CONTRA EL OLVIDO: 36 AÑOS DE IMPUNIDAD

Cualquier tentativa por rescatar la memoria, la verdadera historia, es sometida a distintos mecanismos de coerción por parte de una especie de policía del pensamiento que se encuentra diseminada por todo el cuerpo social: no solo en el gobierno que intenta impedir la protesta y silenciar la oposición, también en la prensa que, publicista del poder, se autocensura…

Julio César Carrión Castro

Exdirector Centro Cultural – Universidad del Tolima

Desde hace ya muchos años Colombia está inscrita en la farsa sangrienta de las atrocidades, en la sinrazón del autoritarismo y la crueldad, soportando la irrupción y la presencia constante de múltiples violencias, históricas, políticas y hasta geológicas. Los últimos años –varias generaciones– hemos vivido no solamente la instauración de una violencia institucionalizada, sino, expectantes de resultados positivos, frente al desentendimiento oficial y el conformismo generalizado de las gentes, por las cotidianas catástrofes que nos agobian.

Trataré de expresar en estas breves palabras una especie de genealogía de esta agonía del desencanto y de la desesperanza: Hace precisamente 36 años, los días 6 y 7 noviembre de 1985, se presentó el acto demencial que ha sido bautizado como “la toma y la retoma del Palacio de Justicia” en Bogotá, acción perpetrada a sangre y fuego por un comando guerrillero y por las llamadas “fuerzas del orden”, contra la magistratura y la estructura civil de este país. Hace 36 años también, el 13 de noviembre de 1985, ocurrió la previamente anunciada erupción del volcán-nevado del Ruiz, que provocara la total destrucción de un pueblo con el sacrificio de cerca de treinta mil seres humanos, con la indiferencia de gobernantes como el desentendido ministro de minas, Iván Duque Escobar, padre del actual desentendido subpresidente Iván Duque Márquez. Catástrofe ésta que hoy ritualmente recordamos. Fue también en el mes de noviembre de ese mismo año de 1985, que se conoció la vergüenza histórica del genocidio de Tacueyó, donde delirantes líderes de una supuesta “izquierda”, asesinaron a más de un centenar de personas, tratando de expurgar brutal y autoritariamente, su precaria organización político-militar.

Pero este país del simulacro, de la farsa y la farándula, a pesar de la enormidad de estas atrocidades, no dejó de fingir “normalidad”, y en el colmo del desatino, del despropósito y del disparate, elegiría a la nueva reina de los colombianos. Así, el 11 de noviembre de 1985, fue coronada María Mónica Urbina, como nueva soberana durante la farandulera conmemoración de la llamada “independencia de Cartagena”.

Lo cotidiano de la violencia que pesa sobre los colombianos nos ha ido conduciendo a la asunción de una peculiar psicología: fugazmente nos llenamos de ira y de resentimiento ante la muerte administrada por los diversos agentes del exterminio, para luego encubrir todo el dolor y la amargura en el cómodo refugio del olvido.

Las muertes de hoy nos ocultan la tristeza y la pavura que nos dejaron los crímenes de ayer, pero a su vez mañana, estaremos llorando nuevas muertes, sin darnos tiempo para elaborar el duelo, convirtiendo las periódicas penas en asuntos pasajeros, e instalando en el alma colectiva una sórdida convivencia con el horror y una ambigua simbiosis entre la apatía y la esperanza.

Por otra parte, los acontecimientos históricos, que de por sí constituyen materia de polémicas entre las diversas ideologías, son sometidos a las más variadas tergiversaciones y distorsiones interpretativas, por parte del aparataje informativo que manejan periodistas y comunicólogos fletados, expertos en la homogeneización de la opinión ciudadana y quienes, operando como amanuenses de los integrantes del bloque de poder, van forjando una nueva y conveniente historiografía que se sustenta en las manipulaciones del recuerdo y el olvido.

Cualquier tentativa por rescatar la memoria, la verdadera historia, es sometida a distintos mecanismos de coerción por parte de una especie de policía del pensamiento que se encuentra diseminada por todo el cuerpo social: no solo en el gobierno que intenta impedir la protesta y silenciar la oposición, también en la prensa que, publicista del poder, se autocensura; en los intelectuales Tartufos que no desean abrir espacios de opinión, enclaustrándose en un mundillo pseudo-académico, pretencioso y ajeno a la realidad nacional; y en el común de las gentes que, asustadas por el creciente autoritarismo y el militarismo, no se atreven siquiera a reclamar por la diaria violación de sus derechos, absortos en la contemplación de los rituales electoreros, de una “democracia” abiertamente fascistoide.

En este país de olvido y muerte se viene imponiendo una generalizada banalización del mal, porque los individuos se han adaptado a lo establecido, convirtiéndose en obligados y silenciosos colaboradores del poder, desapareciendo como seres autónomos y encerrándose cobardemente en el estrecho espacio de sus “asuntos personales”, o en ilusorias dimensiones religiosas, que los apartan de todo compromiso político y los sumergen en el Leteo de esperanzas trasmundanas, para liberarse de su responsabilidad social. Sujetos que, cuando más, expresan una especie de momentáneo sentimentalismo teatral, que les permite simular pena y congoja por las cotidianas muertes, para luego continuar sumidos en la indiferencia, o simplemente conmemorando y recordando tanto acontecer luctuoso.