¿CAMBIO O ANESTESIA?

Autor/a: Editorial

Aunque los temores afincados en otros momentos de la historia reciente de nuestra región, y las expectativas creadas por los medios de comunicación dominantes, respecto a que la llegada a la Casa de Nariño de un gobierno progresista significaría el arribo al país de un huracán que arrasaría con la propiedad privada, las formas de administración, siempre imperantes, y otros muchos desmanes en contra de las “libertades del mercado” y “el orden de las instituciones”, nada de eso sucedió.

Consciente de ese estimulo de temores y de la manipulación de las conciencias aferradas al “ojalá todo sea como siempre ha sido”, agitar de temores con amenaza de fuga de capitales, derrumbe de la economía nacional –creado por los opinadores de oficio–, insuflando la multiplicación de la velocidad de los vientos políticos que cruzan al país y que calientan sus temperaturas financieras, agregando así nuevos factores a la inestabilidad del dólar, las primera declaraciones del nuevo jefe de Estado, tratando de contenerlos, estuvieron dirigidas a calmar cualquier temor económico, enfatizando en “la creación de más capitalismo”.

Es este un lugar común y obligado por los mercados cuando se trata del ascenso al gobierno de alguien que dice rechazar el neoliberalismo, y a la que le sigue, como “sello de calidad”, el nombramiento de un ministro de Hacienda que por su trayectoria, más que comprobada, garantice que no aprobará medidas que afecten de manera notable la llamada tasa de ganancia de los capitales.

Evidencias de “buena conducta” trasladadas de inmediato a la más anunciada y temida de las reformas que viviría el país durante el período congregacional que va hasta finales de diciembre de 2022: la reforma tributaria. El tire y afloje se inició por lo bajo de parte del ministro José Antonio Ocampo –25 billones–, monto que terminó reducido en una quinta parte para tranquilizar así todavía más a los mercados.

Esta es la medida más importante, en perspectiva de sustentar un deseable giro en la realidad social que padecen millones de connacionales, y que marcará en su real proporción el avance hacia justicia social el gobierno del cambio a lo largo de sus cuatro años por administrar. El proyecto sufrió el impacto de los vientos de continuidad impulsados por multinacionales y gremios, que encontraron en el ministro del ramo a un negociador fácil de sobrellevar, mucho más cuando, desde el conjunto del gobierno, no se estimuló en el tejido social una actitud de defensa de la necesaria redistribución de la riqueza nacional. Se trató entonces de un cambio reforzado en las declaraciones pero no refrendado en las medidas que en efecto lo posibilitan.

Se optó entonces por un proceder desaprovechado para crear un ambiente nacional favorable a un cambio en el modelo económico, pese a repetidas declaraciones sobre lo nefasto del neoliberalismo.

Algo similar acaeció, y esto desde el primer día, con la conformación del equipo administrativo. La llamada gobernabilidad –“para que no nos tumben”– lo determinó todo. Para ello, optando por arriba y no por abajo, el recién elegido permitió que actores protuberantes del desastre social que marca la vida de millones de connacionales sean sus acompañantes, permitiéndoles con ello conservar el manejo burocrático que siempre han tenido de la cosa pública, y por sus rendijas más ocultas, y muchas veces no tanto, como medio de mantener el desangre de los dineros públicos. Estamos, es evidente, ante una alianza de conveniencias que les permite un aire refrescante para recomponerse de la sufrida derrota electoral y del cuestionamiento social que anida en la mente de las mayorías del país.

Lo sorprendente de esa ‘madurez política’, del pragmatismo que la soporta, estriba en algunos interrogantes: si de alianzas por gobernabilidad se trataba, ¿por qué no priorizar una con quien le siguió en votos, si el duelo fue tan cerrado y terminó dibujando la real fragmentación que vive el país? Una alianza tal, por demás, le permitiría al Pacto Histórico una interlocución abierta y dinámica con el sector social que siempre apoyó la campaña perdedora, acordando con ella candidaturas conjuntas para las elecciones territoriales de 2023, facilitando con un resultado previsible el espacio necesario para dinamizar desde las regiones la agenda por la transformación cierta del poder en Colombia.

La agenda se debiera abrir y concretarse con los diálogos vinculantes y la estructuración del Plan Nacional de Desarrollo, propósitos loables pero que, sin estar soportados en una agenda tributaria y económica de transformación cierta, quedan neutralizados y potenciados en la posibilidad de opinar pero no en lo fundamental: decidir, no sobre la forma ni la particularidad sino sobre el contenido y la estructura. Es necesario opinar, no para dejar constancia de participación formal sino para certificar que, más allá de las miles de voces, con infinidad de propuestas, chicas o grandes, anida como pendiente la ruptura efectiva con el modelo neoliberal.

Las medidas de giro político y social aparentan darse, por ejemplo, con el tema agrario pero dejan mucho que desear. Y ello porque afincar uno de los mayores pendientes en procura de justicia y paz, como es la indispensable redistribución de la tierra, en la titulación de propietarios, entrega a los que no la tienen de unas hectáreas de las confiscadas a los narcos, comprársela a quienes la amasan, sin pasar antes por la revisión histórica de cómo llegaron a concentrarla –algo que va más allá de lo ocurrido en el país durante los últimos 30 años–, y otras medidas administrativas similares, como lo indica la historia nacional, es retomar la frustrada agenda liberal de los años 30 del siglo XX, al igual que otras que le siguieron en los 60 y posteriores, todas las cuales quedaron en buenas intensiones, y propiciaron que prosiguiera el desmonte de la frontera agrícola, a la par de la especulación y la prolongación del dominio político de índole regional, soportado en la realidad del latifundio. Estas medidas no quiebran el latifundio en el país, así mengüen en alguna medida el padecimiento diario de cientos de miles de los habitantes del campo.

Ese débil proceder es igualmente manifiesto en la necesaria revisión de las tarifas que se cobran por consumo de energía, que el aprobado 2,5 por ciento ni siquiera alcanza a aruñar las inmensas ganancias que por años han acumulado las empresas del sector a costa de una necesidad humana que es derecho fundamental. La medida, por demás, va por las ramas sin fijarse en el tronco de la problemática: la necesaria nacionalización de un estratégico recurso natural. Esta realidad está pendiente de abrirse, más allá del sector de la energía y con un llamado a la potenciación de lo común –complementando de manera cualitativa la reivindicación de lo público–, en renglones como agua, transporte público, salud y vivienda.

La realidad de aguas tibias hasta ahora contiene la fuerza de los vientos que factores del poder impulsan por las distintas coordenadas nacionales y que encuentran en la prolongación de la figura de la ‘primer dama’ una constante que irrespeta la agenda feminista. Reubicar en los ministerios o entidades pertinentes todo aquello que, por obra y gracia no se sabe de qué voto, recae en quien no fue elegida de manera popular, es indispensable para dejar las cosas claras y evitar formalidades, juegos de apariencias, gastos innecesarios y manejos clientelares.

En estos primeros meses de gestión de esta experiencia inédita, el ejercicio del gobierno ha dado buenas pistas por el lado del llamado al indispensable acuerdo por la paz con todos los factores de conflicto, con los que sea posible avanzar, así como al indispensable giro en la problemática ambiental y el liderazgo necesario por el cambio climático, tema no amarrado aún –al menos de manera abierta y pedagógica– al factor fundamental que la propicia: el modelo económico que se ancla a la energía fósil. Cómo afrontar la transición que ello implica es el otro faltante, como también lo es una indispensable explicación: por qué no se han podido masificar hasta ahora fuentes energéticas alternas como la solar, la eólica el hidrógeno y otras, que, una vez que sean posibles para la totalidad de la humanidad, le permitirían a la misma ingresar en una nueva etapa en su historia, en la que la preeminencia del bien común sea su eje.

Pese a ello, es un importante avance el solo hecho de poder registrar que el tema ya está en la palestra pública; ahora corresponde amarrarlo y hacerlo posible para las próximas dos o tres décadas a partir de la agenda política, científica, económica, agraria, cultural y educativa, que se diseñe y se ponga en marcha.

Es un logro, también reforzado por la denuncia y la exigencia de acabar la guerra global contra las drogas, instrumento de sometimiento y control de diversidad de gobiernos por parte de la potencia del Norte y que, como se ha dicho una y otra vez, además de lo anotado, es propiciador de la polarización y la disputa entre comunidades rurales y urbanas, así como multiplicador de violencias de diversos tipos, de muertes y de corrupción. Además, en el caso específico de nuestro país, energía para el conflicto interno, y en él del despojo y de la concentración de la tierra.

Hay también un acierto en el llamado a la integración regional, pendiente de todas las medidas que ello implica para que sea efectiva. La reapertura de relaciones diplomáticas con Venezuela es un primer escaño en esa vía.

Además, la procura de un liderazgo global en temas ambientales y de paz es otro punto a favor pero que se puede constituir en lo contrario si: a) se le da prioridad sobre la agenda interna, b) no se logra enlazar con medidas concretas que partan de su experimentación en nuestro país y/o región inmediata –evidenciando que sí son posibles– y c) se deja traslucir un afán de protagonismo personal del jefe de Estado, que pudiera llevarlo a perder el foco de su gestión –concentrado en la preocupación por su futuro personal.

Otro conjunto de medidas, en proceso y definidas con buen tino, como el reajuste y la necesaria reforma de las Fuerzas Armadas –y su doctrina, algo a lo que poco se alude–, la reforma en las políticas impositivas del Icetex, las anunciadas reformas a la salud y las EPS, entre otras que se quedan por fuera por falta de espacio, indican que el cambio sí es posible, pero que el factor fundamental para hacerlo real descansa en lo económico y lo social, haciendo de la política y de las comunicaciones instrumentos potenciadores. Mientras no se proceda así, mientras no se toque lo fundamental, lo otro será un simple espectáculo.

Fotografía: TECHO, https://www.flickr.com/photos/techo_org/51119148209/