En 800 millones de dólares se calcula el robo de fondos pertenecientes a la empresa estatal Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), operación planificada y ejecutada por miembros de Voluntad Popular y el entramado de corrupción que creó Guidó...
La ayuda humanitaria como negocio y estafa impune
Álvaro Verzi Rangel
Desvío de dineros, malversación de fondos para la ayuda humanitaria, inflación de cifras, fraude y amenazas fueron usados por el equipo del autoproclamado presidente interino venezolano Juan Guaidó para rodearse de lujos, con la excusa de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro y apoderarse del poder y de los recursos del país.
Pero ni en esto los opositores venezolanos son originales. Los esposos Clinton tienen un oscuro prontuario en Haití. Bill Clinton mandó 20 mil soldados estadounidenses en una operación irónicamente llamada “Restauración de la democracia” y pasó la factura: los chantajeó para que liberara el comercio de arroz y bajara las tasas aduaneras del 50 al 3%, con lo que cereal estadounidense (que su familia producía en Arkansas) era un 40% más barato que el haitiano.
Una nueva definición de ayuda humanitaria que significó la destrucción del sector campesino y disparó los índices de diabetes entres los haitianos. Y quizá haya servido de ejemplo para la apropiación de fondos que debieran ser destinados para la alimentación, salud, vivienda, entre otros ítems, de los pueblos en situación crítica.
Tras el nombramiento de Hillary Clinton como secretaria de Estado en el 2009, Bill fue designado como enviado especial de la ONU en Haití. Eso facilitó a los Clinton ampliar el espectro de influencia sobre las decisiones de ayuda extranjera en el pequeño país.
Luego del terremoto que devastó a Puerto Príncipe en 2010, Bill Clinton fue designado “Copresidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití”. Según Wall Street Journal, “el Departamento de Estado empezó a dirigir a los interesados en competir por contratos para la reconstrucción del país a la Fundación Clinton”. Menos del 1% de la “ayuda humanitaria” fue administrado través del gobierno o de organizaciones haitianas. El 99% lo gestionaron contratistas extranjeras y ONG’s internacionales, en especial españolas y estadounidenses.
Durante los meses que siguieron al terremoto, la USAID otorgó casi 200 millones en contratos de ayuda y reconstrucción, pero sólo el 2,5% se destinó a empresas haitianas. En 2016, una serie de correos desclasificados demostraron que durante la gestión de Hillary como secretaria de Estado, los “friends of Bill” recibían prioridad para ejecutar donaciones que, posteriormente, los colocaba a la cabeza de la adjudicación de contratos para la reconstrucción.
Las denuncias contra el entorno de Guaidó
La primera denuncia la hizo Orlando Avendaño en el ultraderechista portal miamero Panam-Post, donde recordó que la oferta que atrajo a algunos miembros de las fuerzas armadas venezolanas fue que todo aquel que abandonara al presidente constitucional Nicolás Maduro sería tratado como un héroe, asegurándose el futuro.
Los militares desertores terminaron hospedándose en siete hoteles de Cúcuta. Escándalos, prostitutas, alcohol y violencia; estadía en hoteles, manutención de ellos y sus familias; medicinas, comida, bebidas, hospital, protección oficial colombiana: lo que necesitaran.
El ministro venezolano de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, recordó que desde el 23 de marzo denunció con pruebas "el entramado de corrupción y conspiración internacional contra el país desde Cúcuta", por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con dinero enviado (centena de miles de dólares) para reclutar sicarios, bajo la excusa de repartir ayuda humanitaria a la población.
Juan Guaidó, por su parte, tuiteó: “Delegación en Colombia ha manejado con austeridad y limitaciones económicas situación de militares en ese país. Ante denuncias, pido al embajador Calderón Berti solicitar formalmente a organismos de inteligencia colombiana la investigación necesaria. ¡Transparencia ante todo!”.
Y el secretario general de la OEA intentó también deslindarse de la corrupción que todos (incluido él) conocían: “Solicitamos a jurisdicción competente investigación esclarecedora de graves cargos aquí formulados, determinar responsabilidades y exigir rendición de cuentas. No hay democratización posible bajo la opacidad de actos de corrupción”.
Del fracaso de la Operación Cúcuta del 23 de febrero se logró tejer una red de corrupción. Los exdiputados José Manuel Olivares y Gaby Arellano, era quienes conducían la parte operativa relacionada a los esfuerzos por ingresar ayuda humanitaria desde Cúcuta y la eventual posibilidad de un quiebre militar en la frontera que derivaría en el gran triunfo del ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. Pero fue un fracaso.
El 24 de febrero, al día siguiente de que algunos militares cruzaran la frontera hacia Colombia, Guaidó firmó una carta en la que se autorizó a Rossana Barrera y a Kevin Rojas, ambos militantes de Voluntad Popular (VP), la atención del comando, logística y seguridad de los “ciudadanos venezolanos, civiles y militares, que ingresan a territorio colombiano, buscando ayuda y refugio”. Barrera, es cuñada del diputado de VP Sergio Vergara, mano derecha de Guaidó, desde la prisión de Roberto Marrero.
Del pago de los hoteles, el gobierno de Colombia se estaba encargando de las facturas de unos y ACNUR, la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados, de otros, incluidos los hoteles Hampton Inn y el Villa Antigua, en Villa del Rosario. A la gente de Guaidó, le correspondía el pago de los hoteles Ácora y Vasconia.
Las alarmas se confirmaron cuando Barrera y Rojas empezaron a llevar una vida de millonarios, desarrollando todo un entramado para malversar fondos relacionados a la ayuda humanitaria y la manutención de los militares en Cúcuta, en hoteles, discotecas, bebidas, comidas y ropa cara en tiendas de Bogotá y Cúcuta, reportes de alquiler de vehículos y pagos en hoteles con sobreprecios, sin rendir cuentas a nadie.
Otro incidente, del que se percató el Gobierno de Colombia, estuvo relacionado con la cifra de militares en Cúcuta. La información oficial, provista por Guaidó al gobierno de Iván Duque, era de más de 1 450 funcionarios. No obstante, una evaluación paralela de inteligencia colombiana concluyó en que Barrera y Rojas habían inflado la cifra de desertores. Realmente eran unos 700.
El pasado 15 de mayo, unos 60 desertores de la fuerza armada de Venezuela y sus familias fueron desalojados del hotel en el que se refugiaban en Colombia debido a deudas con el hospedaje.
A mediados de mayo ambos encargados de la operatividad en Cúcuta se propusieron organizar una cena benéfica en el lujoso restaurante Pajares Salina de Bogotá, con el fin de recoger fondos para mantener a los uniformados y sus familiares, a la que se opuso el “embajador” de Guaidó, Calderón Berti. La cena se canceló finalmente.
Los servicios de inteligencia colombianos alertaron a Caracas: «Leopoldo López y Juan Guaidó se enteraron de todo lo que hacían Rossana Barrera y Kevin Rojas», quienes fueron apartados, pese a la férrea defensa de la gente de Guaidó, que intentaban desviar la atención contra Calderón Berti. Barrera entregó en una auditoría practicada en Bogotá soportes por apenas cien mil dólares de gastos durante su estancia en Cúcuta.
El robo de los fondos de Citgo
En 800 millones de dólares se calcula el robo de fondos pertenecientes a la empresa estatal Citgo, filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), operación planificada y ejecutada por miembros de Voluntad Popular y el entramado de corrupción que creó Guidó, su más visible dirigente, luego de su autoproclamación el pasado 23 de enero.
Son varios los delitos que cometieron los dirigentes de VP al recibir y apropiarse de grandes cantidades de dinero que estaban destinadas originalmente para facilitar en febrero pasado una intervención militar desde Cúcuta, Colombia, con la excusa de ingresar supuesta "ayuda humanitaria" a Venezuela.
El modus operandi de Guaidó es robar los recursos de cualquier empresa venezolana en el extranjero, en complicidad con los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Argentina. Una vez obtenidos los recursos, Guaidó y sus más cercanos colaboradores, todos pertenecientes al partido Voluntad Popular, crean ONGs ficticias para recibir el dinero y luego transferirlos a cuentas personales.
Citgo, filial de Pdvsa, fue ilegalmente apropiada por autoridades estadounidenses en complicidad con dirigentes opositores prófugos de la justicia como Carlos Vecchio, nombrado ilegalmente miembro de su junta directiva y "embajador" de Venezuela en Washington como condición previa para la apropiación y robo de fondos estatales venezolanos. La trama de corrupción creada por Juan Guaidó y los dirigentes de su partido es uno de los principales motivos de la evidente fractura de la oposición.
Toledo y Freedom House
Luego del escándalo producto del robo de los recursos y dinero destinados a la «ayuda humanitaria» en Cúcuta, Colombia, por parte de la dirigencia opositora, el editor de PanAm Post, Orlando Avendaño, entrevistó a Lester Toledo, político prófugo de la justicia venezolana y miembro de la tolda que lideras Juan Guaidó y el fugado Leopoldo López.
Freedom House, institución adscrita al Departamento de Estado, ayudó a preparar política y financieramente a la oposición venezolana y financia al bufete de abogados Foro Penal, defensor de agentes violentos que han participado en sucesivas operaciones disruptivas y desestabilizadoras (2014 y 2017). Además de financiar a Toledo, brinda capacitación técnica a ONG y fundaciones relacionadas con el antichavismo.
