1. Observaciones y recomendaciones
Visita: Junio 2021
Visita de trabajo a Colombia. CIDH
La CIDH observa que las manifestaciones que comenzaron el 28 de abril se vinculan con reivindicaciones estructurales e históricas de la sociedad colombiana, que a su vez están consignadas en la Constitución Política de 1991 y los Acuerdos de Paz de 2016. La Comisión constató un amplio consenso entre representantes del Estado y la sociedad civil frente a las causas del descontento que subyacen a las protestas, tal como la profunda inequidad en la distribución de la riqueza, la pobreza, la pobreza extrema, y el acceso a derechos económicos, sociales y culturales, en particular, educación, trabajo y salud. Igualmente, los altos niveles de violencia e impunidad, así como la discriminación étnico-racial y de género.
VII. Recomendaciones
Con base en sus observaciones y a la luz de las normas que rigen el Sistema Interamericano de
Derechos Humanos, en particular la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH
emite las siguiente recomendaciones al Estado de Colombia:
Recomendaciones generales
1. Promover y reforzar, desde el más alto nivel del Estado, un proceso nacional de
diálogo genuino, con enfoque territorial, que permita la escucha de todos los
sectores, en especial a aquéllos que han sido más afectados por discriminación
histórica, social y estructural en el país.
2. Tomar medidas con el objeto de reforzar la confianza de la ciudadanía en el
Estado a partir del perfeccionamiento de la independencia práctica y efectiva de
los poderes públicos y entes de control.
3. Fortalecer la garantía y protección de los DESCA, particularmente los derechos a
la salud, a la alimentación, a la educación, al trabajo y a la seguridad social, con
un enfoque de igualdad y no discriminación, participación ciudadana y rendición
de cuentas que favorezca la inclusión social y la creación de oportunidades.
4. Adoptar las disposiciones necesarias para garantizar la vida, integridad personal
y seguridad de todas y cada una de las personas que dialogaron y testificaron
119 Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, la Representante para la
Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Relatora Especial
de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). 1 de junio de 2011. Declaración
conjunta sobre libertad de expresión e internet.
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ante la Comisión Interamericana en su visita. Asimismo, abstenerse de tomar
represalias y/o de permitir que estas sean tomadas por terceros en su contra.
Recomendaciones generales sobre el derecho a la protesta social
5. Respetar y garantizar el pleno goce del derecho a la protesta, a la libertad de
expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población.
6. Promover el estándar interamericano según el cual los funcionarios públicos
tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o
inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones y
protestas, en especial jóvenes, pueblos indígenas, personas afrodescendientes,
mujeres, personas LGBTI y personas defensoras de derechos humanos.
7. Elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del
derecho a la protesta en Colombia, de acuerdo con lo dictado por la Corte
Suprema y en conformidad a los estándares internacionales en la materia.
Recomendaciones sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza en el marco de
las protestas
8. Ejecutar, en el marco de las protestas y manifestaciones, los operativos de
seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza y en
cumplimiento a los principios de legalidad, absoluta necesidad y
proporcionalidad establecidos en los estándares internacionales. Asimismo,
tomar las medidas necesarias para el cese inmediato del uso desproporcionado
de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de Colombia en el marco de las
protestas sociales.
9. Asegurar que las fuerzas de seguridad que intervengan para proteger y controlar
el desarrollo de las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la
defensa de la vida y la integridad de las personas, absteniéndose de detener
arbitrariamente a manifestantes o de violar sus derechos en cualquier otra
forma, de acuerdo con los protocolos vigentes
10. Asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público estén
sometidos a un protocolo estricto que prevenga y sancione su uso en grave
afectación de la integridad y salud de personas manifestantes.
11. Implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera
efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
11. Implementar, de manera inmediata, mecanismos para prohibir de manera
efectiva el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
12. Reforzar y reestructurar los procesos de formación, entrenamiento y
capacitación de las personas integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado,
incluyendo un enfoque étnico-racial y de género, así como, sobre los derechos de
las personas con orientaciones sexuales e identidades de género no normativas, con la finalidad de consolidar su más amplio entendimiento y respeto sobre el
derecho a la libertad de expresión, la debida y legítima actuación en el marco de
las protestas, así como, las excepciones y limitantes del uso de la fuerza.
13. Tomar medidas urgentes, en ámbitos de formación, utilización de protocolos de
actuación y creación de mecanismos de rendición de cuentas, que promuevan
que el ESMAD cumpla funciones de garantía del orden público y el ejercicio del
derecho a la protesta, así como limitar su actuación solamente a casos
estrictamente necesarios .
14. Separar a la Policía Nacional y su ESMAD del Ministerio de Defensa a fin de
garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque
ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas
militares.
15. Adoptar las medidas necesarias para asegurar la rendición de cuentas de las
fuerzas de seguridad del Estado, por medio de la investigación, de forma
imparcial, exhaustiva y expedita de las denuncias de violación de derechos
humanos; así como juzgar y sancionar a los responsables. De igual manera,
reparar a las víctimas y sus familiares.
16. Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas,
desaparecidas y víctimas de violencia de género como consecuencia de las
protestas sociales de manera transparente, actualizada, clara, concisa y
articulada con la información brindada por la sociedad civil. El registro debe ser
específico y tomar en cuenta datos desagregados por origen étnico-racial, edad,
sexo, orientación sexual, identidad y/o expresión de género. Asimismo, este debe
proveer un sustento informativo básico para las acciones de reparación de los
daños causados, incluyendo la garantía por parte del Estado de que aquellas
personas que requieran atención integral de salud podrán recibirla
gratuitamente.
17. Proveer y coordinar con urgencia programas de reparación integral a las
víctimas, especialmente en aquellos casos en la que agentes de seguridad del
Estado incurrieron en actos de violencia sexual como mecanismo de tortura y
provocaron traumas oculares con la finalidad de ejercer control sobre las
personas manifestantes. Dichos programas deberán tener una cobertura
nacional, ser integrales, basarse en las perspectivas de género, interculturalidad
e intergeneracionalidad, además de cubrir la atención psicosocial y de salud
mental de las víctimas, familiares y comunidad en general.
Recomendaciones respecto a la violencia basada en género
18. Adoptar las medidas necesarias para reforzar los mecanismos de acceso a la
justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales, incluyendo mecanismos de denuncia,
atención, investigación y reparación con perspectiva diferenciada, de
proximidad y de atención por personal especializado.
19. Reforzar los mecanismos tradicionales de respuesta a la violencia de género,
adoptando canales alternativos de comunicación y fortaleciendo las redes
comunitarias para ampliar los medios de denuncia y órdenes de protección.
Recomendaciones sobre la violencia basada en discriminación étnico-racial: Pueblos
indígenas, Personas Afrodescendientes y Comunidades tribales
20. Adoptar todas las medidas razonables y positivas necesarias para prevenir,
eliminar y revertir o cambiar las situaciones discriminatorias que perpetúen la
estigmatización, los prejuicios, las prácticas de intolerancia y la criminalización
contra las personas por su origen étnico-racial, identidad de género, situación
migratoria, origen nacional, o cualquier otra situación que obre en el deterioro
de su dignidad humana.
Recomendaciones sobre el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de
personas
21. Tomar las medidas necesarias restringir el uso de la figura del traslado por
protección a situaciones de debilidad o vulnerabilidad, circunstancial o
permanente de personas en concordancia al Código Nacional de Policia y
Convivencia Ciudadana. Asimismo, abstenerse de utilizar dicha figura policial de
manera generalizada en el marco de las protestas y manifestaciones.
22. Garantizar el derecho al debido proceso a las personas que hayan sido detenidas
en el marco de las protestas.
23. Asegurar que los familiares de personas detenidas, y en su caso sus
representantes legales, tengan acceso a toda la información sobre el proceso de
detención.
24. Realizar una revisión legal independiente e individualizada de todas las
imputaciones interpuestas a las personas arrestadas y detenidas durante las
protestas.
25. Liberar en forma inmediata a quienes hayan sido detenidos en forma arbitraria
o injustificada y aún se encuentren privadas de la libertad.
26. Crear una comisión especial para dar con el paradero de las personas que siguen
reportadas como desaparecidas; en la que se garantice la participación de los
familiares.
Recomendaciones sobre el uso de las facultades disciplinarias
27. Adecuar el marco normativo interno para asegurar que la Procuraduría General
de la Nación no pueda procesar ni sancionar con destitución o inhabilitación a
autoridades de elección popular de conformidad a los estándares
interamericanos en la materia.
Recomendaciones respecto a la asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal
militar
28. Garantizar que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad
ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos de seguridad civiles.
29. Asegurar que, en caso de necesidad de participación de las fuerzas armadas en
tareas de seguridad, esa sea extraordinaria, subordinada y complementaria a las
labores de las corporaciones civiles. De igual manera debe de ser regulada y
fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente
capaces.
30. Reformar el Decreto 575 de 2021 a fin de asegurar que la intervención de las
fuerzas armadas esté compatible con el derecho internacional en la materia.
31. Asegurar que el fuero militar sólo sea utilizado para juzgar a militares activos
por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra
bienes jurı́dicos propios del orden militar.
32. Adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la justicia ordinaria sea
el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores
de violaciones de derechos humanos..
Recomendaciones sobre las afectaciones a derechos de terceros y bienes públicos en el
marco las protestas
33. Investigar y, en su caso, juzgar y sancionar, con apego a las garantías del debido
proceso, a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas.
Recomendaciones sobre los cortes de ruta
34. Abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como
modalidades de protestas.
35. Responder a eventuales restricciones a esta modalidad de protesta con base en
consideraciones particulares, siempre y cuando sus eventuales restricciones
atiendan estrictamente al principio de legalidad, persigan un fin legítimo y sean
necesarias en una sociedad democrática.
36. Crear un mecanismo permanente de diálogo en la estructura del Estado,
conformado por negociadores entrenados en mediación de conflictos y que
tengan la capacidad necesaria para avanzar con procesos de diálogostransparentes y voluntarios, incorporando a autoridades locales, como
gobernadores y alcaldes, para atender las particularidades de los territorios.
Recomendación sobre la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a
Internet
37. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con
los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los
periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones,
intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo, y mediante el cese
de acciones estatales que intervengan con el libre funcionamiento de los medios
de comunicación.
38. Garantizar el respeto de la independencia de los medios y abstenerse de aplicar
formas directas o indirectas de censura.
39. Brindar proactiva y periódicamente información sobre el funcionamiento de las
redes Internet con el fin de que las denuncias sobre eventuales interrupciones y
bloqueos sean contrastables con información técnica actualizada y accesible.
40. Cesar las actividades de categorización policial de contenidos como “falsos” o
“verdaderos” y abstenerse de asignar calificaciones estigmatizantes o tendientes
a la criminalización de quienes se expresan a través de internet sobre las
protestas.
Recomendaciones sobre misiones médicas
41. Reconocer la importancia de la labor de las misiones médicas en el ejercicio de
sus tareas humanitarias en el marco de las protestas, garantizando su protección
reforzada para que brinden sin obstáculos atención de salud a todas las personas
sin discriminación y sin temor a represalias ni sanciones.
185. Finalmente, la Comisión advierte sobre los desafíos de derechos humanos que se pudieran
presentar en futuras movilizaciones sociales. El Estado de Colombia y la sociedad en su
conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva
etapa de participación ciudadana. Esto mediante un diálogo efectivo e inclusivo para
abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos
humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.
186. Para dichos efectos, la Comisión insta al Estado a reforzar desde el más alto nivel del
Estado un proceso de diálogo y reconciliación multidimensional que permita desactivar
las tensiones y hostilidades latentes en la sociedad colombiana, así como incrementar la
confianza en las instituciones estatales.
187. La CIDH continuará monitoreando el desarrollo de las protestas sociales al tiempo que
expresa su más amplia disposición para brindar asistencia técnica al Estado para el
seguimiento de las recomendaciones, para lo cual anuncia la instalación de un Mecanismo
Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya
a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.
CIDH culmina visita de trabajo a Colombia y presenta sus observaciones y recomendaciones
Visita a Colombia
Conferencia de Prensa
Oficina de Prensa de la CIDH
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta las observaciones y recomendaciones de su visita de trabajo a Colombia realizada del 8 al 10 de junio de 2021, las cuales tienen por objetivo contribuir con la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social.
La CIDH destaca que las observaciones y recomendaciones que se presentan adjuntas a este comunicado, están basadas en los estándares del sistema interamericano de derechos humanos relacionados con el derecho a la protesta, el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia sexual y de género, el enfoque étnico-racial, el uso de la figura de traslado de protección y desaparición de personas, el uso de facultades disciplinarias, asistencia militar y la aplicación de la jurisdicción penal militar, la protección a periodistas, a la libertad de expresión y el acceso a internet, entre otros.
En tal sentido se presenta un relevamiento del contexto país en el cual se iniciaron las protestas, se enfatiza el llamado al diálogo para superar el conflicto social, así como las investigaciones con debida diligencia, el enfoque integral que permita sancionar a responsables de las violaciones a los derechos humanos identificadas y reparar a las víctimas; la protección a periodistas y las misiones médicas.
Se resalta que el Estado de Colombia y la sociedad en su conjunto tienen una oportunidad única para revertir la situación actual hacia una nueva etapa de participación ciudadana. Esto mediante un diálogo efectivo e inclusivo para abordar las demandas legítimas de la población, con el máximo respeto a los derechos humanos y en el marco democrático del Estado de Derecho.
Para la elaboración de las observaciones y recomendaciones, la CIDH tuvo en cuenta la información recibida antes, durante y después de la visita por parte del Estado, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores. Adicionalmente, consideró la información recibida mediante los testimonios recabados durante la visita. Al respecto, la Comisión Interamericana destaca que recibió un total de 2.908 solicitudes para brindar testimonio, de las cuales se logró recabar, priorizando criterios de representatividad y diversidad, al menos 302 testimonios de forma individual y colectiva, lo que implicó escuchar a más de 500 personas; además, dichos testimonios fueron debidamente registrados, sistematizados y analizados. La metodología utilizada para la toma de testimonios priorizó el diálogo, la privacidad, seguridad y confianza para las personas entrevistadas.
Cabe destacar además que, en la visita de trabajo, la Comisión sostuvo reuniones con autoridades de las distintas ramas del poder público y órganos de control, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. Asimismo, se reunió con diversas víctimas de violaciones de derechos humanos, personas defensoras, colectivos de mujeres, afrodescendientes, indígenas, periodistas, representantes de movimientos sociales, gremios empresariales y agentes de la fuerza pública. Del mismo modo, se reunió con la representante de la Oficina de las Naciones Unidas, y representaciones del cuerpo diplomático.
La Comisión Interamericana manifiesta nuevamente su solidaridad con todas las víctimas de violaciones a sus derechos humanos en el contexto de las protestas y sus familias, es necesario rendir un homenaje a quienes perdieron la vida, las mujeres víctimas de violencia sexual, las personas que fueron heridas y víctimas de lesiones oculares, las personas desaparecidas; recalcando la importancia de la justicia y reparación para ellas y ellos será imprescindible en el reconocimiento de la dignidad humana y para avanzar en un proceso de reconciliación social, diálogo y reafirmación del Estado social de derecho.
Asimismo, la Comisión anuncia la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad.
La delegación de la visita de trabajo de la CIDH estuvo conformada por su Presidenta, Comisionada Antonia Urrejola, los Comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón, la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi, la Secretaria Adjunta de Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica, María Claudia Pulido, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca, e integrantes del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva y de la Relatoría de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales, quienes visitaron las ciudades de Bogotá, Cali, Tuluá, Buga y Popayán.
La Comisión reitera su agradecimiento a Colombia por la apertura al escrutinio internacional, los diálogos constructivos mantenidos, el abundante suministro de información y la voluntad de entablar vías de cooperación técnica. Del mismo modo, expresa su gratitud a la confianza brindada por las víctimas de violaciones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía colombiana en general. También expresa su gratitud a la MAPP-OEA por el apoyo proporcionado durante la realización de la visita.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
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Fuente:
Frente a las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas, la CIDH condenó el alto número de fallecidos y heridos, y reiteró la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.
2. La CIDH pide separar al Escuadrón Antidisturbios del Ministerio de Defensa para "garantizar" los derechos humanos en Colombia
Casi un mes después de su "visita de trabajo" al país suramericano, el organismo difundió un informe donde se refirió a la "grave violación" de los derechos fundamentales en el contexto de las manifestaciones.
La policía detiene a un hombre durante una protesta antigubernamental en Bogotá, Colombia, el lunes 28 de junio de 2021Fernando Vergara / AP
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó separar a la Policía colombiana del Ministerio de Defensa para "garantizar" los derechos humanos, tras la "visita de trabajo" que hizo hace casi un mes a Colombia para constatar la situación durante la protestas antigubernamentales que comenzaron el 28 de abril.
En un extenso documento con 187 puntos, entre observaciones y recomendaciones, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un balance en el que halló discordancias entre la información presentada por el Estado, distintas organizaciones sociales y las víctimas de violaciones de los derechos humanos.
La finalidad de este informe "contribuir con la consolidación del diálogo" para "la superación de la conflictividad social", que pudo constar el organismo regional durante la visita que hizo del 8 al 10 de junio.
Esta iniciativa generó controversia inicialmente debido a que el Gobierno colombiano, reacio en un primer momento la presencia de la misión e la CIDH en el país, cambió su postura sobre cuándo podría ir la Comisión.
Violación de los derechos humanos
En el texto, la Comisión presenta sus hallazgos sobre "graves violaciones a los derechos humanos" en el contexto de las movilizaciones y "otras situaciones que ponen en riesgo la protesta social".
En cuanto a los antecedentes de esta ola de manifestaciones en Colombia, el organismo habló de un "clima de polarización", de "estigmatización y persistencia de lógicas bélicas", además de un "fenómeno de la violencia" con "impunidad", donde participan diferentes "estructuras criminales" en varios territorios, lo que dificulta "todo esfuerzo de diálogo".
También hizo referencia a la "profunda inequidad en la distribución de la riqueza", el alto índice de pobreza (que llegó a 42,5 % en 2020), y la dificultad del "acceso a derechos económicos, sociales y culturales".
La policía detiene a un hombre durante las protestas en Bogotá, Colombia, el 28 de junio de 2021Fernando Vergara / AP
La CIDH identificó como las "principales preocupaciones" el uso desproporcionado de la fuerza y la violencia basada en condición de género, étnica y racial en el marco de la protesta; además de la ejercida contra periodistas y misiones médicas. Estas denuncias fueron hechas reiteradamente por organizaciones nacionales e internacionales.
Esmad al banquillo
En los testimonios recabados por la Comisión, el cuestionado Escuadrón Móvil Antimotines (Esmad), que forma parte de la Policía Nacional, ha sido señalado de recurrir de "manera consistente" al uso desproporcionado de la fuerza. Distintos sectores de la oposición han pedido su desarticulación desde las protestas de 2019, mientras que el Gobierno anunció que como parte de su transformación policial se buscaría su "profesionalización permanente".
Entre sus recomendaciones, la CIDH pide separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos", y evite las "perspectivas militares".
Uso desproporcionado de la fuerza
Entre los puntos que este organismo de la OEA considera más apremiantes se encuentra la prohibición "inmediata" del uso de la fuerza letal como recurso de control del orden público en casos de protestas.
La CIDH constató "en reiteradas ocasiones" que la respuesta del Estado para contener la movilización social "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, en muchos casos, incluyendo la fuerza letal". Esta denuncia había sido hecha, a través de videos y numerosos testimonios, por los participantes de las movilizaciones y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Un oficial de policía ataca a un manifestante en Bogotá, Colombia, el miércoles 9 de junio de 2021Ivan Valencia / AP
Del mismo modo, la misión que estuvo en Colombia recibió "graves denuncias" sobre el uso "indiscriminado" de armas de fuego contra manifestantes y personas que no participaban en las protestas, especialmente en Cali, epicentro de las manifestaciones.
Otro tema que puso sobre la mesa la CIDH fue la presencia de civiles armados que buscaban "intimidar, agredir y hostigar" a los manifestantes. Uno de los casos con mayor notoriedad fue el ataque contra un grupo de integrantes de la minga indígena que se desplazaba en una caravana por un barrio acomodado del departamento del Valle del Cauca.
