PUGNA DE PODERES Y LUCHA POLÍTICA EN ECUADOR

Introducción

El presente artículo de opinión coyuntural tiene como objeto comprender el fenómeno político ecuatoriano, desentrañando el sin número de situaciones y acontecimientos que se han dado, a nivel fenoménico, en la coyuntura del último periodo, mismas que expresan una suerte de circunstancia caótica, no suficientemente explicada. Intenta comprender y desentrañar los factores que inciden en la coyuntura que vive el Ecuador y que determina el carácter del ejercicio del poder. Sin duda es un reto para la politología y politólogos ecuatorianos explicar el fenómeno político que vive el Ecuador.

El artículo ensaya una interpretación sobre la política ecuatoriana y deja formuladas algunas problemáticas y conjeturas que serán abordadas en próximas reflexiones. Constituye un minirelato que ha recogido juicios y proposiciones de artículos anteriores elaborados por el autor.

Sobre la base de un primer acercamiento empírico el texto completa su objetivo interpretativo en dos niveles: uno, las modificaciones de la forma de Estado y, dos, el proceso de constitución del bloque en el poder, en tanto aspectos estructurales (categorías explicativas) que se encuentran más allá de la escena política condicionándola y determinándola.

Por lo señalado, la descripción e interpretación que se propone en este artículo contempla el campo de las fuerzas dominantes, reconocidas en sus tendencias principales y aquellas ocultas en el juego económico y político; como también el campo contrahegemónico que muestra las proposiciones, posibilidades y límites de esta dimensión en el momento actual.

En un ambiente de dispersión, polarización y caos -tanto político y jurídico, como mediático- no conocidos por el Ecuador en las últimas décadas, en el mes de agosto 2022, el Ejecutivo desconoció mediante argucias jurídicas1, la posesión formal del Superintendente de Bancos realizada por la Asamblea Nacional, mostrando así la pugna de poderes Ejecutivo-Legislativo. Por su parte intervino y ocupo policialmente las oficinas de la Superintendencia de Bancos para impedir al mencionado funcionario asumir su cargo.

En consecuencia, el Presidente de la República procedió a enviar una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que seleccione un nuevo Superintendente, en lugar del ciudadano Gonzales quien fue escogido en primera instancia.

Nueva reiteración de la arbitrariedad de la conducta del Presidente que fue desconocida por una mayoría importante de 70 de los 127 votos de la Asamblea Nacional, institución que, por su parte, posesionó al Superintendente seleccionado en primera instancia por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Tema controvertido y tensión política que evidencia la llamada pugna de poderes en el escenario nacional: de un lado, el ejecutivo evitando la posesión de González, y de otro, los asambleístas de mayoría defendiendo la nominación del mencionado ciudadano.

En esta línea de análisis, abundando en elementos, se puede observar que el Ecuador luego de la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional -Guadalupe Llori- quien actuó en alianza flagrante con Lasso para entorpecer la labor legislativa y facilitar la aprobación de cuerpos legales de corte neoliberal se vivió una situación confusa y caótica,legal e institucionalmente, que en los primeros días de septiembre se tensiono, aún más, con la solicitud de juicio político al Consejo de la Judicatura para fiscalizar y sancionar determinados procedimientos y actos de corrupción. No solo son interferencias entre funciones del Estado, sino evidencias de corrupción, desacato y abuso de poder. Situación que ha sucedido en las últimas semanas, cuando luego de la destitución de Llori, se constituyó simultáneamente una nueva mayoría en el parlamento hegemonizada por el correísmo (UNES) que pretendió, sin éxito, destituir al presidente Lasso.

Los casos mencionados evidencian la pugna de poder entre Ejecutivo y Legislativo, poniendo de manifiesto el uso del recurso de la denominada “politización de la Justicia”, subordinando y manipulando la Justicia en respuesta a determinados intereses políticos dominantes.

Circunstancias de la escena, entonces, que dejan percibir enfrentamiento de intereses políticos y personales, en medio del proceso de desinstitucionalización del país, y la caótica y errática conducción gubernamental del presidente Lasso que ha hecho uso de un juego ideológico y mediático, para encubrir la pugna de poder con el uso discursivo de la dicotomía: “correísta y anticorreístas”.

Por otra parte, tan pronto la Asamblea Nacional, aprobó, con 96 votos la ley de Uso Progresivo de la Fuerza, descartando los criterios y vetos legales propuestos por el Ejecutivo, envió al Registro Oficial el cuerpo legal para su promulgación de acuerdo al criterio mayoritario de la Asamblea Nacional.

El 6 de Agosto, Carrillo -ex Ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo- consideró inconstitucional la Ley y su aprobación y amenazó con la promulgación de un Reglamento de la Ley que corrigiera las disposiciones y criterios contrarios a su postura con el objetivo de hacer prevalecer -arbitrariamente- la posición del Ejecutivo sobre este cuerpo legal. Otra muestra de la concepción y práctica arbitraria y, en consecuencia, autoritaria en el ejercicio del gobierno.

¿Frente a que estamos?, ¿qué representan estas pugnas entre funciones del Estado, ¿por qué se viola el régimen de derecho para imponer árbitramente disposiciones y medidas? Cabe precisar conceptos para desarrollar la interpretación en ciernes de este relato. Varios son los planos conceptuales y las categorías que permiten diseñar una red explicativa del fenómeno político en el Ecuador.

En las circunstancias descritas de la coyuntura, comenzamos con la llamada pugna de poderes destacada por medios de comunicación y analistas políticos como el principal problema político ecuatoriano. El mismo que es definido en la politología como la diferencia y la contrariedad que las principales instituciones del Estado tienen entre sí y que se enfrentan, generalmente, violando las normas y leyes que las rigen e imponiendo una u otra opinión o decisión en base al uso pragmático de la correlación de fuerzas, afectando así a su legalidad y legitimidad y debilitando, como descomponiendo, la institucionalidad estatal. Fenómeno conocido, a su vez, como “desinstitucionalización” del Estado. En la lucha política suele ser la “punta del iceberg” en tanto pone de manifiesto, diferencias y contradicciones, cuya explicación ciertamente está más allá de los avatares y circunstancias de la escena.

En relación a esta necesidad de explicación de la pugna de poderes se integra para su comprensión algunas categorías. En artículos anteriores que examinan algunas condiciones del momento me he permitido sostener, por un lado, que la categoría política explicativa principal del fenómeno ecuatoriano es la forma arbitraria y autoritaria del llamado “estado de excepción”,

“El estado de excepción tiende cada vez más a presentarse como el paradigma del gobierno dominante en la política contemporánea. […] …y, por tanto, desde el momento en que el estado de excepción […] no solo se presenta cada vez más como una técnica de gobierno y no como una medida excepcional, sino que inclusive deja también salir a la luz su naturaleza de paradigma constitutivo del orden jurídico.”2

Concepción del mencionado autor italiano que sostiene que uno de los aspectos sustanciales actuales de la evolución del Estado moderno es que se ha impuesto la arbitrariedad y el autoritarismo para representar y dirigir los destinos políticos de los países y los pueblos, cuestionando y riñendo, en la práctica, con la vigencia del Estado de derecho que instauro el liberalismo. Asume, así, la imposibilidad práctica de que el derecho pueda disciplinar efectivamente a la política -como decía Bobbio-, la misma que más bien usa la justicia pragmáticamente en pos de la arbitrariedad.

De acuerdo a este enfoque, en consecuencia, la crisis política ecuatoriana atraviesa, en primer lugar, por la aplicación de la mencionada forma de Estado que ha generado en la práctica un manejo en el ejercicio del poder poniendo en juego una dialéctica entre, por un lado, la “politización de la justicia” y, por otro, “la judicialización de la política”. Dialéctica usada para hacer prevalecer intereses inmediatos o mediatos, resultado de disputas y tensiones entre grupos y fracciones dominantes.

Por otro lado, la categoría del bloque en el poder, y su hegemonía que fijan o definen el carácter social clasista de la forma de Estado; que generalmente se expresa, en la pugna institucional y la lucha entre clases y fracciones para ejercer el poder, el dominio y hegemonía. La hegemonía, se caracteriza, por otro lado, en relación a la estructuración del bloque en el poder, asi:

“Ninguna clase o fracción de clase dominante parece capaz de imponer, ya sea por sus propios medios de organización política, ya sea por el camino indirecto del estado ‘democrático parlamentario’, su dirección sobre las otras clases y fracciones del bloque en el poder”3

“Una tercera concepción sobre la hegemonía correspondiente a la estructura económica, ligada a las relaciones sociales de producción, donde intervienen los diversos sectores económicos y su capacidad de influencia y dominio a través del poder que genera el capital para organizar las sociedades, los territorios e inclusive los cuerpos de los seres humanos.”4

Poder y Bloque como hegemonía, entonces, que determinan en última instancia el carácter del ejercicio del poder (gobierno e institucionalidad) en base a la aplicación de los atributos principales del estado de excepción, donde la arbitrariedad -como decía- se expresa por medio de la dialéctica “politización de la justicia- judicialización de la política”. Sin duda aquí se encontrará el límite y la posibilidad de acción y estrategia, que permite la correlación de fuerzas en un momento histórico, la misma que determina, en última instancia, esta dinámica señalada. En síntesis, ejercicio del poder condicionado y determinado por factores como el estado de excepción y el bloque en el poder, que explican y conducen el quehacer político en el Ecuador.

El Paro Nacional promovido por el Movimiento Indígena desde el 13 al 29 de junio, terminó, principalmente, cuestionando al presidente Lasso y presionándole a dialogar y discutir, como acatar, las demandas de los 10 puntos programáticos del Paro Nacional. En esta medida el gobierno se ha tensionado y perdido capacidad de gestión, obligado a someterse a la presión social que ha llegado al extremo de ser caracterizada de “conspiración” en contra del presidente Lasso.

“La conspiración sigue, aunque cocinándose a fuego lento. Iza impone su agenda económica al gobierno en las mesas de negociación y el correísmo avanza en su designio de apoderarse de la Asamblea, luego de los otros órganos del Estado y por último anular, y si es posible destituir, al Presidente.”5

Esta situación muestra, adicionalmente, que el Gobierno y el Presidente de la República a nivel de escena se ha debilitado y perdido su sustento social y político. En encuestas realizadas en las últimas semanas se informó del declive de su aceptación, que gira en torno al 16% de acuerdo a Perfiles de Opinión6.

