DOSSIER
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PROTESTAS EN COLOMBIA
1. El Gobierno de Colombia evita disculparse por la represión de las Protestas de 2019
La Corte Suprema había instado a pedir perdón al ministro de Defensa, que opta por solicitar una revisión constitucional del fallo
Policías antidisturbios lanzan gases y caminan entre escombros tras las protestas del 21 de noviembre de 2019.CAMILO ROZO
SANTIAGO TORRADO
El Gobierno de Iván Duque en Colombia ha evitado este miércoles pedir excusas por los excesos policiales en la oleada de movilizaciones que sacudieron al país a finales del año pasado, como le instaba un fallo de la Corte Suprema de Justicia que también le ordenaba, entre otras medidas, no estigmatizar la protesta social. En su lugar, a través de su ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció que solicitará a la Corte Constitucional revisar la decisión del Supremo.
En el momento más bajo de la relación de confianza entre los ciudadanos y los uniformados por los recientes episodios de brutalidad policial, la Corte Suprema había optado la víspera por blindar las protestas pacíficas en un fallo sobre los excesos en el uso de la fuerza contra los manifestantes que muchos sectores consideraron histórico. El alto tribunal encontró que el Estado reprime de manera “sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada” las manifestaciones ciudadanas. También ordenó suspender el uso de las escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), como la que utilizaba el agente que asesinó durante una marcha pacífica a Dilan Cruz, un joven manifestante que se convirtió en símbolo de la brutalidad policial. E instó al jefe de la cartera de Defensa a pedir excusas en un plazo de 48 horas.
La respuesta del Ejecutivo, sin embargo, se encaminó en otra dirección. El Esmad “no incurre institucionalmente en excesos”, defendió Trujillo al leer un comunicado del Gobierno. En los casos en que se presentaron abusos a partir del 21 de noviembre en el marco del paro nacional convocado por sindicatos y organizaciones estudiantiles, “estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes”, que actualmente son objeto de investigaciones penales y disciplinarias de las autoridades competentes, añadió.
“La manifestación o protesta pública y pacífica de los ciudadanos está garantizada por la Constitución”, destacó Carlos Holmes Trujillo en su pronunciamiento. También describió y defendió los actuales protocolos de las fuerzas de seguridad, pero en ningún momento se refirió a algún tipo de pedido de perdón, o dijo acatar el fallo. “La actuación del Esmad se produce exclusivamente ante las acciones violentas e irracionales que constituyen delitos, atentan contra los derechos de las personas y no son manifestaciones pacíficas”, enfatizó. El Gobierno, añadió, “seguirá enfrentando al vandalismo y todas las formas de violencia y terrorismo, como es su obligación constitucional”.
Sus declaraciones estuvieron en línea con la defensa cerrada de la fuerza pública que ha emprendido el Ejecutivo en un momento particularmente crítico, y a pesar del clamor por una reforma de fondo. Hace dos semanas, la muerte de Javier Ordóñez bajo custodia policial en Bogotá detonó la ira ciudadana contra la fuerza pública. Abundan las denuncias de nuevos abusos en medio de las múltiples protestas, pacíficas y violentas, que dejaron 13 civiles muertos este mes en Bogotá y Soacha. Varios policías dispararon indiscriminadamente contras civiles en medio de los disturbios, de acuerdo con los episodios que documentó la propia Alcaldía de Bogotá.
La postura del Ejecutivo de Duque, que ha llegado a fotografiarse con la chaqueta de la policía para escenificar su respaldo, lo ha enfrentado a diversos sectores políticos, ciudadanos y, ahora, a los tribunales. “Con evidencias le pedí al Gobierno Nacional reconocer la gravedad del abuso policial, ofrecer perdón y acometer la reforma de la policía. A las tres cosas nos dijeron que no. Ahora las tendrán que hacer por orden de la Corte Suprema”, reaccionó la alcaldesa de la capital, Claudia López, una de las principales figuras de oposición, ante un fallo que calificó de “admirable”.
Aunque la protesta social se había visto desactivada este año por las medidas de confinamiento, las denuncias de abusos policiales han sido frecuentes aún en medio de la pandemia. La crisis de imagen y credibilidad de la policía se viene acumulando desde la oleada de manifestaciones contra del Gobierno a finales de 2019 a la que se refiere la Corte Suprema, y se ha evidenciado en las encuestas. En otra de sus decisiones, el alto tribunal insta a los funcionarios a “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional”. Luego de la respuesta del ministro de Defensa, su cumplimiento está en vilo.
El Supremo de Colombia insta al Gobierno a pedir perdón por la represión de las protestas de 2019
La sentencia considera que el Ejecutivo de Iván Duque no puede estigmatizar las manifestaciones y que el Escuadrón Antidisturbios debe suspender el uso de escopetas calibre 12
CATALINA OQUENDO
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Un grupo de estudiantes canta el himno nacional y sostiene carteles con la imagen de Dilan Cruz, durante una manifestación en noviembre de 2019 en la que exigían justicia para el joven.FERNANDO VERGARA / AP
En el momento más crítico de la relación entre la Policía y los ciudadanos, quebrada tras las denuncias de abuso policial que han dejado 13 civiles muertos en los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, instó este martes al Gobierno de Iván Duque que no estigmatice la protesta social. Además, la sentencia señala que debe pedir excusas a través de su ministro de Defensa por los “excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019”, entre otras medidas.
La decisión, indica el Alto Tribunal, se toma “tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”. El fallo, que se da como respuesta a una acción de tutela interpuesta por 49 personas, ordena también la suspensión del uso de escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en un plazo de 48 horas.
Con una de esas armas, durante las protestas de noviembre de 2019, fue asesinado Dilan Cruz, un joven manifestante que recibió un disparo con una munición tipo bean bag. Pero el fallo no solo se refiere a ese caso, que fue uno de los más visibles, sino a una “serie” de episodios sistemáticos registrados en distintas partes del país, como lesiones oculares y otras agresiones que dejaron a al menos 36 manifestantes con heridas que requirieron hospitalización.
“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el Esmad, que hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”, dice la sentencia. Otra de las decisiones del fallo se extiende a todos los funcionarios del Ejecutivo a quienes les ordena “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional”.
Recientemente, un informe de la Fundación para la Libertad de PrensA (FLIP) reveló que durante las movilizaciones sociales de 2019 y principios de 2020 la Presidencia invirtió 250.000 dólares (unos 215.000 euros) en campañas publicitarias que tenían como objetivo desincentivar esas protestas.
El Gobierno deberá ahora convocar una mesa de trabajo para “reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas” y diseñar un protocolo llamado Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Por su parte, cuando el Esmad sea requerido en algún evento público, la Policía tendrá que entregar al Defensor del Pueblo, la entidad encargada de velar por los derechos humanos, un listado de los jefes de unidad y comandantes encargados. “Vamos a estudiar el documento en todo detalle y proceder a hacer un estudio juicioso y tranquilo sobre el particular”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La decisión de la Corte cobra vigencia a dos semanas del homicidio de Javier Ordóñez, un abogado que recibió descargas de pistola taser y golpes mientras estaba bajo custodia policial, lo que desencadenó dos jornadas de protestas, disturbios y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, en las que varios policías dispararon indiscriminadamente contras civiles, de acuerdo con las denuncias que documentó la propia Alcaldía de Bogotá. 13 jóvenes murieron entre el nueve y el 11 de este mes.
Tras la reacción de la sociedad civil y de la Procuraduría, la Policía suspendió a 14 uniformados que dispararon sus armas durante las noches de manifestaciones. Tanto el ministro como el Gobierno han sostenido que las protestas fueron “coordinadas” por disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del proceso de paz e infiltrados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia.
Fuentes:
https://elpais.com/internacional/2020-09-23/el-gobierno-de-colombia-esquiva-las-disculpas-por-la-represion-de-las-protestas-de-2019.html / https://elpais.com/internacional/2020-09-23/la-corte-suprema-insta-al-gobierno-de-duque-a-pedir-perdon-por-la-represion-de-las-protestas-de-2019.html
2. Gobierno colombiano pedirá al Supremo revisar el fallo que le exige garantizar el derecho a la protesta pacífica
El ministro de Defensa alegó que la manifestación "pública y pacífica" ya está garantizada por la Constitución, pese a que la Corte determinó que las fuerzas de orden público han incurrido en prácticas de represión sistemática.
Ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declara desde EE.UU. 9 de octubre de 2019.Foto: Erin Scott / Reuters
El titular de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, anunció este miércoles que el gobierno le solicitará a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que revise el fallo donde le ordena a varios demandados, entre ellos el propio ministro, garantizar el derecho a la protesta pacífica de los colombianos.
La petición de revisión se basa en que, a juicio del Gobierno, la manifestación o protesta "pública y pacífica" de los colombianos ya está garantizada por la Constitución Nacional y "se cumple dentro de una política de convivencia y seguridad ciudadana".
En una breve declaración desde la Casa de Nariño, Holmes aseguró que la Fuerza Pública de Colombia cuenta con protocolos "ajustados a los estándares internacionales", que incluyen el respeto a los derechos de quienes participan en protestas "públicas y pacíficas", pero también "los de quienes no lo hacen".
El ministro agregó que en el caso del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), su intervención se presenta "exclusivamente" cuando se registran "acciones violentas e irracionales que constituyen un delito" por parte de los manifestantes.
"El Esmad no incurre institucionalmente en excesos, y en los casos a partir del 21 de noviembre de 2019, en los que pudo existir exceso por parte de la Fuerza Pública, estos corresponderían a actuaciones individuales de algunos de sus integrantes", añadió el ministro.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dicta un fallo histórico para garantizar el derecho a la protesta pacífica
El martes pasado, la Sala Civil de la CSJ falló a favor de 49 ciudadanos y movimientos sociales que consideran que el Gobierno colombiano y la Fuerza Pública reprimió de forma "sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada" las manifestaciones de noviembre del 2019, en las que al menos tres personas fallecieron en disturbios con el Esmad.
Asimismo, la Corte decidió suspender el uso de escopetas calibre 12 por parte de las fuerzas antidisturbios de la Policía y ordenó al ministro de Defensa a presentar disculpas públicas a los manifestantes agredidos, en un plazo de 48 horas, por haber lesionado su derecho a la protesta.
Fuente:
3. ¡Que alguien nos proteja de la policía!
"Yo veo que un policía se me acerca y, en vez de producirme paz, confianza y seguridad, lo único que siento es intranquilidad"
Por: Alfonso Acosta Caparros

Foto: Leonel Cordero
La hostigante y desesperante revictimización por parte de los medios de comunicación del cruel sadismo con que unos policías asesinaron miserable y ensañadamente a Javier Ordoñez —primero, con eternas descargas de electricidad aplicadas una y otra vez sobre su cuerpo, mientras él paralizado por las dolorosas punzadas de la corriente suplicaba por su vida, y luego a punta de brutales golpazos en el pecho, hombros, cuello y cabeza en el interior de un CAI, ante la mirada odiosa, cobarde y silenciosa de otros policías— exacerbó y ofendió a Colombia y el mundo.
Tal como sucedió con otros policías en Estados Unidos, cuando uno de ellos se arrodilló sobre el cuello de otro hombre y le aplicó toda la fuerza de su peso, hasta que retorciendo su cuerpo contra el pavimento también exhalaba sus palabras de súplica “no puedo respirar”, “no puedo…”, no…” e instantes después se convirtieron en el silencio frío y eterno de la muerte.
Estos dos actos de barbarie extrema, en dos países diferentes, también por policías, ante los cuales nadie puede hacer nada, solo observar y si acaso protestar tímidamente —porque “es la policía y mejor no me meto porque me matan a mí también”— fueron como resortes que hicieron saltar de sus sofás frente a los televisores a los ciudadanos de Colombia y Estados Unidos (por la sevicia de unos hombres cuyo uniforme parece que les otorga poderes sobrehumanos para actuar como les venga en gana, cuando les dé la gana) y los lanzaron a la calle, sin importar pandemias, contagios, tapabocas, distancia social y ni mierda.
Y fue tal la rabia, la indignación y el dolor furibundo de los ciudadanos que gritaban consignas contra la policía, caldo de cultivo perfecto para que los vándalos se metieran entre las multitudes, se mezclaran e hicieran lo único que saben hacer: destruir lo que les dé la gana, cuando les dé la gana, así tal cual como los policías.
Ese cuentico de “las manzanas podridas” se viene utilizando una y otra y otra y otra vez, desde el principio de la humanidad, cuando a alguien se le ocurrió la idea de darle una estrella y una pistola a algunos como símbolos de que pueden hacer lo que les dé la gana y cuando les dé la gana contra la población civil.
Pero el error no fue poner en el pecho una estrella de sheriff y una pistola en la cartuchera de alguien, sino justamente quién era ese “alguien”, con desconocimiento total de su origen, su formación, su moral y sus principios para representar una autoridad decente y docente, con su prójimo bajo los dogmas de “Dios y patria”; en cambio, otorgaban ese poder solo basados en el machista hecho de que debe romperle la jeta a todo el que lo mire mal y luego llenarlo de plomo si así le daba la gana.
No nos digamos mentiras. La policía en Colombia es una labor venida a menos. Y la prueba es que cada vez hay menos. Yo no sé ustedes, pero yo veo que un policía se me acerca, y en vez de producirme paz, confianza y seguridad, lo único que siento es intranquilidad. Porque ese hombre o mujer tiene el poder de maltratarme, esposarme, pegarme y hasta matarme, si le da la gana, sin que ningún testigo pueda hacer absolutamente nada, porque lo pueden joder a él también.
Ahora bien, ¿quién es un policía promedio en Colombia? Una persona por lo general de origen pobre, con un mal bachillerato (que hoy no sirve de nada), inculta y ninguneada por todos, por ende cuando le dan un uniforme, una moto, una pistola, unas esposas y un taser que electrocuta se creen Dios de inmediato. Ahora sí son alguien. Nadie los va a alejar, despreciar o ningunear, porque ahora sí pueden hacer lo que les dé la gana. Unos, más contenidos que otros, pero todos con perfil como el descrito.
Ni hablar de los que aspiran a hacer la carrera policial, pasando por los diferentes grados, hasta graduarse como un verdadero oficial de la Policía Nacional. A esos, a los sargentos, subtenientes, tenientes, mayores o capitanes, no los verá usted en esos desmanes en la calle. Para eso están “los simples agentes”, los que no aspiran a ser más que eso... que pueden ir con casco de astronauta verde limón o con casco negro siendo miembros del Esmad. Nunca a esos que ya lucen una o más estrellas en el hombro, los policías de bien, los verá usted siquiera caminando una calle para vigilarla.
En fin, “la reforma de la Policía” no debe ser otra que ser muy exigentes en cuanto a la extracción de esa persona, con méritos académicos y morales, para iniciarlos en una estricta y disciplinada formación de varios años, para aspirar únicamente a ser un agente.
Hay que saber escoger a quién se le da ese poder y esa autoridad para que realmente nos proteja de todo aquel que intente algo contra nuestro honor, nuestra seguridad y nuestra vida, incluso de aquellos que quieran quitárnosla a punta de electrocuciones o golpazos inmisericordes en la cabeza.
Son muchas, demasiadas, las quejas por exceso de fuerza de “los agentes”, tanto como las acusaciones de violentar niños por los pedófilos de la iglesia... Alguien que nos proteja de esos asesinos sin alma.
Fuente:
