A Duque lo coge este 7 de agosto sin mucho que celebrar, con la economía en ascuas,el desempleo de mal en peor, la inseguridad disparada y el país sumido en la incertidumbre.
DOSSIER:
DOSSIER:
Un gobierno delicuescente: evanescente, sin vigor y decadente. Más cercano a ciertos privilegiados delincuentes, que a la gente común y decente
1. Iván Duque: Un presidente delicuescente
https://www.razonpublica.com/images/Sazon_Publica/2019/Anyelik-duque-refunde.jpg
Ad portas de cumplir su primer año en la Casa de Nariño, el presidente Duque demuestra ser un excelente cultor de dicho estilo en el ámbito gubernamental. Basta recordar los tres grandes objetivos que nos propuso a los colombianos en su discurso de posesión presidencial, resumidos en el acrónimo LEE: Legalidad, Equidad y Emprendimiento.
Hernando Llano Ángel*
Según el Diccionario de la Real Academia Española, el adjetivo delicuescente denota un estilo literario y cultural “evanescente, sin vigor, decadente”. Ad portas de cumplir su primer año en la Casa de Nariño, el presidente Duque demuestra ser un excelente cultor de dicho estilo en el ámbito gubernamental. Basta recordar los tres grandes objetivos que nos propuso a los colombianos en su discurso de posesión presidencial, resumidos en el acrónimo LEE: Legalidad, Equidad y Emprendimiento.
Un presidente que no lee a Colombia
Por la forma como los ha venido cumpliendo, uno duda sobre su competencia para leer a Colombia y empieza a sospechar que estamos frente a un grave caso de analfabetismo político. Empecemos por la legalidad. Su desempeño ha sido evanescente, es decir, cada día la legalidad se desvanece y esfuma más. Así lo demostró con sus objeciones a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, al punto que ha sido el único presidente forzado por la Corte Constitucional a sancionar una ley. Es decir, reprobó el examen de legalidad en materia grave. Casi incurre en una falta de lesa humanidad, pues la JEP se instauró con el propósito central de honrar a todas las víctimas del conflicto armado interno, mediante el esclarecimiento de la verdad de lo sucedido. Es decir, de las responsabilidades de todos los victimarios, desde los violentos y desalmados guerrilleros, pasando por los institucionales y “bien intencionados” miembros de la Fuerza Pública, perpetradores de miles de “falsos positivos”, sus mandos superiores, hasta ciertos exitosos empresarios y algunos gobernantes innombrables, aún inimputables. Pero todo parece indicar que en esta legislatura de nuevo la “inteligencia superior” del Centro Democrático insistirá, con su tozudez de domador equino, en la creación de una sala especial en la JEP para juzgar a los militares. Tal iniciativa complementaría a su inefable proyecto de doble instancia retroactiva que, vanamente, buscará exonerar a todos los políticos ya condenados por su asociación delictiva y criminal con grupos paramilitares, los parapolíticos, además de aligerar la pena de su putativo hijo político, más conocido como “Uribito”. Todo ello, con la anuencia del transitorio habitante de la Casa de Nariño, carente de vigor para oponerse a semejante estrategia, incapaz de comportarse como un presidente de la Nación, que juro cumplir la Constitución y la ley. En lugar de ello, se comporta como un decadente y obsecuente funcionario al servicio de quien denomina “presidente eterno” y dirige una organización facciosa1, casi mafiosa que encubre y favorece a sus integrantes, camuflada bajo la sigla del “Centro Democrático”. De concretarse tal proyecto y concepción de legalidad, estaríamos asistiendo a la instauración de un Estado delicuescente, diseñado para encubrir cierta criminalidad elitista, revestido con los oropeles de normas rimbombantes que no logran ocultar la complicidad, iniquidad e indignidad de sus gestores con el régimen electofáctico2 que regentan.
Una Equidad codiciosa
Algo todavía más aberrante parece estar a punto de pasar con la Equidad, su segunda bandera, si con nuestros impuestos el Estado le cancela al grupo Aval las deudas contraídas a su favor por Odebrecht3, con quien se confabuló en una operación corrupta para ejecutar la Ruta del Sol. Tal operación nos conduciría directamente a las tinieblas de la inequidad para avalar la codicia sin límites de dicho grupo financiero. Así las cosas, Duque nos está conduciendo a una decadencia inimaginable, donde la legalidad se troca en impunidad y la equidad en injusticia e iniquidad.
Un Emprendedor devastador
En cuanto al Emprendimiento, su tercera y última bandera, es quizá la más amenazante y peligrosa, pues está pintada con un explosivo color naranja de maniqueísmo y tecnicismo. El maniqueísmo depredador de asperjar con glifosato la “mata que mata”, en lugar de reconocer y emprender una investigación rigurosa sobre las maravillosas propiedades de la coca4 y asumir el liderazgo de su regulación estatal, en beneficio de la población campesina que ha sido vejada, rociada y victimizada con la coartada de la “guerra contra el narcotráfico”. Ayer era la marihuana la mata maldita, fumigada con paraquat, hoy es la mata bendita cultivada y legalmente explotada por la industria farmacéutica. ¿Hasta cuándo se devastarán nuestros bosques y parques nacionales, los cultivos y la salud de los campesinos en nombre de una guerra perdida y absurda contra la Mama Coca? Y, por último, ya se anuncia el fracking, como la alternativa para dinamizar la economía, con todos los tecnicismos y previsiones para evitar crisis ambientales. Todo parece indicar que este gobierno será un gran emprendedor de futuras catástrofes provocadas. Un gobierno delicuescente: evanescente, sin vigor y decadente. Más cercano a ciertos privilegiados delincuentes, que a la gente común y decente.
1 Lo que distingue a una facción política de un partido, es que la primera subordina los intereses de toda la sociedad a los beneficios de sus correligionarios, como bien lo señaló Giovanni Sartori. Un partido político se reconoce como parte de un todo, respeta las reglas del juego y sirve al conjunto de la sociedad.
1 Lo que distingue a una facción política de un partido, es que la primera subordina los intereses de toda la sociedad a los beneficios de sus correligionarios, como bien lo señaló Giovanni Sartori. Un partido político se reconoce como parte de un todo, respeta las reglas del juego y sirve al conjunto de la sociedad.
2 Acrónimo que significa un régimen con elecciones, pero al servicio de poderes e intereses fácticos, tanto ilegales como los legales, a través de sofisticadas maniobras “legales”, como las de Aval y Odebrecht.
3 Platos rotos de Odebrecht https://www.semana.com/nacion/articulo/los-platos-rotos-de-odebrecht-quien-pagara-la-billonaria-deuda-los-colombianos/625445.
4 Usos medicinales de la coca https://www.vix.com/es/imj/salud/4947/usos-medicinales-de-la-hoja-de-coca
_________________________________
Fuente:
Edición 646 – Semana del 3 al 9 de agosto de 2019
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0646/articulo03.html
_________________________________
*Profesor Departamento de Ciencia Jurídica y Política Facultad de Humanidades
y Ciencias Sociales Pontificia Universidad Javeriana – Cali
Fuente:
Edición 646 – Semana del 3 al 9 de agosto de 2019
http://viva.org.co/cajavirtual/svc0646/articulo03.html
2. Gobierno Duque cumple un año obstaculizando la paz y la garantía de DDHH
Para diversos analistas, el gobierno de Iván Duque cumple un año tratando de poner obstáculos a la paz. Los proyectos de ley entre los que se encuentran las polémicas objeciones a la JEP, el asesinato de excombatientes de FARC, la ruptura de los diálogos con el ELN y las medidas que pretenden priorizar la erradicación […]
Para diversos analistas, el gobierno de Iván Duque cumple un año tratando de poner obstáculos a la paz. Los proyectos de ley entre los que se encuentran las polémicas objeciones a la JEP, el asesinato de excombatientes de FARC, la ruptura de los diálogos con el ELN y las medidas que pretenden priorizar la erradicación forzada de los cultivos de uso ilícito, entre otras, son algunas de las razones de dicho análisis.
Para Alirio Uribe, abogado defensor de DDHH e integrante del Movimiento Defendamos La Paz, este año de gobierno Duque ha sido nefasto en materia de construcción de paz, pero este no es el único tema, la economía, la defensa de los DDHH, la lucha contra la impunidad y otros son una muestra de que este gobierno está siendo fallido.
Proyectos de ley en contra de la paz
Durante la legislatura vigente el partido de gobierno, Centro Democrático ha presentado 12 iniciativas que atentan contra la implementación del acuerdo de paz y en contra de los derechos de las víctimas. Una reforma a la ley 1448 o ley de víctimas para que la restitución deje de ser la prioridad, es solamente un ejemplo de las intenciones del gobierno.
Para el senador Iván Cepeda, referenciado por la revista Semana, esos proyectos buscan restarle a las víctimas la posibilidad de retornar y desarrollar su proyecto de vida en las tierras que les fueron despojadas violentamente, reducir las posibilidades de nuevas negociaciones de paz, modificar la Jurisdicción Especial de Paz y evitar que los delitos medioambientales sean conexos a la rebelión, con lo cual se bloquearía una eventual negociación con el ELN.