De otro lado, y de manera simultánea, se ha modificado la conformación del parlamento y su correlación de fuerzas. Se ha impulsado una nueva mayoría constituida por el sector correísta (UNES), sectores críticos de Pachakutik que decidieron coincidir con el correísmo en ciertas propuestas y conducta política, y grupos de independientes que han plegado a esta nueva mayoría en la Asamblea que bordea el 68% de la misma. Así, la implementación del juicio al Consejo de la Judicatura se concretó con 87 votos7; organismo que anteriormente fue evaluado y sancionado por la Corte Constitucional respecto a la denuncia de algunos jueces que fueron removimos injustamente, sin embargo, en el juicio de la Asamblea la destitución de la mencionada entidad fue salvada, o al menos, su ratificación quedó suspendida.

Más allá de la descripción de esta situación examinada y siguiendo la metodología planteada para desentrañar las características de una escena política convulsionada, se requiere trascender e interpretar las disputas económicas y sociales en torno a la configuración del bloque en el poder y su hegemonía, lo que llevó a la investigación del artículo a observar, primeramente, el estado de situación en la estructuración del poder y la hegemonía, específicamente, el comportamiento y las limitaciones de una de las principales fracciones financieras que disputan la hegemonía. Una es aquella ligada a ciertos grupos o fracciones financieras relacionadas con el presidente Lasso y el Banco de la Producción; así como también de otros grupos, igualmente financieros, como el del Banco Pichincha del magnate Fidel Egas.

Esta es la pugna sustantiva del periodo y el límite del presidente Lasso y su grupo que no alcanzan a revertir en escena, a nivel de la representación, la correlación de fuerzas institucional y política, haciendo uso arbitrario y tramposo de los mecanismos jurídicos y políticos para disputar la conducción del bloque.

“Vayamos al grano”: revisemos los datos que nos revelan las principales diputas de las fracciones y grupos en torno a la estructuración de la economía y del poder, vale decir, la base estructural-económica material, principal del Ecuador.

En un artículo de investigación fundamentado desde la explicación de la economía política critica, el economista Pablo Dávalos, dice:

“No obstante, algo que sorprende ahora del presidente de la república, es su beligerancia y hostilidad contra Fidel Egas Grijalva, uno de los hombres más poderosos del país y cabeza de uno de los grupos económicos más importantes, el grupo económico Banco del Pichincha8. ¿A qué se debe esa disputa con uno de los personajes más poderosos de las oligarquías del país? ¿Qué puede desprenderse de esta disputa inter oligárquica?”9,

“Como puede apreciarse – continua Dávalos- el grupo Banco del Pichincha posee un tercio de todos los activos del sistema financiero privado del país. Esto le da un peso tan importante que puede definir, literalmente, los niveles de liquidez del país, los niveles de tasa de interés, y todos los circuitos ahorro-inversión nacional.”10

“Su perseguidor más inmediato, a nivel bancario-financiero, por otra parte- dice la investigación de Davalos-es el grupo económico Corporación MultiBG-Banco de Guayaquil cuyo principal es, justamente, Guillermo Lasso Mendoza. Este grupo económico tuvo ingresos de 601,61 millones de USD en el año 2019 y de 681,50 millones de USD en el 2020. En el año 2019 pagó el 5,28% de sus ingresos en impuesto a la renta, mientras que en el año 2019 pagó el 1,69%.”11

En este contexto, que expresa la diferencia y oposición entre grupos financieros-bancarios, se vive en el Ecuador en el año 2021 un ciber-ataque en contra del Banco del Pichincha, generando una suerte de inestabilidad de importancia, que sin embargo, no le afectó en conjunto a su significación financiera.

De acuerdo con las estadísticas de captaciones y colocaciones de los bancos privados publicados por la Superintendencia de Bancos12 -en una investigación empírica realizada- el Banco del Pichincha registró un crecimiento del número de cuentas entre octubre y noviembre de 2021 de 0,4%, pero entre diciembre noviembre de 2021 se registró una pérdida de 13%, pasando de 5,4 millones de cuentas a 4,7 millones de cuentas, casi 700 mil cuentas menos. Por su parte Produbanco y Banco de Guayaquil, en conjunto, entre noviembre y diciembre de 2021 captaron 48 mil cuentas nuevas, lo cual es marginal comparado con las cifras de Banco Pichincha.

Con respecto al saldo de captaciones, Banco Pichincha registró crecimientos del orden del 3% y el 7% mensual –dice la misma investigación- en los meses de noviembre y diciembre de 2021, en tanto que Produbanco registró un decrecimiento mensual del 1% en noviembre de 2021 y un crecimiento del 6% en diciembre de 2021, mientras que por su lado el Banco de Guayaquil registro crecimientos del 0,4% y del 2%, respectivamente.13

En medio de esta evolución y contrariedad de polos financieros surge la pregunta: ¿quién genero dicha ofensiva?, ¿es acaso un tema ligado a determinadas tendencias financieras especulativas del planeta?, ¿dónde se alinean los intereses ligados al grupo financiero de Lasso? Temas controvertidos y problemáticas cuya interpretación puede conducirnos a formular algunas conjeturas en torno a la estructuración y conflicto de la economía ecuatoriana y el bloque de poder. Tema que deberá abordarse más ampliamente en el curso de una futura investigación.

En este contexto, mencionado en el análisis crítico de la economía política, sobre las diferencias de poder económico, se puede observar importantes reflejos políticos en la evolución gubernamental: pugnas de carácter personal financiero como la que se dio en el enfrentamiento de Lasso contra Fidel Egas en Twitter14, el 28 de abril de 2022, de poder institucional y diferencias de grupos políticos.

