LA PELIGROSA SALIDA FASCISTA A LA CRISIS DEL NEOLIBERALISMO EN COLOMBIA

Por Frank Molano Camargo, Miguel Ángel Urrego |

Nos encontramos en Colombia en medio de una profunda crisis del modelo neoliberal. Sin embargo, este hecho, que tiene procesos similares a lo largo y ancho del continente, tiene un ingrediente particular: la debacle del Estado mafioso, erigido en los últimos veinte años por el uribismo, que hoy se desliza hacia el fascismo para resolver la crisis que él mismo generó. Proceso que, además, se desarrolla en medio de los estragos de la pandemia del Covid-19.

En las cuatro últimas décadas el desenvolvimiento del capitalismo en Colombia y la expresión política de la fuerza que lo ha impulsado ha pasado por varios momentos que es necesario explicar, aunque sea brevemente. En los años ochenta del siglo pasado la economía mafiosa, entrelazada con la economía formal de los monopolios criollos e internacionales, había desarrollado dos modelos: el del cartel de Medellín, violento y con rostro delincuencial, y el de Cali, con formas discretas de violencia, una tendencia más clara hacia los negocios legales, las inversiones y la legitimación de los dineros en grandes empresas.

El choque entre estos dos carteles, con diferentes niveles de cooptación de instituciones estatales y fuerza pública y de los partidos tradicionales, generó una fuerte pugna militar y política. Los primeros fueron perseguidos y condenados por Estados Unidos por su beligerancia y peligrosidad. Se enfrascaron en una guerra contra el Estado a través del grupo de Los Extraditables y derramaron sangre a su paso. Los segundos, el cartel de Cali, se escondieron en la sombra y desde allí financiaron la campaña presidencial de Ernesto Samper, hecho conocido como el escándalo del proceso 8000. La formación de grupos de poder en las regiones, especialmente en Antioquia, el Valle del Cauca y el Magdalena Medio, por necesidades de la expansión de los negocios del tráfico de droga generó proyectos con pretensiones nacionales. De esta forma el uribismo evolucionó de sustento de un político antioqueño audaz a un proyecto con estrecha alianza de narcotraficantes, paramilitares y políticos que en 2001 se denominó el pacto de Ralito cuyos dos objetivos centrales fueron aniquilar la base social de la insurgencia y abolir la Constitución de 1991, acusada de ser una Carta pro comunista, con esos propósitos emergió el gobierno a Álvaro Uribe Vélez quien fungió como presidente del país de 2002 hasta 2010 y por intermedió de Iván Duque dirige el Estado a partir de 2018. [1]

No obstante, hubo pugnas en el bloque dominante. Un sector de la burguesía colombiana si bien se vio beneficiada por los desarrollos del pacto de Ralito, se mostró reacia a la alianza con tan nefastos personajes, debido a la desinstitucionalización autoritaria y mafiosa. Pese a todo, el uribismo llevó hasta las más altas esferas del Estado el influjo paramilitar y de narcotraficantes, con quienes aplicó una política de tierra arrasada de la cual fueron parte los crímenes de Estado, mal llamados falsos positivos, la utilización del DAS como un escuadrón de la muerte, las masacres, la desaparición forzada y el desplazamiento de cerca de 4 millones de campesinos para despojarlos de sus tierras y generar nuevos emprendimientos empresariales. Hay que decir que el uribismo hubiera sido inviable sin la alianza interburguesa con el narcotráfico y sin el respaldo financiero, militar y geopolítico del imperialismo estadounidense quien, a sabiendas del carácter de Uribe, lo sostuvo para que Colombia jugara el papel de “Israel de América” en la tarea de contención de los gobiernos alternativos que empezaron a surgir en el continente.

El sector de la granburguesía, que en adelante denominaremos tradicional, consideró que ya había sido suficiente el desangre nacional, del que sin duda se había beneficiado y del cual hizo parte, en consecuencia, intentó detener la alianza entre paramilitares y narcos que impulsaba el uribismo con el ascenso de Juan Manuel Santos (2010 – 2018), quien, para diferenciarse de Uribe y su legado sangriento, impulsó el proceso de paz con las FARC y apostó por la pacificación del país. Le interesaban los negocios y la explotación minero-energética pero sin necesidad de mancharse las manos de sangre ni de aliarse con narcos.

El sector mafioso de los nuevos ricos y el sector de la burguesía financiera se aliaron con el paramilitarismo dedicándose desde entonces a romper los diálogos de paz y a revisitar el Pacto de Ralito, ya sin sus viejos aliados los caudillos de las AUC (varios muertos o extraditados), sino con nuevos sectores parapolíticos. La oposición a los acuerdos de paz provino de varios frentes. La cúpula militar colombiana, devenida en nuevo grupo empresarial (el Grupo Social y Empresarial de la Defensa – GSED), consideró que el negocio multidimensional de la guerra estaba amenazado por la implementación de los acuerdo de paz. Los grandes ganaderos agrupados en Fedegan, sectores de la burguesía de la caña en Cauca y Valle, los “nuevos llaneros” de la Orinoquía que cosecharon negocios sobre tierras expropiadas, se indignaron con la amenaza de las políticas de restitución de tierras y retorno campesino, así que optaron por defender el nuevo Pacto de Ralito. Además, la burguesía financiera en Colombia comenzó a establecer alianzas de todo tipo para sacar provecho de los negocios de las obras públicas que el Estado impulsaba. Tal movimiento la llevó inicialmente a establecer vínculos con el sector de Germán Vargas Lleras y con caciques costeños y antioqueños que participaban en los negocios turbios de Odebrech, Reficar, Hidruitango, el cartel de la contratación de Bogotá, etc. Posteriormente, ante los escándalos generados asumió que era mejor optar por apoyar un gobierno autoritario que pusiera a su servicio el país. De esta forma se selló una estrecha alianza entre los sectores de la alta burguesía financiera, cúpula militar empresarial, políticos corruptos y caciques regionales, el nuevo Pacto de Ralito como la expresión capitalista, guerrerista, mafiosa y paramilitar que el uribismo encarna. Algo similar a lo que ocurrió en Alemania a comienzos de los años treinta cuando el sector empresarial de las farmacéuticas, que tenía acusaciones en Europa de generar contaminación y cáncer a sus trabajadores, apoyó al fascismo a cambio de impunidad.

Esta alianza es la que ha permitido que la crisis del modelo neoliberal, evidente en el mundo en la última década, buscase como salida el fascismo. Son varias las razones de esta transformación. En primer lugar, el uribismo no puede permitir que nuevas fuerzas, democráticas y populares, accedan al control del Estado pues eso supone el fin de la impunidad. Tampoco puede permitir que avancen los trabajos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que militares de alto rango y funcionarios del Estado declaren en las investigaciones por delitos de lesa humanidad, pues se evidenciaría su participación en todo tipo de crímenes. En tercer lugar, tampoco pueden permitir que los negocios del narcotráfico se afecten y con ellos sus socios pierdan el control de vastas regiones y enormes cantidades de recursos, recordemos simplemente el libro del tristemente célebre delincuente Andrés Felipe Arias, Cocaína ¿estabilizador macroeconómico colombiano 2015-2018? en el que sostiene que ante la crisis global generada por la caída del precio de los hidrocarburos, la cocaína devino en el principal estabilizador económico del país.[2] En cuarto lugar, tratan de impedir la consolidación de la paz y para ello conspiran cotidianamente con el asesinato de líderes sociales y reinsertados, la negativa de Iván Duque a financiar el proceso de paz y a implementarlo son hechos que evidencian esta postura. Por su parte el sector financiero no puede perder los negocios ni que se destapen los hechos de corrupción ni las redes que las realizaron. El uribismo le ha brindado una etapa dorada en la que desde el Estado le entregan los recursos del manejo de la pandemia, la liberan de todo compromiso con los trabajadores a través de procesos de flexibilización laboral y obtienen del presidente Duque la promesa de la entrega definitiva del manejo de las pensiones, los recursos de la salud, etcétera, hechos que se expresaron en los decretos expedidos al amparo de la lucha contra la pandemia y en los proyectos de reforma tributaria y de salud.

Por ello la salida fascista es la que se empeñan en implementar, pues la conciben como el único instrumento para detener el ascenso de la lucha social y política y, especialmente, para impedir un cambio drástico en el legislativo y el ejecutivo en las elecciones de 2022. Igualmente buscan garantizar la impunidad para el uribismo, los políticos corruptos y los grandes empresarios.

En noviembre de 2019 vivimos en Colombia un primer levantamiento popular contra medidas que agraviaban la calidad de vida de millones de colombianos, una lesiva reforma pensional que buscaba liquidar el componente público del sistema pensional, la reducción del salario de los 14 millones de juventudes hasta un 75% del mínimo, la privatización de activos claves del sector público como Ecopetrol, el Holding Financiero, el incremento desmesurado de tarifas de servicios públicos para estratos 4, 5 y 6, la reforma tributaria que eximía de impuestos a los potentados y recargaba en las clases medias y trabajadoras el recaudo nacional. Todas medidas a favor del gran capital que incrementaron la indignación, el incumplimiento de acuerdos con diferentes sectores sociales y la defensa de la protesta social que quería ser regulada y restringida. La respuesta de Duque a esa protesta nacional del 21 de noviembre fue la represión y el toque de queda, como resultado el país tuvo un saldo de 3 jóvenes asesinados, cientos de heridos y detenciones arbitrarias, lo que agudizó el inconformismo.[3] Para tratar de orientar ese estallido social se conformó el Comité Nacional de Paro que agrupaba a las centrales sindicales, sectores juveniles, sectores de mujeres, grupos indígenas y campesinos quienes en medio de las protestas articularon un pliego de 135 puntos.[4]

En los meses transcurridos entre diciembre del 2019 y febrero del 2021 se instaló una mesa de diálogo entre el Comité de Paro y la comisión gubernamental presidida entonces por Diego Molano, quien desgastó el espacio y buscó quitar credibilidad a las exigencias. Al respecto en febrero del 2020 sostuvo:

De esos 135 puntos aproximadamente el 6 % no son competencia del Ejecutivo y corresponden a responsabilidades, o legislativas o del sector judicial, como por ejemplo la liberación de presos políticos o la revisión de esos casos de derechos humanos de las fuerzas militares. Hay 20 % de los puntos que consideramos que son inviables fiscalmente o políticamente, por ejemplo, el proceso de estatización de Ecopetrol puede costarle al Estado 15 billones de pesos, el desmonte del cuatro por mil; ocho millones de pesos desfinanciando sobre todo temas de salud y educación y hay unos que son inviable políticamente como la revisión de la política de seguridad y Defensa Nacional o el desmonte del Esmad que como gobierno consideramos son responsabilidades exclusivas o que son funciones el presidente…[5]

El 24 de marzo de 2020 ante la pandemia global causada por un nuevo coronavirus el gobierno decretó una cuarentena nacional que confinó a la población. Duque aprovechó las medidas de la emergencia sanitaria para concentrar aún más el poder ya que con la población encerrada, la restricción de la presencia en las calles y el Congreso virtualizado y sin capacidad de ejercer control político.

El Comité Nacional de Paró presentó al gobierno el 20 de julio del 2020 un nuevo pliego de emergencia para atender la crisis alimentaria y social que se agudizó con la pandemia y las medidas de confinamiento. Los seis puntos propuestos fueron:

1. Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los y las trabajadoras de la salud.

2. Renta Básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por seis meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los Servicios Públicos (Agua, Electricidad, Internet, Gas) durante cuatro meses, prohibiendo el corte de estos.

3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. Qué no se desmejoren las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las MIPymes.

4. Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.

5. Mujer y Diversidades Sexuales: Acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social.

6. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.[6]

El gobierno no dio ninguna respuesta. Por el contrario, la gestión de la pandemia fue desastrosa y estuvo acompañada de altas dosis de violencia estatal y paramilitar. Según INDEPAZ en 2020 se registraron 91 masacres en el país con un total de 2.328 muertes, la mayoría jóvenes. Las más conocidas son la masacre de cinco adolescentes en Cali en agosto de 2020 a manos de la policía y la masacre de 9 jóvenes en Samaniego – Nariño, aún no esclarecida. En ese mismo lapso la policía asesinó, a lo largo del año 2020, 10 personas -según cifras oficiales – entre ellas 6 jóvenes por violar las normas de cuarentena. El 4 de septiembre de 2020 8 jóvenes que permanecían recluidos en una estación de policía en Soacha murieron incinerados, la investigación aún no esclarece la alta responsabilidad de la policía en este crimen. En septiembre de 2020, tras el brutal asesinato de Javier Ordóñez el 8 de septiembre a manos de la policía, la protesta social en Bogotá dejó un saldo de 10 muertos, en su mayoría jóvenes, nuevamente a manos de la policía.[7]

Simultáneamente todos los indicadores sociales se deterioraron. Según el DANE en 2020 por razones de desempleo e informalidad hubo 3.6 millones de nuevos pobres y 2.5 millones más de personas en condición de pobreza extrema. Las ciudades más afectadas por esta crisis acumulada, estructural y catapultada por la pandemia y la pésima gestión gubernamental de la misma fueron Bogotá, Cali, Bucaramanga, Ibagué y Barranquilla, en las que las personas que ya tenían ingresos reducidos, entre ellas jóvenes y mujeres, tuvieron mayores impactos negativos.

Mientras el hambre, la pobreza y el desempleo devasta a la clase media y a los sectores populares, el gobierno con decretos de la emergencia sanitaria y económica, creó el Fondo de Mitigación de Emergencias FOMAE, que apropió 15 billones de pesos para mitigar la emergencia sanitaria en el país, pero que permitió trasladar recursos a las arcas de los grandes banqueros y empresarios. Los más beneficiados en esa vía han sido Bancolombia, del grupo Sindicato Antioqueño; el Banco de Bogotá, propiedad del magnate Luis Carlos Sarmiento Ángulo, beneficiario de la corrupción de Odebrecht; y el BBVA de España. La situación ha llegado a tal punto que el informe “Virus de la desigualdad” del 25 de enero de 2021 presentado por Oxfam señala que la pandemia profundizó la desigualdad en Colombia y América Latina en una proporción sin precedentes en más de 100 años. Los megaricos no han perdido, en cambio los pobres y clases medias están ahora 14 veces peor que antes de la pandemia.

Los fascistas, banqueros y megaricos colombianos vieron la cuestión social como una ventana de oportunidades. Un gobierno casi omnímodo, gobernando por decreto en favor de sectores históricamente privilegiados, un Congreso de bolsillo y virtualizado y un movimiento social confinado y con poca capacidad de respuesta. Por eso quisieron apretar la tuerca y proponer un nuevo paquetazo tributario aún más lesivo que el de 2019 a través de una nueva reforma laboral y una transformación del sistema de salud para que los pacientes asumieran los gastos de hospitalización, anestesia y otros insumos. Pero, los agravios acumulados llevaron a un nuevo levantamiento social.

A partir del 28 de abril del presente año se ha generado una oleada de protesta popular no conocida en la historia de Colombia y, seguramente, tampoco en muchos países de la región. Más de un mes de movilizaciones, marchas, cortes de ruta, asambleas territoriales, etcétera. Han salido a la calle los más diversos sectores sociales y políticos para manifestar su descontento con el uribismo y con su actual gobierno y especialmente contra la serie de medidas encaminadas a despojar a los ciudadanos de sus menguados ingresos y a entregar los recursos del Estado al sector financiero. La protesta ha sido enfrentada desde el primer momento con la consigna del uribismo de detener a sangre y fuego la movilización social, especialmente de los jóvenes. Para ello no solamente ha utilizado violencia de la fuerza del ESMAD sino que dispuso que la policía usara sus armas, que se desaparecieran personas y más recientemente que paramilitares urbanos dispararan impunemente sus armas y que contaran con la protección de la policía. A corte del 6 de junio el reporte de Temblores e Indepaz es de 75 personas asesinadas por la policía y el ESMAD, 65 personas con pérdida de sus ojos, 187 personas con impactos de bala por parte de la policía, 25 casos de agresiones sexuales, y la denuncia de 548 personas desaparecidas,[8] lo que señala el brutal carácter de la represión fascista que enfrente la sociedad colombiana. Adicionalmente, la declaratoria de militarización de varios departamentos y ciudades del país por parte de Duque ha llevado, en los hechos, a suprimir la Constitución en esos territorios y reemplazar las autoridades locales democráticamente elegidas por mandos militares. Este intento de someter a sangre y fuego a la población ha evidenciado la degradación moral del actual gobierno que abiertamente desata la guerra, engaña al país con informes falsos y mentiras, emplea la prensa para acotar la gravedad de los hechos e intenta detener a los organismos internacionales de derechos humanos con maniobras propias de las dictaduras más sanguinarias del mundo.

El fascismo uribista está haciendo experimentos sociales y políticos para mantener el poder mediante la profundización de la guerra y el miedo que suele dar réditos políticos. Incentiva el viejo repertorio del uso de las armas por civiles armados, fortalece la capacidad bélica de la policía y el ESMAD para asumir la protesta social como una lucha contra el terrorismo urbano o para crear un escenario de conflictividad de largo aliento, ya sea que mantenga el control gubernamental en el 2022 o enfrente un eventual acceso al poder por parte de la oposición.

La implementación de este proyecto fascista exige al movimiento social y popular discutir los alcances, oportunidades, logros y limitaciones de la actual portentosa protesta social. Son varios los problemas que han surgido en el campo popular, hoy diverso, policlasista, descentralizado, debido a los efectos en la sociedad colombiana del neoliberalismo, la globalización, la guerra y el narcotráfico.

En primer lugar, encontramos una tendencia a la fragmentación y a las pugnas en el movimiento social. El Comando Nacional de Paro constituido desde finales de 2019 presenta varias tensiones. Pese a la reducción del sindicalismo colombiano por la represión y el neoliberalismo, las centrales sindicales son la fuerza social que cuenta con mayores capacidades organizativas, mayor experiencia de negociación y más recursos políticos y logísticos acumulados en sus trayectorias, pero mantienen unos esquemas de movilización muy apegados a la institucionalidad y de fácil cooptación por el régimen y a la vez mantienen roces con las formas de resistencia desplegadas por los jóvenes, por eso varios miembros de la dirigencia sindical consideran la acción de los sectores en lucha que están por fuera del accionar sindical, como amenazas y ruidos innecesarios en su propósito de lograr acuerdos con el gobierno.

Por fuera del Comité Nacional de Paro existe una multiplicidad de sectores que no se sienten representados en la dirigencia sindical -principalmente asentada en Bogotá, masculina y proveniente de los empleados estatales- y que han surgido por la precarización de la vida en el país, la transformación generacional, los efectos de la crisis del neoliberalismo, etc. Esta multiplicidad tiene fuertes expresiones territoriales, culturales, juveniles cuyas principales formas de expresión son los cortes de ruta, los campamentos de resistencia y las primeras líneas. Ante la crisis de representación política generada por la debilidad de las izquierdas, el caudillismo y la burocratización de las dirigencias, este complejo sector oscila entre demandas exclusivamente locales y maximalismos insurreccionales. Además tiene una gran dificultad en convertirse en un interlocutor de carácter nacional.

Esta diversidad de posturas y apuestas es el principal desafío que enfrenta la movilización social en Colombia, el Comité Nacional de Paro, las izquierdas y, en general, a los sectores organizados con presencia nacional. No obstante, en la actual coyuntura histórica es deseable poner en juego todos los propósitos de unidad, la solidaridad y la complementariedad de experiencias de lucha y recursos políticos para fortalecer un amplio frente antifascista que pueda proyectar a nivel nacional el horizonte político. Pero igualmente entendiendo las limitaciones de la coyuntura política y de los límites a los cuales la población en general está dispuesta a llegar.

La lectura de ciertas fuerzas políticas y sociales que conciben el mes de protestas como una insurrección ha desatado una serie de consignas de difícil cumplimiento, como la caída de Duque. Esta apuesta puede generar un incremento de la barbarie estatal, ya que antes que se presente la caída del presidente el uribismo prefiere desembozar violencias estatales y paramilitares en nombre de un supuesta “guerra civil”, sin que las multitudes en protesta puedan resistir tamaña arremetida y cuenten en estos momentos con condiciones para una transformación radical e inmediata de la sociedad. En efecto, las ollas comunitarias o las asambleas populares, con su innegable vitalidad e importancia, pierden toda posibilidad sino no se articulan a una coordinación organizativa de carácter nacional y se les dota de representación y programa de mediano y largo plazo. Los diálogos locales, por muy significativos que puedan parecer, se desvanecen por la postura de Uribe a desconocer aquello que no sea conseguido mediante la acción de las fuerzas armadas y, por otra parte, el dialogo con autoridades locales generalmente no tienen futuro, pues éstas no tienen capacidad de decisión.

La unidad en el movimiento social y popular, elemento determinante en estos momentos, viene siendo minada por la negativa de los diversos sectores a reconocerse mutuamente. A pesar de sus vacilaciones, dificultades para expresar a los diversos sectores y burocratismo el CNP fue un actor determinante de las protestas de 2019; construyó un plan de reivindicaciones con la presencia de los amplios sectores de la población, que fue presentado al gobierno en aquel entonces; lanzó la propuesta de paro del 28 de abril del presente año ante el intento del gobierno de imponer una reforma tributaria; y es factor clave en las movilizaciones actuales. De manera que desconocer su presencia no es solamente sectarismo político sino una postura que fractura el movimiento social y popular y favorece la represión. De lo que se trata es de unificar las fuerzas, es la tarea más importante. No de crear dos, tres o cuatro agrupaciones que se dicen protagonistas de la protesta y dueña de sus posibilidades. La fragmentación favorece al uribismo, imposibilita construir fortalezas, impide mostrarse unificados en los encuentros con el gobierno, genera un peligroso ambiente de construir salidas a la actual coyuntura y dificulta la protección de la vida de los jóvenes. El heroísmo y la pretensión de ir hasta las últimas consecuencias no necesariamente es lo más acertado, lo evidencia la experiencia de La Comuna de París.

En segundo lugar, existe un problema para transformar políticamente a los actores de la protesta social. Es cierto que han emergido nuevas formas de acción política que reivindican lo local, subjetivo y cultural y en muchas ocasiones lo contraponen al escenario de la lucha política electoral. También es cierto, que quienes han hecho de lo electoral el principal recurso, suelen contemplar estos otros escenarios como insignificantes, pasajeros e intrascendentes. Quizás la mayor dificultad que explica estos desencuentros son las “agendas ocultas” que diversos sectores tienen al interior del CNP o de las asambleas y que entorpecen el establecimiento de acuerdos, la unificación de fuerzas y el acatamiento de las directrices. De tal suerte que hay quienes ven, desde la beligerancia del paro, como inminente un triunfo en las elecciones de 2022. Se cree que esta inusitada oleada de protesta popular se trasladará, mecánicamente, a las urnas y que el uribismo será derrotado. Esta lectura tiene varios problemas. El primero, suponer que el uribismo aceptará tranquilamente el resultado de las elecciones. El segundo, que solamente es suficiente un liderazgo de una persona capaz y dotada de carisma, como sería el caso de Gustavo Petro, para garantizar el triunfo. El tercero suponer que es suficiente con la expresión de la iniciativa de los diversos sectores sociales para lograr el diseño de propuestas alternativas de conducción del país.

Por el contrario, creemos que la apuesta del movimiento social y popular debe girar en torno a cuatro consignas: defensa de la vida de los jóvenes, superar la denominada unidad de acción, considerar la creación de una fuerte coordinación organizativa nacional con amplia base social, gremial y territorial y la construcción colectiva de un proyecto político dotado de una fuerte base de masas que permanentemente buscan su cualificación política.

Lo primero es entender que el momento político exige poner fin a la fragmentación, el protagonismo caudillista y el burocratismo. Se trata de poner en juego la capacidad de articular en un proyecto nacional esta energía social diversa, puede ser mediante una coordinadora nacional o un movimiento de movimientos del que hagan parte, entre otras, las asambleas territoriales y nacionales, el Comité Nacional de Paro, las expresiones culturales, ambientales, de mujeres, de estudiantes, étnicas, las diferentes izquierdas, las personalidades democráticas, la academia comprometida y las comunidades de fe movilizadas. Pero, igualmente es fundamental que si bien juegue políticamente en el 2022 no ponga todas sus energías en esa meta demasiado inmediata, sino que, apueste a fortalecer el campo popular para la lucha antifascista en los próximos diez años, construyendo una nueva hegemonía de amplia base social.

De manera que toda diferencia se debe dirimir al interior del movimiento social y popular y no desde la construcción de corrientes contradictorias. Esta organización es indispensable no solamente para garantizar, a nivel local y nacional, el triunfo electoral de candidatos independientes sino para proteger su vida de los jóvenes, garantizar el respaldo a las medidas que se implementen desde alcaldías, gobernaciones y eventualmente el ejecutivo y no depender de caudillismos. Creemos que en estos momentos la fractura en dos bloques, CNP y Asamblea, condena todos los éxitos del paro y abre las puertas para una recuperación del terreno político al uribismo.

La experiencia de la guerra civil española o la Alemania de los años 30 son bien ilustrativas. En dichas naciones las izquierdas llegaron divididas a la guerra y a las elecciones, sus pugnas internas les impidieron construir unidad en medio del conflicto o crear un frente electoral que impidiera el ascenso de Hitler. Más recientemente en Ecuador encontramos un buen ejemplo. La existencia de un sector popular fundado en un indigenismo “puro”, negado a las alianzas, definidos por un pulcritud política que le impide pactar con el progresismo de Correa y que prefiere el triunfo de la extrema derecha neoliberal antes que llegar acuerdos. Tal postura llevó a la entrega de la presidencia al candidato neoliberal. La ceguera de esta postura les impidió entender lo que políticamente significaba para la región el triunfo de un candidato alternativo en Ecuador. Por supuesto, es condenable el modelo extractivista del correismo y su gestión tuvo muchas cosas criticables. Pero seguramente el avance de la izquierda en Perú hubiese sido más fácil y seguramente la posibilidad de derrota del uribismo contaría con un contexto internacional favorable con el triunfo electoral del progresismo en Ecuador. Lo más patético de esta postura es que el acceso a la presidencia del congreso otorgada a Pachakutik se basó en la alianza con la derecha, ¡en una alianza con el partido del presidente Guillermo Lasso![9] Por el contrario, las elecciones que se realizan actualmente en Perú muestran que la solución correcta es la unidad de las izquierdas y el movimiento social. En síntesis, la ausencia de condiciones hace que la próxima coyuntura electoral en Colombia, la de 2022, sólo sea un primer paso en una larga carrera.

Lo segundo es entender que es necesaria la flexibilidad en las metas y propósitos y los métodos de lucha. La prolongación por mucho tiempo del paro, con un movimiento social fracturado y una tendencia al aislamiento de los jóvenes por el cansancio de la población ante las protestas, la brutalidad del terrorismo de Estado y la incertidumbre de los logros o la limitación de algunas formas de protesta que no son aceptadas por amplios sectores del país es la apuesta del gobierno de Duque, quien además ha decido no negociar el pliego presentado por el CNP. Por ello es necesario entender que un periodo de reorganización y de fortalecimiento de la formación política no significan la renuncia a la protesta social.

Lo tercero es que la inexistencia de una única coordinación organizativa nacional dificulta cualquier posibilidad de triunfo en las elecciones de 2022, dar salida a los reclamos de los jóvenes o luchar adecuadamente a mediano y largo plazo contra el fascismo.

En cuarto lugar, una gran reto del momento presente es la dificultad de consolidad un proceso de formación de nuevos liderazgos políticos. El actual defecto de los movimientos alternativos es que no existen caminos claros que permitan dotar al movimiento social y popular de liderazgos nacionales, es decir personas que sean fácilmente reconocidas y que puedan enfrentar los intentos de descabezar el movimiento social. En la actual coyuntura el proyecto de asesinato de líderes sociales amenaza con trasladarse a los dirigentes sindicales y populares y a personalidades como Gustavo Petro, pues el cálculo es que eliminando a este desaparecerá el movimiento que lo apoya. El problema para enfrentar esta oleada de crimen es que no se construyen vías para permitir que la juventud tenga un rol protagónico, que se facilite el diálogo e intercambio intergeneracional y la proyección de nuevos liderazgos que trabajen con quienes llevan décadas en la dirección del movimiento social y popular y que, por el contrario. Mientras todo se pretenda apostar a las alianzas políticas con partidos o frentes electorales ya establecidos, léase los verdes o la coalición de la Esperanza, que tienen ya su agenda definida y prácticamente inamovible la situación de fragmentación y derrota puede ser posible, ya que ninguno de estos sectores está dispuestos a una alianza con Petro, lo demostraron en las elecciones presidenciales de 2018 y lo evidencian cotidianamente personajes como Claudia López, Angélica Lozano, Fajardo y Robledo.

La experiencia de las grandes movilizaciones que han sacudió a las naciones en la última década, como en España, la de los chalecos amarillos en Francia o las de las mujeres y Black Live Matter en Estados Unidos contra Donald Trump demuestran dos hechos significativo. Que a pesar de la vitalidad, originalidad, métodos alternativos y amplia participación popular esto no puso en peligro el statuo quo, es decir el orden social y político capitalista. En segundo lugar, tampoco transformó sustancialmente al electorado. De hecho los avances de la derecha en España en el presente año son notables, la perdida de influjo de las izquierdas es significativa, (como lo ejemplifica el caso de Podemos) y los candidatos de derecha y extrema derecha incrementaron su votación. También en Estados Unidos la gran movilización de sectores democráticos contra el racismo de Trump no impidió, a pesar de su descredito y, repetimos, movilización de las minorías, reducir la influencia de los republicanos, que superaron los 78 millones de votos.

En quinto lugar, es importante avanzar en la creación de coordinaciones organizativas que puedan garantizar a nivel local el ejercicio del poder. Es indispensable ir consolidando la creación de instancias alternas de ejercicio del poder, pero siempre y cuando estén articuladas. El modelo de las Asambleas es importante y funcional si se vinculan a proyectos y organizaciones nacionales. Recordemos que la negociación que puedan establecer con gobiernos locales tiende a diluirse con el paso del tiempo, cuando no a ser canceladas por autoridades de orden nacional. Los funcionarios pueden firmar compromisos, pero eso no tiene efecto a mediano plazo. Los incumplimientos, aun del gobierno nacional, son frecuentes. Además el proceso de represión desarticula estos modelos fácilmente.

En resumen, no es suficiente para construir un proyecto alternativo al fascismo y al neoliberalismo la sola energía y capacidad de iniciativa y sacrificio de las juventudes, o el repertorio de las expresiones de base territorial asambleario, o la experiencia y trayectoria del movimiento sindical, o la fortaleza identitaria de las comunidades indígenas, o la figura de líder opositor como Gustavo Petro con la meta puesta en el 2022. Todas estas, actuando sin articulación y reconocimientos mutuos, son frágiles y vulnerables ante la acción de un gobierno fascista dispuesto a aniquilar a sangre y fuego al movimiento popular y social. La apuesta no es para las elecciones de 2022, escenario que no se debe despreciar como ejercicio de cualificación y aprendizaje, sino para la segunda década del siglo XXI que debe dotarnos de nuevos tejidos sociales y políticos con capacidades, recursos, liderazgos, fuerza territorial, nacional, alianzas internacionales y con la meta de ser un proyecto para derrotar al fascismo y llevar al país por la senda de la reconstrucción social, económica y política en democracia, justicia y bienestar para todos y todas.

*Este texto se terminó de escribir el día 7 de junio de 2021

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[1] Un breve síntesis del denominado Pacto de Ralito firmado entre los jefes paramilitares y políticos colombianos en “La historia detrás del ‘Pacto de Ralito”, artículo publicado el 18 de enero de 2010, versión electrónica en https://verdadabierta.com/la-historia-detras-del-del-pacto-de-ralito/ . De igual forma véase el artículo “Este es el pacto secreto de Ralito” en El Tiempo, Bogotá, 19 de enero de 2007, versión electrónica https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2362702.

[2] Andrés Felipe Arias, Cocaína ¿estabilizador macroeconómico colombiano 2015-2018?, Bogotá, Universidad Sergio Arboleda, 2019.

[3] Un reseña de los primeros choques en el contexto del paro, la detención de cientos de personas y el asesinatos de 3 jóvenes en el artículo publicado por CNN en Español el 27 de noviembre de 2019: “Siete días de protestas y sigue el paro nacional en Colombia: ¿cómo llegamos hasta aquí?” versión electrónica en https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/27/siete-dias-de-protestas-y-sigue-el-paro-nacional-en-colombia-como-llegamos-hasta-aqui/

[4] El Comité Nacional de Paro publicó una agenda para la negociación con el gobierno nacional el 13 de diciembre de 2019, véase el texto en https://img.lalr.co/cms/2019/12/17234957/NuevoDocumento-2019-12-17-17.37.50_compressed.pdf

[5] “Diego Molano explica los avances de la conversación con el comité del paro”, 12 de febrero, 2020, https://www.rcnradio.com/politica/diego-molano-explica-los-avances-de-la-conversacion-con-el-comite-del-paro

[6] La Agencia de Información Laboral publicó el pliego de emergencia en el artículo del 20 de julio de 2020 “Estos son los 6 puntos del pliego de emergencia” en https://ail.ens.org.co/noticias/estos-son-los-6-puntos-del-pliego-de-emergencia/

[7] Véase el “Informe de masacres en Colombia durante 2020 y 2021”, con corte a 31 de mayo de 2021, publicado por INDEPAZ en http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/

[8] Versión electrónica en http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-policial-en-el-paro-nacional/, http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

[9] “Partido indígena de Ecuador gana presidencia del Congreso” informe del 16 de mayo de 2021 del noticiero de la agencia alemana DW en versión electrónica en https://www.dw.com/es/partido-ind%C3%ADgena-de-ecuador-gana-presidencia-del-congreso/a-57545066?fbclid=IwAR2Daofi2GS_Z86FYn6ravM9CmJj8MLMPZ42CmTGBJXUDWDM4mH5Zzs_RtU

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Frank Molano Camargo, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Miguel Ángel Urrego, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.