Observaciones y cifras divergentes
En el listado de observaciones hechas tras la visita de trabajo a Bogotá y Cali, la CIDH manifestó su preocupación por las "inconsistencias" en las cifras de fallecidos y personas desparecidas registradas por distintos organismos del Estado y las de varias ONG.
El Estado colombiano reportó a la Comisión que, entre el 28 de abril y el 4 de junio, se realizaron 12.478 manifestaciones. El 89 % de estas acciones de calle (11.060) se desarrollaron sin violencia, mientras que en 1.418, lo que corresponde al 11%, hubo disturbios o acciones violentas donde actuó el Esmad.
La Fiscalía registró hasta el 5 de junio, 51 personas fallecidas. De estas, 21 muertes habrían sucedido en el marco de las protestas, 11 hechos se encontraban en proceso de verificación y 19 ocurrieron en otro contexto.
Un hombre es detenido por la Policía durante una protesta contra el gobierno en Bogotá, Colombia, el miércoles 9 de junio de 2021Ivan Valencia / AP
En cuanto a la data manejada por organizaciones civiles, Temblores reportó 4.687 casos de violencia policial, 73 personas fallecidas, de las cuales, 44 estarían presuntamente relacionados con el accionar de la Fuerza Pública y 29 se encontraban en proceso de verificación.
Del mismo modo, los integrantes de la Campaña Defender la Libertad Asunto de Todas denunciaron el fallecimiento de 84 personas. De este número, en 28 estarían involucrados integrantes de la Policía, siete serían atribuibles a personas de civil sin identificar y en 43 casos no identificaron a los autores, mientras que 14 estaban en proceso de verificación.
También hay discordancia entre las personas que sufrieron daños oculares. La Defensoría registró 18, mientras que Defender la Libertad maneja la cifra de 84 casos.
Sobre la violencia basada en el género, se hallaron denuncias sobre actos y violencia sexual cometidos por agentes de las fuerzas del orden contra mujeres, niñas y personas LGBTI.
Asimismo, el organismo recibió denuncias desaparecidos en el marco de la protesta, sobre las que también discordancia en los datos. Mientras la Fiscalía maneja que hay 84 casos, la Defensoría registró 91.
Los bloqueos
Una de los exigencias del Gobierno para sentarse a negociar con el Comité de Paro, que coordinó la movilización, era el cese de los bloqueos de las vías debido a que atentaban contra los derechos fundamentales de la población, según sus argumentos.
Ante la cantidad de actores involucrados y zonas del país donde se obstruyeron las vías, el proceso de despeje fue lento y dependió de diálogos entre las autoridades locales, los manifestantes y otros grupos, por que lo que no se pudo cumplir con ese requerimiento de inmediato.
Debido a las reiteradas condenas por parte de Duque, los miembros del gabinete y los gobernadores y alcaldes, la Comisión instó a evitar el uso de "enfoques generalizantes y prohibitivos" de las formas manifestación.
Personas participan en una protesta contra el gobierno en Bogotá, Colombia, el viernes 28 de mayo de 2021Fernando Vergara / APRecomendaciones
Entre las recomendaciones que hizo la CIDH en su documento, se encuentran:
- Promover y reforzar, desde el Estado, un proceso nacional de diálogo.
- Respetar y garantizar el derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de toda la población.
- Promover el estándar interamericano, según el cual los funcionarios públicos tienen el deber de abstenerse de realizar declaraciones que estigmaticen o inciten a la violencia contra las personas que participan de las manifestaciones.
- Ejecutar operativos de seguridad con estricto apego a los protocolos del uso legítimo de la fuerza, de acuerdo a los estándares internacionales.
- Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso en las manifestaciones públicas.
- Sistematizar los datos sobre personas fallecidas, heridas, detenidas, desaparecidas y víctimas de violencia de género en las protestas.
- Proveer y coordinar con urgencia programas de reparación integral a las víctimas.
- Garantizar el derecho al debido proceso de las personas que hayan sido detenidas.
