La violencia sexual contra mujeres por parte de la fuerza pública no es nuevo.
Camila Cardoso
La violencia sexual contra mujeres por parte de la fuerza pública no es nuevo. Ocurrió en las dictaduras latinoamericanas, en el estallido social en Chile, en los distintos conflictos armados y ocurre cada vez que las mujeres se salen de ese lugar que la sociedad, todavía patriarcal, tiene reservado para ellas. Ahora está sucediendo en Colombia.
En el marco del actual paro nacional en Colombia, la ONG Temblores ha registrado, entre el 28 de abril y el 18 de mayo, 27 denuncias de hechos de violencia sexual y de género cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública.
La organización consignó en un comunicado que según la información que han recopilado en los últimos cuatro años, la sistematicidad en "la transgresión de algunos cuerpos (por parte de la fuerza pública, en el marco de protestas), en especial de los cuerpos femeninos y feminizados ha pasado a ser una política de represión y corrección estatal".
"A las mujeres se las castiga de manera adicional, porque además para los policías están incumpliendo ese rol femenino (que les impone la sociedad), se sienten más agredidos ellos mismos en su masculinidad que frente a los hombres", dijo en diálogo con Sputnik la directora de la Red Nacional de Mujeres de Colombia, Beatriz Quintero García.
En ese sentido, agregó que no es lo mismo cuando un chico le tira una piedra o insulta a un policía que cuando lo hace una chica, "porque la mujer [para ellos] no tiene derecho a estar ahí y se la agrede de otra manera".
Además, explicó que en Colombia las prácticas machistas todavía están muy naturalizadas, y por ejemplo, parte de la sociedad considera al acoso callejero como un juego y no como una agresión.
"[Entonces] cuando un policía detiene a una mujer se le sale todo su machismo, y actúa de esa manera, porque siente que no somos iguales a ellos, que nos puede tocar, que el derecho humano nuestro es inferior al del hombre; creo que todo eso está ahí metido", añadió.
Así, además de la represión general a la que están sometidas como el resto de los manifestantes, existe un doble castigo contra las mujeres que se movilizan, en el que se usan sus cuerpos como territorio para ejercer la autoridad y son entendidos como objetos que se pueden poseer.
Quintero recordó a su vez que para ellas, en un país que tuvo un conflicto armado, es sabido que en todas las situaciones límite en las que a las mujeres las asesinan, las desplazan, etcétera, "antes hay violación".
"No estamos acostumbradas ni queremos acostumbrarnos, pero sabemos que cuando hay una disminución de los derecho humanos, a las mujeres les pasa algo adicional, que es que las agreden por ser mujeres", afirmó.
La activista aseguró que la única forma de empezar a trabajar en transformaciones culturales es haciendo reformas que ayuden a que esos cambios "vayan calando en la sociedad hasta (llegar) a la policía".
Según la información de Temblores, en 20 de los 27 casos de violencia sexual denunciados en las protestas en curso, las víctimas fueron mujeres, y todos los hechos ocurrieron en lugares cerrados y de propiedad de la Fuerza Pública, como los Comandos de Atención Inmediata (CAI), las Unidades de Reacción Inmediata (URI), las estaciones y los vehículos de la policía.
También destacan que los hechos de violencia sexual y de género se realizan en grupo o en presencia de otros agentes, "lo que demuestra la complicidad del cuerpo uniformado frente a estos (casos)".
Agenda feminista
Por otro lado, Quintero destacó la presencia juvenil y de chicas en las movilizaciones actuales, aunque recordó que la agenda de reclamos no incluía, y no incluye todavía, una agenda feminista.
"La agenda feminista no estaba en la agenda del paro, y todavía no (lo) está, a pesar de que llevábamos todo el año discutiendo con el comité del paro para incluir esa agenda", dijo.
La activista recordó que el paro estaba programado desde hacía tiempo por todas las desigualdades históricas en el país, pero "la pandemia durmió todo eso y ahora volvió a despertarse con la disculpa de la reforma tributaria como excusa", como la gota que derramó el vaso.
La red feminista plantea que la negociación tiene que ser más amplia que la que plantean los sindicalistas y que debe incluir a los movimientos de mujeres para que formen parte de la mesa de negociación, de la discusión general, "y no como una mesa alterna para resolver el problema de las mujeres".
"Se ha logrado poner punticos (en la agenda general), pero aun no es algo integral; como feministas necesitamos incluir en la agenda asuntos que de verdad se comprometan con la eliminación de las desigualdades y la exclusiones", añadió.
Asimismo, Quintero considera que la representación tiene que ser lo más amplia posible con mujeres, jóvenes, indígenas, "para que de verdad una movilización tan grande, que se ha cobrado vidas, no se quede en una negociación sencilla de un 5% en un aumento de salario (…) sino que de verdad modifique" y se avance "en una agenda más democrática".
El movimiento feminista ha presentado un documento de propuestas a ser tenidas en cuenta.
El reclamo inmediato es desmilitarizar la protesta social, una reforma policial y justicia por las graves violaciones a los derechos humanos de parte la fuerza pública.
Luego presentan propuestas generales de políticas económicas y sociales "para enfrentar las profundas desigualdades que existen en el país, con particular énfasis en la desigualdad de género".
Entre ellas figura la puesta en marcha de un plan de emergencia que afronte los efectos del empobrecimiento de la población, en particular de las mujeres afectadas desproporcionadamente por la pandemia, y de un Sistema Nacional de Cuidado, "en el que el cuidado sea un derecho, se transforme la división sexual del trabajo y se eliminen las grandes brechas del uso del tiempo".
La Red Nacional de Mujeres de Colombia surge después de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y nuclea a independientes y organizaciones sociales en base a cuatro ejes temáticos: participación política, violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, y construcción de paz.
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