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Colombia dice "no" a recomendaciones de CIDH y movimientos sociales lo ven como un desafío
© AP Photo / Fernando Vergara
Andrés Pachón
Palabra dicha, palabra contestada. Así se puede resumir el rifirrafe que se ha dado luego de que el Gobierno colombiano respondió con negativas a una serie de recomendaciones que le hizo la CIDH ante denuncias de violaciones de los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública en medio de las recientes protestas que sacudieron al país.
La actitud del Gobierno no caló nada bien en organismos defensores de derechos humanos en Colombia, que denunciaron tales abusos ante la comunidad internacional, como el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), que considera que la administración de Iván Duque se muestra desafiante ante la CIDH y sus recomendaciones.
"El Movice ve con mucha preocupación el tono desafiante con el que el Gobierno ha reaccionado frente a las sugerencias de la CIDH, porque prácticamente ha lanzado la voz de que no va a reconocer las recomendaciones y que se aparta de ese marco de obligatoriedad que tiene el Estado colombiano con ese mecanismo", dijo a Sputnik el vocero nacional de Movice, Luis Alfonso Castillo.
Según Castillo, en la presentación de sus sugerencias y observaciones, realizada en la mañana del 7 de julio en Washington por la propia presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, el organismo no hizo nada diferente que ratificar lo que desde hace tiempo vienen señalando las organizaciones sociales y políticas de Colombia: que en el país existe una grave situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Aunque el informe de la CIDH planteó un total de 41 recomendaciones al Estado colombiano, básicamente son tres las que motivaron la reacción del Gobierno: la primera, la propuesta de instalar un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia por parte de la propia CIDH; la segunda, que se toleren los bloqueos de vías en el país como forma válida de protesta, y la tercera, que la Policía Nacional deje de depender del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior.
Respuesta anticipada
Ni bien Urrejola terminó de plantear las recomendaciones en declaraciones a la prensa vía streaming, una periodista le dio a conocer por anticipado la respuesta que le daría el Gobierno a las propuestas, una filtración que no fue bien recibida por Urrejola.
"Me llama la atención que se tenga acceso a una respuesta que nos ha hecho el Estado colombiano en un diálogo que es reservado", dijo la presidenta de la CIDH.
Pocos minutos después, el Ejecutivo colombiano también cuestionó esa filtración, pero terminó dándole crédito a lo que la periodista reveló en la rueda de prensa: que no acogía algunas de las recomendaciones de la CIDH, en especial aquella de instalar un mecanismo de seguimiento en el país.
Una de las primeras en plantar cara fue la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, quien en un video de 25 minutos difundido por su despacho señaló que el Gobierno no ve la necesidad de que se instale ningún mecanismo de seguimiento a los DDHH.
"Nosotros no consideramos que haya necesidad de nuevos mecanismos, precisamente porque opera el principio de subsidiaridad, que es el que rige las actuaciones del sistema interamericano de derechos humanos, el cual opera cuando las instituciones internas del Estado no operan, que es algo que por fortuna en Colombia no sucede", dijo Ramírez.
Como para que no quedara manto de duda, la respuesta fue expuesta también en un comunicado de la Cancillería colombiana, aunque en el video Ramírez matizó un tanto la postura y dijo que es una propuesta que se puede escuchar, pero que en todo caso "no vincula ni obliga" al Estado colombiano.
Cosa diferente opina Castillo en representación de Movice, pues ese movimiento considera que "la gravedad de la situación de los derechos humanos en Colombia exige y amerita que organismos internacionales, como la CIDH, proporcione, para la garantía de la democracia, un mecanismo especial de verificación y de seguimiento a la actuación de las autoridades".
Bloqueo ante bloqueos
Por otra parte, la recomendación de la CIDH de que "es preciso tolerar que las manifestaciones generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana (...) a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión pacífica", en referencia a que deben permitirse los bloqueos de carreteras, también encontró su propio "bloqueo" en el Gobierno, que objetó la iniciativa.
"Hay que ser claros: nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad", dijo el propio Duque a la prensa.
El presidente aseguró que los bloqueos en el país han atentado contra los derechos colectivos y que por eso son "enfrentados con la Constitución y la ley", y que tales hechos "están claramente condenados" en el código penal colombiano.
Para Movice, según Castillo, los cierres de carreteras "no son más que otra forma de protestar", y que si "los manifestantes no se toman la vía y no ejercen una acción de presión mediante bloqueos, difícilmente el Gobierno y las autoridades crearán las condiciones para escucharlos".
Sea como fuere, lo cierto es que los bloqueos de vías por parte de manifestantes, que se mantuvieron por cerca de dos meses, generaron desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en algunas de las principales ciudades, especialmente en Cali (suroeste), por lo que el Gobierno los retiró de manera paulatina con la acción, justamente, de la Fuerza Pública y del Ejército.
Policía, sin cambios
Pero si las dos propuestas anteriores no fueron bien acogidas por el Gobierno, menos aún lo fue aquella de dejar la Policía Nacional en manos del Ministerio de Justicia en vez del de Defensa.
La iniciativa también es impulsada en el país desde hace tiempo por organizaciones como Movice, bajo el entendido de que es necesario modificar la estructura de la Policía y que, como dice Castillo, "debe ser una institución de carácter civil apartada del comando de las Fuerzas Militares".
Sin embargo, la Cancillería fue enfática en señalar en su respuesta a la CIDH que "el artículo 218 de la Constitución determina que 'la Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil', con lo cual la preocupación de la Comisión acerca del enfoque militar resulta ajena al contenido sustantivo y orgánico" de la Carta Política colombiana.
Incluso recordó que esa misma discusión se tuvo en la Asamblea Constituyente de 1991, y que fue la propia Constituyente la que resolvió mantenerla en la estructura del Ministerio de Defensa, "sin desdibujar con ello su función esencial en torno a la convivencia y seguridad ciudadana (…) y bajo la columna vertebral de la garantía y respeto de los derechos humanos".
Pese a las posturas férreas del Gobierno colombiano ante las iniciativas planteadas por la CIDH, las puertas no se han cerrado y aún la comisión y los organismos defensores de DDHH pueden hacer acopio de las palabras que más temprano dijo Duque, según el cual "sigue el diálogo abierto y constructivo con todos los sectores" para que el país "marche exitosamente hacia adelante".
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