Como ha sucedido en los más de un mes de movilización, la policía junto al Esmad continúan atacando y reprimiendo a los manifestantes.

Durante la noche del miércoles, se reportaron nuevas denuncias de represión por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en varias ciudades de Colombia.

En la capital Bogotá, medios alternativos indicaron que durante el accionar policial en Usme, las fuerzas policiales agredieron a un periodistas, impidiendo la atención médica al comunicador que presenta heridas de gravedad.

La comunidad de Usme señaló que el Esmad lanzó gases dentro de las viviendas, afectando a niños y adultos mayores. Un menor de 10 años fue sacado desmayado de su vivienda.

A través de las redes sociales, las personas publicaron videos y advirtieron de las acciones represivas del Esmad en el barrio Marichuela en el sur de la capital colombiana.

Según testigos los agentes repitieron la práctica usada en Usme contra los vecinos de la localidad, afectando gravemente a una menor de dos años.

También en Suba se reportaron incidentes durante la noche del miércoles entre un grupo de manifestantes y agentes policiales.

En la ciudad de Popayán, departamento del Cauca, organizaciones defensoras de Derechos Humanos reportaron la fuerte presencia policial y del Esmad en el barrio La Esmeralda.

Los denunciantes advirtieron que la intervención de las fuerzas de seguridad podrían desembocar en decenas de detenciones arbitrarias.

En la ciudad de Bucaramanga, se registran varios heridos y personas detenidas arbitrariamente por parte de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo al grupo de APH de Medellín en el marco de las protestas 50 personas resultaron heridas de gravedad, más de 100 personas graves por gases, al menos diez fueron trasladadas a centros hospitalarios.

A pesar de las reuniones mantenidas entre los representantes del Comité Nacional del Paro y el Gobierno Colombiana para poner fin a la crisis social en el país, las manifestaciones se siguen sucediendo en varias ciudades del país.

Desde el Comité Nacional de Paro convocaron a una masiva movilización en la capital colombiana llamada 'toma de Bogotá' para el próximo 9 de junio.

Como ha sucedido en los más de un mes de movilización, la policía junto al Esmad continúan atacando y reprimiendo a los manifestantes.

La Organización No Gubernamental (ONG) Temblores reveló este miércoles un informe que contabiliza 3.789 casos de violencia perpetrados por la fuerza pública contra los manifestantes, quienes ya cumplen 36 días desplegados en las calles de Colombia.

Según el informe de los casos de violencia policial, 1.248 son víctimas de violencia física, 1.649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones violentas y 45 homicidios presuntamente perpetrados por miembros de la fuerza pública.

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teleSUR - SH

Bogotá. Sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales retornaron ayer a las calles de Colombia por quinta semana consecutiva con el fin de presionar al gobierno del presidente Iván Duque a negociar cambios en sus políticas económicas y sociales, mientras continúan estancados lo contactos entre autoridades y líderes de las protestas para destrabar esta crisis nacional.

El gobierno exige el levantamiento total de los bloqueos para avanzar en los diálogos con el Comité del Paro Nacional (CPN), al denunciar el desabasto de alimentos, medicinas y combustibles en diversas regiones. El comité –que reúne a sindicalistas, indígenas, estudiantes y profesores– señala que no son bloqueos, sino puntos de resistencia y que se han levantado decenas de retenes como muestra de buena voluntad para la instalación de una mesa de negociaciones.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Juan Alberto Libreros, informó que se reportaron 52 bloqueos en esta jornada, lo que afectó a ocho de los 32 departamentos del país.

“Es nuestra manera de presionar pacíficamente en medio del derecho legítimo a la protesta para que haya cambios en materia política y social”, expresó la profesora Andrea Sandino mientras se dirigía hacia la emblemática Plaza de Bolívar, en Bogotá, donde se reunieron unas 4 mil personas.

En Medellín, Cali, Barranquilla y Neiva, miles protestaron de manera pacífica para exigir cese de la represión contra los manifestantes.

Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores e integrante del CPN, denunció que el gobierno dilata la firma de un preacuerdo que establezca garantías para la protesta social, entre ellas el cierre de vialidades.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Ardila, a cargo del equipo de negociadores del presidente Duque, insistió en que los bloqueos deben desaparecer porque no son una manera legítima de protestar.

La Cruz Roja mantiene el acompañamiento a las caravanas humanitarias en varias carreteras bloqueadas.

De no haber acuerdos, Fabio Arias, vocero del CPN, informó que el día 9 se llevará a cabo “la toma a Bogotá”, acción que busca dar continuidad y fortaleza a las movilizaciones en el capital con el apoyo de manifestantes que lleguen desde otros puntos del país para impulsar las negociaciones.

Los representantes de ambos sectores se reunirán este jueves otra vez, como lo hacen desde el 7 de mayo, con la intención de alcanzar algún acuerdo. Aunque no aglutina a todos los sectores que rechazan las políticas de Duque, un eventual acuerdo con el comité del paro es visto como un paso importante para la desactivación de la crisis nacional.

Desde el 28 abril, decenas de miles de personas han salido a las calles, primero, en rechazo a un alza de impuestos propuesta por Duque con la intención de paliar la crisis que agudizó la pandemia por el Covid-19, y aunque el mandatario retiró el proyecto del Congreso, la represión en las protestas avivó el malestar, lo que llevó al gobierno a descartar, más adelante, una propuesta de reforma al sector salud.

Junto a las protestas se han registrado saqueos, vandalismo y enfrentamientos entre encapuchados y policías.

La ONG Temblores reportó ayer que desde que comenzó el paro tiene registro de mil 248 víctimas de violencia física, 45 homicidios presuntamente cometidos por la fuerza pública, mil 649 detenciones arbitrarias, 705 intervenciones de fuerzas del orden en las protestas, 65 víctimas de daño ocular y 22 víctimas de violencia sexual.

Por la noche se informó que la movilización en Bogotá terminó en enfrentamientos con la policía.

En otro orden, Colombia reabrió su frontera con Venezuela tras un cierre de más de 14 meses, como parte de sus esfuerzos para contener los contagios de Covid-19. El canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazó la decisión “unilateral”.

Reuters, Afp, Sputnik y Europa Press

El régimen continúa con su escalada de terror, pretendiendo aplastar la rebelión que inició el 28 de abril. La respuesta del pueblo al Terrorismo de Estado, es apelar a la organización y la lucha del propio pueblo, pues no se puede esperar que las instituciones del Estado burgués asesino vayan a defender a los luchadores. Para proteger a los dirigentes y las masas combatientes hay que generalizar las guardias obreras y populares.

Nos solidarizamos con los compañeros de Sinaltrainal y con todos los obreros sindicalizados o no que hoy están en las calles comprometidos con el Paro Nacional Indefinido.

El 29 de mayo de 2021, por redes sociales, circula un panfleto con el titulo: ¡COMUNIDAD ESTOS INDOLENTES Y VANDALOS SON LOS PROVOCADORES DE LA TRAGEDIA DE LA CIUDAD, INCENDIOS, BLOQUEOS, ROBOS! con imagenes de los rostros de varias personas, entre las que aparece José Mauricio Valencia Tamayo, Vicepresidente de la Junta Directiva de Sinaltrainal Seccional Bugalagrande, responsable de la Región Suroccidente de la Junta Directiva Nacional y/o Equipo Nacional de Conducción de Sinaltrainal y trabajador al servicio de la empresa Nestlé de Colombia S.A. en Bugalagrande Valle del Cauca, en retaliación por estar participando en las portestas que se iniciaron desde el 28 de abril de 2021, exigiendo al gobierno del dictador Iván Duque, que archive la reforma tributaria, a la salud y todas la leyes lesivas y solucione la problemática social y habilite la negociación de las peticiones con los voceros de los sectores del pueblo que están en la protesta y pare la represión contra los manifestantes, ordene a la policía y ejército no seguir atacando al pueblo en alianza con paramilitares, cese los asesinatos, desmilitarizar la protesta, retornen a los desaparecidos.

Éste panfleto hace parte de la campaña de estigmatización y señalamientos hechos por el gobierno nacional contra quienes estamos participando en las protestas que se iniciaron desde el 28 de abril de 2021 y hace parte de los ataques que ha dejado un doloroso saldo de asesinatos, desaparecidos, heridos, toturados, víctimas de violaciones, ataques armados por parte de presuntos paramilitares que se han visto acompañados de la Policía y el Ejército.

Como parte de la estrategia genocida del Gobierno colombiano, el día 23 de mayo de 2021 circuló un panfleto en el municipio de Tuluá con el título “La comunidad Trabajadora del Centro del Valle del Cauca ¡SE CANSÓ!” amenazando a los participantes en las protestas en el marco del Paro Nacional e iniciaron atentados sicariales a los puntos donde estaban concentrados los manifestantes en Tuluá, dejando como saldo varios muertos, heridos y desaparecidos, hechos similares ocurrieron en varias ocasiones en el punto de concentración en la denominada Y entre Bugalagrande y Andalucía, donde participan dirigentes de Sinaltrainal.

Al ataque contra el dirigente de Sinaltrainal José Mauricio Valencia Tamayo y los lideres de las protestas que aparecen en el panfleto que están circulando es para justificar atentar contra sus vidas y aterrorizar a quienes participamos en las movilizaciones, en medio de un contexto donde el dirigente de Sinaltrainal Felipe Andrés Pérez Pérez fue asesinado el 14 de mayo de 2021, el dirigente de Sinaltrainal Edinson Salazar fue brutalmente golpeado por el ESMAD que le incineró su motocicleta, vehículos de la Policía Nacional sin distintivos de la institución se han dedidacado a hacer seguimiento, tomar fotografías y videos a integrantes de Sinaltrainal en Bucaramanga, se ha disparado contra los manifestantes, en las actividades de protestas se han detectado policías infiltrados de civil y portando armas, han llegado a casas de integrantes de Sinaltrainal y han amenazado a sus familias, han dejado amenazas escritas y telefonicas para que dejemos de apoyar los puntos de concentración de las protestas, entre otros ataques perpetrados por el Estado.

Los hechos del 29 de mayo de 2021, contra José Mauricio Valencia, se presentan al tiempo que nos encontramos en los preparativos del proceso de pliego de peticiones que vamos a presentar a la empresa Nestlé de Colombia y terminamos recientemente la negociación colectiva del pliego de peticiones presentado a la empresa Nestlé Purina PetCare de propiedad de Nestlé S.A. Comestibles la Rosa S.A., de propiedad de Nestlé S.A., Compass Group Services Colombia S.A.S., Kokoriko Avinco S.A.S., Tapón Corona, Pimpollo S.A.S., Alimentos Finca y estamos en conflicto de negociación colectiva de pliego de peticiones presentado a las empresas Ingredión Colombia S.A., Comfandi, Comercial Nutresa S.A.S., Meals de Colombia S.A.S., Sodexo S.A., CI Banasan S.A.S., FL Colombia S.A.S Coca Cola Femsa, Pepsico, entre otras y por años, varios integrantes de Sinaltrainal han sido víctimas de amenazas de muerte, asesinato y persecución.

Exigimos al gobierno del dictador Iván Duque que cese el genocidio, investigar, identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, proteger la vida e integridad del dirigente de Sinaltrainal JOSÉ MAURICIO VALENCIA TAMAYO, su familia y a todos los afiliados de Sinaltrainal y sus familias.

Integrantes de Sinaltrianal estamos junto el pueblo que no se rinde y se mantiene en la protesta que se inició el 28 de abril de 2021 en Colombia, exigiendo al dictador que cese la campaña de odio y barbarie contra los pobres y quienes estamos en la protesta luchando por un mejor país.

Sinaltrainal