Juridización de la política y
camino de la dictadura civil en Colombia
Colombia no ha podido superar la trampa mortal de la guerra social, lanzada por la república señorial y su metamorfosis, con la que se desangra a los grupos y clases subalternas, y a sus dirigencias circunstanciales por más de 50 año. De nuevo, ahora, durante el posconflicto, de manera bestial.
Miguel Ángel Herrera Zgaib, PhD.
“La traición y la venganza son el punto límite de la mafia…
Los diálogos ha sido el hueso más duro de roer. Sufro con los diálogos”.
León Valencia, a propósito de La sombra del presidente, ET, 15/9/2020, p. 2.1.
Entre cercados judiciales y mafias
En la entrevista que le hace el diario El Tiempo a León Valencia, le preguntan por el personaje central de su segunda novela, La sombra del presidente, no la del caudillo, porque ya existe otra novela nacida de la revolución mexicana, y no de la reacción política, como ésta, después de un largo silencio al escribir El pucho de la vida. En plata blanca, si el expresidente Echeverri es una impersonación libre del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Contrasta, en buena parte, la prosa militante de León con otra literatura, la de recién premiada nobel de literatura, la poeta estadounidense Louise Glück. Aunque ambos compartan, guardadas las distancias, ciertos efluvios estéticos románticos en medio de esta implacable pandemia. Valencia reconoce que en su juventud leyó a Víctor Hugo y Alejandro Dumas.
El personaje invocado o evocado, podría ser quien por estas calendas decidió entregar como carta de triunfo “pírrico” su investidura de senador, para de manera rápida salir del encierro judicial preventivo que sufrió por cuenta de la sala de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia, y quedar, en cambio, a buen resguardo, como en un juego de monopolio, en la casa de la Fiscalía General cuyo ocupante, Francisco Barbosa, debe dicho puesto al Centro Democrático.
Este era el más sonado episodio de la jurisdicción ordinaria colombiana hasta la semana pasada; y probablemente se cerrará parcialmente por la lucida jueza 30 de garantías, este sábado. Luego de una pugna de horas entre juristas y litigantes, que nunca llegó a la grosería de plaza de mercado, exhibida por los candidatos Trump y Biden. Aunque estén, por casualidad, cerca de Paloquemao, en el contexto una nación donde la justicia está más “quebrada” que un bulto de canela.
Como un tahúr de la política, y emulando con su sucesor, quien se enorgullecía de jugar bien al póker, Uribe Vélez se “echó pa’atrás”, y delante de todo el mundo, como los candidatos presidenciales del norte, cambió de procedimiento para que le otorguen la libertad pedida con “legalidad”, donde el exsenador encarcelado de mentiritas en su más querido emporio, el Ubérrimo, está que trina.
Prueba fehaciente, a contramano de lo que mañana (hoy) decida la jueza 30, que sí requiere reclusión para que no influya en quienes serán sus jueces, porque no cesó de opinar y pontificar como si fuese un senador en la campaña para ser reelecto.
Él también vuelve y juega la martirizada tierra de Córdoba, a dónde pronto llegarán Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, descentrando en forma circunstancial el protagonismo de la capital del país. Se extiende una vez más la hora de los señores de la tierra, los chalanes, los mafiosos, y la insurgencia subalterna.
Todos crecidos en el feraz y mal explotado campo colombiano, donde nunca prosperó una reforma agraria, y, en cambio, sí, muchas contrarreformas hasta hoy en día. Es el infausto recuerdo que tiene un tratamiento novelado y ficcional en la obra literaria de un analista de la política colombiana, que en su vida moza fuera guerrillero.
Exfiscales miden el terreno
“La previsión del acuerdo de paz, hoy norma constitucional, engendra un verdadero galimatías. Porque, aunque la JEP deba desprenderse de las informaciones que obtenga de quien haya ejercido la presidencia…nada podrá hacer en relación con hechos cometidos por expresidentes por fuera de su mandato…Esto es así porque no se modificó el art. 174 de la Constitución, estableciendo un fuero personal…”
Néstor Humberto Martínez, exfiscal general de la Nación, ET, 1/9/2020, p. 1.14.
En el trámite de esta causa anti heroica, la libertad provisional de Uribe Vélez ¿cómo no?, por cambio de ley de juzgamiento, existe también un duelo de exfiscales, Martínez y Montealegre. En medio del “barullo”, estos quieren emular con la senda, esa sí trágica, no farsesca, recorrida por Robert F. Kennedy en un tiempo de severa crisis social, política y moral en los Estados Unidos, como vuelve acontecer ante los ojos de un mundo atónito y aterido por la amenaza de muerte viral.
Para entonces, en plena campaña presidencial fue asesinado por Sirhan Bichara Sirhan, quien adujo ser un militante de la causa palestina, ofendido por el sempiterno favorecimiento del establecimiento bipartidista estadounidense al gobierno de Israel el 5 de junio de 1968.
Bueno, Martínez Neira, desde septiembre de este año rompió “las fuentes”, y renació en un escrito especial. Para preparar el terreno de la “absolución” del expresidente, quien es sindicado de los magistrados instructores de la CSJ, por dos actuaciones criminales. Estas en últimas tienen que ver con masacres como El Aro, perpetradas durante su gobernación de Antioquia. A la que se refirió Néstor Humberto en su escrito de página completa publicado como un especial de El Tiempo.
La intención de este obsecuente abogado de las transnacionales y los grandes contratistas de obras civiles, con sedes en Colombia y el extranjero, es prevenir la investigación y el juzgamiento del expresidente por parte de la JEP. Quiere desde ya sentar dizque como verdad la supuesta competencia exclusiva y excluyente de la Fiscalía, para obtener así, para su potencial promotor presidencial el carro completo.
El caballo de Troya del vástago del maestro Salustiano Tapias practica el humor negro, cuando insiste en el artículo 174, y mete en el juego a la Cámara de representantes, y al exministro Cristo, y cómo afecta a la justicia transicional aplicable o no, como es lo que quiere Martínez Neira, defender a capa y espada. A toda costa quiere sacar a Uribe Vélez de la competencia de la JEP y dejarla en las mullidas sillas de la Fiscalía.
Otro es el pensado y dicho de la pareja Montealegre/Perdomo quienes realizaron su esgrima “justiciero”, declarándose y siendo reconocidas como víctimas de las actuaciones del exgobernador y exsenador de marras. Por más de 30 horas dieron, según la audiencia que los escuchó, cátedra, preñada de mucha academia.
Pero, en verdad, se trata de ensayar los argumentos frente a la justicia ordinaria incoada, y las inmediatas pretensiones de los litigantes que hacen parte de la cuerda bien pagada del abogado Granados, a cuyo coro se sumaron también los representantes del ministerio público y la fiscalía. ¿Qué más se quiere? Ni más ni menos, que invalidar todo el caudal probatorio allegado por la Corte Suprema de Justicia.
“Semana” y la libertad de prensa
“Todo comenzó cinco meses atrás. Yo era el comandante de la policía en Yarumal, Antioquia. Los paramilitares tomaban cada vez más fuerza en Córdoba y Antioquia, y en el pueblo que me habían asignado operaba un grupo conocido como de “limpieza” que tenía protectores del más alto nivel”.
Juan Carlos Meneses, en El clan de los doce apóstoles, I, p. 17.
Entre los años 50 y 60, un brillante intelectual y activista político francés, Guy Debord, animador y teórico del movimiento Situacionista, fue la figura tutelar, en parte entre bambalinas, de las explosiones de participación que hicieron célebre a mayo/junio del 68 en Francia, con sus repercusiones y sinergias en el resto del mundo.
Debord escribía desde esa época, rica en participación y demandas de autonomía de los subalternos, acerca de la que llamó Sociedad del Espectáculo. Es la que tenemos delante de nuestros ojos bajo la égida neoliberal. Así que en ella los medios son pieza fundamental.
Estos son fabricantes del consenso, para reforzar o modificar el sentido común dominante. Tal y como lo estudió y documentó la pareja Chomsky/Hermann, en su best seller, ilustrándolo con el modo como el diario NY Times cubrió la guerra civil en El Salvador.
En Colombia, en este tiempo de redes sociales, y comunicación virtual, Vicky Dávila, galardonada ahora por los Gilinski, luego de darle publicidad al abogado de los bajos fondos, Diego Cadena, quien se encuentra también privado provisionalmente de su libertad, por los mismos delitos que se sindica a su patrón, el exsenador Uribe, señalaron a la radio audiencia, tuiteros y whatsaperos que tenían subida y a su disposición toda la diligencia adelantada por el magistrado César Reyes con el abogado Cadena.
Esta liberalidad de la periodista fue objeto de tutela ante un juez, que la falló en contra de los periodistas de Semana, acusados de violar el secreto sumarial, y afectar la intimidad de terceros, entre otros argumentos.
Este proveído ha movido a la propia periodista, que tendrá que ir a diligencia ante la Fiscalía, a recordar, es lo que dice, con sintonía favorable del nuevo presidente de la Flip, que no se puede intimidar la labor del periodismo local, y mucho menos pretender que éste revele sus fuentes.
¿A quién afectan estas maniobras? Sin duda a la credibilidad del testigo Monsalve, y a su compañera, quienes han sido objeto de todo tipo de presiones con miras a lograr que Monsalve, que se enfrentó hasta con su padre Oscar, el mayordomo de la finca de los Uribe, siendo un exparamilitar, quien ha delatado las acciones criminales de los 12 apóstoles, entre quienes al que se sindica como cabecilla es Santiago Uribe, y cuyo nombre obedece a que hasta un sacerdote había en esta mafia que ordenó, propició masacres y asesinatos a granel.
Al respecto existe el libro publicado por la periodista Olga Behar, quien en los años 80 escribía sobre la paz, y luego a pasos agigantados empezó a escribir sobre la guerra social colombiana, y sus últimos episodios, en conversación con el mayor de la policía, Juan Carlos Meneses, testigo protegido, publicado con el título El clan de los doce apóstoles por la editorial Icono en 2011.
Juridización y Dictadura Civil a la vista
Colombia no ha podido superar la trampa mortal de la guerra social, lanzada por la república señorial y su metamorfosis, con la que se desangra a los grupos y clases subalternas, y a sus dirigencias circunstanciales por más de 50 año. De nuevo, ahora, durante el posconflicto, de manera bestial.
A ella es a la que nos referimos en las investigaciones de presidencialismo y participación, el grupo que oriento desde finales del año 1999. En nuestros trabajos sucesivos, y, en particular, un libro colectivo El 28 de mayo y el presidencialismo de excepción, advertimos cómo, para los años 2006/7 era ya innegable el degeneramiento del neopresidencialismo de la Constitución de 1991, que quiso ser portaestandarte de paz. Se alumbraba con los pactos de Ralito y otros más el fenómeno del régimen parapresidencial, cuya “usina” había sido el laboratorio del departamento de Antioquia bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su secretario de gobierno.
Todo esto, es decir, el auge legal del paramilitarismo y las guardia blancas, contrarias a los procesos de revolución democrática interrumpidos desde 1947/48, se había fabricado legalmente desde la misma presidencia de César Gaviria y su ministro de defensa (estudioso de las guerra de Colombia), dándole patente de corso a las Convivir, formas de justicia privada establecidas con pretexto de defensa de la vida, honra y bienes de los ciudadanos.
Estas se transformaron de manera abierta y subrepticia en las AUC que expandieron el virus de la parapolítica en círculos concéntricos a todo el país desde Antioquia y Córdoba, descentrando la violencia que en el 48, tuvo a las capitales andinas como su centro. Y hoy por hoy, con el regreso del Centro Democrático como gobierno que monopoliza casi todas las instituciones de la sociedad política.
Experimentamos ahora el tétrico espectáculo político de la reemergencia de la Dictadura civil que parecía haber quedado sepultada por la constitución de 1991, cuyo reformismo ha adquirido la impronta de una verdadera revolución pasivo al servicio del despliegue criminal de capitalismo político aupado y defendido por bandas armadas en todos los puntos cardinales de la república.
De ahí que sea alentador que la movilización democrática de las minorías étnicas, con los pueblos originarios a la cabeza que marchan hacia Cali, para encontrarse el domingo a la escucha de sus demandas con el presidente Duque; y por otra, la de los maestros de Fecode, quienes han llamado a un paro de 2 días, que comienza en la entrante semana.
Estas movilizaciones de las multitudes subalternas se juntan a los tres días que, contra la ignominia, de manera espontánea estremecieron a Bogotá, Soacha y ciertas capitales de Colombia, por el asesinato impune de un ciudadano, y 12 más. Las que ahora se quieren desdibujar y cubrir con el manto de la sospecha, señalando que se trató de una conspiración de 40 o más organizaciones subversivas, terroristas que orquestaron aquella protesta.
Y recuperan la ola de protesta que chocó con la alerta de muerte del virus corona, y en enero-marzo de este año empezó, en apariencia a languidecer. Pues, bien, de esta confluencia nace una nueva bocanada de aire fresco, poderosa, que ahora impulsa también al reclamo del papel protagónico de la JEP como garante judicial del proceso de paz con las Farc – EP.
Tal es la noticia de esta semana, cuando Carlos Antonio Lozada, se ha responsabilizado como miembro de la dirección de la exguerrilla de la muerte de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado a las puertas de la U. Sergio Arboleda, en la que se graduó el actual presidente, y de la que procede parte del personal intelectual que constituye su círculo más íntimo y con posiciones de gobierno.
Estos son los dos polos y fuerzas principales que se tensionan, y que tienen en el Congreso en parte sesionando virtual y presencialmente, una suerte de diapasón, donde se ajustan las cuerdas de dos bloques, el de la reacción que quiere continuar con la guerra social, bajo todo tipo de pretextos, y leguleyadas, mientras que se pasa por la faja, en la persona del mindefensa, los proveídos de un juez, y demanda libertad para su mentor intelectual y político:
El otro, es el bloque de la oposición democrática que no cede a los chantajes de la paz, y que levanta una agenda alternativa, que exige justicia y sanción contra los asesinatos perpetrados en las ciudades, y responsabilidad y respuesta efectiva contra las masacres. Entre estos se define el desenlace de la crisis de hegemonía, y a la vista está la disputa electoral por la presidencia del año 2022.
Pero hay un primer premio de montaña internacional, en este giro planetario. El que se resolverá en noviembre, con la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos de América, que es importante por ser la cabeza del orden imperial, con la presidencia monárquica que hace aguas, hundida por el autoritarismo fundamentalista de Trump, y los mortales embates de la pandemia.
El diapasón de la lucha social y política fija el tono de la partitura del cierre del año 2020, que tiene que parar a un monstruo de dos cabezas: la dictadura civil en la sociedad política, y la pararepública metamorfoseada en fascismo social enseñoreándose de campos y ciudadanos. La tarea política para transformar y fortalecer el nuevo sentido común es inmensa y titánica.
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Edición 703 – Semana del 10 al 16 de octubre de 2020
Fuente:
