El uribismo se enfrenta a una situación difícil que no había previsto. No solamente ya no aglutina las masas que antaño acompañaban a su máximo líder...
El uribismo en aprietos
Ruben Sanchez David
A pocas semanas de las elecciones regionales y locales, el uribismo se enfrenta a una situación difícil que no había previsto. No solamente ya no aglutina las masas que antaño acompañaban a su máximo líder, sino que el llamado a indagatoria al expresidente y hoy senador por la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme el inicio de un proceso judicial contra el ex mandatario, ha sembrado el desconcierto en las filas del Centro Democrático, al punto de que algunos de sus miembros esperan una estruendosa derrota el 27 de octubre.
Atrás quedaron los días en que, al anuncio de la presencia de Uribe, las convocatorias del Centro Democrático se convertían en un éxito que auguraba el triunfo de los candidatos que se colocaban a su sombra. Lo sucedido en días pasados en la Ciudadela Simón Bolívar de Ibagué donde estuvo presente Álvaro Uribe en una reunión a la que apenas asistieron cerca de 200 personas a apoyar a Leonídas López, candidato a la alcaldía del Centro Democrático, se suma a lo que ha pasado en otros municipios, inclusive en Antioquia.
Tampoco puede pasarse por alto el hecho de que en muchas regiones el Centro Democrático ha debido ceder su aval a políticos de otros partidos y hacer alianzas con políticos tradicionales, dejando solos a sus propios candidatos. La imagen del caudillo se encuentra en su punto más bajo – alrededor el 30 por ciento de favorabilidad – y el ala radical del uribismo comienza a tomar distancia de su líder.
La dramática situación del partido de gobierno no es solamente atribuible al deterioro de la imagen del expresidente; también se debe a las divisiones internas simbolizadas por las rencillas entre Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, pero es evidente que la judicialización de un primer mandatario no se conocía en Colombia desde la época de Rojas Pinilla lo cual abre la ventana a escenarios poco claros.
El asunto se remonta a 2014 cuando el senador Iván Cepeda promovió un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia y divulgó los testimonios de dos excombatientes que hicieron señalamientos al expresidente Uribe. El mismo día del debate Uribe denunció a Cepeda ante la Corte por abuso de función pública, fraude procesal y calumnia. Cuatro años después la Corte se abstuvo de investigar a Cepeda pero ordenó hacerlo contra el expresidente por manipulación de testigos tras una serie de hechos oscuros y confusos que involucraron a muchos protagonistas entre los que se destaca una interceptación por error del teléfono del expresidente Uribe cuyo contenido la Corte consideró “trascendente y relevante”.
Ciertamente, la acusación de manipulación de testigos parece un delito menor pero no puede olvidarse que el origen del asunto está relacionado con el apoyo a actividades ilegales de grupos paramilitares. Además, si la Corte llamó a indagatoria al senador Uribe es porque existen pruebas comprobables que superan las suposiciones y las inferencias. Siendo así, lo más probable es que Uribe sea llamado a juicio, ante lo cual caben dos posibilidades. La primera es un fallo absolutorio porque no se puede comprobar el dolo; la segunda es un fallo condenatorio. Sea lo que fuere, el Centro Democrático se verá muy afectado y con ello la relación del partido de gobierno con el presidente Duque.
Como es apenas obvio, el expresidente Uribe y sus abogados se presentarán ante la opinión pública como víctimas y el primero ha iniciado su campaña ante los medios de comunicación. El juicio, empero, de llevarse a cabo, se adelantará ante un órgano plural, la máxima autoridad en materia de justicia, integrada por profesionales que reúnen los requisitos para ocupar tan alta dignidad, celosos de su prestigio.
Cierto es también que algunas voces destempladas han amenazado por las redes sociales con desatar una guerra civil en caso de que su líder sea condenado, o de dar un golpe de Estado para detener el proceso, pero no se palpa en el ambiente que exista esa posibilidad. Lo más probable es un rompimiento del Gobierno con el sector radical del uribismo y la búsqueda de un margen de maniobra superior al que ha tenido hasta ahora.
El partido de gobierno ha demostrado ser un partido neopopulista y su jefe un líder carismático que goza de lealtades personales por lo que ha prevalecido en él una representación verticalista. Los líderes populistas establecen por lo general con sus seguidores una relación que va en contra de las formas republicanas de identificación política, asociada con una identificación irracional y espontánea con el líder fuerte, pero el populismo no depende necesariamente de la existencia de un líder carismático, sino de una acción arraigada en mitos. Todo dependerá de la capacidad del presidente Duque o de personalidades fuertes del Gobierno para llenar el vacío que poco a poco deja Uribe.
Duque habla de paz con legalidad y el hecho de que el llamado a indagatoria a Uribe se enmarque en una ética procesal y procedimental que ha puesto en evidencia la independencia de las autoridades judiciales, no permite suponer un desconocimiento del Estado de derecho por parte del Gobierno y su presidente. El único damnificado será el Centro Democrático.
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Rubén Sánchez David
Fuente: https://www.sur.org.co/el-uribismo-en-aprietos/
Fuente: https://www.sur.org.co/uribe-ante-la-justicia/
Uribe ante la Justicia
Pedro Santana Rodríguez
La sala 2 de instrucción penal de la Corte Suprema de Justicia en cabeza del Magistrado César Augusto Reyes Medina llamó a indagatoria al expresidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez. La fecha para la indagatoria es el próximo 8 de octubre. Los delitos por los cuales deberá responder Uribe en un voluminoso expediente es el de la presunta manipulación de testigos. Este proceso se remonta al año 2014 en que el senador del Polo Democrático Iván Cepeda Castro promovió un debate en contra de Uribe por el impulso y apoyo a la conformación de grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Dos testigos cuyos testimonios hizo públicos Cepeda en dicho debate incriminan a Uribe en la organización del Bloque Metro de las Autodefensas en la ciudad de Medellín y su área metropolitana. Uribe se ausento del debate y en cambio mientras Cepeda adelantaba su presentación en el Senado de la República, Uribe acudió a la Corte Suprema de Justicia en donde entablo denuncia penal contra Cepeda por el delito de manipulación de testigos.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en el mes de febrero del año 2018 exoneró a Cepeda y en cambio abrió formalmente investigación a Uribe por el delito de manipulación de testigos. Así Uribe paso de acusador a acusado. En este momento el expediente estaba en la Sala Penal de la Corte Suprema en cabeza del magistrado José Luis Barceló quien fijo el día 3 de septiembre del año 2018 para que Uribe rindiera indagatoria. Esta no se pudo realizar por dos circunstancias. La primera porque la defensa de Uribe recuso a los magistrados que habían tomado la decisión y la segunda porque entró en vigencia una reforma constitucional que estableció la doble instancia para los aforados constitucionales que cubre a Uribe como senador de la República. La recusación fue rechazada por la Sala Penal de la Corte, pero, el proceso tuvo que ser remitido a la nueva Sala de Instrucción conformada por seis magistrados que actúa como primera instancia. El proceso con sus pruebas y anexos fue remitido a dicha sala en donde la correspondió inicialmente a la Magistrada Cristina Lombana Velásquez recién nombrada como los demás magistrados por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia.
El senador Cepeda recusó a la magistrada Lombana por ser al mismo tiempo que magistrada mayor en servicio activo del Ejército Nacional. Cepeda argumentó que no Lombana no podía ser la magistrada ponente porque había sido subalterna de Uribe cuando este fue presidente de la República. Tanto la Sala de Instrucción como después el Consejo de Estado separaron a Lombana del proceso y reasignaron el caso que en esta ocasión le correspondió en mayo pasado al magistrado Reyes Medina quien cito a Uribe a indagatoria para este próximo 8 de octubre. También llamó a indagatoria el representante por el Centro Democrático Álvaro Hernán Prada por los mismos hechos. Prada hizo parte de las personas que trataron de influir para que el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve principal testigo contra Uribe cambiara su versión. La indagatoria de Prada fue fijada para el próximo nueve de octubre.
Pero también el magistrado Reyes Medina tiene a su cargo la indagación en contra de Álvaro Uribe por presuntos nexos con grupos paramilitares que incluye el homicidio del presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia, Jesús María Valle Jaramillo ocurrida el 27 de febrero de 1998; así como las masacres de la Granja y el Aro perpetradas en el municipio de Ituango en los años 1996 y 1997 que fueron declaradas como de lesa humanidad el 31 de mayo de 2018 por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al declararlas como de lesa humanidad las investigaciones no prescriben y las investigaciones siguen adelante. No obstante la indagatoria a Uribe este 8 de octubre se relaciona con la manipulación de testigos en el proceso entablado por el expresidente en contra del senador Cepeda.
Todos los recursos interpuestos por Uribe han sido resueltos de manera negativa y la Sala de Instrucción 2 de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad los ha negado incluido un recurso de nulidad del proceso. La única novedad es que la sala llamó a nuevos testigos que habían sido solicitados por la defensa de Uribe la mayor parte de esos nuevos testigos fueron jefes de los paramilitares o reconocidos narcotraficantes. Estos testimonios serán acopiados antes de la indagatoria prevista para este 8 de octubre.
La Sala de instrucción al ratificar el llamado a indagatoria de Uribe ha señalado que tiene material probatorio que debe ser controvertido en dicha indagatoria por el propio Uribe y su abogado defensor. Los cinco magistrados habilitados deberán tomar una decisión sobre si dictan una medida de aseguramiento en los 10 días posteriores a la indagatoria o si por el contrario cierra el proceso. De continuar con el proceso debe decidir si envía a Uribe a un centro carcelario o lo deja en libertad para que asuma su defensa. El lío mayor de Uribe es que el delito que se le imputa en el proceso es el de manipulación de testigos para tratar de influir en el proceso por lo que los magistrados deberán resolver si lo privan de la libertad para evitar que siga influyendo de manera ilegal en el mismo.
Todo esto se da en un momento complicado para Uribe y para el gobierno que indudablemente él orienta. Los índices de popularidad de Uribe han caído y su capacidad de convocatoria se ha visto seriamente disminuida. Sus actividades electorales ya no cuentan con asistencia nutrida. Su partido el Centro Democrático da tumbos y se divide en temas de la agenda del Congreso. Las barras bravas del Uribismo se han visto seriamente afectadas y disminuidas. En cierta forma la opinión pública muestra un hartazgo por las posiciones de Uribe de oposición al proceso de Paz, por intentar sin éxito acabar con la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, por oponerse a la política de reparación integral a las víctimas que suman más de ocho millones y por negar la existencia del conflicto armado interno. Hasta ahora las más de 200 denuncias contra Uribe en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no han avanzado y tampoco los 14 procesos que se encuentran en la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es si la Corte Suprema finalmente se atreverá a avanzar en esas investigaciones. Por lo pronto la única investigación que ha avanzado es la relacionada con este proceso y la Corte finalmente tendrá que decidir si sigue adelante o si como ha sido la constante hasta ahora mantiene los grandes privilegios de los que ha gozado Uribe para actuar impunemente. De eso se trata ahora.
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Pedro Santana Rodríguez
Director Revista Sur
Foto obtenida de: https://www.telesurtv.net/
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Fuente: https://www.sur.org.co/uribe-ante-la-justicia/
