La redacción y posterior puesta en leyes de una carta magna, es una disputa política, da cuenta de una correlación de fuerzas.
por Marcos Roitman Rosenmann
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El presidente Gabriel Boric sorprendió a propios y extraños. Mientras era entrevistado para Chilevisión, declaró: “Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución, pero no votó sólo esto, votó que quería una Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin (…). De ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más, en donde va a tener que discutirse todo de nuevo a partir de cero”. ¿El parche antes que la herida? ¿Un plan B que a nadie gusta?
En primer lugar, la convención constitucional fue el resultado no querido del estallido social de octubre de 2019. Los partidos del orden buscaron minimizar los daños y firmaron el acuerdo por la paz y una nueva Constitución, el 15 de noviembre de 2019, conocido como "pacto de la traición". Desprestigiados socialmente, 66 por ciento de los convencionales electos lo fueron de listas independientes. Por consiguiente, la redacción de una nueva carta magna se les escapó de las manos a quienes habían gobernado el país durante 40 años. La derecha pinochetista inició su campaña descalificando a muchos de los convencionales, y hoy cuestiona su redacción final. Asimismo, un grupo de notables, ex miembros de los gobiernos progresistas de la Concertación y Nueva Mayoría, a medida que avanzó el proceso, ha torpedeado su propuesta. Haciendo piñata, nace el grupo de los Amarillos. Una confluencia de ex ministros, ex diputados, ex senadores socialistas, democristianos, PPD, intelectuales, etcétera, cuyo objetivo es renegar públicamente de la nueva Constitución. Para ellos, de ser aprobada, se rompería el consenso, dividiendo el país. No es una propuesta inclusiva con respecto a la Constitución de 1980, dirán, ya que fue refundada democráticamente por Ricardo Lagos en 2005, por lo cual no cabe adjetivarla de pinochetista. Su opción: rechazar la propuesta de los convencionales.
En segundo lugar, el Poder Legislativo se renovó el 21 de noviembre de 2021. Los diputados lo son hasta 2026 y los senadores hasta 2030. Aunque la derecha no obtuvo mayoría absoluta, controla el Senado, 25 de sus 50 miembros, y en la Cámara de Diputados, la balanza se inclina hacia los firmantes del pacto, cuya propuesta de nueva Constitución se aceptó a regañadientes. Así, sea cual sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, se apruebe o rechace la nueva Constitución, no habrá Congreso constituyente. Felipe Portales, Premio Nacional de Historia y uno de los intelectuales más destacados, señala esta contradicción: “… el órgano encargado de concretizar en leyes gran parte del nuevo texto constitucional será ¡el Congreso actual, que para entonces representará una Constitución fenecida! Y, lo que es peor, será un Congreso donde la derecha más tradicional –acérrima enemiga del nuevo texto– posee mayoría, a través de su 50 por ciento (25) del Senado. Es decir, un Poder Legislativo electo por el ‘antiguo régimen’, y ¡claramente enemigo del nuevo!, será el encargado de poner en marcha la nueva Constitución. Algo absurdo y contradictorio por donde se mire (…). Desgraciadamente, todo esto nos coloca en un escenario en que cualquiera que sea el resultado del plebiscito de septiembre, no podemos esperar ninguna trasformación fundamental del ‘modelo chileno’ en un futuro previsible”.
Si la redacción es un avance, al reconocer derechos sociales hasta ahora negados o recuperados al mercado como educación, salud, vivienda, pensiones, sus contradicciones dividen a los partidarios del Apruebo. Su articulado tiene sombras. La nueva Constitución no contempla la nacionalización de los recursos naturales no renovables. Los convencionales no lograron reunir el quórum necesario de los 2/3. Por consiguiente, el cobre, el litio y cualquier recurso, excepto el agua, pueden ser explotados por compañías extranjeras. Así, surge la pregunta de quienes son escépticos a la hora de dar el Sí. ¿Cómo se financian los derechos sociales, reconocidos en la nueva Constitución? El debate está servido. La promoción del voto nulo o blanco, gana adeptos. Su argumento cobra fuerza: “Chile le regaló a la minería privada del cobre 120 mil millones de dólares en 10 años, según CIPER, y esto va a seguir ocurriendo según la nueva Constitución. ¿Imagina usted lo que Chile podría hacer con todo ese dinero? Sin plata, los derechos sociales son una quimera. No se engañe con falsas promesas.
En esta disyuntiva, los firmantes del acuerdo del 15 de noviembre, Por una nueva Constitución y la paz, buscan una salida, promover el Apruebo, para reformar posteriormente en el Congreso. Así, los artículos de hondo calado democrático serían limados en el Congreso. En esta dirección debe interpretarse el acuerdo del Senado del 20 de junio, dando el visto bueno a la propuesta que reduce el quórum para reformar la Constitución de 2/3 a 4/7. En palabras del senador de la derecha, primero de Renovación Nacional y hoy del ultraderechista Partido Republicano, Rojo Edwards, "lo que estamos haciendo hoy es justamente dar certeza, seguridad a los chilenos que queremos una nueva y buena Constitución y no la que ha propuesto la Convención Constitucional, que no dio el ancho, que no fue capaz de construir una casa para todos y que sigue dividiendo a los chilenos".
En definitiva, la redacción y posterior puesta en leyes de una carta magna, es una disputa política, da cuenta de una correlación de fuerzas. Y hoy, en Chile, no corren buenos tiempos para romper el modelo neoliberal. Para el gobierno, la propuesta, aprobar para reformar, es una opción para evitar el rechazo. Otra vez el dilema del mal menor está sobre la mesa.
Marcos Roitman Rosenmann
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