Paramilitarismo urbano y 3825 violaciones de DDHH hace parte del informe II a la CPI
El nuevo documento entregado a la Corte Penal Internacional, CPI, da cuenta de al menos 3.825 violaciones de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 2 de junio y reafirma que hay 22 tipos de conductas violatorias por parte de integrantes de la Fuerza Pública y hace énfasis en la aparición del Paramilitarismo Urbano.
Los firmantes son el Senador Iván Cepeda y las organizaciones Temblores, Campaña Defender la Libertad, la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda, la Red de derechos humanos Francisco Isaías Cifuentes, Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos,
En este documento, según lo que se ha conocido, da cuenta de 229 nuevos hechos violentos del 11 de mayo a la fecha, con 1271 nuevas víctimas, de las cuales se aporta la identidad de 554. Entre las conductas que se incrementan detallan casos de: asesinatos; violación y violencia sexual; tortura y otros actos inhumanos; encarcelación u otra privación grave de la libertad física.
Paramilitarismo urbano es nuevo modus operandi que piden a CPI investigar
Los hechos de paramilitarismo urbano son señalados como nuevo modus operandi contra la protesta social, en este énfasis especial se hacen relatos minuciosos de los hechos que se han conocido en todos los puntos de protestas del Paro Nacional pero con énfasis en la ciudad de Cali desde el ataque a la Minga Indígena.
Este informe reitera la existencia de 22 patrones de conducta, acciones u omisiones, con relación a crímenes de lesa humanidad cometidos, presuntamente, por integrantes de la Policía, el Ejército Nacional y grupos de civiles armados.
Entregan segundo informe a la CPI. Señalan irrupción de paramilitarismo urbano en Colombia
Estado y el gobierno crean “un clima de favorecimiento y protección” de violaciones de DDHH
Según las personas y organizaciones que presentaron el informe hay actuaciones por parte de los organismos del Estado y de funcionarios del gobierno que tienen responsabilidad en las violaciones de DDHH
“las actuaciones parcializadas de la Procuraduría General de la Nación; la actuación de impunidad del fiscal, Francisco Barbosa y las actuaciones omisivas del Defensor del Pueblo. Así como, la falta de disposición por parte del Estado colombiano para llevar a los máximos responsables a la justicia”Página de Iván Cepeda
“La actitud parcializada y la conducta arbitraria de la Procuradora Margarita Cabello en contra de quienes participan en movilizaciones del paro nacional, se evidencia en su decisión de abrir investigaciones disciplinarias en contra de gobernadores y alcaldes que no pertenecen a partidos de la coalición de Gobierno. Es evidente que la procuradora Cabello busca limitar sus derechos políticos y viola la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos”
Por último señalan al presidente Iván Duque; al ministro de la Defensa, Diego Molano; al director de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas; y al comandante general del Ejército, Eduardo Zapateiro, como “responsables de los supuestos actos cometidos durante las manifestaciones” y piden que sobre ellos recaigan parte de las investigaciones de la CPI.
CPl y organismos internacionales siguen siendo una posibilidad de justicia
Aunque las violaciones de DDHH y las acciones de gobiernos han llegado en reiteradas ocasiones a la Corte Penal Internacional, CPI, y sobre ex mandatarios colombianos pesarían investigaciones como en el caso de Álvaro Uribe, señalado por los delitos conocidos como los «falsos positivos», las decisiones de ese organismo se han tardado varios años, lo que hace que este tipo de denuncias adquieran también un carácter simbólico.
Diversos analistas señalan que aunque las decisiones de ese tribunal sean demoradas en exceso y en algunas ocasiones pueden pasar años sin que se llegue a el primer paso que es la apertura de una investigación formal, es necesario seguir acudiendo a estos organismos como una manera de validar su accionar y actuar en concordancia con los tratados internacionales suscritos por el país.
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