DOSSIER:
Estado y mercado pueden tratar de acabar con la resistencia popular. Asesinarla, encarcelarla, tratar de anularla. Pero el pueblo colombiano seguirá pariendo a contagiadoras de sueños como Erika
1. Erika Prieto: sueños, contagios y represión en Colombia
Vanessa Pérez Gordillo* y Raúl García Sánchez**
Colombia tiene una de las constituciones más adelantadas de América Latina. Paradójicamente, encabeza la lista de países que violan los derechos humanos. En 2021, según Indepaz, han sido asesinados 162 líderes sociales y 44 firmantes del proceso de paz. Cuando no existen condiciones de posibilidad para la aplicación del derecho, palabras, artículos y leyes del ordenamiento jurídico aterrizan en la realidad del papel mojado.
Los asesinatos contra defensores de los derechos humanos no son la única forma de atentar contra procesos de vida digna en Colombia. El campo jurídico es una herramienta más silenciosa. Los montajes judiciales también interrumpen la labor militante. El movimiento Congreso de los Pueblos lo sufre de forma grosera; desde 2002 hasta hoy el Estado colombiano ha encarcelado a más de 150 de nuestros liderazgos y mantiene vigentes más de 400 procesos penales, denuncia en un comunicado en el marco de otra persecución de la fiscalía contra una de sus dirigentes: Erika Isabel Prieto Jaime.
Pudimos acompañar a Erika en su trabajo social en Bogotá al inicio de la pandemia. En la entrega de material sanitario en las cárceles, defensa a trabajadores informales, reparto de alimentos a hogares vulnerables o el desalojo irregular de cientos de familias en pleno confinamiento. Entre tales tareas, vimos a Erika sacar tiempo para rescatar de la calle a animales abandonados, participar en eternas reuniones virtuales o acompañar a la juventud de los Escudos Azules, primera línea durante el Paro Nacional. La calidez y calidad humana que desprende esta defensora de la vida se resume con palabras como amor, ternura y compromiso. Pero en su caso aplica mejor la palabra contagio. Erika es ante todo una contagiadora de alegría, sueños y esperanzas.
El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación para defender su inocencia. En declaraciones a los medios, esta licenciada en derecho afirmó obviamente, hay mucho temor, porque yo sé lo que son los manuales del Estado, sé la injusticia que se vive dentro del derecho penal, sé cómo funciona todo ese ejercicio de los poderosos en Colombia, pero aun así creo que lo que hay que hacer es dar la cara, decir que lo que hemos hecho por transformar la vida de los empobrecidos, lo hemos hecho en total legitimidad, y que de ninguna manera tenemos que agachar la cabeza por eso.
Su judicialización continúa estos días con una audiencia de legalización de captura, donde se decidirá si sigue el proceso en libertad o prisión preventiva. La estrategia habitual de la fiscalía es intentar encarcelar a los defensores hasta que llega el juicio y ahí habitualmente el juez les absuelve, pero si han estado varios años en la cárcel les ha truncado la vida y su proceso organizativo, afirma Luis Mangrané, abogado español de la Red Europea de Hermandad y Solidaridad con Colombia.
Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, dice el artículo 12 de la Constitución colombiana. La Carta Magna de 1991 coincide con el proceso de modernización del Estado en sintonía con el Consenso de Washington. El proceso de neoliberalización en Colombia, a diferencia de Chile o Argentina, no llega de la mano de dictaduras militares, sino de un Estado social de derecho. Éste se pone al servicio del libre mercado y la ideología del emprendedurismo aplicando el clásico paquete: privatización, desindustrialización, flexibilización laboral, aumento del extractivismo, fortalecimiento del sector financiero o expansión de la frontera agrícola al servicio de la economía de la cocaína. Colombia no puede entenderse sin el narcotráfico y sus vínculos con Estado y sector financiero, que se manifiestan en estructuras como el paramilitarismo, grupos criminales creados por el Estado que atentan contra el movimiento social, protegiendo los intereses del gran capital. Política, guerra contrainsurgente y narcotráfico inyectan jugosos frutos al mundo financiero. Realidad tamizada por una Constitución que conjugando elementos liberales y socialdemócratas, favorece el consenso y la reproducción del orden.
La convivencia de esta fachada jurídica con la arquitectura de la violencia es síntoma de la capacidad de resistencia del pueblo colombiano. Pero también de una crisis anunciada. La que hoy se pone de manifiesto en las estructuras del Estado, subordinadas a los intereses de la geopolítica imperial estadunidense, con al menos siete bases militares en Colombia.
