¿Estado de derecho o estado “torcido”?
Renán Vega Cantor
La detención domiciliaria del “colombiano más importante de la historia” aparte de constituir una parodia, ha mostrado hasta que punto hablar de Estado social de derecho en Colombia es una ficción fantasiosa, pese a que los cultores de tal pretensión sostengan lo contrario: que dicha detención ha mostrado la separación de poderes, la vigencia de los logros de la Constitución de 1991, la fortaleza de la democracia colombiana y mil cuentos imaginarios por el estilo.
Por el contrario, lo que están demostrando los actuales acontecimientos es que Estado de Derecho en Colombia no existe y nunca ha existido y para comprobarlo no se necesita ni tener el título de rábula, de los que tanto abundan en la patria de Francisco de Paula Santander, ni pertenecer a ciertas “prestigiosas” ONG, como De Justicia, cuyos empresarios y periodistas exaltan nuestra democracia de pacotilla, porque eso les dispensa miles de dólares de sus investigaciones financiadas desde los Estados Unidos, ni tampoco ser un vocero de Human Right Watch, esa instancia seudodemocrática que forma parte del aparato legal del imperialismo estadounidense.
Seguir el proceso contra el intocable expresidente es toda una lección de impunidad, que bien vale recalcar en sus aspectos principales, porque desmiente las falacias del pretendido Estado de Derecho y demuestra que es un estado “torcido”. Recordemos que torcido en la jerga imperante en Colombia está asociado a delincuencial, vinculado al mundo de la lumpemburguesia (en donde se fusiona lo chic y lo traqueto), es decir, al entorno que ha dominado la política, la sociedad, la farándula y falsimedia en este país en las últimas décadas
¿Detención domiciliaria o vacaciones en el campo?
El sistema judicial colombiano que es un órgano al servicio de los poderosos que persigue y encarcela a los pobres y humildes, los cuales no gozan de ningún tipo de garantía, ni pueden contratar abogados, tiene en detención a miles de colombianos que no han sido sometidos a juicio. Y ellos no están en latifundios de 1800 hectáreas, como el Ubérrimo, sino hacinados en terribles condiciones en las mazmorras de todo el país. Muchos de ellos inocentes, sin señalamientos claros, con pruebas falsas, llevan años en esas cárceles y sus nombres nunca se mencionan, como si no existieran. Esta es una característica de este “Estado de derecho”, en el cual como lo indica no solo el caso del señor de las sombras sino de los mandamases de este país (como el extraditado Andrés Felipe Arias), la “justicia es para los de ruana”. Si aquí existiera Estado de Derecho hace años estaría en una prisión de alta seguridad el exsenador y expresidente, y condenado a varias cadenas perpetuas por sus numerosos crímenes de lesa humanidad.
“La justicia tarda, pero llega”
Un consuelo que circula en estos días se sustenta en esa máxima para señalar que, por fin, el dueño del ubérrimo fue apresado, tras un largo proceso que comenzó en el 2012. Llama la atención en este caso que, con miles de evidencias, de centenares de grabaciones y de pruebas incontrovertibles la decisión se haya demorado tantos años, cuando eso se debió haber hecho hace tiempo. Y no solo eso, sino que sorprende la celeridad y “eficiencia” de la justicia colombiana que opera en cuestión de días, cuando se trata de perseguir, encarcelar y torturar con saña a alguna persona que declaran su enemigo, a partir de montajes y de mentiras, como sucede a diario con luchadores sociales y dirigentes populares o a todos aquellos que son señalados, sin pruebas, por falsimedia como responsables de atentados o acciones similares.
La “separación de poderes”
Algunos se sorprenden por la interferencia del sub-presidente Iván Duque, de sus funcionarios en la decisión de los jueces, como si eso fuera algo novedoso en nuestra historia, y no un hecho permanente, que ha caracterizado el funcionamiento del aparato judicial de este país como engranaje del Terrorismo de Estado y de la contrainsurgencia. Acaso se nos olvida que eso sucedió durante el Frente Nacional con sus permanentes declaraciones de Estado de Sitio, cuando los jueces actuaban bajo las órdenes directas del régimen de turno, en una especie de estado de guerra judicial permanente contra quienes desafiaran el “orden público” o durante la tal “justicia sin rostro” de la década de 1990, cuando con falsos testigos se llevaba a la cárcel y se acusaba sin pruebas a dirigentes sindicales como “terroristas y enemigos del Estado”, o en el régimen de la (in) seguridad (anti) democrática, cuando el propio señor de las sombras daba en público la orden de perseguir, encarcelar o eliminar a quien dispusiera por considerarlo un enemigo o un terrorista.
La “independencia del poder judicial”
Uno de los preceptos que se invoca para hablar de “Estado de derecho” es el de la pretendida independencia de la rama judicial que, se nos dice, existe como lo demostraría la decisión tomada el 4 de agosto, cuando ordenó la detención domiciliaria de un senador activo. Desde antes de esa decisión y hasta el momento lo que ha quedado claro es que tal independencia es, por decirlo de manera benigna, bastante frágil, si tenemos en cuenta las fuerzas que se han manifestado, con toda la complicidad criminal del caso, esos que a sí mismos se denomina “hombres y mujeres” de bien de este país: los miembros del Consejo Gremial y los grandes empresarios, los medios de desinformación (televisión, radio, prensa) y sus para-opinólogos (por sus abiertas simpatías con el paramilitarismo), y por si hubiera dudas hasta el vicepresidente de los Estados Unidos. Este último, para comprobar que somos una miserable colonia del Tío Sam, dijo: «Respetamos las instituciones colombianas y su independencia, pero estando el expresidente Álvaro Uribe bajo arresto domiciliario, nos unimos a todas las voces amantes de la libertad en todo el mundo para pedir a los funcionarios colombianos que permitan que este Héroe, que ha recibido la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos, se defienda como un hombre libre». Esta retórica si que ejemplifica el Estado de Derecho en Colombia, puesto que habla es el dueño del circo, y no solamente su payaso más patético (Duque, por supuesto), y recordemos que como dice el dicho “Washington no opina, ordena”. Todo esto evidencia que en Colombia puede existir de todo, menos un imaginario de la separación de los poderes, y mucho menos cuando medio se toca a alguno de los “héroes (léase hedores) de este país”.
La “transparencia de la justicia”
Otro criterio exaltado es el de la pretendida “transparencia” de la justicia, con lo que se quiere dar a entender que esta opera en forma autónoma, sin que sea influenciada por ninguna fuerza externa, llámese prensa, abogados o terceros interesados… El caso del innombrable demuestra todo lo contrario, puesto que, desde un principio, el caso se ha ventilado a través de los medios de desinformación que han conocido los pormenores del proceso, han revelado asuntos internos (testimonios, grabaciones…), con la finalidad de favorecer al ahora exsenador. Y el asunto de esa poca transparencia ha quedado mucho más claro al comenzar la “detención domiciliaria” del expresidente, cuando sí que se ha metido la mano al proceso, hasta el punto de que el largo expediente de 1500 páginas se hizo público, sin que ni siquiera se haya iniciado el juicio.
Un hecho adicional que evidencia la falacia de esa “transparencia” lo indica que el pretendido prisionero # 1087985 siga delinquiendo, como lo hacia Pablo Escobar en su Catedral de Envigado, desde su finca del Ubérrimo, puesto que no se le han cortado las comunicaciones con el mundo exterior, dándose el lujo de conceder una “entrevista” de dos hora y media a esa cloaca periodística que se llama Semana, a dos adoratrices del expresidente, en el que acusa, calumnia, miente, amenaza, desdice y desobedece a la Corte que dio la orden de encarcelarlo en su domicilio. Si existiera transparencia y Estado de Derecho en Colombia, nada de eso se permitiría y de inmediato el preso # 1087985 hubiera sido sacado de su Hotel de Cinco Estrellas y llevado a una cárcel común y corriente por interferir la acción judicial. ¡Como para reforzar lo que es nuestro “Estado de derecho”, vale recordar que cualquier colombiano que esté en la cárcel puede dar entrevistas, transmitidas en vivo y en directo, durante varias horas, y acusar y amenazar a diestra y siniestra, como se hace desde el Ubérrimo!
Conclusión: Un Estado de Derecho muy “torcido”
El caso del preso #. 1087985 indica que antes que vivir en un Estado de Derecho nos encontramos en una terrible realidad completamente distinta (una dictadura, un Estado “torcido”) como lo dijo un periodista convencional, Julio Cesar Londoño, columnista de El Espectador, con unas palabras que deben tener horrorizados a los cultores del Estado de Derecho: “En la precaria historia de nuestra democracia, nunca padecimos una dictadura tan atroz como esta. Comparado con la patriótica malignidad de Uribe, el COVID-19 es un algodón de azúcar”.
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