Si gana Hernández, EE.UU. deberá lidiar con un socio impredecible. Si gana Petro, tendrán a un estadista con quien deberán componer las relaciones, negociar la implementación de la paz y la apertura de las relaciones con Venezuela.
POR JAVIER CALDERÓN CASTILLO
Las relaciones de Colombia y EE.UU. están en un momento de inestabilidad controlada, donde el país del norte sigue conduciendo y guiando la política exterior colombiana a su acomodo, aunque sin la confianza que supo exponer en el pasado. Varios temas e intereses de los EE.UU. están en tensión: Venezuela, la paz, la guerra contra las drogas y la debilidad institucional de Colombia para enfrentar un escenario regional, cada vez más volátil para los intereses de la administración de Joe Biden, tal y como quedó demostrado en la Cumbre de las Américas. La voz del presidente Iván Duque es opaca y es eclipsada por otras más críticas como las de Alberto Fernández o Andrés Manuel López Obrador.
EE.UU. desconfía del uribismo, y sabe que el país se encuentra en un momento de rupturas. El gobierno de Duque demostró su torpeza con el manejo dado a sus relaciones diplomáticas por el abierto apoyo del uribismo a la candidatura del expresidente Donald Trump en la campaña presidencial del 2020. Eso desató el enojo en una parte del Partido Demócrata que luego de unos meses se fue disipando. La administración demócrata de Joe Biden no ha modificado de forma sustancial la política de Donald Trump hacia Colombia, aunque ante los riesgos que supone el futuro político de Colombia, el Senado de Estados Unidos, con una comisión bipartidista, acaba de proponer una Ley para “ordenar” las relaciones bilaterales con la nación sudamericana. Sin duda, Colombia es hoy un aliado más complicado y volátil que en el pasado, aunque puedan controlarlo.
No es menor que pese a su importancia, las relaciones bilaterales con EE.UU. no tuvieron un lugar en los enconados debates de la contienda presidencial. Hoy nadie sabe qué hará Rodolfo Hernández si llega a la presidencia, mientras que Gustavo Petro anuncia que cumplirá a cabalidad el Acuerdo de Paz (y eso implica modificar la guerra contra las drogas) y reestablecerá las relaciones con Venezuela, posiciones que se ponen claramente en contravía de la actual política heredada por las relaciones carnales de la era Duque-Trump.
Por ahora, se expone el contexto general de los principales componentes de las relaciones bilaterales, luego de cuatro años de decadencia uribista.
El tóxico apoyo en contra de Venezuela
En febrero de 2019, fue transmitido en directo por los grandes medios masivos de comunicación el intento forzado del gobierno colombiano de ingresar a territorio venezolano con una caravana encabezada por el presidente Duque con la intención de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Era el escalamiento de una estrategia política unilateral y contraria al buen entendimiento entre naciones, que subió a un máximo nivel de conflictividad las relaciones bilaterales. El presidente Duque lanzó una sentencia que resultó la expresión de un anhelo, pero no una racional medida diplomática o política: “Al presidente Maduro le quedan horas para caer”.
“Duque (y especialmente Colombia) no sale bien librado de ese apoyo tan abierto y decidido en contra de Venezuela”
Colombia entonces no solo se convirtió en punta de lanza de la guerra en contra de Venezuela, también se posicionó como promotora y artífice de la estrategia del gobierno paralelo de Guaidó, albergando a la oposición en territorio colombiano y contribuyendo de forma creciente con el cerco económico y político. Un apoyo que no terminó con los resultados esperados por Colombia, ni por los EE.UU.: Maduro sigue siendo presidente de Venezuela. La crisis económica sede en el país bolivariano y los cambios geopolíticos globales, especialmente con la guerra en el Donbass, obligaron al levantamiento de algunas sanciones sobre el petróleo venezolano.
Duque (y especialmente Colombia) no sale bien librado de ese apoyo tan abierto y decidido en contra de Venezuela. El discurso antivenezolano terminó trivializado y en la campaña electoral, tanto Gustavo Petro, como las demás candidaturas, advirtieron la necesidad de reabrir la frontera y reestablecer las relaciones diplomáticas. Cada candidato o sector político lo hizo con sus énfasis, pero se puede afirmar que existe un consenso en la urgencia del mejoramiento de las relaciones, al menos por dos factores principales.
El comercio binacional se vio afectado de forma sustantiva con el cierre; la población de lado y lado de la frontera vive del intercambio comercial entre ambas naciones, y en especial los empresarios colombianos lograban vender sus mercancías con valor agregado: textiles, alimentos y automotores, en su mayoría. Mientras que Venezuela vendía gas y petroquímica a la industria colombiana, necesarios para elaborar insumos agropecuarios. En 2008, la balanza comercial era favorable a Colombia en 5 mil millones de dólares, en 2020 sólo llegó a los 80 millones. Cuantificando esa rotunda disminución comercial se pueden calcular las pérdidas para el empresariado y las familias trabajadoras de Santander, Norte de Santander y demás departamentos fronterizos, que fueron los más afectados.
La migración venezolana hacia Colombia fue otro “éxito” del tóxico apoyo de Duque a la estrategia de bloqueo en contra del gobierno de Maduro. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cerca de 611 mil venezolanos y venezolanas han cruzado hacía Colombia, produciendo un fenómeno nunca vivido en el país. La pobreza y la crudeza de la vida en Colombia es el contexto de recepción de esa migración, que llegan a competir por los escasos puestos de trabajo, sumarse a la informalidad, con tratos degradantes ejercidos por funcionarios, policías y por la población colombiana.
“El gobierno que se posicione el 7 de agosto deberá resolver esta situación tan inestable, con una frontera incendiada por la reestructuración de la guerra, con un alto desempleo y con una enorme migración que agrava los índices de pobreza”
No obstante, EE.UU. en la era Biden, decidió levantar las sanciones a Venezuela, dejando en out al gobierno colombiano, que no se pronunció al respecto. Como paliativo, EE.UU. declaró a Colombia como socio global extra OTAN, un acuerdo que el expresidente Santos empezó a tramitar como contraprestación al apoyo de las FFMM colombianas al Acuerdo de Paz, tratando de descomprimir las tensiones y debilitando el sector más belicista, que llegó a la cúpula militar con el gobierno de Duque.
Duque deja a Colombia sin relaciones con Venezuela, mientras que EEUU ya está en conversaciones y relaciones comerciales con el gobierno de Maduro, aunque en la Cumbre de las Américas 2022, Biden haya decidido dejar por fuera de las deliberaciones a ese gobierno. El gobierno que se posicione el 7 de agosto deberá resolver esta situación tan inestable, con una frontera incendiada por la reestructuración de la guerra, con un alto desempleo y con una enorme migración que agrava los índices de pobreza. Sin duda, la guerra contra Venezuela, desarrollada por Duque, resultó una tóxica decisión que dejó enferma la diplomacia y el comercio binacional.
El plan Colombia: un fracaso Made in America
La insistencia del uribismo de impulsar la fracasada e interpelada guerra contra las drogas siguió siendo una fachada para sostener el neoliberalismo violento, con al menos dos objetivos específicos: satisfacer los deseos del complejo industrial militar de los EE.UU., y justificar el incumplimiento al acuerdo de paz de 2016. Fue la forma práctica de concretar la sentencia ultraconservadora de “hacer trizas la paz”, incumpliendo el programa de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito al que se habían inscrito 99 mil familias, dando rienda suelta a la represión, el fortalecimiento del proyecto paramilitar y el aumento del precio del alcaloide en las calles de los EE.UU., alimentando la cadena de la economía transnacional del narcotráfico.
Duque, anclado en dicha política, lideró la reestructuración de la guerra interna, que configura nuevas formas de organización de grupos delincuenciales y nuevas disputas territoriales, creando el escenario para los asesinatos de liderazgos sociales y de excombatientes. Los números hablan por sí solos. Según la ONG Indepaz, entre el 7 de agosto de 2018 y el 4 de junio de 2022 asesinaron 930 líderes y lideresas sociales; 245 firmantes de acuerdo de paz, y se perpetraron 261 masacres.
Duque apostó al fracaso del país y al triunfo del militarismo. Según las cifras dadas a conocer en el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito-UNODC y del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos-SIMCI, sobre el tamaño de las áreas cultivadas de coca en Colombia en 2020, demuestran no sólo que la guerra contra las drogas y el Plan Colombia fracasaron, sino el complejo nudo que significa el incumplimiento del acuerdo de paz para la gobernabilidad del país. En 2001 había 137.000 hectáreas de coca cultivadas, y en 2020, ese número llegó a 143.000 (2021, pág. 25), con un agravante: aumentó la producción de toneladas de clorhidrato de cocaína, al pasar de 1.058 toneladas métricas en el 2017 a 1.228 toneladas métricas en el 2020 (2021, pág. 41.)
“Colombia sería el cuarto país de América que más invierte en gasto militar, superado sólo por Estados Unidos, Canadá y Brasil”
Para EE.UU. resulta un tema de negocios. La asistencia militar de Estados Unidos hacia el país goza de excelente salud, pasó de 203,9 millones de dólares en 2017 a 471,3 millones en 2022. Después de firmado el acuerdo de paz, no se han retirado los cerca de mil marines que realizan tareas de asistencia militar, de acuerdo con declaraciones gubernamentales. Asimismo, cerca de 110 mil soldados han sido entrenados desde el comienzo del Plan Colombia (1999-2018), una práctica que con la administración de Duque tomó un giro de riesgo para la seguridad nacional de otros países de la región, por el aumento de acciones privadas de grupos de exmilitares, como el contingente (entrenados en los EE.UU.) que perpetró en 2021 el magnicidio del presidente de Haiti, Jovenel Moise.
Un dato clave es que el Estado colombiano destinó a gastos en defensa aproximadamente 11,000 millones de dólares en el año 2022. De esta manera, Colombia sería el cuarto país de América que más invierte en gasto militar, superado sólo por Estados Unidos, Canadá y Brasil. ¿En qué se beneficia EE.UU. con ese presupuesto? En que una parte importante del presupuesto de defensa termina en las arcas del gobierno estadounidense, en compra de armas (Duque está empeñado en cambiar la flota de aviación), mantenimiento de los viejos aviones y helicópteros de guerra “cedidos” para el Plan Colombia, y el pago por el servicio de entrenamiento de las fuerzas de seguridad locales.
Se trata entonces de un gran negocio: el Plan Colombia, que ha sido dirigido y pensado en los EE.UU. y financiado por los impuestos colombianos. En total, el país del norte invirtió 10 mil millones de dólares, y el Estado colombiano 120 mil millones de dólares, según el reporte reciente de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Entonces cuando se habla de la vigencia del Plan Colombia, se hace referencia a que la mayor parte de la asistencia externa es mínima. Colombia paga y transfiere más recursos hacía el complejo industrial militar de los EE.UU.
Y los recursos de la asistencia externa para la seguridad es dirigida a través de la Agencia de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley-INCLE (por sus siglas en inglés), 135 millones en 2016 y 183 millones presupuestados para 2022, mientras que para el desarrollo del acuerdo de paz tan solo se destinaron 21 millones. Esto da cuenta de la continuidad de una política anti-drogas militar y represiva, que recae sobre los eslabones más débiles de la cadena productiva de la economía del tráfico de drogas, opuesta a los acuerdos de paz firmados recientemente en Colombia.
“Solo un cambio en el escenario político, con la llegada de un gobierno progresista en Colombia, podría encaminar esa relación en beneficio de la población colombiana, para salir del fracasado Plan “made in América”
Desde esta perspectiva, la idea de transformar el Plan Colombia en “Paz Colombia”, como lo anunciaron los presidentes Santos y Obama en el 2016, tan sólo fue un asunto de retórica. La asistencia militar continúa, la presencia de marines en las bases militares sigue intacta y en la práctica Estados Unidos no cambia su política punitiva. Con la llegada de Trump y Duque le dieron continuidad a la vieja receta punitiva, que el presidente Biden ha sostenido de forma general, sin modificaciones sustantivas, aunque haya anunciado su oposición al uso de glifosato y las aspersiones aéreas de los cultivos de uso ilícito. Duque y Trump corrompieron el desarrollo de la sustitución concertada, generando incredulidad y enojo en la población que creyó en la sustitución concertada y luego empezó a ser perseguida.
Trump y Duque reestructuraron la guerra, rompieron algunos ejes vertebrales del Acuerdo de Paz y Biden no parece empeñado en ningún cambio. Solo un cambio en el escenario político, con la llegada de un gobierno progresista en Colombia, podría encaminar esa relación en beneficio de la población colombiana, para salir del fracasado Plan “made in América”.
Continuidad inestable, el escenario poselectoral
La injerencia militar de los EEUU en Colombia continuará, y sus fuerzas militares formadas y entrenadas durante el Plan Colombia estarán desplegándose por todo el continente como extensión de las intenciones de control expresadas por el Comando Sur, ahora justificada con la asociación de Colombia a la OTAN. La famosa e inútil guerra contra las drogas seguirá siendo la excusa “legal” (aunque cada vez menos legítima) para que el gobierno/sector privado estadounidense garantice su presencia y contribuya con el clima propicio para el bienestar de las derechas colombianas, sea en boca de los improperios de Trump o de la mano de un Joe Biden.
Si gana Rodolfo Hernández, EE.UU. deberá lidiar con un socio impredecible, aunque controlable que no gobernará por su propia cuenta, y será utilero de las decisiones del establishment colombiano. Está claro que no tendrán un aliado con la seriedad necesaria para liderar el control sobre la región. Si gana Gustavo Petro, tendrán a un estadista al frente con quien deberán componer las relaciones, negociar la implementación de la paz y la apertura de las relaciones con Venezuela. No será cómodo para EE.UU., aunque será predecible y con una mayor capacidad institucional.
_______________
Fuente:
