La sociedad movilizada no desea cambios cosméticos, ya lo ha dejado claro, no canjeará su enorme potencial de acción por limosnas: exige cambio de régimen, construye un nuevo país.
Con la brutal agresión gubernamental contra la ciudadanía movilizada, que ha significado una represión policial y paraestatal contra decenas de colombianos desarmados; lo cual arroja un saldo de por lo menos 81 muertos, más de 300 desaparecidos y 1.248 heridos
Por Pablo Nariño
El pueblo colombiano, conoce muy bien a la clase dominante del país, y es así como el actual movimiento social, tiene presente, el abultado historial de incumplimientos y de perfidia del Estado frente a los acuerdos que ha alcanzado con diversas fuerzas sociales. Conoce también de la responsabilidad gubernamental por acción u omisión en el genocidio contra los líderes sociales, y de la política de impunidad frente a las masacres que sufre el país mucho antes del 28 de abril; por eso no debe extrañar, que el actual movimiento social, haya elegido la ruta de la transformación profunda de los contenidos económicos, sociales y políticos que subyacen a las reformas neoliberales, ya que aunque la reforma tributaria pudo haber sido un motivo detonante del actual levantamiento, no es su causa, y claramente no es este un movimiento reformista, y ahí, reside precisamente su fuerza transformadora.
El poder del pueblo se legitima en el hecho mismo del incremento de su coherencia y amplitud, en lo que recupera y que le había sido arrebatado, también gana en autoridad, contrario a lo que sucede con el autoritarismo confeso del Estado neoliberal colombiano, que ahonda y acelera su deslegitimación, abismo que intenta cruzar con el aumento de su ya tradicional terrorismo estatal, e imponiendo una asistencia militar que no sólo se observa en las calles sino también en la ejecución escalonada de una ocupación militar de las instituciones del Estado, oficializada el 28 de mayo por Iván Duque en Cali, después que el Centro Democrático expresara la necesidad de un “despliegue total de la fuerza militar y de policía para recuperar el orden en Colombia”, lo anterior, a su vez fue precedido por la solicitud en tono de precepto al gobierno nacional, que expresaran los principales gremios empresariales en el sentido de activar el “Ejercicio legítimo de la fuerza y de la acción penal”.
Con la brutal agresión gubernamental contra la ciudadanía movilizada, que ha significado una represión policial y paraestatal contra decenas de colombianos desarmados; lo cual arroja un saldo de por lo menos 81 muertos, más de 300 desaparecidos y 1.248 heridos; la decadente burguesía colombiana ha iniciado simultáneamente una ofensiva diplomática, cuyo propósito central, no es el de ocultar el rostro fascista -conocido hoy por todo el planeta, en razón a los execrables niveles de la violencia desatada contra el pueblo- sino el de tranquilizar a la “comunidad internacional”, y que como lo manifestó recientemente Martha Lucía Ramírez ante los embajadores de la Unión Europea en Colombia; prometer que el régimen colombiano “como siempre” “saldrá adelante de esta coyuntura difícil, de la mano de la ley”.
Una ley fascista, oficializada en el decreto 575 del 28 de mayo, y cuyos efectos han sido; más colombianos, en su mayoría jóvenes movilizados, asesinados, incremento de casos de desaparición forzada por parte de los organismos de seguridad del Estado, retenciones arbitrarias, utilización por la policía de sitios transitorios de reclusión, que pueden ser locales o grandes supermercados, dentro de los cuales se tortura a decenas de personas por protestar, ser tolerante a la protesta, o como método en busca de “información”.
Estos hechos fueron el preludio del viaje de los emisarios del uribismo a Washington, para “denunciar” los bloqueos viales a los negocios -de toda índole-de la élite criolla, al tiempo que desde las calles y barrios de Colombia, le hacían una especial demostración a Biden y a los halcones de la guerra, acerca de los feroces métodos de desbloqueo, justificados en la defensa de las “instituciones” colombianas y evidenciando lo inocultable; un autoritarismo y unos niveles de represión tales, que hablan más de la debilidad de su poder político, el cual ya no es percibido como un poder legítimo por millones de colombianos, que de una supuesta legitimidad de las instituciones.
La potente fuerza de los movimientos sociales, colectivos y organizaciones comunitarias, debilita al narco régimen, este se estremece y en su tribulación, intenta proyectar a través de sus empresas propagandísticas la imagen de aquí no pasa nada, y con fingida calma y cinismo descomunal deforma los hechos reales, -que todos conocemos- mientras aceita la maquinaria represiva para adaptarla a sus particulares necesidades de estabilización y “normalidad”.
La desconexión de Duque es relativa, él está perfectamente enchufado resguardando con celo los intereses de Angulo y del capital parasitario, los cuales obviamente no sólo están desconectados de los intereses mayoritarios de la sociedad colombiana, sino que son esencialmente opuestos a ellos, tanto así que la condición para mantener el llamado tejido empresarial, es la destrucción del tejido social, a partir del terrorismo de Estado.
La actual iniciativa política del movimiento social en Colombia, sus destrezas organizativas, y el avance en los procesos de encuentro de diversos sectores sociales, fenómeno que se extiende por toda Colombia, es recibida por el régimen como una suplantación de la autoridad del Estado, eludiendo, que ha sido la minoritaria clase social dominante, la que históricamente ha suplantado el poder soberano del pueblo, y por eso ayer como hoy lo ataca con sevicia.
Queda claro que, en una sociedad dividida en clases sociales como la colombiana, la única reconciliación posible es la del pueblo con el pueblo, en el reencuentro de las fuerzas fragmentadas.
La sociedad movilizada no desea cambios cosméticos, ya lo ha dejado claro, no canjeará su enorme potencial de acción por limosnas: exige cambio de régimen, construye un nuevo país. Y de la misma manera que sin necesidad de un decreto de conmoción interior, Duque-Uribe han colocado al aparato del Estado en función de dicha situación, tampoco requiere de decretos la movilización incesante y revolucionaria del pueblo.
A casi mes y medio de este movimiento social y de la más violenta represión estatal, el pueblo enfrenta el miedo, sabe que el régimen hallará siempre la excusa para reprimirlo, sea de día o de noche, con masivas manifestaciones o con plantones locales, con barricadas o sin ellas, con escudos o sin protección, la violencia de la oligarquía contra el pueblo ha sido tanta y tan lacerante, que, para los colombianos y las colombianas, ya no existe la opción de abdicar.
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