La medida de prisión contra la ex dictadora y su entorno ha llevado a la activación sediciosa de los llamados Comités Cívicos de la parte oriental y separatista del país
Ángel Guerra Cabrera
La investigación abierta y prisión preventiva contra Jeanine Áñez, ex presidenta de facto de Bolivia –ex dictadora para mayor exactitud–, y dos ex integrantes de su gabinete, acusados de sedición, conspiración y terrorismo por los hechos que condujeron al golpe de Estado en 2019 contra el presidente Evo Morales, marca un hito fundamental en el restablecimiento del régimen constitucional y de la justicia en ese país. Habría que añadir el efecto ejemplarizante que el hecho tiene para América Latina y el Caribe, donde la impunidad ha sido la regla para los autores de las innumerables rupturas del orden democrático, incluyendo las más recientes contra presidentes de la ola progresista iniciada tras la elección de Hugo Chávez en 1998. Conviene recordar que Áñez se proclamó presidenta del Senado y más tarde presidenta de Bolivia en una sesión en la que sólo había nueve senadores y estaba ausente la mayoritaria bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Eso sí, recibió la banda presidencial de manos del jefe de las fuerzas armadas.
La fiscalía también emitió órdenes de captura contra los ex ministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Interior) y Fernando López (Defensa) y ex jefes militares y policiales. Entre los militares destacan el general Williams Kaliman, jefe de las fuerzas armadas que desencadenó el golpe al pedir la renuncia de Morales, y su sucesor Carlos Orellana, el primero residente actual en Estados Unidos y el segundo en Colombia. Murillo y López se ausentaron del país después de la arrolladora victoria electoral en noviembre de 2020 de los candidatos masistas a presidente y vicepresidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca.
Está también comprendido en esta investigación el recién electo gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los protagonistas fundamentales del golpe, aunque todavía la fiscalía no ha ordenado su captura. Existen más responsables del atentado al orden constitucional, dentro y fuera de Bolivia, unos visibles en extremo, como el secretario general de la fétida Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro; otros más encubiertos, como los oficiales de la CIA participantes en la operación, en estrecha unión con sus colegas británicos.
El portal inglés Declassified UK, dedicado a asuntos de política exterior e inteligencia, revela, citando documentos del Foreign Office, que la embajada británica en La Paz se movió rápidamente para apoyar el régimen golpista con los ojos puestos en los yacimientos bolivianos de litio, los mayores del planeta.
El golpe de Estado comenzó a prepararse con mucha antelación, cuando los medios hegemónicos locales e internacionales, destacadamente CNN y El País, comenzaron a vaticinar con derroche de mendacidad que La Paz preparaba un gran fraude electoral, noción que desgraciadamente caló en la cabeza de muchos dentro y fuera de Bolivia. Sobre esta matriz de opinión se montaron las acciones de Almagro, imprescindibles para precipitar y consumar el golpe, de modo que el uruguayo puede ser considerado tan responsable como Áñez de la muerte de 36 personas en las masacres de Sacaba y Senkata y otros hechos de sangre, como de los 100 heridos y mil 500 presos políticos resultantes de la inmisericorde cacería de demócratas desatada por la dictadura añecista. La cancillería boliviana, que analiza llevar a Almagro a juicio, ha expresado: El señor Almagro no tiene la autoridad moral ni ética para referirse a Bolivia después del daño profundo que hizo al pueblo boliviano. Sus acciones costaron vidas y debe rendir cuentas.
No ha de extrañar por eso el cínico cuestionamiento del turbio personaje a la posibilidad de un juicio justo en Bolivia para los personeros de la dictadura, actitud con la que una vez más se extralimita en sus funciones e irrespeta la soberanía boliviana. La secretaría general debe atender la naturaleza colegiada de su mandato y abstenerse de confrontarse con un gobierno electo democráticamente como es el boliviano, fustigó la cancillería mexicana.
La medida de prisión contra la ex dictadora y su entorno ha llevado a la activación sediciosa de los llamados Comités Cívicos de la parte oriental y separatista del país, nido de las corrientes más reaccionarias, proimperialistas y antibolivianas, tras los cuales se parapetan los partidos de extrema derecha y derecha. Siempre partidarios del golpismo, estos grupos oligárquicos no pueden aceptar que sean llevados a juicio sus pares del gobierno de facto, por aquello de cuando veas las barbas de tu vecino arder… No cabe duda del liderazgo de Camacho entre ellos, sujeto fascistoide que no tardará en buscar un choque con el gobierno del presidente Arce. El juicio contra Áñez se inserta centralmente en la disputa por nuestra región entre las fuerzas neoliberales, antidemocráticas por definición, y las progresistas, democráticas por vocación.
Twitter: @aguerraguerra
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