Asesinatos de excombatientes
En este punto las cifras hablan por sí solas, desde la firma del Acuerdo de paz en 2016 han sido asesinados, según el propio partido FARC, cerca de 180 personas excombatientes o familiares de excombatientes. Aunque para muchos este es un indicativo de los riesgos que corre la implementación en los territorios y la ausencia de política eficaces de protección para quienes decidieron dejar las armas.
Al mismo tiempo varios análisis sobre este fenómeno aseguran que los asesinatos de personas en proceso de reincorporación, obedecen a la ausencia de medidas efectivas para el desmonte del paramilitarismo y una ausencia serie de desmonte del discurso de la guerra, puesto que si se sigue adjetivando como terroristas y narcotraficantes a integrantes de FARC, la reacción en territorio es legitimar cualquier acción en su contra.
Erradicación forzada y aspersión aérea atentan de frente contra el Acuerdo de paz
Este es otro de los puntos críticos para la paz. Comunidades en el Putumayo, habitantes de la Perla Amazónica denunciaron que el incumplimiento en materia de apoyos técnicos que faciliten la sustitución de los cultivos de uso ilícito deberían estar en marcha al tiempo que los subsidios familiares. Según ellos, este es el último mes en que se recibe el apoyo y sin embargo no se ha podido establecer algún tipo de salida a corto, mediano o largo plazo, puesto que no hay apoyos técnicos para implementar otro tipo de siembras.
Por su parte, el Instituto de Estudios para la Paz, INDEPAZ, afirmó en su más reciente informe que por lo menos el 50% de las hectáreas de tierra sembradas con Coca y que fueron sometidas a erradicación forzada presentan “resiembras de la planta” lo que evidencia que sin sustitución el problema se resuelve en un mínimo porcentaje.
En esta materia el gobierno de Duque plantea como salida el regreso de las fumigaciones aéreas a pesar de los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional que exigen que este tipo de acciones tengan los estudios suficientes para demostrar que no son un peligro para la salud de las personas o la salubridad para el ambiente.
No se ha desmontado el paramilitarismo y parece que no se avanza en ello
Diversas organizaciones de DDHH o de presencia internacional como el CICR o la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han coincidido en señalar que la proliferación de los grupos armados en los territorios representa una amenaza real para la construcción de la paz, en tanto que propician economías ilegales e impiden, entre otros, el regreso de las personas víctimas a sus tierras.
Según la Fiscalía, más del 57% de los casos de asesinatos de líderes sociales, 274 a Mayo de 2019, han sido responsabilidad de grupos criminales, los demás, 47% tendrían como autores al Clan de Golfo que siguen operando en los territorios. Sin embargo, dicha cifra dista mucho del registro de varias organizaciones que señalan que desde la firma del acuerdo han sido asesinadas 627 personas líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
En resumen, la proliferación de los grupos de delincuencia relacionados al narcotráfico y la reedición del paramilitarismo en varias regiones, son las principales causas de una crisis humanitaria y el Gobierno no da muestras de estar buscando salidas efectivas.
Un ejemplo de ello es la reacción ante la movilización del pasado 26 de julio en cerca de 130 ciudades del mundo luego de la cual la Fiscalía habilitó un correo electrónico al que los líderes sociales deben remitir sus denuncias que no soluciona el problema, dado que la denuncia de la amenaza no es el problema sino la protección efectiva, territorial y conjunta de los procesos que se ponen en riesgo.
Desmonte de la mesa nacional de garantías durante gobierno Duque
Soraya Gutiérrez, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, aseguró que uno de los pocos espacios de participación de las organizaciones sociales con presencia territorial era la Mesa Nacional de Garantías, creada durante el gobierno de Juan Manuel Santos para hacer un seguimiento y acompañamiento a las acciones del Estado en materia de protección de los DDHH.
Sin embargo, durante el gobierno de Iván Duque este espacio no ha sido convocado, por el contrario, se han definido una serie de políticas de manera unilateral pero que han sido nombradas como pactos, uno de los ejemplos claros está en el Plan Nacional de Desarrollo que menciona una serie de pactos que no han tenido ningún espacio de concertación con la sociedad civil.
Así las cosas, el balance de este primer año del gobierno Duque es más que desalentador en materias de paz y derechos humanos. Situación que podría no mejorar o incluso empeorar al hacer el análisis del discurso del uribismo que sigue priorizando las medidas de guerra o policiales por encima de la concertación y el diálogo democrático.
Fuente: www.contagioradio.com/gobierno-duque-cumple-un-ano-obstaculizando-la-paz-y-la-garantia-de-ddhh/
3. El primer año de gobierno: nada nos libra…
MARIO ALEJANDRO VALENCIA BARRERA
Al presidente Duque le gusta el rock y ser predecible. Cumplido su primer año de gobierno no ha hecho nada que no estuviera planeado y, para quienes podían albergar alguna ilusión, ya saben qué se viene para los próximos tres años.
Si algo ha caracterizado al actual gobierno es su coincidencia en el manejo de la economía con los gobiernos anteriores. Tanto los partidos santistas como los uribistas le aprobaron a Duque una reforma tributaria regresiva, el ingreso del país a la OCDE, un Plan de Desarrollo que reduce las funciones del Estado, y se disponen -unidos- a más privatizaciones, reforma pensional y contratos para privados con recursos públicos.
Por esta razón, los resultados no pueden ser otros que los siguientes:
- Mientras el gobierno mantiene sus proyecciones de crecimiento económico para 2019 en 3,6 %, ninguna institución de análisis, local o extranjera, apuesta -en promedio- por un aumento superior a 3 %. Como la economía no va a crecer lo suficiente, las necesidades fiscales serán mayores y la situación del mercado laboral seguirá empeorando.
- En lo transcurrido del gobierno, 60.000 personas adicionales se quedaron sin ocupación y 71.000 más no lograron conseguirla. Por eso para el mes de junio la tasa de desempleo es la más alta desde 2013.
- De los últimos 11 meses, en 9 de ellos la confianza de los consumidores está en terreno negativo.
- Las exportaciones han aumentado 4,5 %, pero las importaciones lo hicieron en 8,3 %, en los 12 meses anteriores a mayo de 2019.
- Durante tres trimestres de gobierno, se han recibido USD 8925 millones por inversión extranjera, pero han salido del país USD 13 083 por pago de la renta. Así, el déficit en cuenta corriente acumulado es de USD 10 525 millones, 47 % más que en los mismos trimestres del periodo anterior.
- En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se reconoce que hay una decisión política de reducir la intervención del Estado en la economía. Según las proyecciones, entre 2019 y 2030 los ingresos del Gobierno Nacional pasarían de 16,6 % a 15,7 % del PIB, mientras el gasto público caerá de 19 % a 16,7 % del PIB. La realidad indica que los países más ricos del planeta tienen Estados fuertes cuya participación en la economía es mucho más alta. El promedio de gasto público en los países de la OCDE es de 40 % del PIB.
- El Presupuesto General de la Nación para 2020 está desfinanciado en $ 8,5 billones, que corresponden al regalo en impuestos que hizo el gobierno en la reforma de 2018. Para compensar, han anunciado la privatización de ISA e incluso de parte de Ecopetrol.
- Finalmente, el crecimiento de la industria, la construcción y el suministro de energía y gas, están en terreno negativo.
Las anteriores son razones suficientes para convencerse de que el gobierno de Iván Duque se la jugó por una continuidad del modelo económico fracasado, que ha frenado la competitividad, ha impedido la diversificación productiva, y mantiene la dependencia de las exportaciones de recursos naturales y las importaciones de bienes que compiten deslealmente con la producción nacional.
Por ende, los próximos tres años debemos esperar que el principal problema económico y social del país siga siendo el desempleo, la precarización del mercado laboral, la destrucción del aparato productivo, mayores impactos ambientales por la explotación minero-energética y una economía al vaivén de la incertidumbre de los mercados globales.
Nada más queda…
A Duque lo coge este 7 de agosto sin mucho que celebrar, con la economía en ascuas,el desempleo de mal en peor, la inseguridad disparada y el país sumido en la incertidumbre.
4. Un año de incertidumbre
El problema más grave es la incapacidad presidencial de generar confianza.
Por: Vladdo
Más allá de que se tenga una buena impresión de un mandatario como persona, lo que cuenta son sus logros, y en el primer año de la administración de Iván Duque este balance es bastante modesto, empezando por su desempeño económico –que se suponía era el lado fuerte del mandatario– y siguiendo con los temas de seguridad, narcotráfico, empleo, protección del medio ambiente, etcétera.
Sin embargo, por encima de estos problemas, o en su raíz, lo más grave es la incapacidad presidencial de generar confianza, que es la principal preocupación que se percibe en el ambiente y tiene origen en una aparente desconexión del mandatario con la realidad del país, pues sus discursos van por un lado y las actuaciones de su gobierno van por otro o simplemente no van.
Eso se veía venir desde su posesión, en la que su tono mesurado y conciliador contrastó con el discurso incendiario y camorrero del presidente del Congreso, quien casualmente era el vocero de la bancada de gobierno. Desde entonces, los discursos del Presidente no producen ningún efecto ni se traducen en hechos; una cosa es lo que él dice y otra, lo que hace su gente, incluidos los congresistas de su partido.
Para algunos, esto se debe a la decisión de Duque de replantear la relación Ejecutivo-Legislativo. Ahora bien, si un gobernante quiere sacar adelante un plan de gobierno, es obvio que tiene que contar con el respaldo de un Congreso que transforme sus proyectos en leyes. Y para convertir a los congresistas en aliados hay dos caminos.
Los discursos del presidente no producen ningún efecto ni se traducen en hechos; una cosa es lo que él dice y otra lo que hace su gente, incluidos los congresistas de su partido
Uno es llegar a un pacto con el parlamento, accediendo no solo a la distribución de cuotas burocráticas entre los distintos partidos, sino a la repartija presupuestal, como se ha hecho tradicionalmente, con diferentes denominaciones: auxilios, cupos indicativos, ‘mermelada’, etcétera. Aunque la asignación de recursos entre los congresistas puede ser condenada a priori y tenga visos aberrantes, el problema de esta medida no es la transacción en sí misma; al fin y al cabo, en todas las democracias los parlamentarios se hacen elegir para promover leyes y buscar obras y apoyo económico para sus regiones. Lo malo en estos casos es la falta de transparencia en la destinación de esos recursos, que en no pocas ocasiones terminan en bolsillos de políticos corruptos que se los roban, bien sea directamente o por medio de testaferros, copartidarios o familiares que se enriquecen de la noche a la mañana, a costillas del erario.
La otra forma de alinear el Congreso es a punta de liderazgo. Con buena comunicación, propuestas audaces, planteamientos sólidos y seguimiento juicioso de sus iniciativas, un buen mandatario debería estar en capacidad de ganarse el espaldarazo del Congreso y, de paso, el apoyo de la opinión pública.
Con la ingenuidad propia de su inexperiencia, Duque optó por abolir de un tajo el intercambio de favores con los padres de la patria, medida muy aplaudida por la galería, pero de imprevisibles consecuencias. Al descartar una posible cooperación con el Legislativo, la única vía que le quedó fue la de la persuasión, tarea en la cual cometió todos los errores posibles, pues a su casi nulo poder de disuasión se sumaron su desconocimiento de la cosa política y las limitaciones de la ministra del Interior, teóricamente encargada de lidiar con el Congreso y quien falló estrepitosamente en esa tarea, tal y como pudo verse en el naufragio de las principales reformas anunciadas por el Gobierno.
Por eso, a Duque lo coge este 7 de agosto sin mucho que celebrar, con la economía en ascuas, el desempleo de mal en peor, la inseguridad disparada y el país sumido en la incertidumbre. Tras un año de inaugurado, el Gobierno no despega y el Presidente parece no darse cuenta.
puntoyaparte@vladdo.com
Fuente: https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/vladdo/un-ano-de-incertidumbre-columna-de-vladdo-398060
5. Un año del Gobierno de Duque: ¿ha cumplido sus promesas?
Los asesinatos de líderes sociales, la alta producción de cocaína en Colombia y las cifras de desempleo son algunos de los pendientes del mandatario.
El presidente de Colombia, Iván Duque, durante un discurso en la Casa Blanca, Washington, 13 de febrero de 2019. Brendan Smialowski / AFP
El 7 de agosto de 2018 Iván Duque asumió la Presidencia de Colombia. En su primer discurso, el candidato del partido de derecha Centro Democrático prometió mejorar el acuerdo de paz con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), reactivar la economía y emprender una lucha contra la corrupción y el narcotráfico.
A un año de gobierno, Duque tiene pendientes varios puntos de la agenda que anunció aquella mañana en la plaza de Bolívar de Bogotá, en donde aseguró que llegó al poder "una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas en prejuicios del pasado".
Narcotráfico
Durante su investidura, Iván Duque fue crítico respecto al abandono de muchas regiones de Colombia que se vieron dañadas por la corrupción, el narcotráfico, el clientelismo y la falta de acceso a bienes públicos en muchas comunidades.
El mandatario prometió que su Gobierno derrotaría a los cárteles de la droga y sería efectivo en la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos para "romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico".
Sin embargo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) señaló en su más reciente informe que el 70 % de la cocaína del mundo se produce en Colombia. Los investigadores de la ONU calificaron como "preocupante" lo que sucede en el país sudamericano.
A finales de marzo, el presidente estadounidense, Donald Trump, acusó a su homólogo de no haber "hecho nada" para detener el flujo de drogas desde su país y aseguró que había "más drogas saliendo de Colombia ahora mismo" que antes de que que Duque llegara a la Casa de Nariño.
Asesinatos de líderes sociales
"Recibimos un país convulsionado", aseguró Duque en su discurso hace un año, expresando su preocupación porque más de 300 líderes sociales habían sido asesinados en los dos años previos.
Según el consejero presidencial para los derechos humanos, Francisco Barbosa, en el Gobierno de Duque han sido asesinados 68 líderes sociales, lo que significa una disminución de 35 % previo a su llegada. Sin embargo, la organización no gubernamental Human Rights Watch expresó dudas por el descenso y consideró que el Gobierno "adorna las cifras" ya que, según datos de la ONU, entre agosto de 2018 y mayo de 2019 se había confirmado la muerte de 60 activistas.
A mediados de julio, Duque reconoció en una entrevista que era "difícil" proteger a todos los líderes sociales del país.
De acuerdo con un informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), este órgano ha recibido 76 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos.
Acuerdo de paz
El mandatario colombiano prometió corregir las "fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación" del acuerdo de paz entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano firmado en noviembre de 2016.
Sin embargo, el Gobierno de Duque no ha podido detener el asesinato de antiguos combatientes que dejaron las armas tras la firma del acuerdo. Hasta la fecha, 137 exmiembros de las extintas FARC han sido asesinados.
La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia ha manifestado su preocupación por el asesinato de los exguerrilleros.
"Falsos positivos"
En su discurso de investidura, Duque hizo referencia a la "valentía" y "fervor" de las Fuerzas Armadas y de la Policía colombiana por enfrentar "la crueldad de los criminales, la anarquía del terrorismo y la codicia del narcotráfico" y no permitir que los violentos ganen.
Sin embargo, una investigación publicada en el diario New York Times reveló que generales y coroneles del Ejército colombiano firmaron un compromiso para aumentar los operativos y duplicar el número de criminales y rebeldes que matan, capturan y obligan a rendirse, sin importar si hay un aumento en el número de bajas civiles.
La revelación sobre la nueva política militar en la Administración de Duque recordó al periodo de los llamados "falsos positivos", cuando bajo el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006 y 2006-2010), miembros del Ejército presentaron como guerrilleros 'dados de baja en combate' a jóvenes que simplemente fueron asesinados.
Tras las fuertes críticas, el mandatario anunció la creación de una Comisión Presidencial de Excelencia Militar para evaluar las órdenes y manuales operacionales de las Fuerzas Armadas.
Corrupción
A su llegada a la Presidencia, Duque acusó que los escándalos de corrupción "han deslegitimado al Estado" y malgastado los recursos públicos.
Sin embargo, después del desempleo, la corrupción es el tema que más preocupa a los colombianos, de acuerdo con la más reciente encuesta Invamer.
En la citada encuesta, el 68 % de los entrevistados cree que el país suramericano va por mal camino.
Desempleo
El mandatario colombiano inició su mandato con la promesa de un "programa de reactivación económica" y de reformas estructurales que lograrían aumentar el recaudo, bajar los impuestos a los generadores de empleo y mejorar los ingresos de los trabajadores haciendo más eficiente la administración pública.
En junio la tasa de desempleo nacional continuó con su tendencia ascendente y se ubicó en 9,4 %, quedando por encima del 9,1 % registrado en 2018.
Entre abril y junio de 2019, la tasa de desempleo subió a 10,1 %, lo que implica un alza, pues en el mismo período del año pasado estaba en 9,4 %. En total, según los datos del Departamento de Estadística (Dane), 2,3 millones de colombianos están sin trabajo.
En un análisis de la Unidad de Inteligencia del semanario británico The Economist, describen el primer año de Duque como "improductivo" en términos legislativos y con un Gabinete incapaz en lo técnico.
"Una de las promesas iniciales hechas por Duque fue priorizar las consideraciones técnicas sobre las políticas al seleccionar a los miembros de su gabinete. Un año después, se ha hecho evidente que ciertos miembros de su gabinete no eran tecnócratas y no estaban preparados para las tareas en cuestión", se lee en el texto.
Venezuela
El Gobierno de Duque ha sido el principal opositor de Nicolás Maduro en la región latinoamericana desde que el opositor Juan Guaidó se autoproclamó presidente interino de Venezuela.
Aunque en su discurso inaugural Duque prometió "respetar la Carta Democrática Interamericana" y promover "la libertad de los pueblos de la región", Caracas ha denunciado planes de magnicidios en los que ha sido recurrente el señalamiento hacia Colombia y EE.UU. como responsables.
En febrero, tras el intento de ingresar a Venezuela supuesta ayuda humanitaria desde Colombia, que terminó con heridos en los puentes fronterizos de ambas naciones, Maduro denunció que Duque pretendía señalar a Caracas de la violencia para justificar una intervención militar con el apoyo de Washington.
"La orden de Duque fue quemar los camiones (de supuesta 'ayuda humanitaria') y echarle la culpa a Venezuela y pedir una intervención militar", dijo Maduro.
6. Duque: ¿aprendiz o inexperto?
Por: Pablo Felipe Robledo
Hoy se cumple un año de posesionado Iván Duque como presidente. Algunos dirían que se cumple un año de gobierno, pero otros preferirían decir, desgobierno. Muchos, han insistido en que él es el subpresidente y que quien gobierna en cuerpo ajeno es su jefe y mentor, Álvaro Uribe. Y los más sarcásticos, dicen que Colombia ha tenido buenos y malos presidentes, pero al fin y al cabo, siempre ha habido uno.
He venido opinando sobre la gestión de Duque. He aplaudido algunas de sus decisiones y criticado otras, primordialmente aquella que se convirtió en su mayor acto de torpeza jurídica, pero sobre todo política: las objeciones a la estatutaria de la JEP. Ellas lo desviaron del rumbo, lo regresaron al pasado, lo hicieron ver ante la opinión como un belicoso que se niega a la idea de aferrarse a la paz, es decir, alguien igualitico a Uribe. Y la verdad, en ese embeleco lo metió su propio partido el CD, que en este primer año se ha convertido, no en su aliado, sino en su peor enemigo.
Con esas objeciones Duque no ganó nada y perdió muchísimo: gobernabilidad, confianza, unidad y tiempo. Se le descuadernó la institucionalidad, y dejó ver su mayor debilidad: su sumisión y temor a Uribe y a esa caverna caudillista del CD.
Duque es un lento aprendiz del arte de ser presidente, pero no por joven como algunos lo han pretendido justificar, sino por falto de trayectoria, por inexperto. A la “corta edad” de Duque (42), ya estaban también gobernando Gaviria (43), Samper (43), Pastrana (44), pero con la diferencia de que estos sí tenían una trayectoria que les daba credenciales para mandar y aprender rápido. Estos, a diferencia de Duque, ya habían toreado en varias plazas de primera categoría. Todos fueron aprendices de ese duro oficio, luego ahí no está la diferencia. No elegimos a un presidente joven, elegimos a uno inexperto y hoy estamos pagando el precio. Duque llegó sin muchos méritos, salvo el de ocupar cargos de segunda categoría en el exterior, y un período senatorial alcanzado con votos del caudillo de moda, de quien, en épocas de juventud, hasta el propio Duque tenía la peor opinión.
A esa inexperiencia con difícil aprendizaje Duque le sumó en su contra su amalgama con el CD, sin quererse dar cuenta de algo evidente: en ese partido reina y manda Uribe; allí no quieren sino a Uribe y trabajan para él, pues al final de cuentas son todos ventrílocuos de Uribe y no voceros de Duque. Es un partido de obsesivos al servicio de un obsesivo.
Y esa es la razón por la cual a Duque no le salen bien las cosas. Por eso el país no le cree, las encuestas le desfavorecen y la gente no se emociona ni con sus logros. Por eso sus ministros son mal calificados y desconocidos. Duque se dejó meter en la agenda que le favorece políticamente al CD, y todos los días nos hace creer, aun más, que él es como cualquiera de ellos.
Mi recomendación para Duque, a quien quisiera le fuera bien, es que se aleje del CD. Si no lo logra, el próximo año estaremos justificando lo injustificable, su supuesta condición de aprendiz, que reitero, es más bien de inexperto.
7. "Estamos ante un Gobierno realmente malo": análisis del primer año de mandato de Duque
El primer año de Iván Duque como presidente de Colombia se ha caracterizado por el intento de destruir el Acuerdo de Paz con las FARC, la profundización de la minería extractiva, y la inoperancia para detener el asesinato de líderes sociales, dijo a Sputnik el analista Víctor de Currea-Lugo.
"El tema económico, la paz (y) el problema ambiental, llevan a pensar que estamos ante un Gobierno realmente malo", expresó el especialista.
Duque cumple su primer año como presidente de Colombia este miércoles.
Integrante del partido Centro Democrático (derecha), liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), Duque no ha podido desmarcarse de la figura del exmandatario, quien a juicio del analista maneja las riendas del Ejecutivo.
"Eso hay que medirlo en hechos: la destrucción de la paz (con las FARC), la impunidad, los daños económicos, la minería extractiva, la dependencia marcada de EEUU…No veo que el presidente Duque se desligue del proyecto uribista; para nada", afirmó De Currea-Lugo, especialista en los conflictos armados que han sacudido el país sudamericano por más de 50 años.
Implementación de los Acuerdos de Paz
Respecto al acuerdo de paz que el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) alcanzó con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en 2016, el analista insistió en que en su primer año en la Casa de Nariño (sede del Gobierno), Duque no ha avanzado en la implementación de lo firmado en La Habana.
"Ha hecho una serie de proyectos legislativos que han buscado entorpecer la implementación de lo acordado con las FARC y ha hecho una serie de denuncias y pronunciamientos que han deslegitimado o buscaron deslegitimar lo firmado en el proceso de paz; en temas de paz no se ha logrado avance alguno", consideró De Currea-Lugo.
Durante buena parte de este año el presidente se vio enfrentado a la Corte Constitucional y al propio Congreso con motivo de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado en los acuerdos con las FARC.
En marzo Duque anunció la objeción a seis de los 159 artículos que componen la ley estatutaria de la JEP por considerarlos inconvenientes.
Con las objeciones el jefe de Estado buscaba que se aclarara la manera como los victimarios deben reparar a las víctimas, que los delitos de lesa humanidad no pudieran ser juzgados por la justicia transicional, que se precisara el proceso de extradición de personas por conductas posteriores a la firma del acuerdo y que no se condicionara la extradición de otras personas al ofrecimiento de la verdad sin establecer ningún tipo de término, entre otros puntos.
Caso Santrich
Para De Currea-Lugo, tanto Duque como el Centro Democrático desde el Congreso han "buscado golpear" la JEP de varias maneras, ya sea con un "recorte" de su presupuesto "o a través de casos particulares", como el del exguerrillero 'Jesús Santrich', uno de los negociadores de las FARC en La Habana.
"Santrich fue un caso particular donde se juntan varios elementos: primero el deseo de hacer trizas la paz, y segundo el deseo de castigar a aquellos que finalmente se entregaron", expresó el especialista.
El exguerrillero se encuentra prófugo de la justicia desde principios de julio, luego de que no se presentara a una audiencia en la Suprema Corte de Justicia en el marco de una investigación en su contra por su presunta participación en un acuerdo con el Cartel de Sinaloa (México) para exportar diez toneladas de cocaína hacia el país norteamericano por unos 15 millones de dólares.
Estos delitos habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, después de la firma del Acuerdo Final de Paz, por lo que no estaban comprendidos en los hechos contemplados por la JEP, lo que permitía la extradición de Santrich a EEUU.
Santrich estuvo preso entre abril de 2018 y mayo de este año, cuando fue dejado en libertad por orden de la JEP; el 12 de junio comenzó a ejercer sus funciones de legislador.
En virtud del acuerdo de paz, el partido FARC, nacido de la disolución de la guerrilla, obtuvo cinco escaños en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado.
Sin embargo, para el analista no existen pruebas contra el exguerrillero, y todo se trató de un montaje dirigido por el propio Poder Ejecutivo.
"Jurídicamente hablando, no hay pruebas contra Santrich; no digo que sea inocente o culpable, creo en la presunción de inocencia", pero existió "un montaje mediático contra Santrich dirigido y orquestado por el presidente de la República", aseguró el especialista.
Víctor de Currea-Lugo analizó el primer año de mandato de Iván Duque.
Líderes sociales
Un reporte de la Defensoría del Pueblo (ombudsman) indica que 196 líderes sociales fueron asesinados entre marzo de 2018 y mayo de 2019, y que en este periodo se denunciaron 1.608 conductas que vulneraron los derechos humanos de los activistas, 1.351 de ellas amenazas y 44 atentados.
Para De Currea-Lugo, el Gobierno "no ha tomado ningún tipo de medidas" para hacer frente a la situación, que motivó que el pasado 26 de julio se realizarán marchas en varias ciudades del país y del mundo, exigiendo al Ejecutivo que detenga la matanza de líderes sociales.
"Todos los días están matando o amenazando a líderes sociales y a exguerrilleros que se desmovilizaron, sin que el Gobierno actúe", lamentó el analista.
En este marco, el especialista cuestionó el modelo económico del actual Gobierno, centrado en la explotación minera.
"(Duque) insiste en un modelo que tiene que ver con la minería extractiva y el fracking, y la no regulación de la minería, y en ese sentido ha continuado incentivando la política de fracking y favoreciendo las empresas transnacionales de minería", expresó.
Buena parte de los líderes sociales asesinados son personas que se han enfrentado a las empresas mineras en distintas regiones del país.
En abril, el presidente colombiano enfrentó un paro general en protesta por su Plan de Desarrollo, que según sindicatos y organizaciones sociales es "de subdesarrollo" y "lesivo" para el país, ya que prioriza el extractivismo en desmedro de la educación y la ciencia.
El plan fue aprobado por el Congreso a principios de mayo.
Duque asumió la presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2018.
El mandato presidencial en Colombia dura cuatro años sin posibilidad de reelección.
Sputnik
