La ayuda al desarrollo se ha convertido en nuevo campo de batalla de la nueva Guerra Fría que protagonizan China y Estados Unidos.
Beijing avanza con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, su nueva ruta de la seda, Washington lo intenta con la nueva Asociación para la Infraestructura y la Inversión Globales, a la que ha sumado al resto del Grupo de los Siete.
Por Anis Chowdhury, Jomo Kwame Sundaram
Economipedia
SÍDNEY / KUALA LUMPUR – La financiación del desarrollo, que durante mucho tiempo fue un medio para que las naciones poderosas influyeran en los países en desarrollo, ha adquirido una importancia renovada en la nueva Guerra Fría. A diferencia de la anterior Guerra Fría entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética, ahora la rivalidad es entre sistemas capitalistas de mercado mixtos.
La rivalidad en la ayuda al desarrollo
Después de renegar repetidamente de sus promesas de ayuda al desarrollo y financiación del clima, las grandes naciones ricas del Grupo de los Siete (G7) secundaron y aprobaron obedientemente la Asociación para la Infraestructura y la Inversión Globales (PGII, en inglés) promovida por el presidente estadounidense Joe Biden, durante su cumbre anual de 2022, realizada en junio en la localidad alemana de Schloss Elmau.
Con un compromiso de 200 000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, el G7 prometió movilizar 600 000 millones de dólares en fondos públicos y privados para inversiones en infraestructuras en los países del Sur en desarrollo, abriendo así la competencia con la multimillonaria Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, en inglés) de China, una reedición de la antigua ruta de la seda.
La Casa Blanca alega que al contrario de la BRI, la PGII ofrece infraestructuras de alta calidad, sostenibles y basadas en valores. Por lo tanto, es más probable que la financiación del G7 tenga condiciones, por ejemplo, tomar partido en la nueva Guerra Fría.
Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China subrayó que Beijing sigue acogiendo con satisfacción todas las iniciativas que promueven el desarrollo global de infraestructuras, pero insistió en que la potencia emergente global se opone a impulsar cálculos geopolíticos con el pretexto de la construcción de infraestructuras o a desprestigiar la BRI.
La prioridad de seguridad nacional de Estados Unidos
En la Cumbre del G7 de 2021, Biden había presentado una iniciativa parecida, la Build Back Better World (construir un mundo mejor, B3W), insistiendo en que definiría la alternativa del G7 a la BRI china. Basada en su programa nacional Build Back Better (BBB), la B3W no tardó en fracasar cuando el Senado estadounidense rechazó el original, el BBB.
La afirmación de la Casa Blanca de que, con el B3W, Estados Unidos estaba reuniendo a las democracias del mundo para que den respuesta a los pueblos, afronten los mayores retos del mundo y demuestren los valores compartidos también se ha eliminado del aprobado PGII.
Con pocos detalles sobre la iniciativa B3W, la Unión Europea (UE) lanzó en diciembre de 2021 su propia estrategia, llamada Puerta Global, para los países en desarrollo, prometiendo 300 000 millones de dólares en inversiones en infraestructuras hasta 2027.
En la Cumbre UE-Unión Africana de febrero de 2022, el bloque europeo anunció una financiación de 150 000 millones de dólares para el Paquete de Inversión África-Europa, la mitad del presupuesto de la Puerta Global.
Los líderes de la UE han promocionado su nueva Puerta Global como la mejor respuesta a la nueva ruta de la seda china, sugiriendo que las iniciativas del G7 no solo deben ser complementarias, sino también reforzarse mutuamente. Pero la prioridad africana de la UE no es necesariamente compartida por otros miembros del G7.
La financiación de la UE, de 135 000 millones, procederá del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible. La Iniciativa Verde Limpia del Reino Unido, surgida durante la Cumbre del Clima de Glasgow de 2021, y los 65 000 millones de dólares de Japón para la conectividad regional tampoco pueden ser adicionales.
Al reconocer el escepticismo sobre la cantidad de dinero nuevo, el canciller alemán Olaf Scholz instó a los miembros del G7 a presentar sus compromisos de forma coherente para disipar las dudas sobre la doble contabilidad y la escasa proporción de subvenciones respecto a los créditos.
Cuando se anunció que el PGII lanzado en junio en la cumbre del G7 sustituiría al fracasado B3W, se creó una gran confusión. Dejando claro su propósito, la Casa Blanca afirmó inequívocamente que el PGII promoverá la seguridad nacional de Estados Unidos.
Descabellado, arriesgado y condicionado
El G7 también insta ahora a utilizar el dinero público para movilizar fondos del sector privado. Pero este tipo de iniciativas no han conseguido movilizar fondos privados significativos, lo que no permite esperar que se cubra el déficit de financiación de un billón (millón de millones) de dólares.
Según la publicación conservadora británica The Economist, la financiación mixta, que combina dinero público, benéfico y privado, tiene dificultades para despegar. Incluso el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial advierten que las asociaciones público-privadas, las llamadas APP, incurren en riesgos fiscales contingentes.
Y lo que es peor, las APP distorsionan las prioridades nacionales, favorecen a los inversores privados y agravan las crisis de la deuda. Tampoco han mejorado la equidad de acceso, ni han reducido la pobreza, ni han mejorado la sostenibilidad.
Las crisis de la deuda de los países en desarrollo suelen implicar préstamos comerciales o dinero del sector privado. Por ejemplo, las crisis de la deuda latinoamericana de la década de los 80 fueron provocadas por las subidas de los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos para acabar con la inflación.
Los préstamos del sector privado suelen implicar tipos de interés más altos y períodos de reembolso más cortos que los créditos de los gobiernos y los bancos de desarrollo multilaterales. Como es lógico, carecen de mecanismos equitativos de reestructuración o refinanciación.
Haciendo caso omiso de otra resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las naciones poderosas desatienden los llamamientos de los países en desarrollo a favor de acuerdos multilaterales de reestructuración de la deuda soberana justos y ordenados. Del mismo modo, Occidente se niega a arreglar las injustas normas comerciales, fiscales y de otro tipo que perjudican a los países más pobres.
Déficit de confianza
Hace más de medio siglo, las naciones ricas prometieron 0,7 % de su renta nacional bruta como ayuda al desarrollo. Pero el total de la ayuda al desarrollo (AOD) de los miembros ricos de la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económicos (OCDE) apenas ha superado la mitad de la cantidad prometida.
Peor aún, el porcentaje ha disminuido desde 0,54% de 1961, y solo cinco naciones han cumplido sistemáticamente su compromiso de 0,7% en muchos años. La organización internacional Oxfam calculó que 50 años de promesas incumplidas suponían un déficit de ayuda de 5,7 billones de dólares hasta 2020.
En 2005, durante la Cumbre de Gleneagles en Escocia, los líderes del G7 se comprometieron a duplicar su ayuda para 2010, destinando 50 000 millones de dólares anuales a África. Pero el aporte real ha sido lamentablemente escaso, sin informes transparentes ni rendición de cuentas.
La mayor parte de la ayuda al desarrollo no es transparente ni predecible. Tras algunos avances en la desvinculación, la ayuda vuelve a estar cada vez más atada, obligando a los beneficiarios a ejecutar proyectos de los donantes o a comprar a los proveedores de los países donantes, lo que compromete su eficacia.
Estados Unidos ocupa el lugar más bajo entre los países del G7, ya que solo aportó en ayuda 0,18% de la renta en 2021. Para empeorar las cosas, la eficacia de la ayuda estadounidense es la peor entre las 27 naciones más ricas del mundo. Está claro que, además de la falta de la cantidad de ayuda, la calidad también es un problema.
La crisis de los refugiados sirios y la pandemia de covid-19 han proporcionado algunos pretextos recientes para recortar la ayuda. Algunos países poderosos han recurrido a una contabilidad creativa, por ejemplo, contabilizando los costes de asentamiento de los refugiados y de las operaciones militares de mantenimiento de la paz como AOD.
No es de extrañar que la ONU esté muy preocupada por las recientes decisiones y propuestas de recortar notablemente la AOD para atender los impactos de la guerra de Ucrania sobre los refugiados.
De hecho, las controversias sobre qué financiación del clima es nueva y adicional a la AOD no se han resuelto desde la adopción en 1992 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro.
Además, los miembros del G7 no cumplieron con el compromiso de 2009 de los países ricos de aportar 100 000 millones de dólares anuales en financiación climática hasta 2020 para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse y mitigar el calentamiento global.
Los 79 600 millones de dólares de financiación climática que la OCDE informó en 2019 fueron los más altos de la historia. Pero las estimaciones de la OCDE son muy discutidas, por ejemplo, por la doble contabilización y por incluir préstamos comerciales no concesionales, préstamos renovados y financiación privada.
Cooperación, no conflicto
Aunque China es nueva en la financiación al desarrollo, ahora se encuentra entre los mayores financiadores del desarrollo del mundo. Tras las promesas incumplidas y la duplicidad, incluso la traición, la importancia de China ha aumentado a medida que la financiación de los donantes de la OCDE disminuía relativamente.
China es ahora un actor global más importante en la financiación del desarrollo internacional que las seis principales instituciones financieras multilaterales del mundo juntas. A muchos países en desarrollo no les queda más remedio que comprometerse con China, si no depender de ella.
No cabe duda de que existen preocupaciones justificadas sobre la financiación del desarrollo y las prácticas de China. Entre ellas se encuentran los impactos medioambientales adversos, la escasa transparencia y una elevada proporción de préstamos comerciales, aunque sean a tipos de interés favorables.
En 2019, la entonces directora gerente del FMI y ahora presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sugirió que la nueva fase de la BRI se beneficiaría de una mayor transparencia, una contratación pública con licitaciones competitivas y una mejor evaluación del riesgo en la selección de proyectos.
Lagarde aprobó el nuevo marco de sostenibilidad de la deuda de China y los principios de inversión verde para evaluar los proyectos de la BRI. Esperaba entonces que la BRI 2.0 se rigiese por un espíritu de colaboración, transparencia y compromiso con la sostenibilidad que sirva a todos sus miembros, tanto hoy como mañana.
La nueva Guerra Fría podría estimular una rivalidad más sana y pacífica, mejorando sin querer la ayuda al desarrollo y las perspectivas de los países del Sur en desarrollo.
Anis Chowdhury fue profesor de economía de la Universidad Occidental de Sídney y ocupó altos cargos en la ONU. Jomo Kwame Sundaram fue profesor de economía y secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.
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