SOLIDARIDAD MUNDIAL CON EL PUEBLO COLOMBIANO Y CONTRA LA VIOLENCIA POLICIAL

Agroecología política; Anticapitalismos y sociabilidades emergentes; Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global; Autonomías, territorios y memoria: geopolíticas en disputa; Cuerpos, territorios y feminismos; Ecología(s) política(s) desde el Sur/Abya-Yala; Educación popular y pedagogías críticas; Educación y vida en común; Energía y desarrollo sustentable; Estados en disputa; Estudios críticos del desarrollo rural; Feminismos, resistencias y emancipación; Fronteras: movilidades, identidades y comercios; Fronteras, regionalización y globalización; Infancias y juventudes; Luchas antipatriarcales, familias, géneros, diversidades y ciudadanía; Memorias colectivas y prácticas de resistencia; Migración Sur-Sur; Pensamiento geográfico crítico latinoamericano; Prácticas emancipatorias y metodologías descolonizadoras transformadoras; Pueblos indígenas y proyectos extractivos; Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos; Red de género, feminismos y memorias de América Latina y el Caribe; Territorialidades en disputa y r-existencias; Trabajadorxs y re-producción de la vida; Vigilantismo y violencia colectiva; Violencias, políticas de seguridad y resistencias

El actual gobierno colombiano, en cabeza del presidente Iván Duque, ha llevado a Colombia a una situación de caos generalizado en la cual el Ejército y la Policía Nacional han hecho uso excesivo de la fuerza para reprimir el levantamiento popular y ciudadano en contra de una serie de medidas económicas que continuarán precarizando a las clases medias y bajas del país. Esto en medio de una grave recesión económica profundizada por la pandemia del covid-19, aunado a un deterioro de las garantías en la implementación del proceso de paz, y de un aumento significativo en el asesinato de excombatientes, líderes sociales, ambientales y de integrantes de base de las organizaciones sociales[1] y de comunidades indígenas y afrocolombianas (Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, 2020).

El 28 de abril pasado, lxs colombianxs salieron a las calles a pedirle al gobierno que retirara las reformas tributarias y de salud. El gobierno respondió con la militarización de las principales ciudades del país, como Cali, Medellín, Bogotá y Pasto, mediante el despliegue del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional a lo largo y ancho del territorio nacional. El ESMAD asesinó, golpeó, disparó a los ojos (especialmente a jóvenes manifestantes mujeres), y agredió sexualmente a algunas de las personas que se manifestaban en las calles. También se han documentado detenciones arbitrarias y torturas. El día 03 de mayo, fue uno de los días más sangrientos en el sector Siloé, barrio popular de la ciudad Cali, donde se desató una batalla campal entre agentes de la Policía y manifestantes que se encontraban realizando un acto pacífico honrando la memoria de las víctimas[2]. Este sector está compuesto en su mayoría por población negra que ha sido sistemáticamente discriminada, excluida y estigmatizada.

Con el pasar de los días hemos visto un grave escalamiento de la violencia. El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (al 5 de mayo de 2021) reporta 31 personas asesinadas (en su mayoría jóvenes), 22 víctimas de agresiones oculares, 1220 heridos, 9 casos de violencia sexual, 87 desaparecidos, 200 agresiones por parte de la policia[3]. Sin embargo, no se tiene certeza de los números exactos de las víctimas, ya que otros informes señalan una cantidad mayor. Frente a ello, el gobierno nacional ha reaccionado de manera ambigua e hipócrita: por un lado, ha llamado a un diálogo nacional, y por otro, no sólo ha continuado desplegando a la fuerza pública en contra de quienes siguen manifestándose -que muestra un ensañamiento feroz-, sino que, además, ha fijado recompensas para quienes denuncien a quienes incurran en “actos vandálicos”. Esta última medida fomenta la cultura de violencia heredada de las lesivas tácticas de persecución al narcotráfico y hace poco para desescalar la violencia y abrir espacios de diálogo en los que las demandas ciudadanas sean escuchadas y tomadas en serio. Todo ello reproduce la criminalización y estigmatización de las expresiones de las juventudes que hacen parte de los sectores excluidos de la sociedad colombiana.

En el marco de un Estado Social de Derecho, la protesta social forma parte del ejercicio de la democracia, es un derecho reconocido y protegido por las normas y estándares internacionales, y los Estados tienen el deber de actuar sobre la base de la licitud de las protestas y manifestaciones públicas, así como investigar y sancionar cualquier uso desmedido de la fuerza. Es imprescindible que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los principios tranversales de los derechos humanos: universalidad, igualdad y no discriminación; acceso a mecanismos de garantía; acceso y producción de información, y derecho a la participación.

En Colombia, en cambio, lo que hemos visto durante los últimos años es el cercenamiento de los principios democráticos y del Estado Social de Derecho, como consecuencia de violaciones sistemáticas a los DDHH, ejecuciones extra-judiciales, el incumplimiento del proceso de paz por parte del gobierno de Duque, así como asesinatos de líderes sociales y ambientales, ex-combatientes de las guerrillas y defensores de DDHH. Todo ello pone en evidencia la degradada calidad del proceso institucional colombiano.

En lugar de responder a los reclamos sociales con represión, el gobierno de Colombia debe escuchar a lxs ciudadanxs y promover reformas sociales para el bienestar de lxs colombianxs. Se trata de una necesidad apremiante, más aún cuando se tiene en cuenta que la pobreza en el país aumentó 6.8% en el último año, llegando a total de 42,5 % en el año 2020; y pasó de tener 17,4 a 21 millones de personas en situación de pobreza monetaria (DANE, 2021), sin contar las realidades de la desigualdad social y el hambre en los territorios del país que no se registran en las cifras oficiales.

Condenamos de manera absoluta las violaciones a los derechos humanos por parte de la policía y el ejército colombiano y la represión violenta a la ciudadanía.

Nos solidarizamos con lxs colombianxs que han decidido expresar su desacuerdo con el régimen político y que reclaman a gritos una sociedad más justa y equitativa. Nos solidarizamos también con todxs quienes han perdido a sus familiares a manos de las fuerzas del Estado y con quienes están en búsqueda de desaparecidxs y demandamos el apoyo de las instituciones de justicia internacional para una exhaustiva investigación y castigo de lxs responsables y ejecutores de estos actos represivos.

En estas circunstancias todxs lxs latinoamericanxs nos sentimos hermanadxs con el pueblo colombiano y unimos nuestras voces para exigir justicia y respeto por la dignidad humana.

7 de Mayo 2021

Grupos de Trabajo CLACSO

Agroecología política

Anticapitalismos y sociabilidades emergentes

Antiimperialismo: perspectivas transnacionales en el sur global

Autonomías, territorios y memoria: geopolíticas en disputa

Cuerpos, territorios y feminismos

Ecología(s) política(s) desde el Sur/Abya-Yala

Educación popular y pedagogías críticas

Educación y vida en común

Energía y desarrollo sustentable

Estados en disputa

Estudios críticos del desarrollo rural

Feminismos, resistencias y emancipación

Fronteras: movilidades, identidades y comercios

Fronteras, regionalización y globalización

Infancias y juventudes

Luchas antipatriarcales, familias, géneros, diversidades y ciudadanía

Memorias colectivas y prácticas de resistencia

Migración Sur-Sur

Pensamiento geográfico crítico latinoamericano

Prácticas emancipatorias y metodologías descolonizadoras transformadoras

Pueblos indígenas y proyectos extractivos

Pueblos indígenas, autonomías y derechos colectivos

Red de género, feminismos y memorias de América Latina y el Caribe

Territorialidades en disputa y r-existencias

Trabajadorxs y re-producción de la vida

Vigilantismo y violencia colectiva

Violencias, políticas de seguridad y resistencias

[1] https://coeuropa.org.co/el-quiebre-de-la-paz-y-el-estado-de-derecho-la-politica-de-defensa-y-seguridad-del-gobierno-duque-profundizar-el-modelo-de-despojo-de-los-bienes-comunes/

[2] https://www.elespectador.com/noticias/judicial/lo-que-paso-anoche-en-siloe-cali-fue-una-matanza-lider-social/

[3] http://www.indepaz.org.co/cifras-de-violencia-policial-en-el-paro-nacional/

Las protestas se mantuvieron vivas el miércoles al grito de "No más violencia". En ocho días van 37 asesinados, según Organización Temblores.

La respuesta represiva militar y policial por parte del Estado colombiano a las masivas protestas populares desde hace más de una semana han provocado el rechazo mundial, expresado en pronunciamientos de organizaciones y personalidades de países de América Latina, el Caribe, Norteamérica y Europa.

Desde Francia, Chile, Costa Rica, Uruguay, Cuba, España, Australia, Alemania y Reino Unido rechazaron la represión contra el paro nacional en Colombia, el cual transita este jueves por su décima jornada.

Instituciones de esas y otras latitudes se sumaron a las críticas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea a las medidas extremas ante las protestas contra una reforma tributaria en definitiva retirada.

La víspera, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) condenó, a través de un comunicado, los hechos violentos por parte del Estado colombiano desde el 28 de abril.

El bloque integracionista expresó su preocupación por las víctimas de detenciones, desapariciones, abuso sexual y la muerte de 37 personas según la Organización Temblores, de las cuales solo 11 son reconocidas por la Fiscalía local.

De igual manera, la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA-TCP se pronunció en idénticos términos y llamó a la solidaridad internacional frente a la respuesta violenta del gobierno de Iván Duque, el cual optó por la militarización del país.

Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana expresó solidaridad con esa lucha contra impopulares reformas y la violación de los derechos humanos. Lo propio hizo la Oficina para América y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, la cual repudió los actos represivos.

Entre las personalidades internacionales, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de Cuba, Ana María Mari, cuestionó la violencia contra el pueblo colombiano, movilizado por sus derechos.

De igual forma, senadores de Estados Unidos como el demócrata Jim McGovern censuraron "la brutal respuesta a las manifestaciones pacíficas", mientras otro demócrata, Gregory Meeks, pidió al Presidente colombiano "moderar la respuesta".

Entretanto, el ministro portavoz del gobierno de Chile (otro Estado señalado por similares conductas), Jaime Bellolio, declaró que "la violación de los derechos humanos debe ser perseguida sin matices", al referirse a los referidos acontecimientos.

Al mismo tiempo, colombianos residentes en España, Australia, Alemania y Reino Unido se movilizaron para apoyar las demandas populares y pedir que cese la violencia.

La respuesta castrense asume una particular violencia, mediante actos represivos que aumentaron desde el inicio del Paro Nacional el 28 de abril contra la reforma tributaria, la reforma pensional y la reforma de salud, así como otras medidas antipopulares.

Las protestas crecieron en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, donde ocuparon avenidas principales y paralizaron el tráfico, mientras el boicot de los choferes de vehículos públicos interrumpió la transportación.

"No más impuestos", "Salud y educación" y "Nos están matando a punta de hambre", rezaban algunos de los carteles mostrados por los manifestantes.

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TagsColombia represión solidaridad ALBA-TCP Paro Nacional Protesta social

 teleSUR - drl - JDO

Las concentraciones se realizaron en las sedes diplomáticas en Panamá, México, Argentina y Chile, donde la convocatoria fue disuelta por Carabineros.

Grupos de personas en varios países de la región salieron a las calles a expresar su respaldo a las protestas en Colombia y a pedir el cese de los abusos policiales contra los manifestantes.

El miércoles, hubo concentraciones en algunas sedes diplomáticas de países como Argentina, Chile, Canadá y Panamá, mientras que en Colombia se llevaba a cabo el octavo día de movilizaciones, que comenzaron en rechazo al proyecto de reforma tributaria del presidente Iván Duque pero que han ido incluyendo demandas económicas, sanitarias y sociales.

En medio de las denuncias de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales sobre el "uso excesivo de la fuerza" para contener a los manifestantes, varios colectivos y grupos en otros países han manifestado su rechazo.

Una de las voces que se ha alzado fuera de Colombia en contra del abuso policial pertenece a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, que en un comunicado exhortó a los organismos de derechos humanos y a los gobiernos del mundo a "tomar acciones urgentes para frenar la masacre a nuestros hermanos".

Hasta ahora, la Defensoría del pueblo maneja el registro de 24 muertos, 800 heridos y 89 desaparecidos, mientras que las organizaciones sociales elevan el número de fallecidos a 31.

En Santiago de Chile se llevó a cabo una movilización en apoyo a los manifestantes colombianos y en contra el Gobierno de Iván Duque y la represión policial. Esta protesta culminó con la acción de Carabineros.

Inicialmente, la concentración pacífica se congregó en el Consulado de Colombia en Chile, en la avenida Andrés Bello de la capital de ese país. Posteriormente, se desplazó a la Biblioteca Municipal, a menos de 500 metros, donde se hizo un velatón por los fallecidos en las protestas.

Sin embargo, personas ajenas a la convocatoria levantaron barricas y obstaculizaron las vías por lo que las autoridades arremetieron contra todos los presentes y disolvieron la actividad.

Otra de estas concentraciones en la región ocurrió a las afueras de la Embajada colombiana en Panamá, donde varios asistentes expresaron consignas a favor del respeto a la vida y el derecho a la protesta.

Otro plantón de este tipo se realizó en las cercanías de la Embajada y el Consulado de Colombia en Ciudad de México, donde se exhibieron carteles con la consigna "Nos están matando".

Las acciones de respaldo a Colombia también llegaron a las inmediaciones de la sede diplomática de ese país en Buenos Aires, donde se hizo una actividad en la que los participantes exhibían pancartas con lemas como "Fuera Duque" y "Basta de represión".

Una convocatoria del mismo tipo tuvo lugar en la Embajada de Colombia en Quebec (Canadá), en el norte del continente, donde los manifestantes expresaron: "Estamos lejos pero no ausentes".

Bajo los hashtag #SOSColombia y #NosEstánMatando, el llamamiento en Madrid es a las 19.30 horas. En A Coruña se han convocado dos marchas en la Plaza de María Pita.

MADRID0

Las protestas en Colombia contra el Gobierno continúan por octavo día consecutivo. En España, se han convocado concentraciones este jueves en Madrid y A Coruña en apoyo al pueblo colombiano y contra la violencia policial.

Bajo los hashtag #SOSColombia y #NosEstánMatando, se convoca en Madrid a las 19.30 horas en la puerta del Parque del Retiro que se encuentra frente a la Puerta de Alcalá.

En A Coruña se han convocado dos marchas en la Plaza de María Pita. La primera concentración se realizará a las 16.00 horas, mientras que el segundo llamamiento tendrá lugar a las 19.30 horas en dicha plaza.