Una de las manifestaciones específicas políticas relevantes que se ha evidenciado en el curso del gobierno de Lasso, es aquella que se dio en marzo de 2022, cuando la entonces Ministra Alexandra Vela, renunció al Ministerio de Gobierno y cuestiono la política del presidente de la Republica15. Posición, por otro lado, ligada con el grupo del expresidente Oswaldo Hurtado, quien desde el principio fue abierto partidario y promotor de la candidatura a la presidencia de Guillermo Lasso en el año 2019.

Por aquel entonces, la mencionada renuncia ponía por delante las diferencias, pugnas y rupturas entre distintos sectores del gobierno de Lasso que se habían expresado en el curso de los últimos meses en el proceso de su ejercicio y, que evidenciaban, ciertas posiciones y relaciones dominantes.

A esto se suma, en este proceso de estructuración económica del bloque dominante la presencia “viva del narcotráfico”. Precisamente la compresión de la escena y la tensión principal de clases o fracciones y grupos económicos, requiere considerar el contexto de la forma de incidencia de grupos financieros efectivamente ligados al “narco tráfico” que han buscado, así mismo, influir en la disputa de dirección dominante.

De tal manera que cabe complementar el análisis recurriendo al esclarecedor informe sobre el caso Pandora Papers elaborado en la Asamblea Nacional el 5 de noviembre de 202116 que trascendió el fenómeno y permitió extraer algunas conclusiones.

Primero, la evidencia de la relación efectiva del presidente Lasso con una tendencia del capital financiero internacional, aquella que, en la dinámica de su acumulación y especulación capitalista planetaria, ha constituido espacios de inversión como los offshore y los paraísos fiscales. Es obvio entender que haya disputas que derivan de la tensión fuerte entre banqueros.

“En un importante documento generado en la Universidad Central del Ecuador, se afirma que la grave situación carcelaria proviene de una peligrosa tensión producida por las mafias del narcotráfico y el crimen organizado, mismas que disputan territorios y buscan condiciones para intervenir en la economía ecuatoriana y dinamizarla”17.

Más allá de este fenómeno, que presiona al gobierno y al Estado para resolver esta brutal convulsión que se ha producido en determinadas cárceles del país, y que ha puesto a discutir a la sociedad sobre la militarización de los recintos carcelarios, y/o la necesidad de cambiar marcos legales que supriman el llamado “populismo jurídico”; se vuelve necesario considerar, la dinámica de la presencia activa de un capital dinero internacional proveniente del narcotráfico, y que coincide con las inversiones de los offshore y Paraísos Fiscales antes mencionados; e ingresa a la inversión empresarial, por si mismos, o vinculados a importantes empresas capitalistas ecuatorianas.

“La economía subterránea ligada a las actividades ilegales -decía Juan Cuvi en un importante artículo- es parte sustancial del capitalismo. El tráfico de drogas, armas o personas mueve miles de millones de hogares, genera inversiones, dinamiza las finanzas, da empleo […]. Aparte de las mafias directamente implicadas en estas actividades, existen grupos económicos formales que lucran de esos negocios ilícitos, donde el lavado de activos tan solo es un engranaje de esa compleja y gigantesca maquinaria. Sin el narcotráfico, miles de empresas legales, sobre todo en los países más pobres se irían a pique.”18

Tercero,en consideración a lo antes señalado, habría provincias enteras, como Manabí por caso, articuladas a este proceso de inversión conocido como “lavado de dinero”, donde se puede advertir renovados mecanismos de acumulación capitalista (“lumpen capitalismo”) ligados a estas formas ilícitas e ilegales de la actividad económica. Hecho que permite observar e interpretar, a nivel del bloque en el poder en el Ecuador, fisuras y disputas con estos sectores.

Cabe entonces recordar los incidentes de la escena política ecuatoriana: el caso Pandora Papers y la fuerte violencia del narcotráfico y crimen organizado, que permitieron examinar la coyuntura desde específicos y determinantes intereses dominantes y hegemónicos en el Ecuador del siglo XXI.

“Sin duda, dicho informe, se constituyó en un detonante de la coyuntura, y puso una vez más de manifiesto la correlación de fuerzas, como el enfrentamiento de sectores anti derecha, anti Lasso y anti neoliberales. En este juego articulado por el gobierno se recurrió, para mistificarlo, al mecanismo de la polarización ideológico/política (utilizado durante la campaña electoral), entre “correísmo y anti correísmo”, entre los campos de derecha y el populismo o neopopulismo.”19

Proceso de conformación del bloque, que por otro lado, interrelaciona subordinadamente al predominio financiero de la estructuración del bloque en el caso de sectores tradicionales vinculados, principalmente, a la actividad comercial (importadores y exportadores) que en el pasado inmediato han constituido la llamada “oligarquía tradicional” asentada regionalmente en la Costa y, sobre todo, Guayaquil que producen efectos tanto en la disputa con otras fracciones como en relación con las predominantes fracciones financieras y otras, como las especulativas del narco lavado y crimen organizado. En una entrevista realizada por el periodista Vivanco en la plataforma La Posta, Jaime Nebot, vocero político de estos grupos oligárquicos, al hacer un análisis de la política económica del gobierno de Lasso dice, finalmente, que es un gobierno al servicio de los tenedores de la bolsa y de la banca, mostrando así su contrariedad y su diferencia. En otra ocasión, el ex burgomaestre afirmo a propósito de las injurias de Lasso20: “yo no lo “odio”, por el contrario su estado emocional me da lástima. Pero no es usted un demente cualquiera, es el Presidente de la República y solo por eso me refiero a sus exabruptos”21.

A esta descripción se suma una serie de procesos que se han desplegado en estos meses al promover negocios por parte del Estado y gobierno, como proyectar la privatización de empresas y actividades públicas importantes del Estado, como las empresas eléctricas, las estaciones de gasolina y el emblemático Banco del Pacifico, ligados a intereses financieros extranjeros y nacionales que buscan invertir en el Ecuador y que constituyen un punto de apoyo de la disputa de poder en ciernes en el contexto del programa neoliberal de Lasso.

En esta línea de interpretación, en síntesis, se revela la situación de descomposición política del Ecuador. La verdadera, no la aparencial de la escena política. Se puede conjeturar que el país vive un momento de tránsito, es decir de cambio y de inestabilidad de la forma de Estado, de su régimen y sistema político, los mismos que han evolucionado, en el último periodo, desde el estatismo, propio de la fase neo populista y/o neo desarrollista en el periodo del gobierno de Correa hacia formas y mecanismos del “estado de excepción”, (que como afirmamos constituye una de las categorías de interpretación principal del fenómeno político ecuatoriano), y que se expresa también en la fase presidencial de Lenin Moreno (2017-2021), cuando se constituyó, por vía de la consulta popular del 2018, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, proceso que fue conocido como “re institucionalización del Estado”.

Hay por tanto una necesidad y un límite en la transformación del régimen político, como de la forma de estado, definida por la Constituyente de Montecristi, que llevó en la práctica de la gestión gubernamental, conducida por el presidente Rafael Correa (2007-2018), a configurar un ejercicio del poder de carácter estatista, base en la cual se sustentó un régimen político con rasgos autoritarios y, en consecuencia, se desplegó una amplia concentración de poderes en el ejecutivo que llevó a la subordinación, como perdida de independencia de las instancias de control y justicia (llamado hiper presidencialismo).

Adicionalmente, desde la iniciativa presidencial en el gobierno de Rafael Correa, el 3 de diciembre de 2015, se promovieron enmiendas constitucionales en el contexto del fortalecimiento de la forma de estado de excepción. Después de la consulta popular de febrero de 2018, convocada por Lenin Moreno, para la estructuración e implementación del Consejo de Participación y Control Social Transitorio, utilizaron los dispositivos de excepción para modificar la institucionalidad existente sustituyendo efectivamente unos funcionarios por otros, los mismos que provenían de la fase y correlación política, donde los sectores democráticos que intervinieron promoviendo este cambio actuaron en el contexto del predominio ideológico-político de las tendencias de derecha en el continente y el Ecuador.

Asunto mencionado que ha generado el deterioro de la institucionalidad, manifiesta de manera extraordinaria, en el órgano de la Justicia, el Consejo de la Judicatura, el mismo que expresa de manera evidente y dramática el caso de la “politización de la justicia”, donde se encuentran condiciones determinadas provenientes de la forma estatista de intervención de la justicia, en la etapa del Gobierno de Correa y de manipulación arbitraria y sesgada, realizada por el Consejo de Participación Transitorio en el 2019.

Este es uno de los dramas principales del Ecuador, el mismo que se ha vivido en el último episodio del Juicio Político y destitución del Consejo de la Judicatura, en el mes de septiembre de 2022, cuando se realizó el juicio político al mencionado organismo.

Este proceso que ha vivido el Ecuador de transición y descomposición política y jurídica, deja ver premisas y condiciones objetivas, que en perspectiva futura podrían derivar a la configuración de un “narco-Estado”, y/o un “Estado fallido”, así como de formas de ejercicio del poder de corte fascista.

El otro aspecto de coyuntura que se examina en este documento es aquel que proviene, en medio de esta situación política que se ha descrito y explicado, de la acción desde abajo de los sectores subalternos.

El día lunes 13 de Junio del presente año el Movimiento Indígena (CONAIE-FENOCIN-FEINE) convocó a la movilización y paro nacional. Convocatoria hecha sin contar con la aprobación del Frente Unitario de Trabajadores.

Importante presencia y lucha social que se dio en medio de la arbitrariedad, el caos y la pugna institucional, como la inestabilidad y conflicto del bloque en el poder y de sus principales fracciones, especialmente las financieras, que ingresaron a mutuas ofensivas, entre algunas de ellas, utilizando recursos ilícitos, como el hacker-ciber ataque, en el caso de la intervención sobre el Banco del Pichincha.

Es decir, en un momento de inestabilidad del bloque dominante y su hegemonía, que creo las condiciones de posibilidad para que la movilización indígena, desde su perspectiva contra hegemónica, usando una táctica correcta, impulsara su acción en medio de la disputa y vacío dominante, y la falta de sustento social y político del presidente Lasso. Proceso que hacía recordar la importante movilización de octubre del 2019, y que desde abajo y con potencia ponía en cuestión el dominio reinante.

Significativa movilización y paro, por otro lado, que puso por delante 10 demandas concretas, propias del momento reivindicativo social, el mismo que ha lindado con el cuestionamiento a alguno de los postulados del plan neoliberal, y aspiración de Lasso.

Conducta política coherente que fue capaz de tensionar el país durante 20 días y acordar, utilizando las palancas institucionales, como la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, el dialogo impidiendo así que se imponga la línea represiva dura y fascista del gobierno.

Esto porque al interior del régimen, en principio, se impuso la línea dura, de corte fascista, con la clara intención de provocar, de incendiar la movilización indígena y crear la necesidad de la declaratoria del estado de excepción y su consecuente militarización y represión. Antonio Gramsci al caracterizar el dominio solía decir: “hegemonía acorazada de coacción”22; pero que, en las circunstancias del Gobierno de Lasso, que muestra la incapacidad política y hegemónica, como la pérdida de legitimidad de ciertos sectores gubernamentales, los más cerrados, se inclinaron por la simple y absurda coacción o represión de corte fascista al movimiento social movilizado.

Sin embargo, la fuerza de los acontecimientos y la movilización social abrió el paso a la búsqueda del dialogo y el consenso. La utilización de formas de intermediación institucional para acordar sobre los 10 puntos propuestos por la CONAIE para terminar con el paro indefinido del movimiento indígena, como efectivamente ocurrió, y que el gobierno estaría dispuesto a rectificar (como por ejemplo en el precio de los combustibles, al decir en unas declaraciones públicas el Ministro de Gobierno).

“Para aquellos que nos identificamos -decía un artículo de coyuntura- con la necesidad de la autonomía, de la construcción de la fuerza desde abajo, vale decir, desde la perspectiva de conformar la contrahegemonía social y política, advertimos que se requiere, consensuar, dialogar y acordar determinados puntos de la demanda indígena, aquéllos fundamentales, para exigiendo con la fuerza movilizada la rectificación del gobierno más allá de la postura neoliberal, avanzar con los sectores sociales a una perspectiva gubernamental distinta a la actual. […]

Vivimos, entonces, un momento decisivo de la lucha y de la situación social y política del Ecuador, así como de la representación general histórica, en que se han reconocido diversidad de sectores subalternos, sociales y sindicales, y de género, que tienen en el dirigente Leónidas Iza, atacado y judicializado por el gobierno, una importante expresión. Saber combinar el acuerdo y la exigencia de rectificación, como la fuerza movilizada, en las condiciones actuales, puede representar una conducta política de unidad, en la diversidad, certera en perspectiva futura.”23

En consecuencia, conducta táctica que, a diferencia del 2019, abrió el cauce para la solución de las demandas planteadas. Un compás de espera que permitió alcanzar algunos de los importantes acuerdos señalados en los 10 puntos programáticos de la movilización indígena, logrando concretar hasta el presente resoluciones en tres o cuatro mesas temáticas de las 10 planteadas, advirtiéndose logros importantes de acuerdo al programa de la CONAIE, FENOCIN y FEINE. Entre los principales acuerdos del dialogo movimiento indígena y gobierno se destaca:Moratoria a las actividades: paralización de 15 bloques de la Ronda Sur Oriente hasta que la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada esté publicada; no otorgar nuevos títulos mineros, ni licencias ambientales para el inicio de nuevas actividades mineras hasta contar con la normativa necesaria para la aplicación de la Consulta Previa; una mesa técnica revisará la propuesta legal de Consulta ambiental que deberá someterse a la consulta prelegislativa.

Conformación de mesas técnicas vinculante de Evaluación Integral y de Remediación y Compensación ambiental; evaluación integral de carácter vinculante para: licencias ambientales, contratos y derechos otorgados; impactos socio ambientales, legales y operacionales; e identificación de mecanismos de remediación, reparación y garantías de no repetición y/o reversión. Identificación, caracterización, priorización y remediación de los pasivos ambientales ocasionados por las empresas del Estado, empresas privadas y otros.

Conformación de mesas técnicas jurídicas para formular Proyectos o Reformas a Leyes: Consulta Previa, Libre e Informada; Reformas a las Leyes de Hidrocarburos y Minería; Ley de Petroecuador; Ley Orgánica para La Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Créditos con la banca pública. Condonación de créditos vencidos hasta $ 3.000 (incluye intereses, intereses de mora y gastos legales); reestructuración: créditos vencidos entre $ 3.000 y $ 10.000 con 3 años de gracia (capital e interés) y hasta 10 años plazo. Los beneficiarios de este acuerdo tendrán calificación de riesgo A1. Continuarán siendo sujetos de crédito.

En producción campesina se ofreció fortalecer el INIAP para desarrollar semillas, fortalecer la producción agroecológica, implementar bio fabricas para fertilizantes orgánicos, crear el Programa Nacional para la Agricultura Familiar Campesina, el Plan Nacional de Vialidad Rural

En la política de precios campesinos se acordó crear una comisión para establecer precios referenciales y canales de comercialización e incluir la inobservancia de precios oficiales y referenciales como infracción administrativa.

Quedaron por otra parte algunas demandas, desatendidas por el proceso de dialogo el Estado y las grandes empresas:Créditos: Los bancos privados y las cooperativas más grandes se oponen a reducir sus ganancias para aliviar la situación de las familias empobrecidas endeudadas del país.

No se establecen controles a los supermercados. No se permitió abrir las compras públicas a los pequeños productores agropecuarios, ni se permitió proteger la producción nacional de alimentos de los Tratados de Libre Comercio.

El gobierno se opuso al control de 44 sectores de industrias que monopolizan el 12% de los productos de primera necesidad estableciendo precios máximos.

Punto de las actividades mineras y petroleras descartados por el Estado, en este aspecto:No ampliar las actividades en los bloques por licitar de la ronda intra-campos, que son los bloques 11, 93, 94, 95, 96, 97 y 59.

Moratoria al bloque Perico plataformas 1 y 2, bloques 50 y 51 (Charapa y Chanangué), bloque 61, Bloque 10 (campos Oglan, Jimpikit y Moretecocha).

Prohibir la ampliación de actividades petroleras en bloques y campos que afectan a territorios de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y la nacionalidad Waorani en contacto inicial que habitan el Parque Nacional Yasuní

No apertura de Catastro Minero, derogatoria del Decreto Ejecutivo 151 y creación de áreas de exclusión minera.

Someter a consulta previa, libre e informada la licencia ambiental para el cambio de fase en los proyectos extractivistas.

Moratoria y nulidad de las concesiones mineras que invaden áreas protegidas, territorios de pueblos y nacionalidades, áreas de protección hídrica y zonas arqueológicas argumentando seguridad jurídica y atracción de inversiones.

El proceso de dialogo ha entrado en una situación inestable en los últimos días del mes de septiembre, expresión, de las restricciones a la demanda indígena, de un lado y de otro, de los límites del gobierno.

Pero más allá de estas importantes reivindicaciones, aunque limitadas, se requiere destacar el desenvolvimiento de la táctica implementada por el movimiento indígena, que puede representar distintos momentos en la línea de avanzar con las exigencias planteadas en una línea “ no recesiva” y abrir así condiciones para concretar nuevas exigencias y una nueva ofensiva del movimiento social. Es decir, distinguiendo -como decía Gramsci- entre guerra de movilización y guerra de posición24.

En una última declaración antes del cierre del artículo, el presidente de la CONAIE ha señalado su preocupación por la limitación de los acuerdos por parte del gobierno y ha informado que para el 13 de Octubre (a los tres meses del dialogo) se realizara una gran reunión nacional de los movimientos indígenas para evaluar los diálogos y definir su conducta en las próximas semanas.

Surgen algunas preguntas: ¿frente a qué estamos? ¿Qué significa esta firme pero ordenada movilización nacional del movimiento indígena en el contexto de la contra hegemonía que reitera una posición contraria al Plan neoliberal y del FMI? Y, por otro lado, ¿ se transcurre en el momento de dialogo social para detener y afectar al Plan neoliberal y dar paso a un Ecuador con otro plan que riñe en algunos aspectos con el neoliberal?

Al parecer, estamos políticamente hablando de un empate de fuerzas que se distribuyen entre la fortaleza parlamentaria del correísmo, por un lado, y la fuerza social indígena participe del diálogo con el gobierno en pos de una nueva movilización y paro, por otro, es esta correlación de fuerzas manifestada en la escena lo que determina la característica de la escena y el comportamiento de las fuerzas políticas en juego.

Cierro el artículo, cuando el gobierno Nacional hace aproximadamente diez días ha lanzado una consulta poco consistente que tiende a ser cuestionada, en algunas preguntas por la Corte Constitucional, y rechazada por círculos gobiernistas de las organizaciones civiles, y el conjunto de la sociedad. Su análisis requerirá una reflexión adicional próxima, cuando se haya formalmente concretado su convocatoria por parte del Consejo Electoral.

Este artículo contó con la colaboración de Tito Madrid, quien ayudó a editarlo.

1 Se dispuso la protección de derechos, emitida por una jueza sobre la selección del ciudadano González como Superintendente de Bancos.

2 Agamben, Giorgio. 2005. Estado de excepción. Homo sacer, II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

3 Poulantzas, Nicos. 1970. Poder Político y Clases Sociales. México: Siglo XXI Editores.

4 Muñoz, Francisco y Carlos Michelena. 2022. Capitalismo planetario: Hegemonía y crisis, reflexiones y conjeturas. Quito: Gráficas Amaranta.

5 Spurrier, Walter. 2022. El dogal se aprieta. https://www.elcomercio.com/opinion/dogal-aprieta-reforma-tributaria-crudo.html

6 Perfiles de Opinión. 2022. Encuesta perfiles.

7 El Universo. 2022. Estos son los 87 asambleístas que votaron por la destitución y censura de tres vocales del Consejo de la Judicatura. https://www.eluniverso.com/noticias/politica/estos-son-los-87-asambleistas-que-votaron-por-la-destitucion-y-censura-de-tres-vocales-del-consejo-de-la-judicatura-nota/

8 “El grupo Banco del Pichincha es el grupo económico con la mayor cantidad de activos de todos los grupos económicos. En el año 2019 sus activos eran de 17,92 mil millones de USD, mientras que en el año 2020 fueron de 18,94 mil millones de USD. Su patrimonio fue de 3,69 mil millones de USD en el año 2019 y de 3,68 mil millones en el año 2020. Entre bancos, empresas y fideicomisos, el grupo posee 137 entidades. Sus principales empresas, con ingresos en el año 2020, son: Banco del Pichincha S.A. con 1.302,67 millones de USD; Banco Diners Club del Ecuador con 435,61 millones de USD; AIG Metropolitana de Seguros y Reaseguros con 221,49 millones de USD; Seguros del Pichincha Seguros y Reaseguros con 159,52 millones de USD; Banco General Rumiñahui con 114,42 millones de USD; Banco de Loja con 52,9 millones de USD; Pichincha Sistemas ACOVI con 37,6 millones de USD; Confiamed con 33,54 millones de USD; CrediFe Desarrollo Microempresarial con 31,83 millones de USD, BANRED con 13,31 millones de USD, además de otros ingresos por la administración de 121 fideicomisos, empresas off-shore (LLC), y otros”. En: Pablo Davalos. Economía política del poder: la disputa Guillermo Lasso-Fidel Egas (entrevista en Radio Pichincha Universal). https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/economia-politica-del-poder-la-disputa-guillermo-lasso-fidel-egas/

9 Pablo Dávalos. Economía política del poder: la disputa Guillermo Lasso-Fidel Egas (entrevista en Radio Pichincha Universal). https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/economia-politica-del-poder-la-disputa-guillermo-lasso-fidel-egas/

10 Ibidem.

11 Ibidem.

12 Superintendencia de Bancos. 2022. https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=955

13 David Echeverria. Entrevista, septiembre 2022

14 El Comercio. 2022. Guillermo Lasso arremetió contra Fidel Egas. https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/guillermo-lasso-criticas-impuestos-egas.html

15 Primicias. 2022. Alexandra Vela deja el Gobierno “por no coincidir con línea política” de Lasso. https://www.primicias.ec/noticias/politica/alexandra-vela-deja-gobierno-linea-politica-lasso/

16 El Comercio. 2022. Comisión aprobó informe del caso ‘Pandora Papers’, sin debate. https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/comision-aprobo-informe-pandora-papers-debate.html

17 Muñoz, Francisco. 2021. Pandora Papers, hegemonía y neoliberalismo. https://rebelion.org/pandora-papers-hegemonia-y-neoliberalismo/

18 Ibidem.

19 Ibidem.

20 Café La Posta. 2022. Café la Posta: el gobierno y el pacto. https://www.youtube.com/watch?v=84tDckuTexs

21 Nebot, Jaime. 2022. Nebot en Twitter. https://twitter.com/jaimenebotsaadi/status/1520451567211749376

22 Gramsci, Antonio. (2004). Antología (Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

23 Muñoz, Francisco. 2021. Ecuador: Fuerza, diálogo y rectificación. https://ecuadortoday.media/2022/06/20/ecuador-fuerza-dialogo-y-rectificacion/

24 Gramsci, Antonio. (2004). Op Cit.

Agamben, Giorgio. 2005. Estado de excepción. Homo sacer, II, I. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora.

Café La Posta. 2022. Café la Posta: el gobierno y el pacto. https://www.youtube.com/watch?v=84tDckuTexs

David Echeverria. Entrevista, septiembre 2022

El Comercio. 2022. Comisión aprobó informe del caso ‘Pandora Papers’, sin debate. https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/comision-aprobo-informe-pandora-papers-debate.html

El Comercio. 2022. Guillermo Lasso arremetió contra Fidel Egas. https://www.elcomercio.com/actualidad/politica/guillermo-lasso-criticas-impuestos-egas.html

El Universo. 2022. Estos son los 87 asambleístas que votaron por la destitución y censura de tres vocales del Consejo de la Judicatura. https://www.eluniverso.com/noticias/politica/estos-son-los-87-asambleistas-que-votaron-por-la-destitucion-y-censura-de-tres-vocales-del-consejo-de-la-judicatura-nota/

Gramsci, Antonio. (2004). Antología (Selección, traducción y notas de Manuel Sacristán). Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Muñoz, Francisco y Carlos Michelena. 2022. Capitalismo planetario: Hegemonía y crisis, reflexiones y conjeturas. Quito: Gráficas Amaranta.

Muñoz, Francisco. 2021. Ecuador: Fuerza, diálogo y rectificación. https://ecuadortoday.media/2022/06/20/ecuador-fuerza-dialogo-y-rectificacion/

Muñoz, Francisco. 2021. Pandora Papers, hegemonía y neoliberalismo. https://rebelion.org/pandora-papers-hegemonia-y-neoliberalismo/

Nebot, Jaime. 2022. Nebot en Twitter. https://twitter.com/jaimenebotsaadi/status/1520451567211749376

Pablo Davalos. Economía política del poder: la disputa Guillermo Lasso-Fidel Egas (entrevista en Radio Pichincha Universal). https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/economia-politica-del-poder-la-disputa-guillermo-lasso-fidel-egas/

Perfiles de Opinión. 2022. Encuesta perfiles.

Poulantzas, Nicos. 1970. Poder Político y Clases Sociales. México: Siglo XXI Editores.

Primicias. 2022. Alexandra Vela deja el Gobierno “por no coincidir con línea política” de Lasso. https://www.primicias.ec/noticias/politica/alexandra-vela-deja-gobierno-linea-politica-lasso/

Radio Pichincha Universal). https://www.pichinchacomunicaciones.com.ec/economia-politica-del-poder-la-disputa-guillermo-lasso-fidel-egas/

Spurrier, Walter. 2022. El dogal se aprieta. https://www.elcomercio.com/opinion/dogal-aprieta-reforma-tributaria-crudo.html

Superintendencia de Bancos. 2022. https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=955