ALGO MÁS QUE UNA REFORMA AGRARIA PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO

Por Edgar Fernández

El problema agropecuario ha vuelto a cobrar relevancia en nuestro país, problema que va más allá de la iniciativa de reforma agraria e implica una discusión sobre las políticas mediante las cuales se puede enfrentar la situación de hambre que padecen las mayorías proletarias y populares

El alargamiento y profundización de la crisis del capitalismo colombiano fue puesto en evidencia por las masas populares mediante las inusitadas y disruptivas protestas de 2019 y 2021i. Estos hechos son comprensibles cuando se toma en cuenta que la crisis ha castigado hasta el hartazgo a los sectores populares y que estos fueron reencontrándose con su tradición histórica de exigir y gestionar políticas y recursos a su favor por medio de las protestas, de allí que las movilizaciones de 2008, el paro de corteros de caña de 2013, y los paros agrarios nacionales de 2013, 2014 y 2016 se tradujeran en verdaderos hitos. Es en este marco que la demanda por una reforma agraria se retomó, conteniendo y sobrepasando las exigencias referidas al campesinado como sujeto de derecho y a las zonas o territorios campesinos agroalimentarios.

Como se sabe, la fuerza de las protestas permitió la victoria del gobierno de Gustavo Petro, en la medida que también quebraron el modelo de gestión política de la ultraderecha. En consecuencia, el programa del actual gobierno se comprometió con el desarrollo de la reforma agraria integral y el cumplimiento del punto uno de los acuerdos de la Habana, pero como se argumentará se necesitan programas más abarcantes frente a la situación. A estos hechos se sumó un sostenido proceso inflacionario, que cae con especial fuerza sobre la producción de alimentos, producto de las políticas de gasto público para sostener al capitalismo durante la pandemia del Covid y la guerra entre Rusia y la OTAN en Ucrania.

Son éstas las circunstancias bajo las cuales el problema agropecuario ha vuelto a cobrar relevancia en nuestro país, problema que va más allá de la iniciativa de reforma agraria e implica una discusión sobre las políticas mediante las cuales se puede enfrentar la situación de hambre que padecen las mayorías proletarias y populares, y que exige revisar las condiciones estructurales bajo las cuales se sucede el proceso de producción del sector agropecuario. Esta discusión se ha acelerado en la medida en que el actual gobierno firmó un acuerdo de compra de tierras con el gremio de los ganaderos, y a la vez ha realizado el llamado para que la clase campesina celebre una Convección Nacional, en la que se espera que el tema decisivo sea el qué hacer frente a la situación del campo colombiano.

Por tanto, es importante un ejercicio de síntesis sobre cómo comprendemos el problema agropecuario del país y qué tipo de políticas alternativas promover. Esto, partiendo de considerar las necesidades de la clase proletaria rural, la clase campesina y los demás sectores populares como el indígena, el afrodescendiente y las mujeres rurales, pero también teniendo en cuenta una perspectiva que ayude a posibilitar una salida popular a la crisis estructural de toda la sociedad. Por tanto, esta mirada significa que el llamado problema agropecuario es uno de los varios que enfrentamos, y que su resolución compete a todas las clases y sectores populares, en la medida que está totalmente interrelacionado con el conjunto de la estructura socio-productiva del país, ello a pesar que las poblaciones rurales sean algunas de las más directamente afectadas e interesadas.

En este caso, la síntesis se inicia con una somera enunciación y resumen de las principales condiciones que caracterizan la estructura de producción agropecuaria, señalando en especial el severo retraso en que permanecen las fuerzas productivas. En seguida se explicitan los perfiles generales de una política alternativa conformada por tres líneas programáticas que están interrelacionadas y mediante las cuales se puede enfrentar el problema agropecuario del país: i) reforma agraria integral y popular, ii) economía de fondos públicos para la transformación del campo y, iii) reordenamiento y democratización del territorio. Se finaliza con un breve resumen de ideas, que recoge en forma puntual, a manera de listado, lo que esta propuesta significa.

Al ser un ejercicio de síntesis no se han desagregado las especificidades étnicas, de género y de orientación sexual que, como sabemos, refuerzan situaciones de marginación y opresión que se viven con más fuerza en el medio rural.

La producción agropecuaria descansa en una estructura productiva y social altamente polarizada que reproduce los patrones de bajos rendimientos. Se trata de una ordenación que produce una irracionalidad de trabajadores sin tierra y tierra sin trabajadores, y en la que los métodos individualistas y precarios para producir parecen lo normal. Con ellos se impone el desempleo de la fuerza de trabajo y la tierra, la violencia como forma de despojo y acaparamiento de la tierra, la pobreza para la mayoría de trabajadores del campo y el hambre para la mayoría de los proletarios y sectores populares de todo el país ii.

El grado de cooperación social es un aspecto fundamental que determina la productividad de los procesos productivos y éste se correlaciona en forma directa con la disposición de medios de producción. Bajo relaciones capitalistas esa relación puede considerarse mediante un índice de capital por trabajador, que brinda una idea del grado e intensidad con el que el capitalismo ha permitido mecanizar los procesos productivos, así como facilitar e incrementar el rendimiento por trabajador. A partir de ese índice se encuentra que en el caso de Colombia el sector agropecuario mantiene una situación de muy bajo desarrollo tecnológico, porque la disposición de capital por trabajador en 2019 fue cinco veces menor a la de Brasil y Chile, y 38 veces inferior a la de Franciaiii.

En forma asociada, el esfuerzo inversor en el sector fue menos de la mitad del realizado en Chile o Brasil y apenas una cuarta parte del realizado en Francia. Esto, por ejemplo, explica que sólo 1,1 millones de hectáreas estén bajo sistemas de riego, de las 18,4 aptas para agriculturaiv. Así mismo las exportaciones agropecuarias del país son apenas la mitad de las de Chile, mientras las de Argentina son seis veces mayores y las de Brasil 13,5 veces superiores. Existe, a la vez, muy poca diversificación, por ello el café y el banano continúan explicando el mayor porcentaje de las exportaciones. En consecuencia, el índice de producción per cápita en productos agrícolas y pecuarios para las últimas décadas es muy inferior al de otros países de la región.

Buena parte de la estructura agropecuaria del país aún depende de la antiquísima combinación de mano de obra y la tierra. Uno de sus efectos es que se profundiza a gran velocidad la brecha en rendimientos respecto a otras regiones, de Europa o los EEUU, que vienen implementando con más fuerza las innovaciones en biotecnología, inteligencia artificial, robótica, internet y plataformas virtuales, avances que abren oportunidades y retos en la reducción de agroquímicos, usos del agua y la tierra. En concreto, el capitalismo de plataforma puede entrar ahora a controlar los múltiples procesos de producción que se realizan aparentemente en forma descentralizada, con lo cual se ayuda a elevar los rendimientos, pero a su vez concentra en forma privada el grueso de los beneficios que genera la cooperación social. Esto está permitiendo que las grandes empresas del sector agropecuario se beneficien al implementar plataformas virtuales capaces de ofertar todos los servicios que cubren el proceso productivo (agro-insumos, créditos, asesoría técnica, transporte y mercadeo final). Un efecto es que supeditan y uberizan a los productores directos, de modo que el trabajador ahora aporta los medios de producción, corre con los riesgos asociados al proceso productivo y fundamentalmente engorda las ganancias del gran capital. Esta tendencia avanzó decididamente con la política de agricultura por contrato, impulsada por el gobierno de Duque y con programas de acuerdos privados.

En síntesis, los pequeños y medianos productores del campo colombiano permanecen atados a los viejos métodos de producción. Esto, a pesar de que el desarrollo tecnológico actual posibilita otras maneras de interacción con la tierra y sus bienes, abriendo la posibilidad de reducir las afecciones sobre el medio ambiente; así mismo esas innovaciones facilitan la reducción de esfuerzo por trabajador, incrementan los grados de cooperación social, y por tanto elevan los rendimientos. Así las cosas, se abre una disyuntiva decisiva en el sentido de si tal cambio se viabiliza por medios de participación social inclusivos que permitan transformar la matriz tecnológica y organizacional de los procesos productivos y a la vez que los beneficios se irriguen a toda la sociedad, o simplemente se deja en manos del gran capital para que continúe acentuando las afecciones ambientales y privatizando los beneficios generados a partir del esfuerzo que realizan muchos y muchas mediante la cooperación social.Preponderancia de la estrategia de guerra como medio de desalojo del campo:

El avance de las fuerzas productivas bajo relaciones capitalistas está relacionado con un proceso contradictorio: reduce la participación del sector agropecuario en el total del PIB, ante los incrementos del sector industrial y de servicios, áreas que pasan a demandar más mano de obra, la que en parte es cubierta mediante el desalojo de los trabajadores del campo. Sin embargo, tal proceso de proletarización –y urbanización- de la fuerza de trabajo ha estado signado por métodos violentos, condición que en Colombia se ha tornado más que sangrienta.

Eso sucede porque en la apertura o ampliación de la frontera agrícola del país han prevalecido las fuerzas centrifugas del capital, hasta un punto de que se trata de un proceso anárquico. En la práctica, una alianza de terratenientes y capitalistas ha logrado quitarle sistemáticamente la tierra a los productores directos del campo, generando dos efectos: uno, el sometimiento de los trabajadores a relaciones salariales donde impera la sobrevivencia, el otro, empujarlos a ampliar la frontera agrícola mediante procesos espontáneos de colonización en los que prima la tumba de selvas y montes para hacer culta la tierra, valorización que la lleva a ser codiciada y expropiada mediante el poder de las leyes o el uso de bandas paramilitares (LeGrand 2016, Fajardo 2002).

El proceso de proletarización – y urbanización- es notorio en la drástica reducción de la población ruralv y más específicamente del segmento de clase campesina. En 1938 la población fue 8,7 millones, y sólo 37% era urbanavi, en 1973 la relación se había invertido porque la población sumó 22,8 millones y el 41% fue rural, en el año 2000 sólo el 26% fue rural, y en 2020 sólo lo es el 18%vii. No obstante, hay que notar que la población rural tiende a mantener su valor absoluto, cercano a los diez millones de personas, desde los años setenta.

“Así las cosas, si se toma como referencia genérica una fuerza laboral de 22 millones, el 20,4% podría estar en labores asociadas al sector agropecuario, de acuerdo con el dato de 4,5 millones de trabajadores y trabajadoras del campo, que ofrece el Censo Agrario de 2014. Sin embargo, de esos 4,5 millones, el 54% son proletarios porque se trata de trabajadores permanentes contratados en los diferentes predios (2,45 millones). Un 36% se compondría de campesinos (1,63 millones), restringiendo el segmento a propietarios de menos de diez hectáreas (…) infiriéndose que entre ellos hay una fracción importante en franco proceso de proletarización. A estos grupos se suma un 8,35% de productores medianos o finqueros (propietarios de 10 a 50 hectáreas) con un total de 383 milviii; correspondiendo el resto a grandes propietarios”ix.

Estos resultados están asociados a la alianza que impusieron la burguesía y terratenientes para desarrollar el capitalismo a partir de predios de gran extensión, vía que evidentemente ha fracasado. Una de sus consecuencias es la reducción del campesinado a límites extremos, resultado en el que pesa la continua derrota sobre una reforma agraria que cuando menos democratizase la propiedad de la tierra y permitiera vincular sin violencia a la clase campesina en el progreso capitalista. Otra, es que se ha generado una amplísima franja de proletariado sobrante para el capital, tanto en el campo como en la ciudad, situación a la que se agrega un completo desconocimiento del proletariado del campo, omisión de la que también participan organizaciones sociales y políticas que se autodefinen de izquierda.

Estos resultados han sido posibles mediante la aplicación sostenida de la violencia organizada por parte de la burguesía y los terratenientes, quienes han usado al Estado y todas sus instituciones para sostener y legitimar una guerra que en las últimas décadas vinculó a narcotraficantes, terratenientes, fuerzas armadas y los paramilitares, llegando incluso a derruir las exiguas formas de democracia liberal para posibilitar el reinado del terror en varias regiones del país, áreas en las que señorean las empresas criminales como si se tratara de cierta recreación de formas de dominio feudalx.Estructura altamente polarizada de la propiedad de la tierra y bajos rendimientos

Desde hace cerca de un siglo se viene discutiendo, y de cuando en cuando legislando, sobre los efectos potenciales de implementar una reforma agraria que democratice la tierra. No obstante, ha primado la práctica de la concentración de la propiedad privada de la tierra, de modo que, si en 1960 los predios de menos de veinte hectáreas poseían el 18%, en 2002 sólo tenían el 12,8%xi, mientras en los mismos años los predios de más de 200 hectáreas concentraron el 46% y el 56%. Esa tendencia se profundizó a inicios de siglo XXI y la reportó el Censo de 2014 al señalar que sólo 2,5% de predios acapararan hasta un 85% de la tierra, mientras del otro lado el 81% de predios sólo cuentan con 3,64% del total de la tierra.

Este modo de propiedad permite una estructura altamente polarizada en la que de un lado se encuentran propiedades destinadas al engorde de predios y en el otro extremo sobrevive un sistema artesanal-campesino en donde impera el microfundismo. Los grandes predios de tierra se orientan preferencialmente a la captura de rentas de la tierra mediante el viejo expediente del engorde o valorización, muchas veces justificados bajo la actividad de la ganadería, imponiendo una escasez artificial de tierra productiva que impacta negativamente en la oferta alimentaria y causa que los precios de producción sean superiores a los existentes en países con condiciones productivas similares. En la mitad existe una gama de propietarios medios (finqueros) que poseen 23,8% de la tierra cultivable, ocupan 18,4% de la mano de obra permanente y se orientan más hacia la agricultura comercial. En la otra punta de la estructura productiva está el 70% de la población trabajadora del campo, que labora sobre sólo el 20,2% de la tierra cultivada, tienen en promedio predios de 1,3 hectáreas y trabajan con exiguas herramientas y maquinarias, imperando así la cooperación simple, la sobreexplotación de la mano de obra, la situación semiservil de una gran proporción de mujeres rurales dentro de las unidades familiares y las condiciones de pobreza.

La baja productividad del sector agropecuario se puede apreciar en que el ingreso mixto por hectárea de tierra para café o agricultura sólo llega a 0,3 salarios mínimos, mientras el arriendo promedio para el total nacional por hectárea es de sólo una quinta parte del salario mínimoxii, con lo cual la mayoría de la población trabajadora ni siquiera accede a un salario mínimo mensual, tal como lo ratifican las estadísticas de la GEIH del DANE. La resultante es que las familias de los trabajadores no cuentan con los recursos suficientes para reproducir sus capacidades productivas, que la inversión se mantiene estructuralmente comprimida y que las fuerzas productivas se renuevan a una tasa absolutamente mediocre (Kalmanovit y López 2006, A. Berry 2016). Con ello la cooperación social de mayor escala que permitiría la industrialización apenas ha entrado a algunos segmentos productivos y regiones. En los demás tienden a predominar los sistemas artesanales de cooperación simple, sea en los grandes predios ganaderos, en los microfundios campesinos, o en las explotaciones de tamaño medio (fincas).Ultra-derechización de la vida social y política del país

En la medida que la estrategia de desarrollo capitalista en el sector agropecuario por la vía de la gran extensión fracasó ruidosamente a fines de siglo xx, la alianza entre burguesía nacional y terratenientes colapsó y dio paso a un tipo de poder ultraderechista que tuvo como subsuelo la alianza entre sectores con poder y asociados al campo: terratenientes, narcotraficantes, militares, paramilitares, y grandes empresas capitalistas ancladas en los rural como el sector agropecuario y minero-energético. Tal hegemonía fue capaz de normalizar el uso de la empresa militar como medio para apalancar la acumulación de capital, modelo que ha sido trasladado tanto a las áreas urbanas como al corazón de las instituciones sociales y del Estado. Estos métodos de acumulación de capital y reproducción del poder encuentran su correaje en la corrupción, medio por el cual se vincula la empresa criminal con el poder institucional y los circuitos de acumulación de capital, a nivel nacional y mundial.

Entre las muchas consecuencias de ese modelo de gestión del capital y de poder, está el uso de masacres contra la población civil del campo. Se cuenta también la normalización de una sociedad capitalista mafiosa y gansteril que se alimenta con más de doscientos mil hectáreas de hoja de coca, cadena que vincula fracciones de los proletarios del campo, campesinos, finqueros, gamonales de las regiones, empresarios de la mafia y del sector financiero, y en la que prima el poder de la coerción directa sobre la mano de obra. Esta cadena productiva y estructuración social facilita la intromisión e imposición de políticas de guerra desde los EEUU, así como la instrumentalización y mantenimiento de un estado de guerra permanente mediante el cual se justifica, facilita y legitima la continua represión al resto de la población del país.Depredación de las condiciones medioambientales

Apertura anárquica de la frontera agrícola y uso sistemático de la violencia para usurpar tierras y desalojar a los trabajadores y pobladores del campo alientan una relación depredadora sobre los bienes de la naturaleza en procura de enriquecimiento rápido. De allí que los límites de acceso y uso que se pueden imponer mediante una planificación o mediante la promulgación de normas ambientales resultan desconocidas en la realidad. Por ello, en la producción agropecuaria (y más en la minero energética) prevalecen las contradicciones asociadas a conflictos de uso por los recursos naturales, en especial con la prevalencia de la ganadería extensiva y la siembra de hoja de coca, que entre otros alientan la tala indiscriminada de bosques naturales.

Especial mención merece el nocivo papel que ha jugado el capital y poder político externo sobre la orientación e intensidad de depredación sobre los bienes naturales. Un efecto ha sido generar una dependencia alimentaria que llega a tal grado que, una parte de la columna vertebral para producir proteína animal (pollo, huevos, carne de cerdo) depende de las importaciones de sorgo, soya o maíz para elaborar los concentrados para animales, oferta que antes se realizaba al interior del país. Otro es que la legislación de tierras ha sido acondicionada desde 1994 para que el capital externo pueda apropiarla, proceso de extranjerización del territorio nacional profundizado con la Ley de Zidres de 2016, y que se implementa mediante la asociación entre empresas nacionales con grandes grupos extranjeros, como sucede en la producción de maíz, caña, o arroz. Peor ha sido la laxitud y ventajas concedidas para ampliar la explotación de recursos minero energéticos, que de un lado ha sumido a toda la economía en una grave dependencia de sus flujos de capital, y de otra es la que más desastres ambientales y de represión dejan sobre todo el territorio rural.

El ciclo mundial de altos precios en las materias primas, desde 2003, incrementa la ambición de ganancias rápidas y acelera la depredación sobre los bienes naturales. Tal orientación tiene consecuencias, como que los terratenientes y capitalistas logran permanentemente condicionar y direccionar el trabajo de los habitantes y trabajadores rurales más pobres del campo (proletarios y campesinos) en dirección a sostener la ampliación indiscriminada de la frontera agrícola. De esa manera se reproduce una grave situación ambiental en la que se han afectado los diversos ecosistemas y estructuras ambientales, manifiesta por ejemplo en el agotamiento de fuentes hídricas, o en la drástica reducción de selvas, bosques y páramos.

En síntesis, el modelo de gestión imperante sobre las fuerzas socio-productivas del sector agropecuario es un completo fracaso. Las condiciones de exigua cooperación social, proceso anárquico en la apertura de frontera, la estructura polarizada de la propiedad de la tierra, la vigencia de formas de organización familiar altamente patriarcales, la violencia como método de dominación y desalojo de los trabajadores y habitantes rurales, y la relación de depredación sobre los recursos naturales se refuerzan y sostienen unos a otros, y no pueden ser modificados en forma parcial. Las prácticas y políticas que condicionan el desarrollo agropecuario del país recaen con sus nefastas consecuencias sobre las clases y sectores populares que deben soportar opresión, violencia, pobreza y hambre. Es por esto que una política alternativa demanda mucho más que una reforma agraria debido a que se requiere con urgencia una transformación sustantiva de las maneras cómo se ha venido reproduciendo la vida social en el campo.

En esta sección se especifican las tres líneas programáticas de una política para la transformación del campo, teniendo como objetivo fundamental potenciar la cooperación social a partir del mejoramiento de las fuerzas productivas de modo que los incrementos en productividad se irriguen como beneficios a toda la sociedad y se posibilite definir socialmente el qué, cómo y para qué producir. Aquí se considera que la política agropecuaria es de vital importancia para los productores y pobladores del campo, pero también es crucial para las masas proletarias y populares urbanas debido a que de ella depende su soberanía y seguridad alimentaria. Es así que en primera instancia se explicitan y analizan algunas concepciones genéricas de reforma agraria a fin de resaltar sus bondades y limites; tal diagnóstico, en segunda instancia, debe permitir mostrar con mayor claridad la grandes ventajas que ofrece el impulso de una Economía de Fondos Públicos orientada a transformar el sector, formulación que necesariamente se debe acompañar de un reordenamiento del territorio nacional.

Como se ha manifestado, las políticas de reforma agraria dependen de la importancia y papel del sector agropecuario en la reproducción de la sociedad y de correlación de fuerza y las alianzas que se puedan entablar entre las diferentes clases sociales. En el actual momento, la situación se ha modificado porque los paros agrarios de 2013, 2014 y 2016, y los nacionales de 2019 y 2021, generaron cierto quiebre al modelo político que venían imponiendo los partidos y gremios que representan a los terratenientes y la gran burguesía. Es en este contexto que se ha retomado la discusión de la reforma agraria, y que el actual gobierno la ha pasado a considerar en su agenda.

Sin embargo, no existe una formulación única sobre lo que se espera sea una reforma agraria, condición que impacta en los programas de las organizaciones sociales del sector agropecuario, de aquí que tampoco exista un relativo consenso sobre su eventual contenido. A esto se agrega que el actual gobierno progresista sólo controla parte del poder ejecutivo, por tanto, apenas es un segmento del poder del gobierno, y más aún del Estado capitalista, lo que significa que su capacidad de dirección está “sitiada” o limitada por el poder real que ejerce el capital sobre el conjunto de la sociedad. Esto, en parte, ayuda a entender porque se inclina a gobernar mediante pactos con los partidos que dicen sostener una ideología liberal “progresista” o reformista, proceder que limita las necesidades y aspiraciones que tienen las clases populares del país.

De aquí, que resulte conveniente considerar las miradas básicas que existen sobre la reforma agraria en una sociedad capitalista, así podemos distinguir:Vía terrateniente

Su propósito ha sido la profundización del capitalismo en el campo a partir de la propiedad privada de gran extensión. Esta vía es la que ha prevalecido desde inicios del siglo XX y evidentemente ha generado un fracaso estruendoso. Su aplicación se consolidó con la reforma agraria de 1936, impuesta por una alianza entre terratenientes y capitalistas, quienes ideológicamente suponen una relación directa entre tamaño del predio y los rendimientos productivos, de allí que consideren a la producción artesanal-campesina (así como la indígena y afro) como un residuo que frena el avance del capitalismo. Por eso, han utilizado vías ilegales y legales para usurpar los predios de los campesinos y demás pobladores rurales en aras de fortalecer la concentración de tierras y la consecuente proletarización de la población campesina.

Este discurso ha sido defendido históricamente por la SAC, Fedegan y otras agremiaciones similares. Bajo su forma moderada, consideran que la gran propiedad puede ser compatible con cierta porción de pequeños productores, por eso están de acuerdo en algún reparto de tierras bajo la modalidad de compras públicas, como la recientemente acordada entre Fedegan y el Ministerio de Agricultura. Tal política es favorable a los terratenientes y grandes capitalistas porque les permite vender a buen precio una pequeña cantidad de sus predios, y acceder a masas de capital con las cuales pueden apalancar inversiones y acelerar una reconversión del uso de la tierra hacia la agroindustria, en este caso la gigantesca suma de sesenta billones de pesos –tres reformas tributarias de 2022-.

Ese acuerdo es una imposición al gobierno, alcanzado bajo amenaza de levantamiento paramilitar, tal como se evidenció con la movilización de hombres armados en lujosas camionetas en Santander y Magdalena, a mediados de septiembre. La “bondad” de tal política es que le permite al gobierno contener, temporalmente, las poderosas fuerzas conservadoras del campo y promover la vieja política de una transición amigable, aplicada desde 1936. Sin embargo, al entregar tan gigantesca masa de capital a los terratenientes sólo se refuerza su poder de tipo autoritario y les provee mano de obra campesina que queda supeditada en las regiones que dominan. En síntesis, no se modifica el fracasado patrón histórico.Reforma liberal-modernizante

Su propósito es impulsar el capitalismo a partir de la democratización de la propiedad de la tierra al crear una franja de medianos propietarios del campo. Éste ha sido el ideal perseguido por los liberales desde el siglo xix, y que también ha fracasado. En sus cálculos suponían que el desarrollo capitalista se potenciaba cuando la clase campesina, que era la mayoría de la sociedad, se integraba al circuito comercial capitalista y demandaba mercancías elaboradas en las fábricas, en consecuencia debían posibilitar su especialización productiva para elevar su productividad e ingresos y así facilitar su capacidad de compra al mercado industrial. De esta concepción existen diferentes versiones, tal como lo constatan los debates de 1936, 1961, 1968 o 1994 según prime el reparto de tierra por: incremento de impuestos, expropiación o por compra. Como se sabe, la tercera forma ha sido la predominante, por cuanto se trata de una concesión a los terratenientes para lograr una interrelación amigable o de conciliación entre clase campesina, terratenientes y capitalismo de gran extensión.

La versión moderada riñe con la idea de que a mayor tamaño de explotación mayores productividades y beneficios. Para sus defensores existirían productos, segmentos y áreas territoriales en que la producción en pequeña escala es mejor que la gran propiedad industrializada. Así que repartir la tierra en fracciones pequeñas no sólo es productivo, sino que además trae beneficios como disminuir el desempleo, la pobreza y la violencia rural, perspectiva defendida por el actual ministro Ocampo en el estudio de la Misión para la Transformación del Campo, o en A. Berry (2016), fuentes inspiradoras de la política agropecuaria del gobierno de J. M. Santos, cuyo enfoque subordina el sector al capital agroindustrial y financiero.

En la práctica, el enfoque ha calado entre algunas de las dirigencias de las organizaciones campesinas, quienes asumen el acceso a la tierra como una especie de principio abstracto. Como ejemplo, se puede tomar el acuerdo de la Habana, que en su primer punto se propone la entrega de tres millones de hectáreas a los campesinos y la titulación de otros siete, puntos a los que se agregan aspectos de acceso al crédito, la tecnología y los bienes de consumo colectivo como vías, energía, salud, vivienda o educación.

Las bondades esperadas de esta formulación política es que supone efectos de pacificación en el campo, al disminuir los conflictos por la tierra, mejorar los ingresos y disminuir la pobreza. A ellos se agregaría una mayor oferta de alimentos y materias primas que deberían redundar en: bajas de los precios relativos y la inflación, mayor acceso de los habitantes urbanos al alimento y, baja de la presión sobre el salario monetario que termina por favorecer el margen de ganancias de los empresarios capitalistas.

Si bien se trata de un importante aporte al problema agropecuario, este resulta muy limitado porque sólo compromete la entrega a tres millones de hectáreas, cuando por ejemplo la reciente usurpación de tierras se cifra en 6,8 millones. De otro lado tiene la potencialidad de legalizar parte de esas tierras, con sólo suponer que no fueron adquiridas de mala fe, cuando se sabe que las empresas y terratenientes financiaron los grupos paramilitares. Así mismo, no tiene en cuenta las necesidades reales de alimentos en el país, puesto que de los seis millones que están realmente en cultivo, hay que restar cerca de 2,2 millones que se destinan a exportaciones u otros finesxiii.

Su principal limitación es que lee al país como si estuviésemos en 1936 o en 1950 cuando la clase campesina era mayoritaria y no estaba suficientemente vinculada al mercado capitalista. Esto conduce a reducir la política de reforma agraria a un asunto que compete fundamentalmente a los campesinos, reforzando la omisión interesada del vital papel que juegan los proletarios del sector agropecuario, que como se ha dicho son la mayoría de los trabajadores del sector. Lo tercero es que supone que la entrega de tierras, créditos y subsidios resultan suficientes para contener las fuerzas del mercado capitalista que operan en contra de las pequeñas unidades, como las campesinas, donde prima la cooperación simple de tipo artesanal. Es decir, no toma en cuenta que la ampliación de la oferta baja los precios y vía mercado se saca a campesinos del “juego” productivo, por lo tanto, no cambia la tendencia de largo plazo que hemos descrito antes, con lo cual la clase campesina permanece a merced de las fuerzas de concentración del capital, afectando sus medios de vida y su capacidad de resistencia social para aportar a la transformación del país.

Tal perspectiva fija su mirada en el pasado y se mueve con la buena voluntad, de modo que sólo se propone ganar un ligero extra tiempo sin atacar las causas de los problemas. Por eso, al proponerse como objetivo el reparto de tres millones de hectáreas sólo afecta a 2,7% de la propiedad total, por lo que mantiene la polarización sobre la propiedad privada de la tierra, agregando que destina los recursos y esfuerzos sobre una estructura en que reina el atraso tecnológico. En síntesis, se trata de una reforma que no modifica de fondo las condiciones en que se sucede la cooperación productiva y social y por ello no trastoca la tendencia de baja productividad en el sector.Reforma agraria popular e integral

Su propósito es aportar a la transformación social partiendo de modificar la estructura polarizada de la tierra a la vez que se promueven formas de cooperación social superiores. Aquí se comprende que el problema del sector agropecuario es una parte de los problemas del país y por tanto que la transformación productiva del campo va aparejada con el cambio estructural de la sociedad, propósito que sólo es sostenible mediante una alianza estratégica entre los sectores populares del campo y la ciudad. También tiene en cuenta el nuevo peso y distribución de los trabajadores directos del sector. Por eso la reforma agraria debe movilizar, en principio a los proletarios del campo (54%), a los campesinos (36%), los productores medios o finqueros (8,3%) así como a los demás habitantes rurales de grupos étnicos, pero sabiendo que es un objetivo imposible sin el acompañamiento decisivo de los sectores proletarios y populares urbanos.

En el propósito inicial de la reforma agraria, la clase campesina encontraba en los proletarios urbanos y rurales su mejor aliado, porque ante un reparto inicial de una fracción de la tierra se podrían producir más y mejores cantidades de alimentos, resultado que elevaría el ingreso y las condiciones de vida de todos los asalariados. Sin embargo, para que esa perspectiva resultara sustentable, los campesinos requerirían de acceder a tecnologías y formas de organización que les permitiesen avances sostenidos, que bajo relaciones capitalistas no ha sido posible en el país. Por eso, la demanda de tierra para el que la trabajaxivrealmente debe coincidir en el mediano plazo con la perspectiva más amplia de que la propiedad privada cese de ser la fuerza que condiciona las maneras sobre cómo, qué, y para qué producir en la sociedad, propósito que sólo se puede viabilizar con la acción decidida de las mayorías proletarias y populares de la ciudad.

Así que para garantizar la sustentabilidad de las transformaciones se requiere tomar en cuenta las restricciones estructurales actuales, pero con una mirada de futuro transformador, es decir se trata de impulsar reformas no reformistas. Por eso, un criterio fundamental es que las políticas promuevan formas y relaciones de producción que eleven la cooperación social y mejoren las fuerzas productivas a disposición y construyan relaciones sociales más solidarias que privilegien la superación de la desigualdad y la opresión de género. En tal sentido, considera cuatro líneas específicas, de acuerdo a las clases y sectores sociales:Distribución de una parte de las tierras productivas a los y las campesinas: parte de considerar que la clase campesina se apega a la propiedad privada de la tierra porque la considera como medio de producción y en cuanto lugar en donde desarrolla su vida, condición que marca su mirada pragmática y localista. Al comprender que la clase campesina ha luchado por acceder a la tierra en carácter de propiedad privada individual se asimila que tiende a privilegiar y reproducir los procesos individualizados que por lo general se adaptan mejor con la cooperación simple, de ahí que haga primar el reparto y división de la propiedad. Estas condiciones le impiden asumir inmediatamente formas de cooperación más complejas, como son los procesos industriales que por lo general requieren de extensiones de tierra no dividida. Aunque vale recordar, como se anotó antes, que los sectores del campesinado con mayor organización han avanzado en la construcción de territorios comunitarios como expresiones de poder popular, tal como se recoge en la propuesta de los TCAM.

Como se ha dicho, entregar tierras, crédito y subsidios de forma individualizada a los campesinos es simplemente condenarlos a que la lógica del capital los aniquile más temprano que tarde. De aquí que la entrega de tierras debe acompañarse de programas que le permitan acceder a formas de cooperación social superiores, hacia atrás y delante de su proceso productivo directo. Así, la implementación de cooperativas de agroinsumos, de bancos de maquinarias de propiedad social, y de redes de acopio y comercialización cooperativa son vitales para que en la práctica se asimilen las ventajas de los sistemas de cooperación social superiores. Este tipo de programas deben nutrirse de aportes provenientes de los asociados, pero deben ser suplementados con recursos y asesoría pública tal que potencien las capacidades y resultados.

En la actualidad las propuestas por reconocer al campesino como sujeto de derechos colectivos, sociales y políticos, y las que promueven los territorios campesinos agroalimentarios-TCAM, hacen parte del modelo de gestión que se puede implementar en áreas y regiones que así sean declaradas.

Es importante tomar en cuenta que algunos de los sectores campesinos más avanzados en organización y conciencia política han asumido como reivindicación el reclamo de titulaciones y derechos de uso colectivo, dando lugar a modelos de gestión de propiedad social, que evitan la fragmentación de los predios, como por ejemplo lo resaltase un sector de la ANUC desde los años setenta.Empresas sociales y cooperativas de proletarios del campo: su propósito es evitar la fragmentación de la tierra y aprovechar las economías de escala que permiten las producciones a gran escala como la mecanización o industrialización de los procesos. Esto es posible desarrollarlo con los proletarios del campo en la medida en que su relación con la tierra es diferente a la del campesino debido a que ya se ha acostumbrado a trabajar en grandes extensiones, de aquí que la propulsión de la propiedad social no entra a reñir con sus concepciones y más bien alienta su participación directa y el control de las fuerzas productivas por parte del proletariado agropecuario. Sin embargo, también debe considerarse que es una fracción social que está poco organizada en la actualidad debido al desconocimiento que se le ha impuesto, por eso también su proceso de cooperación puede alentarse mediante la creación de empresas especializadas que prestan colectivamente sus servicios laborales en una región específica.

Por tanto, la política va inicialmente orientada a crear formas cooperativas y empresas sociales de servicios dotadas de maquinaria, equipos de transporte y mano de obra calificada tecnológicamente. Tales empresas estarían capacitadas para ofertar sus capacidades a pequeñas y grandes extensiones de una subregión bajo un marco de movilidad y adaptación en el espacio y el tiempo, con lo cual se pueden ajustar mejor a los ciclos de preparación de terrenos, siembras, cuidados, cosechas y ventas, generando un ahorro de tiempo social que redundaría en mayores rendimientos productivos. Este modelo de gestión se puede complementar, o adaptar, a la existencia de un fondo de tierras público, y de empresas públicas de carácter social que realizan acuerdos de entrega para el usufructo, evitándose que las tierras recuperadas se vuelvan a fraccionar.

Este modelo de gestión, basado en los proletarios del campo, permite también enfrentar de manera más colectiva la construcción de las infraestructuras que requiere una reforma agraria, como son la construcción o mantenimiento de vías, centros de salud, viviendas, escuelas, cadenas de transporte y acopio.Créditos y subsidios a cadenas productivas: este tipo de formulaciones se consideran en la mayoría de planteamientos, pero aquí se coloca énfasis en proyectos que permitan conjuntar la producción y recursos de campesinos, proletarios del campo y productores medios o finqueros, tendientes a disminuir costos de producción y lograr mejores precios al productor. Propósitos que pasan por acceso a créditos, tecnología, asistencia técnica y subsidios que reduzcan costos y mejoren beneficios.

Ampliación de la oferta de bienes de consumo colectivo en el campo: vivienda, salud, educación, vías. En el planteamiento de una reforma agraria integral se considera el mejoramiento de las demás condiciones de vida de los y las trabajadoras del campo. Lo importante aquí, es que estas soluciones descansen en recursos que destina el presupuesto público y en su ejecución se privilegie a empresas cooperativas y de propiedad social, como antes se señaló. Para avanzar hacia una mayor y más igualitaria participación de las mujeres en estas propuestas es importante que se impulse la socialización de trabajo domestico a través de servicios público- comunitarios de lavanderías, comedores, guarderías, ludotecas, centros para cuidado y recreación de adultos mayores, entre otros.

Estas iniciativas se colocan en buena dirección aunque resultan insuficientes para modificar el cómo se han venido desarrollando las cosas en el sector agropecuario. Al respecto es importante señalar que las demandas de la mayoría de organizaciones campesinas están rezagadas respecto de las políticas que propuso el actual gobierno durante su campañaxv. A pesar que allí sus planteamientos fueron presentados con cierto grado de dispersión, se podrían resumir como la apuesta por una “economía agraria e industrial intensiva en conocimiento con enfoque ambiental y con énfasis en el desarrollo de cadenas de valor añadido”, que permita el tránsito hacia una matriz productiva basada en la agroecología, construir la soberanía alimentaria y dar urgencia al derecho humano a la alimentación.

La propuesta consideró avanzar hacia un sistema nacional de innovación agropecuaria, y la planificación de siembras tendiente a enfrentar los ciclos volátiles de precios. Contempla las compras públicas para el desarrollo de encadenamientos productivos que permitan la inserción en los mercados regional, nacional e internacional, identificando la necesidad de centros de acopio y bienes públicos necesarios para la transformación agroindustrial y el desarrollo de cadenas de valor agregado. De igual manera, apunta al desarrollo de una industria nacional de fertilizantes e insumos, así como proteger y fomentar las semillas nativas y criollas libres. En tal sentido, considera implementar el catastro multipropósito, dejar de importar los alimentos e insumos que se pueden producir al interior del país, aplicar políticas de ordenamiento territorial alrededor del agua, consolidar el Fondo de Tierras y los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, la intervención en el Programa de Alimentación Escolar, así como entender al campesinado colombiano como sujeto de derechos. Procesos en los que la oferta de productos y la producción de bienes públicos se centrará en la economía campesina y la economía popular, de allí que la asociatividad y el cooperativismo en el campo son entendidos como la base para el desarrollo agropecuario del país mediante iniciativas público-populares. Además, de privilegiar, adecuadamente el protagonismo de las mujeres en la titularización de tierras, con lo que se acorta la enorme brecha de desigualdad y opresión patriarcal que se reproduce en el entorno rural.

A pesar de estos importantes compromisos, que no se pueden perder de vista, el programa aún se mueve en un terreno de ambigüedad. Esto, porque a veces sólo se propone “dejar atrás el latifundio improductivo” mediante la colocación de impuestos o por compras de tierras productivas a los terratenientes, idea que resulta complementaria con la de asumir “como pilar central” el acuerdo sobre “reforma rural integral”, punto uno del Acuerdo de la Habana, iniciativas que no trastocan de fondo la estructura productiva basada en la gran propiedad. Pero de otro lado, al colocar el acento en el desarrollo de las cooperativas y las Alianzas Público Populares, en dirección a avanzar hacia otra economía agraria e industrial permite entrever posibilidades de cambio estructural. Es factible entonces, que tal orientación aún quede centrada en el reparto de algunas tierras y en la creencia de que iniciativas locales pueden materializar cambios sustanciales en la manera de hacer las cosas, de aquí que sea necesario avanzar decididamente hacia una concepción integral del papel que juega el sector en la reproducción de la sociedad y en cómo encarar tal función de un modo más social, tal como se propone en el siguiente numeral.

En todo caso, las bondades que proporciona esta concepción de la reforma agraria es que permite iniciar el salto que requiere la actual estructura productiva a partir de incrementar la disposición de los medios de producción por trabajador y combinarlos con modelos de gestión tendientes a mejorar la cooperación. Sin embargo, realmente no logra desbordar la concepción clásica liberal y por eso las mejoras en los niveles de cooperación se conciben en el orden local y se limitan a las formas cooperativas, modelo de gestión en el que prima el concepto de propiedad privada y con ello las fuerzas centrifugas del mercado continúan predominando. En la práctica, cuando más, tal concepción daría para generar una franja de propietarios medios que deben trabar una contienda entre ellos y con el gran capital para posicionar sus productos en los mercados. Por eso, no se logra apropiar decididamente las ventajas de las grandes economías de escala, en especial las que proporcionan las tecnologías, y entre ellas las digitales, que como se ha dicho son capaces de organizar a miles de productores descentralizados.

Por tanto, las diversas concepciones de reforma agraria pendulan entre la defensa de la pequeña o de la gran propiedad privada de la tierra, descuidando las potencialidades ya abiertas por los cambios en las clases sociales y en los avances tecnológicos, los que posibilitan concebir avances hacia otra matriz tecnológica y organizacional en la producción agropecuaria, es por eso que aquí también se propone avanzar hacia una Economía de Fondos Públicos.

En la primera sección se argumentó cómo los recientes cambios tecnológicos obligan a pensar el problema del sector agropecuario más allá del reparto de tierra. Se señaló que en particular el desarrollo de las empresas capitalistas de plataformas permiten significativos incrementos en los rendimientos al asociar y controlar la producción que realizan miles de empresas y agentes en la cadena productiva del sector, fenómeno que ya se sucede en nuestro país. Por eso se estableció que la disyuntiva decisiva radica en si esecambio se viabiliza en dirección a que la participación social inclusiva permita que los beneficios se irriguen a toda la sociedad, o simplemente se dejen en manos del gran capital.

La concepción que plantea la Economía de Fondos Públicos-EFP descansa en el planteamiento de recuperar para beneficio de toda la sociedad los mayores rendimientos productivos que generan los incrementos de cooperación social que van aparejados a la utilización de tecnologías más especializadas y abarcantes. Así por ejemplo, la especialización productiva que se sucede al interior de una empresa, entre empresas o renglones de actividades sólo es posible porque otros productores actúan de igual forma bajo la premisa de que, mediante el intercambio, la sociedad les posibilitará el acceso a otros medios de vida que por mano propia no ha elaborado, arreglo que se traduce en mayores resultados productivos. Tal como sucede con la especialización y el intercambio, de igual forma sucede con la producción de innovaciones o la generación de crédito.

La generación de innovaciones que constantemente se materializa en aplicaciones que mejoran las capacidades productivas de toda una sociedad son resultado de la disposición y uso del acervo de conocimientos generados por la humanidad durante miles de años. De igual manera la existencia del dinero-crédito con el que se potencian parte de las inversiones sólo es posible en la medida que los diferentes productores confían en que la cadena de pagos está firmemente respaldada y que no se darán situaciones de impago. Más aún, el intercambio, las innovaciones o la expansión crediticia sólo son sustentables en la medida que el Estado, como representante del todo social, cumple la función de soporte y garante de tales experiencias.

Es la combinación adecuada entre especialización, intercambio, crédito e innovación la que catapulta los saltos de las fuerzas productivas y que llevan a que se mejoran los rendimientos productivos de millones de actividades dispersas, pero es el esfuerzo realizado por los trabajadores directos lo que sostiene y da forma al todo social. Esta realidad se procura negar con la ideología que supone que los avances sociales son fruto de la acción y sacrificio individual, discurso orientado a privatizar los mayores rendimientos y beneficiarse individualmente y a espaldas del todo social. Para lograr tan nefasto fin, los grandes grupos económicos pagan centros de estudios y bufets de abogados para que las leyes se re-escriban en su favor, tal como sucedió a inicios de los años noventa cuando lograron un zarpazo sobre importantes recursos sociales de carácter público.

Ejemplo de ese asalto es cómo la función de emisión de crédito pasó de las manos del Estado al sector bancario y financiero privado. Ese cambio legislativo le cuesta anualmente al país una quinta parte del presupuesto público (tres y media reformas tributarias de 2022), monto de recursos que pudiesen destinarse a otros fines sociales y productivos, debido a que el Estado se ve compelido a endeudarse con la banca privada para cubrir los déficits fiscales. Así mismo, el fondo de pensiones que se conforma con los aportes de todos los trabajadores del país fue expropiado y pasó a manos del sector privado bancario y financiero, por eso los grandes grupos económicos controlan 357,8 billones de pesos que le pertenecen a los trabajadores (el equivalente a dieciocho reformas tributarias de 2022), recursos que además son usados para el beneficio individual al utilizarse como capital privado con el que se somete y explota a los actuales trabajadores.

Es así que el planteamiento de una Economía de Fondos Públicos descansa en la condición social y pública que tienen recursos como el fondo pensional, la emisión de dinero-crédito, los beneficios de las empresas minero-energéticas estatales como Ecopetrol, e incluso los fondos gremiales que brotan de ahorros en los pagos de impuestos parafiscales. Por eso se orienta a que la sociedad los pueda reapropiar, es decir se dirige a reversar el proceso mediante el cual fue expropiada toda la sociedadxvi. A su vez, la economía de fondos públicos resalta el carácter social que tienen los esfuerzos sociales destinados a lograr innovaciones, máxime cuando el Estado aporta recursos del presupuesto público a mejorar el acervo de conocimiento y sus aplicacionesxvii. En síntesis, la economía de fondos públicos plantea que si los mayores rendimientos productivos provienen de lograr mejores escalas de cooperación social entre todos los trabajadores, estos deben irrigarse en beneficio de toda la sociedad y no ser objeto de privatización, como sucede actualmente.

Así las cosas, la EFP tiene un papel vital que jugar como complemento necesario para mejorar el planteamiento de reforma agraria, porque se dirige a potenciar la cooperación en el sector agropecuario. Bajo un modelo de EFP es factible crear una empresa de plataforma de carácter público dirigida a mejorar la articulación e interacción de las diferentes cadenas productivas hacia delante y atrás, con el fin de vincular y potenciar las formas de gestión consideradas en el literal anterior: las empresas cooperativas y sociales de campesinos, proletarios y finqueros. Las funciones básicas de coordinación de tal tipo de empresa toman en cuenta las plataformas digitales y a partir de ellas posibilita una mejor interacción de recursos públicos y privados dirigidos a enfrentar el problema alimentario del país.

Es importante señalar que en principio la creación de una Empresa Pública de Plataforma-EPP para el sector agropecuario tiene como capital fundamental el aprovechamiento de las economías de escala producto de lograr una mejor interacción entre necesidades y ofertas. Tal labor de coordinación demanda que los diferentes recursos se armonicen en pos de lograr mejores rendimientos. En tal sentido debe crear varios ambientes y subsistemas que permitan lograr una mejor coordinación entre las empresas que lo integran. Entre ellos están:

Como se ha señalado, en el mundo ya existen experiencias de este tipoxviii y en el país se avanzó con el esquema privado de agricultura por contrato. En la actualidad la gobernación de Cundinamarca trabaja en una dirección similar al establecer el programa de compras de cosecha directa con el que pretende cubrir a trece mil campesinos a partir de un capital de 20 mil millones de pesos (unos 4,2 millones de dólares), esperando mejorar hasta en 45% los precios de compra a la vez que beneficiaría a los programas públicos de comidas en las escuelas, colegios y centros de mayoresxix. A modo indicativo, se puede utilizar la misma relación de capital por productor individual, suponiendo un total de tres millones de productores individualizados, con ello la exigencia de recursos requeriría de 4,6 billones de pesos (cerca de 962 millones de dólares), esto es, sólo el 7,6% de lo que el gobierno ha comprometido con el sector ganadero, recursos que prometen mejores resultados en la transformación del campo.

En la práctica, la Empresa Pública de Plataforma se convierte en un centro neurálgico a partir el cual se desarrolla una planeación, inicialmente indicativa, sobre las necesidades, recursos y demandas en el sector. Al proceder de esta manera se logra centralizar e irrigar información adecuada a todos los actores con lo cual se pueden suavizar los picos y oscilaciones de oferta y precios lo que reduce incertidumbre el en sector y reduce sensiblemente las perdidas en situaciones de sobre ofertas. Tal tipo de empresa viene a complementar y mejorar la coordinación que pueden establecer las cooperativas de campesinos, las empresas sociales de trabajadores proletarios y las iniciativas privadas de finqueros, con lo cual potencia su interacción e incrementa los rendimientos y beneficios sociales.

Es importante señalar que tal perspectiva concuerda con las ideas expuestas por el actual gobierno en el decálogo propuesto ante la COP-27xx. En particular al plantear la prevalencia de la planificación pública y global sobre el mercado y la acumulación de capital para salir de la crisis climática, de la cual hacen parte los modelos de gestión en la producción agropecuaria y minero energética. Criterio de planificación que propone sea acompañado por la movilización de todos y todas para lograr los cambios frente al poder del capital y sus gobiernos.

En esta dirección, la Empresa Pública de Plataforma-EPP deberá hacer parte de un organismo de carácter público y social que se encargue darle sentido al conjunto de esfuerzos que hacen posible la producción agropecuaria en el país. Tal entidad deberá regirse por el criterio de la gestión popular, entendiendo por ello que los trabajadores directos (proletarios, campesinos, finqueros, mujeres, afrodescendientes e indígenas) y los usuarios finales son protagonistas decisorios, a partir de sus cooperativas y empresas sociales, sobre el conjunto de acciones, iniciativas e intenciones necesarias en el diseño, planificación, ejecución y regulación de los procesos del sector y de todos los subsistemas y sistemas, antes mencionados. Por tanto la planificación social y la gestión popular permiten que trabajadores y sectores populares puedan ir accediendo al conocimiento, a los medios de producción, y por sobre todo a las funciones de control social en las que se decide qué productos producir, mediante cuál matriz tecnológica, en función de qué necesidades y para qué se debe producir.

En concordancia, un criterio fundamental que guiará la transformación del sector es el de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria entendida como el criterio mediante el cual un país puede garantizar el alimento para todos quienes lo habitan, de modo que es un objetivo supremo que compete a todas sus participantes de modo que se pueda definir con autonomía las políticas agropecuarias.

También, mediante el concepto de Economía de Fondos Públicos para la transformación del campo se puede conformar un fondo público de tierras que, a diferencia del que existe actualmente, sólo las destine o entregue prioritariamente en usufructo a las unidades productivas colectivas o asociativas de campesinos y proletarios del campo, a fin de alentar mayores grados de cooperación en el trabajo y desde allí mejorar los rendimientos en la generación de alimentos y materias primas. Al proceder de esta manera, se evita retroceder hacia la fragmentación de los predios y se puede alentar un mejor aprovechamiento y uso a partir de la exigencia de ciertos estándares y metas.

El papel de coordinación de los diferentes subsistemas, la gestión popular y la planificación indicativa deberán orientarse a la superación y transformación de la actual estructura productiva y su matriz tecnológica centrada en agro-tóxicos e importaciones. Para tal fin se debe considerar que la experiencia del país, en especial debido a la especificidad regional y lo quebrado de su territorio, señala que las escalas productivas optimas varían de acuerdo al tipo de productos, las tecnologías disponibles, y al modo de gestión en el proceso de trabajo. Es por esto, que la empresa pública de plataforma puede combinar la cooperación de unidades con tamaños y desarrollos tecnológicos diferentes.

Una función importante de una empresa pública de plataforma es facilitar el acceso al conocimiento tecnológico en las unidades productivas. En la actualidad los tecnólogos especializados en el sector están sometidos a relaciones de trabajo precarias o permanecen en desempleo, mientras los productores están separados de sus vitales conocimientos. Es por eso que puede entrar a organizar empresas (públicas o mixtas) de trabajadores calificados que desarrollen paquetes de mejoras que considerando los avances en agroecología, semillas nativas o mejoradas, como las recientes innovaciones en biotecnología, robótica e informática, los que deben ser reorientados a la generación de una matriz tecnológica para la transformación, siendo necesario por tanto, ampliar las experiencias y condiciones de investigación. Ello también demanda la coordinación institucional con los ministerios de educación, de la ciencia y la tecnología, así como con las universidades y centros de investigación, como de capacitación como el SENA.

En todo caso un propósito fundamental es avanzar hacia la creación de una Empresa Nacional Pública y de Carácter Social para el Desarrollo Agropecuario (ENEDA), que seguíe por los criterios de mejoramiento en la cooperación social e irrigación de sus beneficios, de gestión popular y soberanía alimentaria. Tal unidad se orientará al aumento de la productividad agraria a partir de la apropiación de los avances tecnológicos, las mejoras en la cooperación social, así como un horizonte de producción creciente bajo un enfoque ecológico que suavice los impactos sobre la tierra y demás bienes de la naturaleza. Ella tendrá entre sus principales líneas de acción: i) generación y producción de maquinaria agropecuaria, ii) producción de insumos agropecuarios, iii) Asistencia técnica y transferencia de tecnología, iv) desarrollo de paquetes tecnológicos, v) innovación y desarrollo agropecuario en sistemas de producción tropical y agroecológica, vi) conservación de conocimiento, materiales y recursos genéticos.

Tal perspectiva exige la creación de un Fondo Público de Inversiones mediante el cual se apalanquen todas las iniciativas estratégicas de transformación en el país, como las aquí mencionadas. Este Fondo se alimentará con los recursos del sistema de pensiones, las utilidades de empresas públicas estatales, los recursos extraordinarios emitidos por el Estado, así como de capitales privados, tanto nacionales como extranjeros que deseen apalancarlo. Con estas fuentes se financiarían las iniciativas productivas de capital público social y/o de carácter mixto.

Los anteriores propósitos exigen que a la vez se suceda una profundización en la organización de los trabajadores directos del sector agropecuario. Por ello es necesaria la creación del Sindicato Nacional de Asalariados Agropecuarios que ayude a superar la informalidad y precarización en que se desenvuelven actualmente las actividades del sector. De igual forma es necesario crear una Asociación Nacional de Trabajadores de las cooperativas de campesinos con el propósito de ayudar a coordinar las demandas, iniciativas y planes del sector a nivel nacional. Estas organizaciones deberán velar por la garantía de puestos de trabajo estables, bien remunerados y con coberturas de seguridad social universal.

Con el fin de facilitar los retos y avances en la transformación del sector agropecuario es importante considerar las iniciativas, necesidades, recursos y potencialidades de cada subregión y región. Para tal efecto y teniendo como base las unidades productivas directas, estatales, cooperativas y comunitarias, las organizaciones sociales de cada municipio y región, y en concurrencia con las alcaldías y gobernaciones diseñarán e implementarán la conformación de grupos y conglomerados de empresas que permitan complementariedades y economías de escala en la producción por productos, segmentos o subsectores. Tales iniciativas y proyectos deberán desarrollarse en el marco de la planificación indicativa que provee la Empresa Publica de Plataforma y de los avances alcanzados por la ENEDA.

Tal modelo de gestión también permite aprovechar las economías de escala y los ahorros sociales que se producen cuando se acercan las ofertas con las necesidades de consumo. En ese sentido, la empresa pública de plataforma puede animar y crear cadenas de acopio y distribución, bajo programas de acuerdos estratégicos y compras “seguras”. En tal sentido, la EFP se encamina a posibilitar la creación de un sistema nacional de acopio y distribución que se enlace con el sistema nacional de comedores populares ubicado en barrios, escuelas, colegios y centros de mayores. Esa cadena fácilmente puede vincular recursos provenientes de productores directos (campesinos, proletarios, finqueros) con los que poseen pequeños y medianos transportadores y distribuidores del campo y la ciudad. Esta misma cadena de comercialización puede enfrentar adecuadamente los crecientes retos del mercado mundial y por ello hacer provechosas las potencialidades del intercambio internacional colocándolas a favor de las nuevas unidades productivas, medio por el cual se amortigua el alza de precios mediante compras por volumen, y a la vez que permite incursionar con cantidad, calidad y músculo financiero en el mercado mundial, tal que se permita expandir y diversificar la cantidad de productos vendidos al exterior.

En resumen la EFP mediante la creación de una Empresa Pública de Plataforma presenta importantes bondades e inhibe las fuerzas destructoras del capitalismo sobre las unidades productoras de campesinos y proletarios del campo. Funciona como complemento vital que apalanca los procesos locales de cooperación promovidos bajo el enfoque de reforma agraria y les da una proyección nacional de modo que pueden pasar a cumplir un papel estratégico en la oferta de alimentos y materias primas del sector agroindustrial. Redirecciona los esfuerzos de una parte importante de la sociedad en procura de escalas de cooperación social superiores. Logra un apalancamiento más amplio y rápido de recursos en la medida en que los mayores beneficios quedan dentro de la empresa pública, por lo que necesariamente fortalece el fondo de inversión del sector.

Sobre estas bases se fortalecen las condiciones para avanzar en la producción nacional de agro-insumos, herramientas y maquinarias para el sector agropecuario. Aquí, una tarea urgente y viable es la puesta en marcha de una empresa de abonos y demás fertilizantes, tal que produzca y oferte insumos básicos como la urea y otros de carácter agroecológico. A este respecto la experiencia reciente de Bolivia señala que con un capital menor a los novecientos millones de dólares (4,3 billones de pesos, un tercio de los beneficios de Ecopetrol en 2021) resolvieron la oferta nacional de ese productoxxi. Un poco más exigente será avanzar en la producción de maquinarias para el sector, debido a las grandes escalas con el que funcionan ese tipo de empresas hoy, por esa misma razón es que solo una empresa pública como la ENEDA tiene la capacidad de concitar la fuerza de diversas iniciativas y recursos para acometer tal tarea en el mediano plazo.

Como se ve, las ventajas de complementar la política de una reforma agraria mediante una Economía de Fondos Públicos son ostensivas. Sin embargo, la principal dificultad que ella enfrenta es la dura resistencia de los terratenientes y grandes capitalistas que quieren seguir imponiendo el fracasado modelo hasta ahora vigente. Es aquí donde la EFP requiere complementarse con una concepción dónde prime el uso social de la tierra, lo que posibilita y pasa por un reordenamiento del territorio nacional.

En la sección uno se señaló la existencia de un proceso anárquico y violento en la apertura de la frontera agrícola. En él ha primado la usurpación de las tierras productivas y su apropiación en calidad de propiedad privada, dando lugar a una estructura altamente polarizada que reproduce los patrones de exigua cooperación y baja productividad. Si bien tal proceso inicio con la conquista y la colonia, realmente fue profundizado con la instauración del régimen republicano en el siglo XIX del que se valieron los sectores con poder para apropiar ilegalmente la mayoría de tierras productivas y someter a los trabajadores (Tovar 2015, LeGrand 2016). Sobre esa condición de poder lograron imponer una política de avance capitalista sobre la gran extensión, logrando no sólo sostener tan ilegitima condición, sino siendo capaces de ampliarla mediante el reciente robo de 6,8 millones de hectáreasxxii.

También se planteó que las posibilidades de un cambio en el papel del sector agropecuario, en particular de una reforma agraria, depende de las alianzas con que cuentan las clases y sectores sociales del país, condición necesaria para establecer fuerzas que posibiliten los cambios socio-jurídicos. Por eso es necesario considerar que los paros y movilizaciones populares de la última década lograron quebrar el régimen político de ultraderecha de modo que, por ahora, han derivado hacia un gobierno que se define progresista y que plantea una transición a partir de ciertas reformas. Así las cosas, el balance es que las fuerzas populares han logrado abrir una brecha política que es necesario profundizar en dirección a lograr una salida popular a la crisis que vive el país, perspectiva que entre otras cosas tiene como reto que el carácter social de la cooperación prime sobre la búsqueda del beneficio privado y sus disgregadoras fuerzas.

La consolidación de la brecha para lograr una salida popular a la crisis requiere de identificar y establecer propósitos en torno a los cuales converjan las opiniones políticas hasta tornarse fuerza material transformadora. En el caso específico del sector agropecuario ese propósito se localiza en el objetivo de garantizar el alimento a toda la población del país, criterio que debe ser entendido como sinónimo de democratización del espacio social. Así, la formulación de una política transformadora para el sector agropecuario debe considerar las oportunidades y limitaciones de la consigna tierra para el que la trabaja y a la vez apropiar otra de mayor talante social, como es el de acabar con la situación de hambre en el país.

Al respecto es importante asimilar que “una de las limitaciones de los constantes intentos de reforma agraria es que han colocado énfasis en las necesidades de los campesinos y en la pequeña burguesía de campo”, perspectiva que reproduce la división de la tierra e impide avanzar hacia formas de cooperación que generan mayores rendimientos productivos y que se acoplan mejor con las necesidades del país. Se trata por ello de una “política –que- se reduce a las necesidades de una particularidad de sectores, que con el paso del tiempo tienen menor peso en la estructura social y en la orientación de la vida política del país, con lo cual se les ha facilitado a los capitalistas y grandes propietarios de la tierra la imposición de sus intereses rentistas. Es así, que una política transformadora del campo debe convocar y comprometer a las mayoría del país, y esto sólo se logra si su objetivo estratégico es el de garantizar el acceso a la comida a todos los colombianos, condición esencial a la vida que por demás no está realmente garantizada por la misma Constitución”xxiii.

Hacer de la satisfacción alimentaria un objetivo estratégico para el país, permite que la política agropecuaria alternativa gane preeminencia y esto la dota de fuerzas y perspectivas para superar las barreras existentes. Es necesario, entonces, ir más allá de la absurda economía que impone la lógica de trabajadores sin tierra y tierra sin trabajadores, en la que impera la cooperación simple, los bajos rendimientos, y en consecuencia el hambre, el desempleo y la violencia, para saltar a otra situación en que el territorio nacional sea considerado como un bien público de carácter social, permitiendo que en su uso y propiedad prime el alcance de los objetivos estratégicos que se establezcan para el beneficio de la nación y todos los habitantes en el país.

Una condición que hace posible tal objetivo es el mismo grado de concentración vigente sobre la propiedad de la tierra. De acuerdo con el Censo 2014 el 0,48% de Unidades de Producción concentran el 77, 28% del territorio censado, y descontando los derechos de las comunidades indígenas, se puede inferir que sólo 11.595 propietarios acaparan cerca de cincuenta millones de hectáreas, esto es el 45% del territorioxxiv. El objetivo principal debe ser que ese pequeñísimo número de propietarios deje de imponerse mediante la fuerza por sobre las necesidades de la mayoría del país y se posibilite un cambio en el que la concentración de la tierra se convierta en una potencia que puede facilitar la mecanización e industrialización de la producción en el sector, reapropiación social que es una condición necesaria para que los productores directos y consumidores finales puedan decidir qué, cómo y para qué producir en el sector agropecuario, decisiones en las que cobra lugar importante el tipo de matriz tecnológica y la forma organizacional de la fuerza de trabajo mediante las cuales se avanza en la transformación.

Lo anterior permitiría acceder a grandes extensiones de tierras en su mayoría planas, bien localizadas, fáciles de mecanizar y por lo general de buena calidad. Este conjunto de condiciones favorecen la producción especializada, industrial y a gran escala que permite multiplicar los rendimientos productivos en algunos productos que el país importa. De igual forma facilitan la selección de productos de acuerdo al tipo de terreno, su vocación y la escogencia de tecnologías disponibles para su aprovechamiento. Tal cambio además permitiría desplegar a plenitud la Economía de Fondos Públicos mediante empresas públicas en el área agropecuaria, las que entrarían a complementar las formas básicas antes señaladas.

A partir de esta realidad, las políticas de reforma agraria y Economía de Fondos Públicos para la transformación del campo requieren complementarse con un reordenamiento del territorio mediante el cual se definan los usos de las tierras y se fijen las diferentes participaciones alternativas, condición sobre la cual se puede entrar a superar los conflictos de concentración de la propiedad, uso y ambientales. En particular, esta política debe entender al territorio nacional como una unidad y a partir de las proyecciones de necesidades reales fijar las metas y límites en usos para: alimentos, materias primas para la agroindustria, materias para la industria y la generación de energía, las áreas de bosques y protección, conservación y uso de las fuentes hídricas y la interacción con los ecosistemas, lo que en particular exige reducir el área que actualmente se destina a pastos y ganadería.

En tal sentido, el reordenamiento del territorio demanda la especificación de potencialidades de las tierras cultivables y su distribución por zonas de acuerdo al tipo de producción dominante y a la orientación de sus productos. De aquí que sea necesario diferenciar y crear:

i) Territorios Campesinos Agroalimentarios en que primen las producciones individualizadas de campesinos –finqueros- pero ya encaminados a la mejora de sus formas de cooperación social, como se señaló en el numeral anterior.

ii) Territorios Industriales Alimentarios donde las tierras pertenezcan al Fondo Público de Tierras y en ellas se desenvuelvan las unidades de propiedad social de los trabajadores proletarios, como las empresas públicas de producción, orientándose a la producción mecanizada, tecnificada y extensiva de alimentos de consumo humano.

iii) Territorios de Materias Primas Agroindustriales destinados a satisfacer las necesidades de industrias con producción diferente al consumo humano inmediato como pueden ser insumos para concentrados de animales o fibras textiles, áreas en las que pueden participar tanto las empresas de propiedad social y públicas, como el capital privado.

iv) Áreas para ganadería, destinada a la producción de leche y carne en pie.

Es así que las medidas de reforma agraria y las diferentes destinaciones de tierra deberán erigirse en consonancia con las necesidades estratégicas del país, función que recae en el organismo orientador de la política del sector, como de los planes indicativos de la Empresa Publica de Plataforma-EPP, ello con el fin de que las normatividades minimicen los conflictos de uso y propiedad generados por las actuales normas referidas a la delimitación de zonas específicas y de frontera agropecuaria.

El propósito de alcanzar un reordenamiento del territorio nacional es el de armonizar las disposiciones de recursos con las necesidades del país y la nación. Más aún, tal reordenamiento es necesario para democratizar las condiciones de acceso a los diferentes espacios sociales evitando que la apropiación privada de la tierra y los recursos naturales se conviertan en un medio eficaz para negar las posibilidades de interacción social a las mayorías populares, en particular las del campo, como hasta ahora ha sucedido. La democratización del territorio es sinónimo de democratización de espacio social por cuanto favorece el acceso al trabajo, a los ingresos, al agua y a los alimentos. Así, reordenamiento del territorio y democratización del espacio social exigen ajustar, en cuanto sea necesario, los tipos de propiedad a la necesidad estratégica de satisfacer la alimentación, condición apenas básica de la existencia social de cada persona en el país.

Vivimos en un país que se ha puesto en marcha a raíz de que los sectores populares decidieron transformar su sufrimiento en una fuerza material que exige cambios sustanciales. En este marco se ha reabierto la discusión sobre el papel que debe cumplir el sector agropecuario en el país, y el cómo orientarlo. Este debate es reducido por algunos sectores a la demanda por una reforma agraria clásica, perspectiva que los deja atrapados en el propósito de repartir algunas tierras entre los campesinos, por lo cual ayudan a sostener los patrones de bajo desarrollo y cooperación simple y dejan intacta la fracasada estructura que hasta ahora se ha heredado.

Esta estructura se caracteriza: exigua cooperación social, proceso anárquico en la apertura de frontera, altísima polarización en la propiedad de la tierra, violencia como método de dominación y desalojo de los trabajadores y habitantes rurales, y depredación sobre los recursos naturales. De ahí que las viejas políticas para el desarrollo agropecuario se consideren como un total fracaso porque generan condiciones de opresión, violencia, pobreza y hambre. Así mismo se argumentó que la alta concentración de la tierra y los actuales cambios tecnológicos se convierten en una oportunidad para apropiar métodos de producción y cooperación social complejos que elevan la productividad pero que requieren reorientarse.

Por eso, se han descrito los perfiles generales de una política agraria alternativa que contiene tres líneas programáticas complementarias: reforma agraria para la transformación social, Economía de Fondos Públicos para transformar el campo y reordenamiento del territorio nacional.

Lograr y sostener tales políticas depende de que la actual brecha política de cambio se consolide en la perspectiva de lograr una salida popular a la crisis del país. En tal sentido, el llamamiento a realizar una Convención Nacional Campesina tiene como primer y gran reto que esa convocatoria se extienda a otros sectores y clases fundamentales del país como son los proletarios con trabajos formales, o bajo relaciones de informalidad y precarización, las mujeres… Esto, en consideración a que el problema agropecuario impacta en el resto de la sociedad y que el sector campesino ya no puede por sí solo impulsar las políticas necesarias para transformar los sistemas de producción y vida en el campo, y también en atención a que el gobierno ni siquiera cuenta con mayorías para aprobar las políticas propuestas y demandadas. Tal planteamiento permitiría consolidar varias convecciones por capítulos para que sus conclusiones se decanten en una Convención verdaderamente Nacional concibiéndose ésta como un espacio plural y democrático destinado a establecer los programas y tareas conjuntas tendientes a direccionar y consolidar la salida popular a la crisis, en el corto y mediano plazoxxv.

Por lo anterior, las líneas generales de las propuestas políticas aquí consideradas se pueden resumir en:

a. Reforma agraria integral por la transformación social que contenga:

b. Impulso de una Economía de Fondos Públicos para la transformación del campo, que contiene:

c. Democratización y reordenamiento del territorio:

d. Celebración de una Convención Nacional que recoja a los diversos sectores y clases del país para que en su conjunto fijen los programas y tareas de mediano plazo tendientes a consolidar la salida popular a la crisis que vive el país.

_________________

i https://trochandosinfronteras.info/mas-alla-progresismo/

ii Una explicación ampliada se encuentra en el ensayo “Limitantes del desarrollo capitalista en el sector agropecuario”, del centro de investigación Praxis 2022. https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_721a25c9142f4080bd3d6b544a33c1b5.pdf

iii https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_721a25c9142f4080bd3d6b544a33c1b5.pdf.

iv Datos URPA, citado diario la República, 26-10-22.

v La población rural se compone entre otros por: campesinos; proletarios del campo (asalariados, jornaleros, trabajadores informales); comerciantes, transportistas, funcionarios del Estado; y considerando un criterio étnico: indígenas y negritudes y raizales.

vi Datos tomados de “Compendio de Estadísticas históricas de Colombia” de Urrutia, UN 1970; y DANE.

vii Fuente: Banco Mundial

viii Resumen de datos, de “Limitantes del desarrollo capitalista en el sector agropecuario”, Praxis 2022.

ix El número de UAF sería un mejor índice que el número de hectáreas para relacionar el grupo social con la propiedad, sin embargo no contamos con un consolidado de esa estadística.

x https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_83e39c74fb9e41dbbe74e41d4e6944a4.pdf

xi Datos del Atlas de la distribución de la propiedad rural en Colombia, IGAC-CEDE 2012.

xii–– Datos tomados de “Limitantes del desarrollo capitalista en el sector agropecuario”, pg 53. La GEIH del DANE divide a los trabajadores del campo en: 50% son cuenta propia, 36% asalariados, 4% patrones, y cerca del 10% trabajadores sin remuneración. Sobre los ingresos, el segmento de los cuenta propia (campesinos) sólo acceden a 40% del SMLV, los asalariados ganan 1,02 SMLV, y los empleadores sólo 1,19 SMLV.

xiii Café 902 mil has, palma africana 482 mil has, coca 200 mil has, cultivos forestales 584 mil has, banano de exportación 50 mil has. Datos Censo 2014.

xiv La consigna “Tierra para el que la trabaja” fue recogida y caracterizó parte de las demandas de la ANUC en los años setenta y ochenta, par denotar la exigencia de tierra para los campesinos y proletarios del campo. Sobre ella le elevaron aportes críticos desde Asonalca, debido a que en su formulación se podría dar lugar a reclamaciones de tierra por parte de la misma burguesía agropecuaria, en cuanto esa clase se auto-considera productora.

xv Programa de gobierno: Colombia Potencia Mundial de la Vida.

xvi https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_94de018786d24f8a9f14496bd5d5fbd8.pdf

xvii Este es el argumento desarrollado por M. Mazucato en “El Estado emprendedor: mitos del sector público frente al privado”.

xviii Grain. “Control digital: cómo se mueven los gigantes tecnológicos hacia el sector de la alimentación y la agricultura”, publicado en la web de Grain, 26-01-2021

xix “Así les compran directamente la cosecha a los campesinos”, El tiempo, 27-09-22.

xx Intervención de G. Petro ante la COP 27 el 6 de noviembre de 2022.

xxi https://www.centropraxis.co/post/ucrania-fertilizantes-e-inflaci%C3%B3n-en-colombia

xxii “Desarrollo capitalista en el campo colombiano: breve resumen historiográfico”, Praxis 2022.

xxiii https://www.centropraxis.co/_files/ugd/ce68dd_721a25c9142f4080bd3d6b544a33c1b5.pdf

xxiv Descontando del total censado 35 millones de comunidades indígenas, y considerando como propietarios a los trabajadores residentes. En la misma dirección se tendría que 704 explotaciones, que tienen en promedio 49.000 has, controlan la mitad de la tierra en el país, ver “Radiografía de la desigualdad: lo que nos dice el último Censo agropecuario”, Oxfam, pg 17.

xxv Perspectiva que recoge en su espíritu la iniciativa por una Asamblea Nacional Popular, apenas ensayada en el marco del paro de 2022.

Edgar Fernández: Centro de Pensamiento y Teoría Praxis