La red Atlas (Atlas Economic Research Foundation), la internacional del capitalismo ultramontano que funciona a través de un inmenso conglomerado de fundaciones, institutos, ONGs, think tanks y sociedades unidos entre sí por hilos poco detectables , que ayudó a alterar el poder político en diversos países, es una extensión tácita de la política exterior de EEUU.
Los asociados a Atlas son financiados por el Departamento de Estado y la National Endowment for Democracy (Fundación Nacional para la Democracia, NED), brazo crucial del soft power estadounidense, patrocinada, entre otros, por los hermanos Koch, poderosos billonarios ultraconservadores y varias trasnacionales.
La NED y el Departamento de Estado, que cuentan con entidades públicas que funcionan como centros de operación y despliegue de líneas y fondos como la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), Freedom House y la Agencia del Desarrollo Internacional de Estados Unidos (Usaid), son los principales entes actores que reparten directrices y recursos, a cambio de resultados concretos en la guerra asimétrica en la que participan.
Pero, además, Toledo afirma que es «muy bueno organizando» campañas electorales. En la entrevista señala que asesoró la campaña presidencial de Guillermo Lasso en Ecuador, vinculado al lobby político de los españoles Mario Vargas Llosa y Felipe González, que también sienten simpatía por el gobierno ficticio. Hizo lo mismo con la campaña de José Antonio Meade en México, muy cercanos al establishment de EEUU.
Como miembro de VP, la articulación con varios dirigentes políticos le ayuda a extender el radio de influencia de la agenda golpista contra Venezuela en la región, sobre todo en Centroamérica, y el acceso a fondos que muchas veces son recursos reservados de las presidencias de países aliados-cómplices de EEUU.
La oposición recibe, desde suelo estadounidense, fondos para los planes golpistas, a través de ONG, fundaciones, contactos con beisbolistas millonarios (José Altuve) y empresarios venezolanos (Lorenzo Mendoza, Grupo Polar). Al ser preguntado sobre cómo se mantiene la embajada virtual de Carlos Vecchio en Washington, reflexionó en torno a los migrantes venezolanos y el tipo de trabajo que deben ocupar, siempre según su clase («nosotros somos una clase de élite», dijo).
Toledo consideró que es normal que cada miembro de su partido haya obtenido un trabajo «en lo que le gusta», y que es una casualidad que se encuentren en puestos clave afines a los mecanismos promotores del golpe en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la embajada virtual en Estados Unidos. “Algunos tendrían dinero y tienen cómo mantenerse mucho tiempo sin trabajar. Otros, no lo sé”, se lavó las manos.
“Salí al exilio sin nada, tenía 200 dólares encima, y Freedom House me ofreció este apoyo mientras vendía mis cosas. Armé un fondito y empecé a ver cómo me mantenía hasta que conseguí un trabajo.
En la entrevista, Avendaño le señala que empresarios en Cúcuta denunciaron que han donado mucha plata a ONGs de venezolanos, y tampoco saben dónde está ese dinero. Toledo, coordinador internacional de la Coalición Ayuda y Libertad, no respondió sobre el punto, pero admitió que en enero Caroline Kennedy, hija del presidente Kennedy, viajó a Cúcuta y dio una donación cuantiosa (100 mil dólares) a una ONG, “creo que a Venezolanos en Cúcuta, que dirige Eduardo Espinel”, hombre cercano a Iván Duque.
El vicepresidente estadounidense Mike Pence, en medio de este escándalo, lanzó un tuit, diciendo que su país había donado 213 millones de dólares, para ayuda humanitaria a Venezuela. “Todas esas donaciones las meten como los recursos que dieron. Pero no es que nos dan a nosotros la plata sino que ellos tienen sus controles internos con sus ONGs”, señaló Toledo.
Añadió que el 14 de febrero en la OEA, con el auspicio de Almagro, se montó un super evento, con más de 60 declaraciones de “personalidades”. “Entonces los países, en una especie de subasta, empezaron a donar. Yo pongo vente mil, yo pongo veinte millones». Y, hermano, en un punto iban más de cien millones” de dólares, añadió.
Toledo narra que cuando terminó el evento, decidieron con Almagro que como el “gobierno interino” ni siquiera tenía una cuenta, iban a crear un fondo humanitario y darles ese número de cuenta a todos los países para recoger sus donaciones. Ya Canadá había aportado 40 millones de dólares, para la movilización en la frontera en Brasil.
“En ese cuenta del fondo de la OEA había, hasta hoy, cero. Entonces, te ratifico: ni lo que los países han donado, ni fondos del concierto, se han utilizado para la ayuda humanitaria”, concluyó
El Gobierno de Colombia no solo está molesto y se siente estafado en su condición de “aliado” de la oposición venezolana, por los dolosos manejos de la gente de Guaidó sino, además, porque jamás le comunicaron sobre los diálogos que se desarrollaron en Oslo con representantes del gobierno. Hace un mes Guaidó y López supieron del entramado corrupto de sus emisarios en Cúcuta: hasta ahora no se dieron por enterados.
Barrera y Rojas eran asimismo corresponsables del manejo de las toneladas de ayuda humanitaria estacionada en Cúcuta y donada por varios países, junto a Miguel Sabal, el designado por Guaidó para manejar todo lo relacionado a USAID: el 60% de todos los alimentos donados por diversos gobiernos, como el chileno, se dañó, se pudrió en los galpones. La ayuda no sólo jamás llegó al pueblo venezolano sino tampoco a algún venezolano en Colombia, desertor, traidor o migrante.
Estas comprobaciones despertaron las alarmas e investigaciones en varios gobiernos sudamericanos, que también sumaron sus “ayudas” a la oposición venezolana, mientras financian a los “embajadores” y “enviados especiales” de quien ahora ya no presentan como “presidente interino” sino solo como “presidente de la Asamblea General”.
El portal ultraderechista PanAm Post y luego el propio secretario de la OEA Luis Almagro se encargaron de destapar el enorme corrupción en Cúcuta, en ocasión del tan publicitado fiasco del concierto Venezuela Live Aid. Llamó la atención que Almagro hable ahora de corrupción del séquito de Guaidó, prácticamente su ahijado político, cuando miró para otro lado con los casos de Peña Nieto, de Michel Temer, Juan Manuel Santos, varios mandatarios centroamericanos (obviamente de derecha) y los últimos cinco presidentes peruanos.
Jets privados, Richard Branson (multimillonario empresario inglés, propietario del Virgin Group), los mediocres artistas» del miamero Emilio Estefan, presidentes, políticos majaderos, Almagro, vuelos chárters desde Caracas llenos de burgueses acomodados pero en “crisis humanitaria”; diputados antichavistas, el uribismo; estadounidenses militares y de la CIA, paramilitares, narcotraficantes: caña, ron y whisky, cocaína colombiana, prostitutas, y un megaconcierto con escaso público.
Fue ese mismo día de febrero cuando el diputado Freddy Superlano y su primo, con dos prostitutas, fueron drogados y robados en un hotel, mientras que a otro diputado opositor, Lorent Saleh lo metieron preso junto a un amigo, denunciados por intento de abuso sexual.
La farsa
Mientras, Guaidó, Duque, Piñera y Almagro sacaban el saldo de un concierto que no recaudó casi nada (fue una estafa desde todos los puntos de vista) y se preparaban para farsa de la entrada de la “ayuda humanitaria” a Venezuela del día siguiente, Vilca Fernández, José Manuel Olivares y Gaby Arellano preparaban a sus grupos de choque. El espectáculo cambió de un día al otro: del jolgorio, los selfies y la euforia, se pasó a los grupos de choque, los cócteles molotov, la violencia, la farsa.
Nunca hubo intención de ayudar a nadie: la centrífuga de recursos terminó en el embudo de la corrupción binacional desarrollada bajo la figura del autoproclamado presidente, avalado por la secretaría general de la OEA y varios presidentes latinoamericanos y europeos.
. ¿Qué tipo de sentido tiene que la oposición venezolana y Estados Unidos pretendan traer ayuda a la población venezolana si ellos mismos han sido artífices, promotores y ejecutores de un bloqueo económico que está generando serios estragos en la población?, se preguntan los analista de la Operación Verdad.
El robo de millones y millones de dólares con presuntos propósitos humanitarios es parte de delincuentes con máscaras de políticos, que ven las actuales circunstancias como una carrera política a mediano y largo plazo o un bienestar económico de por vida. Ya lo sabían bien los Clinton y las ONGs estadounidenses y europeas: la ayuda humanitaria puede ser un gran negocio.
Y como corolario, queda una duda: Las autoridades de República Dominicana arrestaron a seis venezolanos vinculados al caso del decomiso de más de 1,3 millones de dólares que iban a sacar del país en una avioneta a través del Aeropuerto Internacional de La Romana (este). Las autoridades explicaron que continúan las investigaciones para establecer si se trata de una red del crimen organizado dedicada al narcotráfico y al lavado de activos producto de esa actividad delictiva, y a quién beneficiaba.
Quizá sea un caso policial. O quizá político-criminal. La oposición, por redes sociales, quiso involucrar (por similitud de apellidos de los apresados) con autoridades del gobierno, pero crece la posibilidad que sean actividades delictivas usadas para financiar a la oposición radical. ¿Si no, para qué, esos 1,3 millones de dólares en billetes iban a Caracas?
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-Álvaro Verzi Rangel es sociólogo venezolano, Codirector del Observatorio en Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
