DUQUE: UN LEGADO DE HAMBRE, GUERRA, CORRUPCIÓN Y CRISIS HUMANITARIA

CRONICÓN.NET /

Un herencia funesta con un panorama desolador es lo que entrega el cuestionado e impresentable presidente Iván Duque Márquez a Colombia. En efecto, su Gobierno corroído por una gran corrupción y por nexos con el narcotráfico deja un legado de hambre, guerra y crisis humanitaria, según un informe realizado por 500 organizaciones sociales.

La investigación que lleva por título Hambre y guerra: el legado del aprendiz. Balance del último año del Gobierno de Iván Duque Márquez, editado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDHDD), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, a dos meses del final de esta funesta gestión, da cuenta de que tal mandatario que alcanza una impopularidad de más del 80%, deja el país en una situación catastrófica.

“Es un legado que viene de una línea autoritaria y que ha violado históricamente los derechos humanos”, explicó Aura Rodríguez, una de las portavoces de la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, durante la presentación del informe en Bogotá, este martes 14 de junio.

Duque al tratar de destruir el Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc suscrito en noviembre de 2016 ha generado una grave crisis humanitaria que ha provocado, entre otras cosas, el aumento de 675 por ciento del desplazamiento forzado, debido a la violencia.

Asimismo, el informe acusó al Gobierno del mandatario ultraderechista, que llegó al poder en 2018 en rol del delfín del cuestionado expresidente Álvaro Uribe Vélez, de no cumplir sus responsabilidades para poner fin a la violencia, por cuanto torpedeó la implementación del Acuerdo de Paz con lo cual fenómenos sociales como la pobreza y la desigualdad han tenido un aumento significativo.

“Las masacres se han multiplicado en estos cuatro años, y han llegado a una cada tres días en lo corrido del año (Indepaz, 2002b), y el aumento de los homicidios, que se han concentrado en las zonas tradicionalmente más afectadas por el conflicto, ha superado la tasa nacional de homicidios que se tenía antes del año 2014. Según la Agencia Humanitaria de Naciones Unidas, 7.7 millones de personas presentan necesidades de atención humanitaria en Colombia, de los cuales 5.8 millones se encuentran en situación humanitaria crítica por vivir bajo el control de grupos armados en 373 municipios (OCHA, 2000a). Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, la mayoría de los impactos humanitarios derivados de la violencia y los conflictos armados que persisten en Colombia, se han agravado durante los últimos cinco años (Cicr, 2002)”.

El citado informe denuncia también que el desplazamiento forzado durante el cuatrienio de Duque “se ha incrementado a niveles similares a los años duros de la guerra de hace dos décadas. En el 2021 se registraron 123.953 víctimas de desplazamientos forzados masivos e individuales, un incremento del 27.9% con respecto al año 2020, cuando fueron desplazadas 96.151 personas, según datos oficiales recogidos por la agencia humanitaria de Naciones Unidas (Ocha, 2022a). Según sus informes, a lo largo del proceso de paz las víctimas de desplazamientos masivos pasaron de 10.943 en 2016 a 73.974 víctimas en 2021, lo que implica un incremento del 675%. Estos impactos evidencian los dramáticos efectos de la reactivación de la guerra y la involución sufrida en estos años por el proceso de paz. La gravedad adquirida nuevamente por el desplazamiento forzado en Colombia hizo que el año pasado el país se ubicara nuevamente como el tercero con más desplazados en el mundo, después de Siria y la República Democrática del Congo, según reciente informe del Observatorio de los Desplazamientos Internos y el Centro Noruego para los Refugiados”.

Expansión paramilitar

En cuanto al fortalecimiento del paramilitarismo, la respuesta del gobierno de Duque “ha sido minimizar e incluso negar y desconocer las anteriores tragedias humanitarias. Ante la denuncia recurrente de los líderes sociales, las autoridades del Chocó e incluso los obispos de la región, referidos a la inocultable connivencia de las Fuerzas Militares con los grupos paramilitares que han venido copando el departamento en su empeño de combatir al ELN, el ministro del Interior Diego Palacio sostuvo que lo denunciado “es falso”, que “la realidad es que este año tenemos cuatro desplazamientos”, y que lo que pasa es que “hay muchos que pueden hacer afirmaciones un poco extravagantes” (W Radio, 2002). Los obispos han denunciado que “el Clan del Golfo tiene tomado todo el departamento” (El Espectador, 2002). La extensión del control territorial del paramilitarismo se corrobora en extensas áreas del territorio nacional, pues la Defensoría del Pueblo detectó que para el mes de mayo de 2022 el grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia –AGC– hacía presencia en 253 de los 1103 municipios (Defensoría del Pueblo, 2022). Un control similar y desprotección estatal a las comunidades, denunciaron los 19 alcaldes de la región del Occidente de Antioquia en el mes de mayo (El Colombiano, 2022)”.

Tras hacer un detallado análisis de la crítica realidad sociopolítica colombiana, el informe colige que “esta dramática situación de crisis humanitaria y violencia rampante, sumadas al crecimiento de la pobreza, la exclusión y la corrupción que han alcanzado niveles verdaderamente alarmantes al finalizar el gobierno de Iván Duque, ha generado una ola gigantesca de inconformidad social, que se manifestó no solo en las protestas sociales de los años 2019, 2020 y el estallido social del 2021, sino también en la profunda deslegitimación de la casta política que por veinte años ha malgobernado el país, y reclama urgentemente un cambio en las maneras de gobernar la sociedad, y un nuevo gobierno que aboque planes de acción urgentes para superar la crisis humanitaria, posibilitar amplios espacios de diálogo en la regiones para sacar a los civiles de la guerra, retomar la vía negociada con los distintos actores del conflicto armado, reemprender la implementación de los acuerdos de paz, y sobre todo, restablecer el Estado Social de Derecho para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y la vigencia de una sociedad en paz, donde la prosperidad y los beneficios del desarrollo alcancen para todos y todas”.

Para descargar al informe en archivo PDF, ingresar al siguiente enlace: