Diez casos de abuso sexual que avergüenzan al ejército
La violación de una niña embera por parte de 8 soldados muestra que son hechos que se repiten dentro de la institución: manoseos, violaciones y abusos contra la gente y entre los mismos solados
Por lo menos ocho soldados del Batallón San Mateo, comandado por coronel Wilson Caicedo, ya están en la mira de la Fiscalía, que asumió la investigación por la violación de una niña indígena embera de 12 años en Apía (Risaralda). Juan de Dios Queragama, gobernador del resguardo Gito Dokabu–embera katio, pidió que les entregaran a los militares para ser juzgados, una posibilidad que aún no está descartada pues los hechos habrían ocurrido en su jurisdicción.
Pero no es la primera vez que un soldado o un grupo de soldados se ven involucrados en casos de violación y acoso sexual, abusando del poder que les otorgan las armas.
El 2 de octubre de 2010 el entonces subteniente del Ejército Nacional, Raúl Muñoz Linares violó a una menor de 13 años en Tame, Arauca. Muñoz era un agresor sexual organizado y actuó de manera sistemática. Ese 2 de octubre se escabulló del campamento de la patrulla Buitres y regresó varias horas después completamente agitado, según contaron varios soldados que entregaron su testimonio. Ese mismo mes, al parecer el 14 de octubre, el subteniente Muñoz volvió a actuar y abusó de una niña de 14 años y la asesinó junto a sus dos hermanos de 9 y 6 años, a machetazos, en zona rural de Tame.
Hoy Raúl Muñoz Linares está condenando a 60 años de prisión y el Ejército, en un acto público en Tame tuvo que pedir perdón a la comunidad.
La libreta militar y 20 millones de pesos fue la oferta que le hizo el entonces sargento Dixon Velásquez a un soldado que lo denunció de abusar sexualmente de él. El joven estaba prestando servicio militar, y durante un periodo de vacaciones en mayo de 2017 fue citado en el Distrito Militar n.° 3 de Kennedy, donde le asignaron un trabajo como secretario del sargento.
Según el soldado, después de trabajar con Velásquez, este lo citó en su casa en Bosa, donde comieron, tomaron cerveza y aguardiente. Luego, cuando ya estaban borrachos, Velásquez abusó del joven soldado, que fue a la Casa de Justicia de Bosa, luego a Medicina Legal y después fue a la Fiscalía para poner la denuncia. También acudió a un CAI, pero cuando la Policía fue a buscar al sargento Velásquez, estos regresaron con su contrapropuesta: el soborno y su libreta garantizada. El soldado desertó, el sargento fue trasladado a Arauca y la investigación nunca más avanzó.
En mayo de 2019 el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, coronel Arnulfo Traslaviña Sáchica confirmó que uno de sus soldados habría violado una mujer sordomuda de 32 años. La mujer se encontraba junto a su esposo y su hija sobre la vía que las llevaba hacia Puerto Jordán, Arauca, donde vivían. Habían terminado unos trabajos en una parcela, pero su esposo y su hija tuvieron que devolverse para recoger unas herramientas que olvidaron. En ese lapso en el que la mujer se quedó sola, el soldado apareció y decidió violarla llevándola hacia el monte.
La denuncia fue instaurada, pero hasta ahora siguen las investigaciones sin mayores resultados.
A finales de 2006 un joven ingresó al Batallón Especial Enérgetico y Vial Número 7, en Barrancabermeja (Santander) para presentar su servicio militar. Aunque al principio todo marchaba a la perfección y el joven era un soldado ejemplar, apto y con notorias habilidades, su actitud cambió rápidamente. Por teléfono una de sus hermanas lo notó, y ante su insistencia para que le contara lo que había sucedido, el joven no tuvo otra alternativa que contarle: había sido violado por 4 soldados.
Su familia fue hasta Barranca para saber qué era lo que pasaba, mientras el joven fue remitido al área sicológica del batallón. Padecía una “crisis mental”. Cuando se enteraron de la verdad, interpusieron una denuncia en Fiscalía. Además, Medicina Legal confirmó la violación. El joven no volvió a ser el mismo y terminó internado en una clínica mental, con depresión y ansiedad.
En septiembre de 2019 la capitana del Ejército, Maritza Soto, denunció públicamente en una entrevista con Cecilia Orozco al coronel Hernando Garzón Rey, su superior, quien la acosaba sexual y laboralmente. Según el relato de la capitana Soto, el coronel Garzón, entonces comandante de la Fudra N.º 3 en el Catatumbo la comenzó a presionar para que cambiara su actitud con él, quien siempre le imponía labores y tareas fuera de su rol en el equipo militar. Un día, el coronel Garzón le dijo: “¿Quiere ver cómo me motivo yo?”, y comenzó a mostrarle las fotos que tenía en su celular de una mujer semidesnuda, aparentemente su esposa, aunque nunca se vio su rostro.
En otra ocasión, intempestivamente la apretó con los brazos por la espalda tratando de rodar su mano desde la parte inferior del seno hacia abajo. Al mismo tiempo le susurró al oído: “Si usted cambiara conmigo, yo le diría cosas bonitas al oído”.
Pero nada pasó. La capitana Soto puso la queja directamente en el Comando del Ejército y le contó todo al general Nicacio Martínez, quien, aunque aseguró que la ayudaría y no la volvería a trasladar, es decir, se quedaría después en Bogotá, no volvió a responderle los mensajes. Inmediatamente terminó la reunión, el coronel Garzón se enteró, la capitana Soto fue trasladada al Cauca, zona roja, y Martínez no le siguió la pista al caso.
En septiembre de 2019 la W Radio dio a conocer unas denuncias contra el general Mauricio José Zabala Cardona, quien fue acusado por abusos y acosos sexuales contra 4 mujeres entre los años 2014 y 2018. La situación se dio a conocer públicamente después de que una de las mujeres acosada, quien era miembro del ejército, intentó suicidarse.
Zabala Cardona, entonces comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) Número 2, con sede en Nariño, fue señalado de acosar sistemáticamente a uniformadas y funcionarias entre las que se encuentran una auxiliar de enfermería, una médica rural, una archivista, una capitana del Ejército y una estudiante de la Escuela Militar, según las denuncias.
Fuente de Oro, Meta, se estremeció en abril de 2017 cuando se supo que un soldado habría violado a una bebé de 4 meses. Se trataba de un joven de 19 años que estaba presentando su servicio militar en el Batallón de Infantería Batalla Pantano de Vargas, en el municipio de Granada, Meta.El soldado fue capturado, y la familia de la bebé recibió el acompañamiento por parte del ICBF.
Entre 2014 y 2015 cinco cadetes de la Escuela de Cadetes José María Córdova, de Bogotá, denuciaron que el alférez Álvaro Junior Howard Orozco les tocó los genitales mientras dormían. “Estábamos durmiendo el 28 de noviembre, Howard estaba en medio de otro compañero y yo y como a las 03:00 horas sentí que me tocaban el pene. Yo durmiendo en pijama y eran tres tricolores (cobijas) para tres alféreces: Howard, mi compañero y yo. De una vez abrí los ojos, pero no hice nada. Constaté que, efectivamente, me estaban tocando el pene con la mano izquierda y era Howard, que estaba boca abajo con su izquierda dentro de mi pijama y mi bóxer tomando físicamente el pene como masturbándome. Inmediatamente me senté y le hice reclamo de que por qué me tocaba, que qué estaba haciendo y él se quedó callado y se fue del alojamiento. Los demás cursos despertaron con la bulla incluyendo al compañero que estaba durmiendo al lado”, contó uno de los cadetes que presentó la queja.
Howard Orozco fue expulsado, y aunque presentó una demanda para poder volver a la institución, el Consejo de Estado se lo negó. Sin embargo, el caso quedó ahí, en una expulsión, y no en una investigación por acoso o abuso sexual.
El 21 de enero de 2006 soldados del grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, adscritos a la Décima Brigada entonces comandada por Nicacio Martínez, asesinaron, según la acusación, a los indígenas Javier Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y a Gaspar Cambar Ramírez; hirieron a Gustavo Palmar Pushaina y Moisés Pushaina Pushaina; y agredieron física y sexualmente a Irene López Pushaina y a Ligia Cambar Ramírez. Este caso fue admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el último informe del entonces representante en Colombia de la Alta Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Alberto Brunori, presentado en febrero de este año, se registró por lo menos tres casos en los que los militares están acusados de violencia sexual en Guaviare, Meta y Antioquia. Estos casos, al parecer, están siendo investigados por la Fiscalía.
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