DOSSIER:
1. Homicidios de las fuerzas de seguridad, racismo y violencia sexual: las conclusiones de la ONU sobre el Paro Nacional de Colombia
Según Naciones Unidas, el país sudamericano "debe reformar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos".
Fuerzas de seguridad se enfrentan con manifestantes en Bogotá, el 28 de abril de 2021Foto: Luisa Gonzalez / Reuters
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) publicó un informe este miércoles donde se analiza lo acontecido durante el Paro Nacional desarrollado entre el 28 de abril y el 31 de julio en Colombia, reportando "graves violaciones a los derechos humanos", que tienen a las fuerzas de seguridad como principales responsables.
Entre sus conclusiones, se destacan "privaciones arbitrarias de la vida y violaciones a la integridad y seguridad personal, derivadas del uso innecesario o desproporcionado de la fuerza". Ello, sumado a las "detenciones arbitrarias", la "violencia sexual y de género", y los "actos de discriminación y racismo".
Asimismo, la ONU subrayó "casos en los que las víctimas eran indígenas y afrodescendientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos".
Al menos 28 muertes violentas a manos de uniformados
Sobre las víctimas fatales, la Oficina de Derechos Humanos recibió información sobre 63 muertes en el contexto de protestas. De ese número, pudo verificar 46 casos, de los cuales 28 serían homicidios a manos de la fuerza pública, diez habrían sido cometidos por "actores no estatales" y en ocho no se pudieron obtener datos suficientes.
El informe también refleja que los uniformados habrían usado armas letales "contra manifestantes pacíficos y transeúntes que no estaban participando de las protestas". Ello, sumado al uso inadecuado de otros elementos, como lanzadores de agua, gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y escopetas antidisturbios, que "habrían causado la muerte y graves lesiones físicas de personas". Entre las heridas, hubo "traumatismo craneoencefálico grave, pérdida de globos oculares y deformaciones faciales permanentes".
Fuerzas de seguridad durante una protesta contra la reforma tributaria del Gobierno de Iván Duque, en Bogotá, el 28 de abril de 2021Luisa Gonzalez / Reuters
Además, Naciones Unidas criticó que las fuerzas de seguridad no hayan intervenido para proteger a los manifestantes ante "ataques armados organizados por terceros". Al respecto, resaltó casos ocurridos en ciudades como Medellín y Pereira. En Cali, por ejemplo, "grupos criminales quisieron aprovechar el movimiento del Paro para infiltrarse en algunos puntos de concentración y generar caos", se lee.
En cuanto a las agresiones sexuales "presuntamente cometidas por miembros de la Policía Nacional", la ONU tiene 60 denuncias, de las cuales 48 se corresponden a mujeres. Al respecto, "la Oficina verificó los casos de 16 víctimas", que habrían sido atacadas por agentes.
Por otro lado, la Oficina también indicó que hubo ataques contra las fuerzas policiales, "incluso con consecuencias fatales y destrucción de bienes públicos y privados". Entre las acciones más llamativas por parte de civiles, hubo "bloqueos y cierres de vías que impidieron el disfrute de derechos humanos".
"Colombia debe respetar los estándares internacionales"
Además, en esta publicación de 63 páginas la ONU celebró el diálogo producido entre autoridades y manifestantes para pacificar la situación, siendo "el instrumento más efectivo para darle seguimiento a los reclamos". También destacó que el Gobierno Nacional de Iván Duque anuncie una política de "cero tolerancia" hacia los abusos policiales.
No obstante, la Oficina remarcó que "Colombia debe reformar de manera urgente la gestión de protestas para prevenir más violaciones a los derechos humanos". En otras palabras, "deberá mostrar una moderación al recurrir a la dispersión y el uso de la fuerza, conforme a los estándares internacionales".
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Fuente:
2. Oficina de la ONU informa de 46 decesos por represión en Colombia
Escrito por Ap y Sputnik
Protesta contra el gobierno del presidente Iván Duque en Cali, Colombia, el pasado 3 de mayo. Foto Ap
"Hubo uso desproporcionado de fuerzas del orden y se cometieron violaciones a los derechos humanos" // La mayoría de los fallecidos eran jóvenes de entre 17 y 26 años
Bucaramanga. El reciente estallido social en Colombia dejó 46 muertos, informó la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en un reporte divulgado ayer.
Se trata de una cifra superior a los 29 casos que investigan las autoridades colombianas.
"Tenemos razones fundadas para sostener que en los casos de uso innecesario y/o desproporcionado de la fuerza se cometieron violaciones a los derechos humanos", aseveró Juliette de Rivero, representante de la alta comisionada.
La oficina recibió información sobre la muerte de 63 personas: de ese número verificaron que 46 fallecieron en las protestas –44 civiles y dos policías–, la mayoría por armas de fuego.
En 28 de estos casos, elementos de la fuerza pública serían los presuntos perpetradores, de acuerdo con el informe de la ONU. Se trata de una cifra mayor a la documentada por Human Rights Watch de 25 víctimas.
En otros 10 casos la oficina de la ONU concluyó que los presuntos responsables fueron elementos no estatales en ciudades como Bogotá, Cali y Pereira. Además, manifestó su "preocupación" porque las autoridades no tomaron medidas para prevenir ataques armados de civiles contra los manifestantes.
La oficina en Colombia de la ONU pidió al gobierno investigar todas las muertes y no sólo las 29 que tiene a su cargo la Fiscalía por considerar que ocurrieron en el contexto de las protestas.
El Paro Nacional, como se denominó en Colombia a las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril en contra de una reforma fiscal, se prolongó por tres meses pese a que el gobierno cedió y no aumentó los impuestos de inmediato. Esta movilización derivó en un reclamo generalizado por mejores condiciones de vida, sobre todo para los más jóvenes que exigían oportunidades y equidad, así como una reforma a la policía por las múltiples denuncias de uso excesivo de la fuerza.
Hubo protestas en todo el país y la mayoría fueron pacíficas. Sin embargo, en varios puntos se bloquearon vías que impidieron el libre tránsito de personas, alimentos e insumos médicos. Más de 3 mil civiles y policías resultaron heridos.
La mayoría de las víctimas fatales, concluyó la oficina, eran jóvenes de entre 17 y 26 años, vivían en barrios pobres y eran hijos de campesinos, indígenas, afrodescendientes o desplazados por la violencia.
Durante las protestas se reportaron 60 víctimas de violencia sexual. La oficina manifestó que en 16 casos los policías habrían sido responsables.
El informe también resaltó el diálogo entre las autoridades y los manifestantes para llegar a acuerdos, así como el compromiso del presidente Iván Duque de tener cero tolerancia a los abusos de la fuerza pública.
La oficina de la ONU recomendó al gobierno colombiano aplicar "los estándares internacionales relacionados con el derecho de reunión pacífica", reparar a todas las víctimas y reforzar las investigaciones y sanciones.
Tras los cuestionamientos, el gobierno ha implementado una serie de reformas en la policía que incluye crear la Dirección de Derechos Humanos.
El informe basó su información en 600 entrevistas a víctimas y testigos, 500 reuniones con funcionarios, más de 370 con organizaciones de la sociedad civil, análisis forenses de los videos y misiones de verificación directa durante las protestas.
La víspera la oficina de la ONU llamó la atención sobre el uso desproporcionado de la fuerza de la policía que habría causado la muerte de 11 manifestantes entre los días 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá y Soacha, de acuerdo con un informe independiente que la ONU apoyó con asesoría técnica.
Horas después, en una ceremonia de ascensos en las fuerzas militares, el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró: "no hemos dado la orden para que se cometa ningún delito. La policía no ha masacrado a nadie, no hemos dado esa orden".
En el mismo acto, el presidente Duque sostuvo: "prejuzgar y asumir comportamientos que no tienen el agotamiento de todos los principios del debido proceso es, en sí mismo, un ataque a la institución".
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Información adicional
Autor:Ap y Sputnik
País:Colombia
Región:Suramérica
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Fuente:
3. El Informe “Novedoso” sobre la Masacre Policial del 9 y 10 de Septiembre
En las últimas horas se conocieron las conclusiones de un informe realizado por la ONU sobre lo sucedido en las protestas del 9 y 10 de septiembre de 2020, días en que la Policía Nacional masacró 14 personas en Bogotá y Soacha, después de que entre dos uniformados de dicha institución, asesinaran a Javier Ordóñez, un taxista y estudiante de derecho de 43 años la noche del 8 de septiembre en un CAI de Bogotá. Sin embargo, el asesinato de Ordóñez fue apenas la gota que rebosó la copa de un gran cúmulo de razones e inconformidades contra el régimen mafioso, que el pueblo estaba juntando en sus cabezas y corazones y que en los dos días siguientes se materializaron en la quema de 72 CAI’s o centros de violaciones, torturas y de comercio de droga que tienen a cargo los policías en los barrios de todas las ciudades del país.
Las conclusiones del informe no son novedosas, no son algo que el pueblo, ni las clases dominantes, ni la burocracia y las fuerzas armadas del Estado burgués no conocieran. Basta recordar que el pueblo vivió el terrorismo de Estado esos días en carne propia; la burguesía y los terratenientes son las clases que planean y ordenan esa política de terror estatal; y el régimen uribista junto con la alcaldesa “alternativa” de Bogotá, Claudia López, ejecutaron por medio de la asesina Policía Nacional, los brutales crímenes contra el pueblo.
Sin embargo, causó revuelo que una agencia imperialista como la ONU, se interesara en el hecho y concluyera, a grandes rasgos, que 11 de los asesinados fueron por causa del uso ilícito de la fuerza por parte de agentes de la Policía, a los cuales, según el informe, no se les ordenó con contundencia, ni a nivel nacional ni distrital, usar sus armas de fuego en contra de los manifestantes. Relatan que los asesinatos de los civiles desarmados se presentaron en las localidades de Usaquén (tres homicidios), Suba (cinco homicidios), Engativá (dos homicidios), Kennedy (un homicidio) y en el municipio de Soacha (tres homicidios). Que los asesinados (13 de las 14 víctimas) llegaron a Bogotá de otras regiones en busca de oportunidades; eran jóvenes que estaban entre los 17 y 27 años (10 de las 14 víctimas); ninguna era profesional (11 bachilleres) y sus ingresos económicos eran paupérrimos (13 de los 14 estaban devengando ingresos cerca del salario mínimo).
Frente a esto, la relatoría concluye que la acción violenta de los agentes de Policía se encarnizó en contra de los jóvenes de los sectores populares de Bogotá y Soacha, por lo que existe una criminalización de la pobreza por parte de la Fuerza Pública lo que llevó a sus miembros a cometer todo tipo de crímenes y delitos contra los sectores más pobres de la capital y de Soacha.
Para los comunistas revolucionarios tampoco son nuevas estas conclusiones, y sea esta la oportunidad para recordar las Lecciones fundamentales del levantamiento del 9 y 10 de septiembre del 2020, que en esencia son:
La primera y más importante lección es que las masas se atrevieron a lanzarse a una acción ofensiva contra las fuerzas policiales. Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre le da una nueva cualidad al movimiento y demuestra prácticamente que sí se pueden derrotar las fuerzas asesinas del Estado.
La segunda lección fundamental tiene que ver con la necesidad de preparar las fuerzas populares para el combate. Los hechos dejan claro que las fuerzas militares dispararán contra el pueblo desarmado frente a cualquier acción ofensiva suya. Es urgente construir y generalizar los Grupos de Choque para repeler y aplastar al ESMAD y su escudera, la Fuerza Disponible de la Policía. Y en segundo lugar, empezar a construir la Guardia o Milicia Popular; que en momentos como los del 9 y 10 de septiembre, es decir, en las acciones militares ofensivas contra las fuerzas de la reacción, se propongan desarmar a los policías y se encarguen de liquidar físicamente a quienes disparen contra las masas.
La tercera lección fundamental es la relación que debe existir entre los combates a las fuerzas represivas y la movilización general de los trabajadores y el pueblo. Si bien las acciones fueron masivas y contundentes, no debe olvidarse que las acciones militares para que sean aún más decisivas deben estar respaldadas por la Huelga y el Paro.
La cuarta lección fundamental tiene que ver con la composición de las fuerzas militares y la necesidad de descomponerlas.
La quinta lección fundamental destaca la importancia estratégica y táctica que tiene Bogotá y la vía de la revolución en Colombia. Las acciones ofensivas en la capital se extendieron a las principales ciudades y a otras ciudades intermedias y pequeñas en el transcurso de pocas horas; demostrando que todo cuanto ocurra en la capital tiene resonancia e incidencia en todo el país.
Las masas populares no necesitan que instituciones imperialistas describan la situación que sufren a diario. Sin embargo, esto sirve para recordar las lecciones que dejaron los enfrentamientos que ese día tuvo el pueblo contra las fuerzas criminales del Estado burgués. Para recordar que la impunidad es la reina de la justicia burguesa y complemento obligado de los crímenes de Estado. Para alertar a las masas populares en el sentido de que, son inútiles y apenas un acto de propaganda los “actos solemnes de reconocimiento de responsabilidad” por parte de la Policía Nacional, que recomendaron los autores de la relatoría en el esfuerzo por lavarle la cara a la institución y salvar la responsabilidad de los criminales que dieron la orden de disparar; que, en medio de la rebatiña electorera, son falsas y dignas de un premio actoral las lágrimas de cocodrilo de la alcaldesa Claudia López, porque en la práctica, antes y después de estos hechos, siempre ha enviado a los perros asesinos del Esmad a reprimir con sevicia las manifestaciones populares en las calles de la capital.
Lo que no concluye la relatoría de la ONU, es la conclusión que los comunistas revolucionarios le ofrecen a las masas rebeldes, inconformes, a los explotados y oprimidos del país: es necesario organizar la Revolución Socialista organizando la vanguardia del proletariado en su Partido político revolucionario; avanzar en lo inmediato en la preparación de los nuevos combates contra el régimen de la mafia y el Estado de los dueños del capital, agrupando y organizando las fuerzas populares para enfrentar en las calles con éxito las fuerzas armadas que no dudarán en matar al pueblo desarmado; desechar las ilusiones en la farsa electoral que busca domesticar la rebeldía popular llevando las masas a la sin salida que es la falsa democracia burguesa donde no se resuelven los problemas de las masas trabajadoras y donde sí se legitima el terrorismo de Estado por parte de las “mayorías” parlamentarias; organizar de nuevo las Asambleas Populares que decidan la hora cero de un nuevo y más combativo Paro General Indefinido.
No es hora de conciliar con los explotadores como pregonan los oportunistas empotrados en la dirección de las centrales sindicales y del mal llamado Comité Nacional de Paro. Es hora de materializar la desconfianza en el Estado con nuevos y más beligerantes combates contra el podrido Estado burgués y todas sus criminales instituciones.
4. Premonitorias omisiones de la policía en el caso Lucas Villa
Hace unos días la revista 070 de la universidad de Los Andes, publicó una investigación realizada sobre el caso de Lucas Villa, concluyendo con pruebas, que se trató de un asesinato premeditado.
Durante las protestas iniciadas desde el 28A, decenas de jóvenes fueron reprimidos, perseguidos, torturados y asesinados; muchas de estas violaciones al derecho a la protesta en el marco del terrorismo de Estado son soslayadas pese a la infinidad de pruebas que señalan si no la participación directa de las fuerzas militares (policía, Esmad, Goes), si su complicidad con quienes arremetieron contra la población desarmada, como sucedió el 11 de mayo con el asesinato de Lucas Villa en Pereira.
Y es tan evidente la complicidad de la Policía Nacional, que siete meses después no hay resultados concluyentes o investigaciones serias sobre el asesinato de Lucas, siendo un medio de comunicación universitario quien logra magistralmente demostrar que fue un homicidio planificado. Ahora bien, todos los luchadores fueron testigos que, en medio del paro nacional la policía, el Esmad, el Goes y demás, estuvieron siempre alerta y cerca de las manifestaciones (legal o ilegalmente), pero curiosamente en el caso de Lucas y en medio del tiroteo, no apareció ninguna fuerza, ni en el momento exacto, ni después, pese a la información suministrada por los marchantes y testigos del vil asesinato. La Policía Nacional, de forma negligente eludió una escena del crimen, permitiendo -como bien lo analiza la revista 070- que se perdiera evidencia importante y tal vez decisiva para este caso.
Es evidente entonces que la omisión es también un delito como los muchos que cometen las instituciones militares contra el pueblo, solapados por la legislación burguesa. Como también es previsible que las investigaciones por los delitos de terrorismo de Estado y los cometidos por la “gente de bien”, no vayan a prosperar, pues hay algo que no se dice, y es que la orden de apretar gatillos es orquestada por el Estado capitalista y la clase que este representa: burgueses y terratenientes que dolidos, pues fueron afectadas sus ganancias, le cobran a los luchadores cualquier intento de desestabilizar su orden. Una vez más queda demostrado que el Estado capitalista defenderá a sangre y fuego los intereses de los explotadores.
Ahora, gracias a una gran labor de investigación periodística se aclara con pruebas lo que el pueblo ya sabía y lo que la Fiscalía, Defensoría y demás no han querido elucidar, de ahí que no se puede confiar en su integridad para resolver los crímenes de Estado durante el paro nacional, lo que indica que el pueblo debe prepararse para un nuevo estallido teniendo en cuenta que no puede confiar en el enemigo y que debe mejorar las condiciones para confrontarlo, en concreto fortaleciendo las primeras líneas, conformando grupos de choque y milicias populares; consolidando las asambleas populares y organizándose alrededor de la lucha, para confrontar el terrorismo de Estado ejecutado por el gobierno de Duque y a toda la maquinaria estatal, permitiendo avanzar a un gobierno de transición que logre acercar la conquista del poder por parte de la clase obrera en alianza con el campesinado.
Así que ¡a tomar posiciones para emprender las tareas inmediatas! ¡a luchar por el futuro luminoso que la juventud exige, dejando la vida en ello! Y ¡a organizar con más fuerza el nuevo estallido contra el régimen de la mafia, la explotación capitalista y la crisis de los ricos!
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