Estas víctimas, precisó Carrillo en el evento, eran en su mayoría líderes políticos o campesinos, quienes sufrieron amenazas, torturas, homicidios, masacres y desapariciones forzadas por parte de los agentes del Estado.
1. Procuraduría colombiana identifica a 3.574 víctimas de agentes del Estado durante conflicto armado
El documento reúne los avances de 2.181 procesos disciplinarios abiertos a 728 funcionarios implicados en diversas acciones, principalmente del Ejército y la Policía.
Los soldados de las Fuerzas Militares de Colombia hacen un sobrevuelo en Meta. 1 de junio de 2017.
Jaime Saldarriaga / Reuters
La Procuraduría de Colombia entregó este lunes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que recoge los patrones de conducta y acciones de los funcionarios públicos durante el conflicto armado en el país suramericano, específicamente en el período de 1990 a 2005.
El informe, denominado "Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición", identificó a 3.574 víctimas de los agentes del Estado, informó el procurador, Fernando Carillo.
Este informe cualitativo identificó 3.574 víctimas, información en más de 2.181 procesos disciplinarios, con base en fuentes documentales no estadísticas y fue construido desde enfoques diferenciales.
Estas víctimas, precisó Carrillo en el evento, eran en su mayoría líderes políticos o campesinos, quienes sufrieron amenazas, torturas, homicidios, masacres y desapariciones forzadas por parte de los agentes del Estado.
En el texto se habla de 728 funcionarios implicados en estas acciones, principalmente del Ejército y la Policía de Colombia; y, en total, el documento reúne los avances de 2.181 procesos disciplinarios abiertos a esos agentes.
También se contemplan los patrones de conducta, como "el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros", enfatizó Carrillo, citado por El Espectador.
"Esta es la oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con los ideales de la JEP, con todo lo que representa un futuro de reconciliación distinto y con la construcción de memoria y verdad, procesos necesarios en un país en transición a la paz", dijo el procurador.
Segundo documento
El documento entregado por la Procuraduría este lunes, se suma a otro presentado el 11 de diciembre pasado, que también se refería a las acciones de los agentes del Estado en el conflicto armado, pero en el período de 2006 a 2019.
En ese informe se contabilizaron 1.588 procesos disciplinarios que se abrieron contra funcionarios en todas las procuradurías del país; de los cuales, 733 aún estaban activos para la fecha.
Los textos los procesará la JEP, el mecanismo de justicia transicional acordado entre el Gobierno colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en el Acuerdo de Paz, para procesar a los actores del conflicto armado.
Fuente: https://actualidad.rt.com/actualidad/328824-procuraduria-colombia-victimas-agentes-estado-conflicto
2. Por lo menos 3.573 personas habrían sido víctimas de agentes del Estado: Procuraduría
Esa es una de las conclusiones del informe que entregó el Ministerio Público a la JEP y que resume los “patrones de conducta” de los funcionarios públicos en el marco del conflicto armado.
Las conductas en las que más incurrieron agentes del Estado fueron la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada. Archivo El Espectador
El procurador general, Fernando Carrillo, le entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el informe “Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición”. El documento reúne los avances de 2.181 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado y adelantados todos por el Ministerio Público entre 1990 y 2005 en contra de 728 funcionarios del Estado, principalmente miembros del Ejército y la Policía.
Carrillo aseguró que el informe tiene un enfoque “más de carácter cualitativo” orientado a definir los “patrones de conducta” que se encontraron en los agentes del Estado involucrados en el conflicto. Entre estos patrones de funcionarios públicos, aseguró el ente de control, sobresalen “el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros”.
El procurador general también agregó que serían, por lo menos, 3.573 las personas identificadas como víctimas en las investigaciones disciplinarias, quienes en su mayoría eran líderes políticos o campesinos. En la mayoría de los casos, estas personas sufrieron, por parte de agentes del Estado, amenazas, torturas, homicidios, masacres y desapariciones forzada.
El informe presentado este lunes se suma a otro documento que entregó la Procuraduría a la justicia especial en diciembre del año pasado que resumía, también, las acciones cometidas por funcionarios públicos, pero entre 2006 y 2019. La conclusión de ambos informes, según dijo Carrillo tras el acto en el que entregó el documento a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, es: "Los funcionarios públicos frente a los embates de la violencia, sobre todo en las regiones, o se mantienen al margen o han sido coptados para ser protagonistas también de la violencia que se ha perpetrado y que ha generado tantas víctimas".
Carrillo explicó que la mayoría de los funcionarios involucrados en el conflicto son miembros de la Fuerza Pública, principalmente del Ejército y la Policía y destacó, por ejemplo, que hay 250 investigaciones que comprometen a uniformados por asesinato de civiles y torturas que están a punto de ser fallados. Sin embargo, estos procesos serán remitidos a la justicia especial para su estudio, junto con otros 500 expedientes que, por involucrar conductas potencialmente relacionadas con el conflicto, deben ser estudiados por la JEP.
A renglón seguido, el jefe del Ministerio Público añadió que "lejos de debilitar las instituciones”, lo que se pretende con estos informes es aportar al Sistema Integral de Verdad Justicia, Reparación y No Repetición creado por el Acuerdo de Paz. “Independientemente de lo que pueda costar mostrar la verdad, hay que demostrarle al país que sí hubo un involucramiento de funcionarios públicos (en el conflicto armado)”, concluyó el procurador Carrillo.
Fuente: tps://www.elespectador.com/noticias/judicial/por-lo-menos-3573-personas-habrian-sido-victimas-de-agentes-del-estado-procuraduria-articulo-883637
Fernando Carrillo, procurador General de la Nación (derecha). Cortesía Más contenidos
3. “Al menos 728 agentes del Estado estuvieron implicados en el conflicto armado”: Procuraduría
Fernando Carrillo, procurador General de la Nación (derecha). Cortesía Más contenidos
JENNYFER SOLANO BETANCOURT
Entre los funcionarios que cita el informe figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 eran hombres.
Al menos 728 agentes del Estado están implicados en hechos relacionados con el conflicto armado, según lo reveló el segundo informe presentado por la Procuraduría General a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el que se registraron 593 procesos disciplinarios.
El informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ da cuenta de cerca de 593 procesos disciplinarios concluidos, relacionados con el conflicto armado interno, que corresponden al período 1990- 2005.
Entre los funcionarios que cita el informe figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 eran hombres.
Asimismo, el Ministerio Público refirió que también se encuentran 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), 4 de una alcaldía municipal, 9 del Congreso, 2 de ministerios, 5 de gobernaciones y 4 más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la Presidencia.
“Se determinaron como patrones de conducta de los servidores públicos el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros”, citó en un comunicado el ente de control.
Se estima, según la Procuraduría, 3.573 víctimas, en conjunto con el primer informe entregado a la JEP el pasado 11 de diciembre de 2018.
De estas, 108 personas fueron identificadas como indígenas, 14 como afrocolombianas y una perteneciente al pueblo ROM.
Según el Ministerio Público, la mayoría oscilaban entre los 21 y 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos.
Fuente: https://www.elheraldo.co/colombia/al-menos-728-agentes-del-estado-estuvieron-implicados-en-el-conflicto-armado-procuraduria
4. Procuraduría entregó a la JEP el segundo informe sobre 593 procesos disciplinarios relacionados con el conflicto armado
Bogotá, 30 de septiembre de 2019. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz el informe ‘Aportes desde la investigación disciplinaria a la justicia y la verdad en contextos de transición’ acerca de 593 procesos disciplinarios concluidos, relacionados con el conflicto armado interno, que corresponden al período 1990- 2005.
Durante el ejercicio de construcción de memoria y verdad de la Procuraduría, se aportó un total de 2.181 datos de procesos disciplinarios que involucran a 3.573 víctimas, en conjunto con el primer informe entregado a la JEP el 11 de diciembre de 2018.
Fueron identificados 728 implicados, entre quienes figuran miembros de las Fuerzas Militares, principalmente del Ejército Nacional y la Policía Nacional, de las cuales 691 eran hombres.
De las instituciones del Estado vinculadas en los procesos disciplinarios, también se encontraron 53 personas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), cuatro de una alcaldía municipal, nueve del Congreso de la República, dos de ministerios, cinco de gobernaciones, y cuatro más adscritas a registradurías, inspecciones, personerías y a la presidencia.
De las 3.573 víctimas individuales, 3.116 corresponden a hombres, 387 a mujeres y 70 de quienes no se obtuvo esta variable, con edades que en su mayoría oscilaban entre 21 y los 25 años al momento de la ocurrencia de los hechos.
A partir de la información registrada en los expedientes se estableció que entre las víctimas había 108 personas identificadas como indígenas, 14 como negras/afrocolombianas, y una perteneciente al pueblo ROM.
En el análisis efectuado se encontró que en su mayoría las víctimas eran personas integrantes de partidos políticos y campesinos, y se identificaron como las conductas más investigadas en los procesos disciplinarios la amenaza y tortura, el homicidio, la masacre y la desaparición forzada.
Así mismo, se determinaron como patrones de conducta de los servidores públicos el abuso de autoridad, el apoyo, impulso o connivencia con grupos paramilitares, y la estigmatización de personas en el proceso de búsqueda y persecución de grupos guerrilleros.
Remisión de procesos
Durante la entrega del documento a la JEP, el jefe del Ministerio Público anunció que serán remitidos a Sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad y de determinación de los hechos y conductas, cerca de 250 procesos disciplinarios adelantados principalmente contra miembros de la fuerza pública, por conductas como homicidios de civiles y torturas, entre otras, para ser calificados o fallados en primera o segunda instancia, según sea el caso.
Esta remisión se hará en cumplimiento de la Ley 1957 del 6 de junio de 2019, que determina que los órganos y servidores públicos que continúen estas investigaciones solo podrán realizar actos de indagación e investigación según el procedimiento que se trate, absteniéndose de proferir decisiones, que involucren a personas cuyas conductas son competencia de la JEP.
Por otra parte, precisó que en cerca de 500 procesos activos que lleva la Procuraduría, se adelantarán los actos de indagación e investigación que corresponda hasta finalizarlos y remitirlos por competencia a la JEP, y que al igual que los anteriores, se digitalizarán y enviarán en medio magnético para proteger el medio ambiente, y garantizar la conservación de los archivos y de la memoria histórica.
Destacó que este informe, apoyado por el Fondo Multidonante de Naciones Unidas y la Organización Internacional para las Migraciones, fue realizado por un equipo conformado en un 90% por mujeres.
Carrillo Flórez dio a conocer que a partir de este momento la ciudadanía cuenta con un software que complementa los sistemas de información de la Entidad y que permite identificar con nombre y cédula a las víctimas, y a los implicados en los expedientes sistematizados.
CCJ/ambj | Fecha Publicación: lunes, 30 septiembre 2019 09:42 AM
