La guerra contra las drogas en Colombia está perdida
“Durante las últimas décadas, la política de drogas en Colombia ha priorizado la erradicación forzada de cultivos ilícitos, la reducción del consumo de drogas y el enfoque punitivo en detrimento de estrategias de desarrollo alternativo, reducción de riesgos y daños y de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”...
Álvaro Ortiz Ramos
Editor Semanario Virtual Caja de Herramientas
La guerra contra las drogas en Colombia está perdida. Esa es la sensación que queda después de leer numerosos estudios sobre el tema y que dan cuenta del incremento –tanto de cultivos– como de consumidores.
Colombia, en esta desigual lucha, sigue poniendo los muertos mientras los narcotraficantes aumentan sus bolsillos a costa de campesinos obligados a cultivar so pena de ser ultimados. Otros cultivan por necesidad pues el fallido Estado colombiano no les ofrece las mínimas garantías para –si fuera el caso– “sacar” sus productos a distribución y poder recuperar alguna ganancia después de arduas jornadas trabajando la tierra.
Claro, también hay que decirlo, en algunas regiones cocaleras en donde el Estado quiso implantar la sustitución de cultivos, fracasó y por el contrario se extendieron los cultivos y creció la producción.
En otras zonas, en donde los campesinos organizados dijeron no a los cultivos, se incrementaron los asesinatos y las intimidaciones para obligarlos a retomar las siembras ilícitas. Un total despelote.
Otro aparte especial para mencionar y que agrava aún más la problemática social, tiene que ver con aquellas zonas que antes estaban en poder de la extinta guerrilla de las Farc, y que ahora son dominadas por otros grupos interesados en el negocio del narcotráfico. Se les puede llamar como sea: disidentes, paramilitares, bandas criminales, como sea. El hecho es que están sembrando el terror, diezmando y destruyendo el tejido social de esas regiones.
Para sumarle a esta desgracia, informes de prensa y policiales indican la “llegada” de nuevos señores de la guerra –se habla de mexicanos aliados con los carteles colombianos– que se están tomando las regiones cocaleras para implantar allí sus condiciones de terror.
“Durante las últimas décadas, la política de drogas en Colombia ha priorizado la erradicación forzada de cultivos ilícitos, la reducción del consumo de drogas y el enfoque punitivo en detrimento de estrategias de desarrollo alternativo, reducción de riesgos y daños y de garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”... Señala el documento “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década” (Ver aquí) Informe sombra de la Coalición Acciones por el Cambio – 62 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND) presentado en Viena – Austria, en marzo de 2019.
Veamos algunos datos del informe para poder entender la dimensión de lo que señalamos como “guerra perdida”.
Mientras en Colombia y otras naciones se libra la guerra sin cuartel contra las drogas, en otros países se está optando por la legalización.
“Una Revolución Silenciosa: políticas en práctica para la descriminalización de las drogas en todo el mundo” (A Quiet Revolution: Drug Decriminalisation Policies in Practice Across the Globe – título original en inglés) es el primer informe en apoyo de la campaña “Drogas: Es Hora de Contar con una Mejor Legislación” [Drugs - It’s Time for Better Laws] de Release.
“Muchos países –señala el informe– han promulgado leyes o han emitido fallos judiciales que han despenalizado la posesión personal de drogas. Sin embargo, la implementación de este enfoque está lejos de ser uniforme; en algunos países con despenalización, las personas continúan enfrentando penas de prisión por poseer pequeñas cantidades de drogas”.
Gobiernos de países como Irlanda, Ghana y Noruega están considerando la despenalización de toda posesión de drogas para uso personal.
Colombia en el informe
“La posesión de drogas para consumo personal ha estado descriminalizada en Colombia desde que el Tribunal Constitucional Colombiano dictaminó en 1994 que las penalidades impuestas por la posesión de una dosis personal de las sustancias violaban el Artículo 49 de la Constitución de 1991, que garantiza la libertad para tomar decisiones que afectan la propia salud, siempre y cuando éstas no tengan impacto sobre los derechos de terceras personas.
Tras el fallo del tribunal, la posesión de las cantidades comprendidas por debajo de ciertos límites máximos no estaba prohibida, hasta 2009 en que el gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe consiguió promulgar una enmienda constitucional para restablecer el modelo de prohibición – Uribe había estado abogando por este cambio desde su elección en 2002. Tras la aprobación de la enmienda en 2009, la posesión para uso y consumo personal se convirtieron en actividades ilegales pero las sanciones correspondientes a la posesión para consumo personal estuvieron mayormente limitadas a sentencias administrativas, incluyendo derivaciones a diversos servicios para tratamiento y prevención. En agosto de 2011, se presentó una impugnación a la enmienda de 2009 ante el Tribunal Supremo de este país. El Tribunal dictaminó que la nueva ley “violaba las libertades personales”, y reafirmó el fallo de 1994 que determinaba que los ciudadanos colombianos tienen derecho de llevar consigo la “dosis mínima” de drogas, tal como se planteaba en dicho caso1.
La dosis mínima está definida como 20 gramos de cannabis o cocaína2. En marzo de 2012, los medios de comunicación colombianos informaron que el gobierno de Santos se estaba preparando para introducir un nuevo Estatuto Nacional sobre Drogas para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, el cual establecería niveles mínimos permitidos para “dosis personales” debajo de los cuales la posesión sería descriminalizada – estos niveles eran, supuestamente, de 5 gramos para marihuana, 1 gramo para cocaína, y 200 gramos para éxtasis. Significativamente, la legislación propuesta excluía la posesión de heroína de la lista de sustancias descriminalizadas, y asimismo planteaba la posibilidad de que consumidores de bajo nivel tuvieran en su poder cantidades mayores a los límites mínimos permitidos. En mayo de 2012, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó una propuesta de ley que descriminalizaba el cultivo de las plantas de coca, marihuana y amapola. Aunque Colombia ha sido durante mucho tiempo el centro mundial de la “guerra contra las drogas”, en meses recientes se ha visto una ola de actividades orientadas a lograr un cambio en las políticas de drogas del país hacia la descriminalización”, concluye el informe en lo pertinente a nuestro país.
Mientras los jefes de estado se ponen de acuerdo y toman decisiones en torno al problema de las drogas, las tasas de consumo se elevarán y con ellas el encarcelamiento debido a delitos por drogas alcanzará a niveles récord, al tiempo que los gastos de inversión para librar la “guerra” seguirán en alza con miles de millones cada año.
Amanecerá y veremos…Edición 667 – Semana del 1º al de 7 febrero de 2020
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