LOS CAI, CENTROS DE DETENCIÓN Y TORTURA

María Fernanda Q. Alzate 

Uno de los camioneros contaría, años más tarde, que le ordenaron volcar los cuerpos en la bodega de un avión. «¿Dónde los llevan?», se animó a preguntar. «Van a la niebla de ninguna parte», le contestaron. Centro de Detención en Garaje Olimpo en Buenos Aires

Los centros de Comando de Acción Inmediata (CAI), responde a un sistema de seguridad, es la unidad policial con una jurisdicción menor, estratégicamente ubicada en los perímetros urbanos de los municipios, localidades o comunas. Previo a la Constitución Colombiana de 1991, los CAI se instalaron en 1987 bajo el gobierno presidencial de Virgilio Barco (1986- 1.990) sostenidos por organismo de Policía Secreta a través de la sección de inteligencia de la Sijin (Seccional de Investigación Judicial), siendo una seccional de la Dirección Central de Policía Judicial e Inteligencia dentro de la organización de la Policía Nacional de Colombia.[1]

A Javier Ordoñez, asesinado por agentes del CAI, los otros no serán seres invisibles

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Bajo el gobierno de Iván Duque, se identifica claramente a ciudadanos jóvenes, hombres y mujeres en estado de vulneración, bajo la reafirmación del poder del estado. Hombres sujetos de derechos, vulnerados en sus oficios, su localización, sus bienes, sus responsabilidades, ciudadanos inscritos como objetivo militar de un régimen autoritario y calculado. Esta dinámica del poder se refina en lo decretado en la ley 1801 del 29 de Julio 2016, sobre el ejercicio del poder, la función y la actividad de policía. Es un territorio-jurídico impuesto en el plano de la obediencia.

El gobierno aplica, mediante el modelo de control la seguridad y convivencia “la ley ejerciendo la autoridad, al mismo tiempo que se promueve la auto- regulación ciudadana y la cohesión social” Esta cohesión que no es más que un distractor para extender su hegemonía represora, establecida in -situ: los centros de Comando de Acción Inmediata (CAI),[2]

“No sean Monstruos”- Hermano de Javier Ordoñez 

Una población sujeto-objeto, afectada y vulnerada en términos de su humanidad, enfrenta una serie de dominios basados en dispositivos de seguridad; que se imponen como seguridad nacional impartida por el gobierno nacional, el cual demuestra claramente la territorialización de la violencia brutal. En otras palabras, en esa violencia de estado hay barrios-objetos y cuerpos invisibilizados para ser sometidos a la ignominia de un gobierno. En el barrio Santa Cecilia, localidad de Engativá, el estudiante de Derecho Javier Ordoñez de 42 años, fue brutalmente agredido el día 9 de septiembre, como lo demuestra la fiscalía le propiciaron una brutal paliza, implementado descargas eléctricas con tàser, detenido es torturado bajo procedimientos brutales: golpes en la cabeza, piernas, rostro y riñón, muere posteriormente como consecuencia del ataque brutal, realizado en el interior de un Comando de Acción Inmediata (CAI) de la Policía. La medida no es nueva, pero si es singular por el acontecimiento tan violento realizado con sevicia y de manera brutal hacia la persona de Javier Ordoñez. En estos términos existe un antes y un después de Javier Ordoñez por ello se convierte en una voz ciudadana, en rebeldía, multitud. En la fuerza eliminatoria hacia Javier, él no es un sujeto, significa un objeto para el poder, ante ello se desencadena la secuencia de hechos que se establecerían in situ-durante tres días en los Centros de Comando de Acción Inmediata -CAI en la ciudad de Bogotá: Detenciones, golpizas, torturas, violaciones sexuales, abuso sexual, vejámenes, muertes a ciudadanos. En esa medida, los CAI como instrumentos de Centros de Detención, Tortura y asesinatos, representan el tronco de la autoridad policial, mecanismo de un régimen que se constata mediante la territorialización de la violencia. En efecto, el programa de seguridad a través de los CAI, es la represión y la violencia estatal enfocada hacia espacios de poder, definidos para sectores urbanos vulnerables. En esta unidad siguiente de violaciones de derechos humanos cometidos en algunos Comandos de Acción Inmediata -CAI en diversas ciudades en Colombia:

Existe una demarcación política y reafirmada desde la aparición de la Pandemia por el COVID-19 y el confinamiento, se intensifica la violación a los derechos humanos por parte de agentes de la policía. Los CAI se extienden como fuerzas represivas estatales, los cuales se sustentan bajo un dispositivo de seguridad como política de estado.

– El Gobierno de Iván Duque y su Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo. No tienen ningún interés por esclarecer los acontecimientos y adoptar medidas de investigación sobre los hechos delictivos de los agentes de policía, ello en su modelo represor, están incrustados en la gran medusa que es la naturaleza del estado. El modelo operativo, inscribe una política bajo una noción jurídica llena de decreto y leyes, que resumen el poder. Ello ante la violación de derechos humanos y el desconocimiento de una población-sujeto evidencia la inacción de la Justicia. El Ministerio de Defensa Carlos Holmes Trujillo, enmarca el tema en investigaciones disciplinarias (44), abuso de autoridad (27), agresiones físicas (6) y provocación de la liberad (2), cifras en cabeza del ministro, como medida para banalizar la grave violación de derechos humanos que de manera sistemática se perfila desde el año 2005, inclusive antes. No es un tema de contabilizar, de armar un dispositivo de seguridad policial y militar a los centros urbanos. ¿Para el ministerio el tema de 242 graves violaciones realizados por agentes de la policía bajo la flagrante violación de derechos humanos, es un tema contable? .[3]

b. El Ministerio de Defensa Carlos Holmes Trujillo indica a Human Rights Watch, que la justicia penal militar estaba adelantando 32 investigaciones, incluyendo sobre la muerte de Dilan Cruz y 18 casos de lesiones de manera irrisoria, dado las graves violaciones que suman más de las 242 mencionadas por agentes de la policía. En efecto, conforme a las normas del derecho internacional y regional, los casos de violaciones de derechos humanos no deben ser juzgados por tribunales militares. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos. No es solo el carácter sancionatorio, es ir más allá del ordenamiento jurídico. Es la población que está inmersa en una gobernabilidad violenta, el cual que no se le reconoce históricamente como población-sujeto de derechos. La población puede constituirse, prolongarse y mantenerse ante ese correlato de mecanismo de poder, basándose en sujeto y objeto de derechos, es decir en el humanismo construido en su modo de vida y de los derechos que centra la población. En efecto, la población aparece bajo el arte de gobernar y es allí donde precisamente el gobierno de Duque no está incluido, pues es un estado fallido. Sus ejecuciones de gobernar basado en una centralización jurídica, un modelo expuesto a la defensa del gran capital, la implementación de dispositivos violentos y una dudosa elección presidencial, lo dejan fuera del alcance de una población que alza la voz, como lo contextualizaría el filósofo Walter Benjamín: el trayecto de voces ciudadanas, la multitud reclama un tiempo- presente, una historia distinta. [4]

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[1] https://www.eltiempo.com/colombia/cali/fiscalia-investiga-presunto-abuso-sexual-en-un-cai-del-sur-de-cali-486880

[2] file:///C:/Users/MAFER/Downloads/191220-Politica-Marco-Convivencia-Seguridad-Ciudadana.pdf

[3] Este dato es del informe: “Bolillo, Patria y Dios” de la ONG Temblores

[4] En la obra “PARIS. Capitalismo du XIX Siècle” Walter Benjamin delinea una crítica a la modernidad y la importancia histórica que será en el tiempo- presente en la voz de los ciudadanos.