1. La Corte Suprema insta al Gobierno de Duque a pedir perdón por la represión de las protestas de 2019
La sentencia considera que Ejecutivo colombiano no puede estigmatizar las manifestaciones y que el Escuadrón Antidisturbios debe suspender el uso de escopetas calibre 12
CATALINA OQUENDO
Bogotá
Un grupo de estudiantes canta el himno nacional y sostiene carteles con la imagen de Dilan Cruz, durante una manifestación en noviembre de 2019 en la que exigían justicia para el joven.FERNANDO VERGARA / AP
En el momento más crítico de la relación entre la Policía y los ciudadanos, quebrada tras las denuncias de abuso policial que han dejado 13 civiles muertos en los últimos días, la Corte Suprema de Justicia de Colombia, la máxima instancia de la jurisdicción ordinaria, ordenó este martes al Gobierno de Iván Duque que no estigmatice la protesta social. Además, la sentencia señala que debe pedir excusas a través de su ministro de Defensa por los “excesos registrados desde la movilización del 21 de noviembre de 2019”, entre otras medidas.
La decisión- indica el alto tribunal- se toma “tras evidenciar una problemática nacional de intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas”. El fallo, que se da como respuesta a una acción de tutela interpuesta por 49 personas, ordena también la suspensión del uso de escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en un plazo de 48 horas.
Con una de esas armas, durante las protestas de noviembre de 2019, fue asesinado Dilan Cruz, un joven manifestante que recibió un disparo con una munición tipo bean bag. Pero el fallo no solo se refiere a ese caso, que fue uno de los más visibles, sino a una “serie” de episodios sistemáticos registrados en distintas partes del país, como lesiones oculares y otras agresiones que dejaron al menos 36 manifestantes con heridas que requirieron hospitalización.
“Se infiere de lo escrutado constitucionalmente", dice la sentencia, "por la comprobación de lesiones físicas a manifestantes y por la conducta de algunos agentes de la policía y en el Esmad, que hay falencias e incapacidad en las instituciones encargadas de mantener el orden público interno para usar, de forma racional y moderada, las armas de la República, al punto que generan un temor fundado para quienes desean manifestarse pacíficamente”.
Otra de las decisiones del fallo se extiende a todos los funcionarios del Ejecutivo a quienes les ordena “mantener la neutralidad cuando se produzcan manifestaciones no violentas, incluso si las mismas se dirigen a cuestionar las políticas del Gobierno Nacional”. Recientemente, un informe de la Fundación para la Libertad de PrensA (FLIP) reveló que durante las movilizaciones sociales de 2019 y principios de 2020 la Presidencia invirtió 250.000 dólares en campañas publicitarias que tenían como meta desincentivar esas protestas.
El Gobierno deberá entonces convocar una mesa de trabajo para “reestructurar las directrices relacionadas con el uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas” y diseñar un protocolo llamado Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado y protección del derecho a la protesta pacífica ciudadana. Por su parte, cuando el Esmad sea requerido en algún evento público, la Policía tendrá que entregar al Defensor del Pueblo, la entidad encargada de velar por los derechos humanos, un listado de los jefes de unidad y comandantes encargados. “Vamos a estudiar el documento en todo detalle y proceder a hacer un estudio juicioso y tranquilo sobre el particular”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
La decisión de la Corte cobra vigencia a dos semanas del homicidio y tortura de Javier Ordóñez, un abogado que recibió descargas de pistola taser y golpes mientras estaba bajo custodia policial, lo que desencadenó dos jornadas de protestas, disturbios y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes, en las que varios policías dispararon indiscriminadamente contras civiles, de acuerdo con las denuncias que documentó la propia Alcaldía de Bogotá. Trece jóvenes murieron entre el 9 y el 11 de septiembre pasado.
Tras la reacción de la sociedad civil y de la Procuraduría, la Policía suspendió a catorce uniformados que dispararon sus armas durante las noches de manifestaciones. Tanto el ministro como el Gobierno han sostenido que las protestas fueron “coordinadas” por disidencias de la extinta guerrilla de las FARC que se apartaron del proceso de paz e infiltrados del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia.
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2. Parada en seco de la Corte Suprema de Justicia al Esmad
En una contundente sentencia le exige al presidente Iván Duque proteger la protesta, el Ministro de defensa disculparse y la Policía no podrá usar las escopetas .12
Fueron 50 ciudadanos los que lograron que la Corte Suprema de Justicia le pusiera un alto a los excesos del Esmad en la protesta. Así lo dejó en firme el alto tribunal en esta sentencia en la que le ordena al presidente Iván Duque no estigmatizar proteger las manifestaciones pacíficas; al Ministro de Defensa pedir disculpas por los abusos policiales y prohíbe el uso de las escopetas calibre 12 por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios.
Para tomar esta decisión, la Sala de Casación Civil tuvo en cuenta las movilizaciones del paro nacional del 21 de noviembre de 2019 y las posteriores a esta, que dejaron varios muertos y heridos, entre ellos el joven Dilan Cruz. Aunque la decisión no abarcó las protestas del 9, 10 y 11 del pasado septiembre, por el asesinato de Javier Ordóñez, marcará la pauta de las futuras movilizaciones que se avecinan en el marco del nuevo paro nacional.
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