte de las medidas de reparación, que el Estado colombiano organice actos públicos reconociendo su responsabilidad, y deberá iniciar, impulsar y continuar las investigaciones en torno a esos sistemáticos crímenes; conocer la verdad, levantar monumentos honrando a las víctimas y trabajar ampliamente para evitar su repetición, manteniendo viva la memoria y repudiando esos crímenes de Estado, porque, como lo hemos dicho: “Lo cotidiano de la violencia que pesa sobre los colombianos nos ha ido conduciendo a la asunción de una peculiar psicología: fugazmente nos llenamos de ira y de resentimiento ante la muerte administrada por los diversos agentes del exterminio, para luego encubrir todo el dolor y la amargura en el cómodo refugio del olvido y de la indiferencia.

Las muertes de hoy nos ocultan la tristeza y la pavura que nos dejaron los crímenes de ayer, pero a su vez mañana, estaremos llorando nuevas muertes, sin darnos tiempo para elaborar el duelo, convirtiendo las periódicas penas en asuntos pasajeros, e instalando en el alma colectiva una sórdida convivencia con el horror y una ambigua simbiosis entre la apatía y la esperanza.

Por otra parte, los acontecimientos históricos, que de por sí constituyen materia de polémicas entre las diversas ideologías, son sometidos a las más variadas tergiversaciones y distorsiones interpretativas, por parte del aparataje informativo que manejan periodistas y comunicólogos, expertos en la homogeneización de la opinión ciudadana y quienes, operando como amanuenses de los integrantes del bloque de poder, van forjando una nueva y conveniente historiografía que se sustenta en las manipulaciones del recuerdo y el olvido.

Cualquier tentativa por rescatar la memoria, la verdadera historia, ha venido siendo sometida a distintos mecanismos de coerción por parte de una especie de policía del pensamiento que se encuentra diseminada por todo el cuerpo social: no solo en los gobiernos que siempre han intentado impedir la protesta y silenciar la oposición, también en la prensa que, adscrita a las élites gobernantes, simplemente es publicista del poder y se autocensura; en los intelectuales tartufos que no desean abrir espacios de opinión, enclaustrándose en un mundillo aislado, pretencioso y ajeno a la realidad nacional; y en el común de las gentes que, asustadas por el creciente autoritarismo y el militarismo, no se atreven siquiera a reclamar por la diaria violación de sus derechos.

En este país de olvido y muerte se viene imponiendo una generalizada banalización del mal, porque los individuos se han adaptado a lo establecido, convirtiéndose en obligados y silenciosos colaboradores del poder, desapareciendo como seres autónomos y encerrándose cobardemente en el estrecho espacio de sus asuntos personales o en ilusorias dimensiones religiosas, que los apartan de todo compromiso político y los sumergen en el Leteo de esperanzas trasmundanas, para liberarse de su responsabilidad social. Sujetos que, cuando más, expresan una especie de momentáneo sentimentalismo teatral, que les permite simular pena y congoja por las cotidianas muertes, para luego continuar sumidos en la indiferencia”. (Cf. Carrión Castro Julio César, EL TIEMPO 28 de mayo 2004)

Si bien es cierto el nazifascismo fue derrotado en Europa en 1945, su espectro continúa rondando, en todos los países del capitalismo tardío, pero especialmente en los países periféricos. Colombia no es ajena a este proceso, porque, como lo denunciara Jorge Zalamea en su poema “El sueño de las escalinatas”: “La cruz gamada volteó en el espacio y siendo ya signo de infamia en los países momentáneamente liberados, se trocó en ídolo devorador en la tierra colombiana, mi dulce y tremenda tierra. Para enrodar a los humildes y corroborar a los poderosos”.

El profesor Rubén Jaramillo Vélez en una magnífica conferencia ofrecida en la Universidad del Tolima, a la que denominó, “La lucha contra el olvido como lucha contra el fascismo” (publicada por la revista Aquelarre número 5 en mayo de 2004), analizando la situación alemana a partir de la obra “Fundamentos del comportamiento colectivo” de los esposos Alexander y Margarete Mitscherlich, en la que los autores establecen que la incapacidad de sentir duelo –como expresión específica del comportamiento, no sólo de los alemanes, sino en general de toda la orgullosa Europa colonialista–, constituyó la base delirante de las ilusiones narcisistas que le permitieron a amplios sectores del pueblo alemán, contemplar con indiferencia, tanto el ascenso como la apoteosis criminal del nacionalsocialismo y el llamado Tercer Reich, incapaces de asumir su propia autonomía, en espera de la voluntad todopoderosa del Mesías-Hitler que les liberara.

Dice Rubén Jaramillo que ese comportamiento, impuesto por una pedagogía basada en el rigor y la disciplina extrema, “fue lo que caracterizó durante años la conducta del pueblo alemán y produjo la apatía política en masas cada vez más abocadas al consumo que no reaccionaron con una melancolía generalizada ante la pérdida del caudillo –del padre y el jefe– porque habían sido sistemáticamente engañadas en su narcisismo y se les había predicado ser un pueblo superior, un pueblo de señores al que se le había prometido el paraíso, el disfrute de la explotación de las riquezas de todos los países conquistados…”

El fascismo ha hecho de la regresión, de la infantilización de las masas, un recurso para manipularlas y movilizarlas; masas humanas sometidas a una especie de felicidad programada, ayer comprometidas con las grandes marchas, bajo banderas, emblemas y consignas, y hoy reducidas a un conformismo fatuo, bajo los lineamientos de unos espectáculos deportivos y faranduleros, que les llenan de satisfacción y les impiden, no sólo las posibilidades de la reflexión crítica y autónoma, sino la propia elaboración del duelo, inmersas en esas cotidianidades de las sociedades del espectáculo y de la “información” y, sometidas a la ambigüedad de un lenguaje encubridor y justificatorio que permanentemente les manejan e imponen los medios de comunicación…

Concluye Rubén Jaramillo Vélez: “El trabajo de duelo implica recordar y confrontar los contenidos del pasado, elaborarlos, reflexionar sobre ellos… bien sea por la pérdida de una persona amada, por la separación o la decepción (porque el duelo no se refiere exclusivamente a la relación estrictamente amorosa, sino también a las heridas que deja la vida en comunidad, la amistad, la conducta de los colegas, de las instituciones, etc.). Pero cuando no se elabora el duelo el recurso más frecuente es la “manía”, que aparece cargada de un potencial narcisista que puede llegar a ser bastante peligroso”.

Muchos individuos con un pasado tenebroso, incluso ahora, bajo las perspectivas de un nuevo gobierno que proyecta muchos de los cambios estructurales requeridos, seguirán disfrutando de reconocimiento, y ocupando posiciones importantes en la vida pública, en las empresas, en el agro, en la industria, en la educación, en la cultura y en la diplomacia del país y se mantendrán latentes hasta que circunstancias y momentos regresivos y reaccionarios los reclamen y su carácter manipulador saldrá de nuevo a flote, e impedirán, si se les permite, la correcta elaboración del duelo, como repitiendo ese fenómeno que harto ha conocido la desgarrada historia colombiana, porque, “esa angustia inconsciente es la que puede ser susceptible de ser canalizada como proyección. Entonces yo busco al otro y lo considero culpable de mi desgracia y de mi angustia, y ese otro puede ser entonces el judío, el negro. El liberal, si soy conservador, o el conservador si soy liberal, para referirnos a lo que sucedía en Colombia hace apenas unos cincuenta años. Era tan fácil en la vereda, dado el carácter bien rudimentario que caracterizaba a la vida campesina en esa época, declarar al otro culpable de mi desgracia porque usaba como emblema un color que congregaba a las gentes. Y aún más fácil era llamar “comunista” a quien no se comprendía, pues el anticomunismo fue siempre también una forma expedita de proyectar en el otro el propio odio, inclusive el odio a sí mismo. Por eso Adorno, con base en lo establecido en su gran obra de los años cincuenta –“La personalidad autoritaria”– recuerda lo que él llamaba por entonces el “carácter manipulador”, del cual dice que se identifica con las cosas y convierte a los otros en cosas. La reificación o la cosificación llega de ese modo a su momento de plenitud cuando un individuo cree poder disponer de los otros en una medida colosal”.

En fin, tenemos que entender que el fascismo nunca desapareció, que los gérmenes de este continúan vivos y latentes, dado que las circunstancias que lo hicieron posible no han desaparecido, sino, por el contrario, se han fortalecido, ahora bajo la careta de una “democracia” que ya es fascista.