Las potencias europeas promueven el fracking fuera mientras lo prohíben dentro de sus fronteras
Andrea Ana Gálvez
El proyecto de Vaca Muerta, basado en el contaminante método del fracking, amenaza los acuíferos, territorios indígenas y parques naturales de la Patagonia argentina.
Al mismo tiempo que el rechazo popular está haciendo retroceder en terreno europeo la polémica técnica del ‘fracking’, las multinacionales del viejo continente multiplican la inversión en proyecto de fractura hidráulica en países empobrecidos.
Mientras el fracking lleva en espera o prohibido en gran parte de Europa, las empresas del continente parecen tener pocos remilgos en utilizar estas técnicas en América Latina. Concretamente, en el yacimiento de Vaca Muerta, en la patagonia argentina, siete empresas europeas operan en la formación de gas, según el Observatorio Petrolero Sur (Opsur). Las tres más importantes provienen de los países europeos que primero se posicionaron contra el fracking: Francia, Alemania, Holanda y Reino Unido y que hoy son algunos de los países embajadores de la causa medioambiental. Las críticas al proceso de externalización de las sociedades occidentales parece hacerse más eco en la ONU, que después de 15 años de discusiones, podría aprobar este año un Tratado vinculante de regulación de las trasnacionales.
¿EL ‘FRACKING’ EN EUROPA ES COSA DEL PASADO?
La técnica extractiva de hidrocarburos no convencionales con agua, químicos y arenas lleva paralizada, adormecida o prohibida por algo menos de diez años en casi todos los países europeos.
Gracias a las advertencias de diferentes activismos, investigadores y organismos medioambientales el fracking es una técnica muy poco utilizada en suelo europeo. Lo que no está tan claro es si la regulación europea está interesada en prohibir esta técnica en otros suelos como, por ejemplo, en Vaca Muerta, la primera reserva latinoamericana de hidrocarburos no convencionales.
Junto a la crisis de Ucrania y los conflictos geopolíticos en Oriente Medio, el suministro de gas y petróleo peligraba en Europa, por lo que en la primera década del siglo y animados por el “éxito de la técnica” en EE UU, comenzaron las primeras exploraciones en territorio inglés, polaco, español, alemán y francés.
Los resultados preliminares fueron positivos para la mayoría de estos países. De hecho, según Michel Barron, director de la consultora Eurasia Group, las reservas estimadas de gas y petróleo esquisto en territorio europeo podrían suponer un 80% de las que existen en el país que lidera esta técnica: Estados Unidos.
Aún con el “potencial” energético de gas y petróleo esquisto en las rocas de pizarra europeas, las dificultades geológicas de extracción, los impactos socio-ambientales y los altos costes económicos, hicieron que el fracking fuera prohibido o paralizado en casi toda Europa.
En 2011, Francia fue el primer país del mundo en prohibir la técnica. Unos años más tarde se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza, República Checa. Reino Unido paralizó las extracciones y España lo prohibió por regiones o lo hizo imposible a través de requisitos que se lo ponían muy difícil al fracking.
‘FRACKING‘ SÍ , PERO FUERA
A partir de las dificultades que se fueron encontrando en Europa, las empresas con casa matriz en el continente emprendieron un nuevo viaje hacia el sur global.
En torno al 2010 empresas como la francesa Total Austral, Wintershall, Shell, Equinor, Gazprom o PAE empezaron sus andanzas no convencionales en la explotación masiva de Vaca Muerta.
Si bien la mayoría de estas empresas ya tenían presencia en el país desde la última dictadura cívico-militar en Argentina, a partir de la primera década de este siglo fueron ampliando su interés por el fracking que en sus países estaba prohibida por los impactos en el medioambiente y en la salud de la población.
Este sendero se facilitó con la liberalización del mercado de los hidrocarburos que se produjo en 2015 cuando asumió el Gobierno de Mauricio Macri. “Desde la cartera de Energía se implementaron políticas tendientes a la liberalización del sector: tarifas energéticas acopladas a las fluctuaciones del mercado, dolarización de los precios de la energía, flexibilización y precarización laboral, apertura de la exportación de hidrocarburos, entre otras”, confirman desde el Observatorio Petrolero Sur.
Unido a esto, varios ex ejecutivos petroleros comenzaron la carrera política con el actual Gobierno. Es el caso de Juan José de Aranguren, que pasó de CEO de Shell Capsa a Ministro de Energía y Minería de la Nación.
Según el informe de los investigadores del OPsur Martín Álvarez y Hernán Scandizzo para el boletín Ejes, son siete las empresas europeas que tienen actividad en la reserva de Vaca Muerta: la francesa Total, la alemana Wintershall, la anglo-holandesa Shell, Equinor (antes Statoil) de Noruega y la rusa Gazprom Rusia. También PAE, que es parcialmente controlada por la británica BP, y Phoenix Global Resources, firma a la que están vinculados dos empresarios argentinos —Daniel Vila y José Luis Manzano—, pero que tiene casa matriz en el Reino Unido y participación mayoritaria del holding suizo Mercuria.
En el informe se destaca a la alemana Wintershall vinculada comercialmente con la rusa Gazprom, que hoy es una de las principales proveedoras de gas de la UE. Y sobre todo la francesa Total Austral, el quinto grupo petrolero del mundo, con presencia en más de 130 países, y que desde 2010 se convirtió en la segunda productora de gas de Argentina, en la empresa europea con mayor superficie acumulada en Vaca Muerta, y en la tercera en términos generales, detrás de las empresas nacionales YPF y GyP.
La presencia de Wintershall, Shell o Total Austral, como empresas de “fuerte identificación” con países como Alemania, Holanda, Reino Unido y Francia dejarían de manifiesto aspectos paradójicos en la gestión y control de las economías de estos países.
Según el informe de Ejes, Total Austral no solo desarrolla su actividad de fractura hidráulica (fracking) en la formación de Vaca Muerta, sino que además opera en un área natural protegida, Auca Mahuida, zona de preservación de especies y yacimientos arqueológicos y de valor histórico para el pueblo Mapuche, que lleva dando la batalla desde hace ya tiempo contra las extracciones. Las localidades cercanas a los pozos de extracción se vieron afectadas por esta situación, sobre todo aquellas familias que vivían principalmente de la tierra y de la ganadería, su actividad económica empeoró y muchas tuvieron que emigrar hacia centros urbanos. Otras familias campesinas lograron negociar alguna contrapartida económica con la empresa en cuestión.
Desde la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén ya advirtieron en su día que no se autorizarán los pozos de perforación no convencional dentro de la zona protegida. Incluso en 2014 se llevó a la junta de accionistas de Total Austral en París. “Allí se cuestionó que mientras en el país de origen de la empresa el fracking está prohibido, la compañía no solo la aplica fronteras fuera sino peor aún, en un área natural protegida”, afirman Martín Álvarez y Hernán Scandizzo en su informe para Ejes.
AVANCES QUE ESPERAN A 2019
¿Qué dice la normativa de la UE sobre las empresas cuya actividad es ilegal en el país de origen?
Actualmente no existe ningún mecanismo eficaz que actúe a nivel global para controlar a las megacorporaciones, de hecho estas pueden eludir con facilidad legislaciones nacionales a través de complejos entramados societarios.
La Comisión de Desarrollo Sostenible del Eurolat, Asamblea Parlamentaria entre América Latina y Europa, aprobó un documento con fuertes críticas a esta técnica, sin embargo no votó positivamente la recomendación de una moratoria al fracking en ambos continentes. Esta Asamblea es la mediación más importante entre las dos regiones, los informes que se emiten desde ahí no son vinculantes, pero sus recomendaciones son utilizadas para blindar algunas decisiones geopolíticas.
Parece que el escenario más favorecedor para la prohibición del fracking en Vaca Muerta y en otros lugares del mundo, corre a cargo de la ONU. Gracias a décadas de discusiones y movilizaciones, las organizaciones sociales consiguieron que en 2017 empezaran las negociaciones en este organismo multilateral para elaborar un tratado vinculante que obligue a las empresas trasnacionales a cumplir con los derechos humanos. Un año más tarde comenzaba la cuarta ronda para sacar adelante este instrumento jurídico. En esta ocasión se pudo elaborar un borrador que algunas organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (Omal) califican de insuficiente y poco exhaustivo.
La Campaña Global para reivindicar “la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las empresas transnacionales y poner fin a la impunidad”, sostiene que 2019 parece ser el año clave. Entre el 14 y el 18 de octubre tendrá lugar la quinta Sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta (OEIGWG) en Ginebra para lograr un tratado que sea jurídicamente vinculante que regule la actividad de las trasnacionales en suelos que tienen escasa normativa socio-ambiental. Este tratado no solo regulará el fracking en Vaca Muerta, es un acuerdo que obligará a la actividad de las empresas trasnacionales a cumplir una serie de principios y requisitos de acuerdo con la Declaración de los Derechos Humanos.
¿Qué capacidad tendrá este Tratado respecto a las legislaciones nacionales? ¿Cómo y por quién se juzgarán las infracciones y delitos? Son muchas las preguntas puestas encima de la mesa. Las organizaciones ambientales y colectivos sociales lo ven como un claro avance para mitigar las injusticias que suceden en comunidades, bosques y territorios con escasa regulación socio-ambiental.
EXTERNALIZAR COSTES Y CERRAR BENEFICIOS
Escribía el sociólogo Stephan Lassenich en un artículo de opinión publicado por El País, que las sociedades occidentales habían racionalizado las prácticas extractivas y las asimetrías socio-ecológicas y económicas hacia regímenes transnacionales políticos: el FMI, la OMC, hasta el Acuerdo de París. A través de su poderío militar y sus posiciones geopolíticas “ha sido posible construir una estructura socioeconómica que solo funciona a costa de terceros”. A esto se llama externalización. Quiere decir que una vez que los recursos humanos, naturales y sociales ajenos son utilizados por estas sociedades, los costes económicos, ecológicos y sociales son exteriorizados.
“De esta manera se reserva la productividad de este modelo de reproducción para las economías más competitivas, mientras que la destructividad es procesada por las economías más vulnerables”, continúa el sociólogo. Y para evitar que las repercusiones negativas puedan recaer en las propias sociedades externalizadoras cierran su espacio económico y social.
Este proceso en el que nos encontramos es visible en Vaca Muerta. Una vez utilizados los recursos naturales, el beneficio viaja hacia el país de origen, mientras que en los suelos de la cuenca neuquina los derrames contaminan la tierra y los cultivos, las placas tectónicas se mueven y los gases de efecto invernadero ascienden a la atmósfera. Mientras que desde el G7 o el Acuerdo de París se reprocha a “los países periféricos” por sus prácticas poco limpias, los países occidentales en muchos casos serían sus promotores.
Ante esta situación el Tratado vinculante que se firmaría en Ginebra podría reducir estos costes, la pregunta sería si se lograrían incluir términos exhaustivos que puedan aplicarse a nivel jurídico o el Tratado seguiría insistiendo en artículos generales que podrían posibilitar vacíos legales en beneficio de las corporaciones, como se denuncia desde OMAL.
En el momento de escribir este artículo, la Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC) de EE UU respaldó con más de 400 millones de dólares a dos empresas petroleras en Vaca Muerta.
Por Andrea Ana Gálvez