Estado y mercado pueden tratar de acabar con la resistencia popular. Asesinarla, encarcelarla, tratar de anularla. Pero el pueblo colombiano seguirá pariendo a contagiadoras de sueños como Erika, capaces de transmitir la certeza de que es posible cambiar el estado de cosas actual, y de que lo vamos a lograr. En declaraciones a Telesur antes de ser detenida expresó: quiero decir a los muchachos que vienen siendo judicializados que lo más duro de esto es sentirse vencido, y pensar que porque uno llora y está triste eso está mal; eso es lo normal, lo anormal es que fuéramos como ellos, que no sintiéramos. Nosotros sentimos con todo el corazón, pero eso no quiere decir que no vayamos a vencer.
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* Filósofa
** Periodista
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Fuente:
2. ¿Quién es la defensora Erika Prieto?
Por Vanessa Pérez, Raúl García
A veces, cuando las cosas se ponen feas y se pierde la esperanza, recordamos a Pablo y Maryan. Ninguno había cumplido los 10 años. Hacía unos meses su familia había abandonado su casa en el Cauca a causa de la guerra que desde hace más de 60 años hay en Colombia.
La ciudad de Bogotá les había recibido a regañadientes, condenándolos a ir de acá para allá según los pesos que pudieran conseguir. Desde hacía poco más de un mes habían encontrado algo de calma en una ocupación de tierras en Altos de la Estancia, en los cerros de Ciudad Bolívar, donde unos pocos centenares de familias en situación similar convivían contemplando desde las alturas el sueño citadino. Poco le importó a la alcaldía la esperanza que aquellas familias habían depositado en habitar ese lugar del mundo. En medio de la pandemia, contrariando sus propias recomendaciones de quedarse en casa, mandó a una superheroina envuelta en un estrecho traje negro que a indicación de su dedo índice las fuerzas “del orden” (policía, carabineros y ESMAD -escuadrón móvil antidisturbios-) incursionaban en el cambuche, sacaban a las familias y destruían la milagrosa construcción hecha a pedazos. Un equipo de defensores y defensoras de los Derechos Humanos del movimiento Congreso de los Pueblos (CdP) y otros colectivos estaba allí para intentar mediar y evitar la violación y el abuso al que las familias estaban siendo sometidas. En ese equipo estaba Erika Prieto, que asumió el papel de mediadora para intentar frenar el desalojo y conseguir soluciones habitacionales.
Aún a pesar de la resistencia, la familia de Pablo y Maryan había sido desalojada. No hubo negociación posible por mucho que se intentara. Un día después, al llegar a una ocupación donde solo quedaban unos pocos cambuches en pie, Pablo y Maryan corrieron a saludarnos. Estaban comiendo una golosina que nos compartieron. Sentados a nuestro lado Erika les preguntó dónde habían pasado la noche, y Maryan, mayor que Pablo, dijo que en un parque. Guardamos silencio. Maryan y Pablo se pusieron a jugar entre los escombros, para de vez en cuando mirarnos o decirnos algo. Experimentamos la imposición de una violencia que no es propia de la Humanidad por mucho que se repita, se multiplique y logre incluso normalizarse. Erika estaba sentada frente a ese escenario llorando la impotencia por dentro, consciente de que se pueden hacer las cosas de otra manera, y convencida de que la humanidad se merece un horizonte mejor.
Esta Erika es Erika Isabel Prieto Jaime, defensora de derechos humanos colombiana y dirigente del CdP, quien el pasado 10 de diciembre, Día internacional de los Derechos Humanos, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, que la acusa de rebelión agravada. Antes de ser detenida dio unas declaraciones públicas ante los medios:
“Hay mucho temor porque yo sé la injusticia que se vive al interior del derecho penal. Aun así, creo que lo que hay que hacer en este momento es dar la cara, decir con claridad que lo que hemos hecho por transformar la vida de los más vulnerables, de los empobrecidos, lo hemos hecho en total legitimidad y que de ninguna manera tenemos que agachar la cabeza por eso, ni tenemos que escondernos. Con toda la dignidad que tenga que tener pasaré en la cárcel o donde sea, pero yo no me arrepiento de haber ayudado a cada comunidad en la que he intervenido, de haber defendido la primera línea, de ninguno de los ejercicios que he realizado para transformar el país y la realidad para construir la vida digna. Vengo a dar la cara porque lo que yo he hecho no es un delito, y así creo que todas y todos tenemos que demostrar a este pueblo que las formas de agresión, sea del derecho penal o cualquiera, no nos puede hacer retroceder. Estamos en un momento histórico en Colombia y no vamos a retroceder, tenemos que tener eso claro como pueblo, invitando a la gente que no se ha movilizado a que lo haga, porque nosotros vamos a estar en la situación de privados de libertad, pero con toda la dignidad, asumiendo ese espacio como otro espacio de lucha y de transformación”.
La incalificable represión que el Estado colombiano ha ejercido durante el intenso periodo de protestas sociales que sorprendió al mundo el 21 de noviembre de 2019 y que llegó a congregar a millones de colombianos en el Paro Nacional del 28 de abril del año en curso en reclamo de vida, paz y derechos, se extiende hasta el día de hoy. Meses después continúan los arrestos contra la población, sobre todo de jóvenes participantes. Las decenas de personas muertas, desaparecidas y lesionadas quedan sin investigar mientras el Estado redobla sus esfuerzos por desarticular y perseguir un movimiento social y político como el CdP del que Erika hace parte desde su creación, que lleva más de 150 encarcelados y tiene más de 400 procesos vigentes a sus dirigencias.
La Fiscalía jugará a la estrategia de despojar a esta joven de su reconocido liderazgo como abogada y defensora de los Derechos Humanos. Construirá un artificio, una Erika ficticia que en ningún caso es Erika Isabel Prieto Jaime. Porque como dice el padre Javier Giraldo: “El montaje judicial, desafortunadamente, no constituye una conducta excepcional, inusitada o extraordinaria en Colombia. Es mucho más «normal» de lo que uno pueda imaginarse y (…) se calcula que sólo en los dos primeros años del Gobierno del Presidente Uribe Vélez, se produjeron 6.332 detenciones arbitrarias”. En este caso la “arbitrariedad” apunta a una joven de valores extraordinarios que cree en el derecho de los pueblos a defenderse ante las injusticias.
Pero el narco-estado que gobierna en Colombia, hoy en crisis, no se puede permitir la revuelta social, no puede permitir que el amor se contagie y que el pueblo luche por vivir en igualdad de derechos y oportunidades. El narco-estado colombiano es la manifestación más cruda del capitalismo, que inventa fantasmas para sembrar el terror. Y en esa ficción, donde lo real es perseguido porque contagia la esperanza de que otro horizonte es posible y no solo utopía, el artificio gana.
Para evitar otra victoria de los opresores, debemos asumir la tarea de recordar y recordarnos quién es Erika Prieto. Así lo hace CdP en su comunicado:
“Erika Isabel Prieto Jaime es una reconocida líder social, defensora de derechos humanos, feminista, animalista que desde muy joven cultivó profundos valores humanistas. A pesar de su corta edad ha sido reconocida por su liderazgo estudiantil; posterior trabajo como asistente parlamentaria del Congreso de la República al servicio de los movimientos sociales; movilización durante la crisis del Covid-19 de asistencia humanitaria en Bogotá a familias empobrecidas que fueron desalojadas de manera irregular por la alcaldesa Claudia López; asistencia a migrantes, trabajadoras sexuales y a personas drogodependientes durante todo el año 2020 y parte del 2021; así como resguardo a cientos de animales en abandono para luego ubicarles familias que les adoptaran; nuestra compañera acompaña con protagonismo las movilizaciones sociales en vindicación del derecho a la manifestación desde el Paro Nacional 21N del año 2019. Erika Isabel Prieto Jaime es dirigente del Congreso de los Pueblos y puede ser descrita con cientos de adjetivos que inspiran, en ciudades y áreas rurales, la fuerza necesaria para pensar una sociedad sin miseria y penurias. El país y la comunidad internacional ha identificado muy bien por qué resulta ser una activista bastante incómoda para el Estado colombiano; la reconocemos como defensora de las causas más nobles, reflejadas en las banderas políticas que enarbola. Las personas y comunidades que acompañamos su trabajo sabemos que es una mujer de profundos sentimientos de solidaridad con las luchas del bloque popular y por ello exigimos que cese la persecución en su contra”.
Estos días se celebra la audiencia de aseguramiento que decidirá si Erika sigue el proceso en libertad o en prisión preventiva hasta que se celebre el juicio, que puede demorarse años, y en estos casos suele concluir con la libertad sin cargos de los acusados. La criminalización de la protesta social por medio de montajes judiciales trata de debilitar los procesos organizativos separando a los dirigentes de los mismos mediante la figura de la prisión preventiva. Es lo que ha ocurrido recientemente con otros dos líderes sociales de CdP, José Murillo y Jorge Niño, quienes recobraron su libertad el pasado 30 de noviembre tras dos años de prisión arbitraria, después de que la Fiscalía no presentara ninguna prueba contra ellos, un claro “falso positivo judicial”, realidad que trata de vincular a los defensores sociales con la guerrilla.
“Ser líder social no es delito”, grita el movimiento popular colombiano. Por eso, la Fiscalía tratará de presentar a una Erika que no es Erika Isabel Prieto Jaime, esa junto a la que nos emocionamos caminando por los cerros de la periferia de Bogotá, defendiendo a las personas privadas de la libertad durante la crisis sanitaria Covid-19, a los trabajadores informales, las familias empobrecidas o comunidades indígenas Wayúu desplazadas por una guerra que, conviene recordar, cuenta más de 60 años.
Vanessa Pérez y Raúl García, coordinadores del espacio de comunicación popular Vocesenlucha
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Fuente:
3. DENUNCIA PÚBLICA
MONTAJES JUDICIALES CONTRA EL MOVIMIENTO SOCIAL
Abril 8 de 2021
El Congreso de los Pueblos continúa denunciando la permanente persecución y agresión del Estado colombiano, que, desde la Fiscalía General de la Nación y apoyado en informes de inteligencia elaborados por el Ejército Nacional, atenta contra la integridad, el buen nombre, la presunción de inocencia y quiere afectar la libertad de nuestros líderes y lideresas sociales. En esta ocasión, han enfilado todo su accionar en contra de Erika Isabel Prieto Jaime, defensora de Derechos Humanos, lideresa social, activista por los derechos de los animales y la vida en todas sus formas y dirigente del Congreso de los Pueblos.
Conocemos que la Fiscalía 125 DECOC de Bucaramanga solicita y consigue una orden de captura, la cual se fundamentó en declaración de una “Fuente Humana” y en los informes de inteligencia militar, que fue el mismo fundamento para expedir la orden de registro y allanamiento del 11 de marzo de 2021. Cabe anotar que junto con la orden de captura de Erika Isabel Prieto Jaime se expidieron órdenes de captura y allanamiento para otras personas vinculadas con la Universidad de Antioquia, tres personas fueron capturadas. En las audiencias preliminares de los capturados y allanados, se decretó ilegal por parte del Juez de Control de Garantías porque con declaración de fuente humana no determinada ni determinable y con informes de inteligencia militar no se pueden afectar los derechos fundamentales de las personas.
El 11 de marzo del 2021, fecha en que se debía realizar el registro de allanamiento y hacer efectiva la orden de captura contra Erika Isabel Prieto Jaime, ella se encontraba desarrollando la “escuela multiétnica de coordinadores de guardia Teófilo Acuña, por la Libertad y la Dignidad”, labores que realiza de manera constante, como activista de Derechos Humanos y Lideresa Social.
Erika Isabel Prieto Jaime, como todos nuestros líderes y lideresas sociales, manifiestan constantemente el interés de comparecer al proceso, asumirlo de frente y probar su inocencia, siempre que respeten los Derechos Fundamentales de la libertad, presunción de inocencia. y el debido proceso, y que, además, no se abuse de la detención preventiva. Para esto, en repetidas ocasiones, su abogado, reconocido maestro y jurista de la Universidad De Antioquia que al conocer la situación brindó su ayuda, ha buscado hablar con la Fiscal del caso sin tener aún respuesta alguna.
El Ejército Nacional, en la base militar de Cantagallo, publicó la fotografía de Erika Isabel Prieto Jaime, supuestamente, para hacer efectiva la captura, pero haciendo expresa mención que ella hace parte de uno de los grupos armados en el territorio, violando así la presunción de inocencia y poniendo, de manera deliberada, en grave riesgo su vida. Este es un territorio donde se desarrolla el conflicto social, político y armado existiendo una amplia y fuerte presencia de grupos paramilitares, por lo que este señalamiento público convierte a esta Lideresa Social y defensora de Derechos Humanos en un objetivo militar de estos grupos o de posibles “falsos positivos”.
Las comunidades que reconocen a Erika Isabel Prieto Jaime por su trabajo y liderazgo amplio y público por la defensa de los Derechos Humanos de todos ciudadanos la han acogido en espera de una determinación de la Fiscalía, a donde comparecerá de manera voluntaria cuando haya condiciones y garantías jurídicas para afrontar una imputación y un proceso basado en elementos no claros como son las declaraciones de “Fuente Humana” y en informes de inteligencia, elementos que no pueden ser tenidos como pruebas en un proceso penal.
Nos preocupa que la Fiscalía General de la Nación cada vez que acude ante los Jueces de Control de Garantías para solicitar una medida de aseguramiento, no opta por otras menos restrictivas de la libertad, siempre argumenta que la única viable es la Detención Preventiva Intramural, desconociendo tratados internacionales.
Exigimos al Estado colombiano cesar de manera inmediata las agresiones contra el movimiento social, aplicar los tratados internaciones sobre el respeto de los Derechos Humanos y específicamente sobre la garantía de la Libertad.
Solicitamos a los organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, hacer el acompañamiento y veeduría frente a la persecución, criminalización y judicialización de Líderes y Lideresas Sociales y así como de personas que defienden los Derechos Humanos.
#SerLíderSocialNOesDelito
#QuePareElGenocidio
Congreso de los Pueblos