- Limitar la asistencia militar en espacios donde puedan actuar los cuerpos de seguridad civiles.
Nathali Gómez
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Fuente:
3. CIDH presenta el informe sobre las protestas en Colombia
El pasado 8, 9 y 10 de junio una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo en el país para observar la situación de derechos humanos en el marco de las protestas iniciadas el 28 de abril.
En la imagen, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola. EFE/Carlos Ortega/Archivo
Por las denuncias de violación a los derechos humanos de los manifestantes en el marco del paro nacional en Colombia, el pasado 8, 9 y 10 de junio al país llegó una comitiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó varias ciudades para observar lo que había pasado hasta ese momento y dialogar con varios sectores sociales.
La delegación estuvo liderada por la presidenta de la CIDH, comisionada Antonia Urrejola; e integrada por los comisionados Joel Hernández y Stuardo Ralón; con el apoyo de la secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum Panszi; la secretaria Ejecutiva Adjunta de Monitoreo, Cooperación Técnica y Capacitación, María Claudia Pulido; el relator especial para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y personas del equipo técnico de la Secretaría Ejecutiva.
Tras un mes de la visita, este martes la CIDH informó en su cuenta de Twitter que este 7 de julio desde Washington D.C. presentará el informe sobre las protestas sociales. “La CIDH invita a seguir en vivo a la conferencia de prensa sobre las observaciones y recomendaciones de la visita de trabajo de #CIDH a Colombia”, anunciaron.
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La comisión expresó su preocupación por la grave crisis que enfrenta Colombia y condenó las graves violaciones de derechos humanos registradas durante las protestas sociales. En ese sentido, urgió al Estado a respetar los más altos estándares en cuanto a la libertad de expresión, uso de la fuerza y debida diligencia.
La CIDH, antes de su visita, rechazó que durante las protestas se hayan identificado diversas expresiones públicas que estigmatizan la protesta social y, especialmente, a las personas manifestantes de pueblos étnicos e integrantes de la minga indígena. En particular, la CIDH tuvo noticia sobre grupos de civiles armados que dispararon indiscriminadamente contra una manifestación compuesta por personas indígenas el 9 de mayo en la ciudad de Cali. También encontró extremadamente grave la participación de civiles en actos de represión y ataques con armas de fuego en contra de manifestantes.
En su informe Protesta y Derechos Humanos, la CIDH señaló que la dispersión o desconcentración de las manifestaciones de forma legal y legítima sólo puede permitirse en casos muy excepcionales, mediante una orden expresa y fundamentada en un riesgo grave para la vida o la integridad física de las personas, cuando se haya intentado el diálogo y no fueran posibles otras medidas menos lesivas para proteger esos derechos. Asimismo, la decisión de dispersar una protesta por parte del Estado debe ser comunicada y explicada de manera clara, de modo tal que permita su comprensión y cumplimiento por parte de los manifestantes, ofreciéndoles tiempo suficiente para dispersarse sin acudir al uso de la fuerza.
Manifestantes se enfrentan a la policía durante una protesta contra el Gobierno en la ciudad de Medellín, Colombia, 28 de junio, 2021. REUTERS/Santiago Mesa
Cuando la eventual perturbación a la vida cotidiana en el seno de las protestas se extienda en el tiempo y escale a punto de comprometer la garantía de otros derechos como el aprovisionamiento de alimentos y el derecho a la salud, se acentúa el deber del Estado de facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, teniendo el uso de la fuerza como último recurso, y a su vez atendiendo al principio de interdependencia de los derechos humanos. Asimismo, la comisión destacó la importancia de que las personas manifestantes permitan la circulación de insumos y provisiones esenciales.
Frente a las graves violaciones de los derechos humanos denunciadas, la CIDH condenó el alto número de fallecidos y heridos, y reiteró la importancia de respetar el carácter excepcional del uso de la fuerza y observar los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad. Adicionalmente, instó a las autoridades a investigar con debida diligencia todos los casos, a identificar y sancionar a los responsables, así como a reparar integralmente a las víctimas y sus familiares. En los casos de violencia sexual, la investigación deberá llevarse a cabo con debida diligencia reforzada y garantizando el enfoque de género.
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Fuente:
