DOSSIER:
La amenaza de Trump tumbó el peso, la bolsa y el petróleo, y puso en riesgo la ratificación del T-MEC.
"Seguir una política migratoria humanista que busca proteger los derechos de los centroamericanos"
"No ceder al chantaje trumpista ni permitir que Washington dicte las políticas mexicanas migratoria y de seguridad pública"...
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Las amenazas vacías de Trump
John M. Ackerman
Los nuevos aranceles comerciales que Donald Trump amenaza imponer a México a partir del 10 de junio son a todas luces ilegales, tanto de acuerdo con el marco jurídico de Estados Unidos como con los tratados internacionales de los cuales Washington forma parte. Si el presidente estadunidense cumple con su amenaza, generaría un daño irreparable tanto al estado de derecho internacional como a la economía estadunidense. Ello hundiría las posibilidades del magnate neoyorquino de relegirse el próximo año, en noviembre de 2020, y terminaría de desbaratar y arruinar el legado histórico de su breve paso por la Casa Blanca.
De acuerdo con la Constitución de Estados Unidos, el Congreso, no el Poder Ejecutivo, cuenta con la facultad originaria y exclusiva de regular comercio con naciones extranjeras. Cualquier excepción a esta regla debe ser rigurosamente justificada y debidamente fundamentada en las leyes correspondientes. Igualmente, tanto la Organización Mundial del Comercio (OMC) como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) prohíben la implementación de nuevos aranceles de manera unilateral.
Si los aranceles de Washington fueran en respuesta a alguna agresión comercial de México podrían ser plenamente justificados, de acuerdo con el marco jurídico nacional e internacional. Implicaría una acción de legítima defensa frente a una acción ilegal de una nación extranjera. Pero el reclamo de Trump contra México se encuentra exclusivamente en el terreno político y fantasioso. Su amenaza responde a un supuesto apoyo de López Obrador a una inexistente invasión de migrantes centroamericanos hacia el territorio estadunidense, sin referencia a algún incumplimiento de México a los acuerdos económicos entre los dos países.
Ahora bien, Estados Unidos importó 347 mil millones de dólares en bienes de México durante 2018, incluyendo tractores, computadoras, coches, aguacates, lavadoras y mangos, entre muchos productos más. Un arancel de 25 por ciento sobre estos productos implicaría un impuesto de 87 mil millones adicionales a los consumidores estadunidenses, algo que dañaría significativamente la economía de aquel país.
Y si México respondiera con aranceles similares a los anunciados por Trump, se generaría una fuerte crisis entre los productores estadunidenses que venden sus productos acá. México importó 299 mil millones de bienes y servicios desde Estados Unidos durante 2018.
En suma, Trump y Estados Unidos tienen aún más que perder en una guerra comercial con México que López Obrador y los mexicanos.
Para los mexicanos, el dolor sería agudo pero breve. El impacto a mediano plazo del nuevo arancel sería obligarnos a diversificar los mercados internacionales y a fortalecer la economía nacional, dos estrategias que el nuevo gobierno ya impulsa con gran ahínco y convicción. Al final de cuentas, el arancel de Trump nos ayudaría a reorientar la economía nacional hacia las necesidades de México y los mexicanos, tal como tendríamos que haber hecho desde hace décadas.
López Obrador hace muy bien en no caer en la provocación de Trump. Si el Presidente mexicano hubiera respondido con palabras o acciones agresivas o altisonantesle hubiera dado la razón jurídica al ocupante de la Casa Blanca. Trump busca justificar los nuevos aranceles con base en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (International Emergency Economic Powers Act, IEEPA), que desde 1977 permite al mandatario intervenir de manera extraordinaria en asuntos económicos en caso de la existencia de una amenaza internacional inusual y extraordinaria.
En otras palabras, es una ley que permite al presidente actuar en materia económica en contra de países considerados enemigos o adversarios de Washington. Por ejemplo, se utilizó esta ley para imponer sanciones económicas a Irán en 1979 en respuesta a la toma de rehenes en la embajada estadunidense por el nuevo gobierno de Teherán. Y hoy se utiliza la misma ley para intentar justificar legalmente las sanciones y los ataques económicos a Venezuela. Si López Obrador hubiera utilizado un lenguaje bélico en su carta a Trump, ello podría haber sido utilizado por los tribunales estadunidenses para avalar y dar legitimidad a las acciones de la Casa Blanca.
Seguir una política migratoria humanista que busca proteger los derechos de los centroamericanos que pasan por México, así como generar el desarrollo económico que les garantice el derecho a no migrar a un país lejano, no viola ninguna ley o acuerdo internacional, sino todo lo contrario. Como en tantas otras ocasiones, López Obrador camina por la senda de la legalidad y el estado de derecho, y merece todo el apoyo de la sociedad mexicana en este nuevo ataque a su gobierno y a la nación.
AMLO, Trump y el Comando Sur
Carlos Fazio
En medio de la crisis bilateral desatada por el demagogo de la Casa Blanca, Donald Trump, quien en nombre de la seguridad nacional y militar de Estados Unidos amenazó con poner aranceles a México si no se frena el flujo migratoriomasivo e ilegal a través del territorio nacional hacia la frontera norte, Andrés Manuel López Obrador abandonó su habitual discurso de amor y paz hacia el jefe de la oficina oval, y tras decirle que si bien no quiere confrontación, no es cobarde ni timorato, envió a Washington a negociar al canciller Marcelo Ebrard.
La amenaza de Trump tumbó el peso, la bolsa y el petróleo, y puso en riesgo la ratificación del T-MEC. En ese marco, no se sabe qué carta de negociar tendrán a partir del 5 de junio Ebrard y su comitiva –la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo; el subsecretario de Relaciones Exteriores, Jesús Seade, y la embajadora en Washington, Martha Bárcena−, ya que el Plan de Desarrollo Integral para El Salvador, Guatemala, Honduras y el sureste de México fue desairado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, el pasado 23 de mayo. A su vez, AMLO y Ebrard han repetido que no aceptarán el plan de Trump de convertir a México en tercer país seguro, lo que a corto plazo convertiría al país en receptor de 480 mil refugiados que huyen del horror.
Otra variable manejada por AMLO: desaparecer la Iniciativa Mérida y que los recursos de EU destinados a la cooperación militar y al uso de la fuerza se orienten a actividades productivas y creación de empleos, no recibió respuesta de Washington.
La Iniciativa Mérida respondió a la visión militarista de la administración de George W. Bush en el marco de la guerra al terrorismo, y fue etiquetada en el Congreso de EU en el presupuesto de las invasiones a Afganistán e Irak. De 2008 a 2018, México recibió 3 mil millones de dólares en especie (barcos, aviones, helicópteros artillados y drones para monitoreo del espacio aéreo; equipo bélico, radares, sofisticados sistemas de intervención de telecomunicaciones de la NSA y la CIA y software de inteligencia financiera y migratorios). Además de asesorías, capacitación y entrenamiento de soldados y marinos (la cifra récord de 5 mil 626, en 2016), lo que derivó en una asimilación de la doctrina del Pentágono por sus contrapartes en México (Ejército y Marina), mayor dependencia tecnológica militar y en una cesión virtual de la soberanía nacional en áreas estratégicas de seguridad. Igual ocurrió con la Policía Federal, la Seido, el CISEN y otras áreas de la seguridad pública (interior) y los servicios de inteligencia, respecto de los organismos estadunidenses en esas áreas.
Los resultados del nuevo paradigma de cooperación en seguridad −que en México eludió el control del Senado− están a la vista: una catástrofe humanitaria con cifras conservadoras de 252 mil muertes violentas (similares a las de un país en guerra, Michele Bachelet dixit), 45 mil desaparecidos, 280 mil desplazados internos forzosos, mil 287 fosas clandestinas documentadas y prácticas generalizadas de tortura, según la ONU. En 2007-17 se presentaron ante la CNDH 10 mil 764 denuncias contra soldados y 2 mil 790 contra marinos.
Tras los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, fueron visibles los encontronazos de AMLO con los secretarios de Defensa y Marina, general Salvador Cienfuegos y almirante Vidal Soberón. En particular, en el caso de la Marina, AMLO cuestionó el uso de un helicóptero artillado en la llamada Operación Barcina, en Tepic, Nayarit, en febrero de 2017, que exhibió el uso desproporcionado de la fuerza y un índice de letalidad perfecta: 13 presuntos traficantes muertos. Cabe recordar que en su entrevista con La Jornada (publicada el 30 de noviembre de 2018), López Obrador dijo que la Marina se subordinó a una fuerza extranjera (Estados Unidos). Allí planteó, también, convertir al Ejército represor mexicano en un ejército de paz.
Llama la atención que en medio del bloqueo naval que impuso Trump a Venezuela, la Marina de México esté participando desde el 30 de mayo y hasta el 21 de junio, en las maniobras multinacionales Tradewinds 2019 en el Caribe (considerada la tercera frontera de EU), bajo la dirección del Comando Sur del Pentágono.
Peor: el respaldo de AMLO a las iniciativas de seguridad y defensa auspiciadas por la Casa Blanca, así como la subordinación de hecho a la estrategia del jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, impulsor del cerco a Venezuela, se desprenden de su exposición de motivos presentada ante el Senado en marzo. El 25 de abril, con 101 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, el Senado autorizó al Ejecutivo permitir la salida de marinos para participar en los ejercicios Tradewinds 2019. La información no trascendió en México.
El 19 de diciembre de 2018, al recibir la medalla Belisario Domínguez, y tras definir a la administración Trump como xenófoba, machista, cavernaria y un fascismo de nuevo cuño, el fundador de La Jornada, Carlos Payán, dijo queMéxico no debe ser gendarme de EU. Ahora, ante los exabruptos de Trump, parece urgente un cambio de rumbo en la relación con la Casa Blanca, incluidos los rubros de seguridad y defensa.
Trump: portazo al diálogo
En una nueva embestida contra México, el presidente estadunidense, Donald Trump, reforzó ayer el ultimátum que lanzó el pasado jueves al anunciar que su gobierno impondrá este mismo mes un arancel generalizado de 5 por ciento a todas las exportaciones mexicanas, en caso de que que el país no detenga el tránsito de migrantes centroamericanos que buscan llegar, a través de nuestro territorio, a la frontera norte.
En momentos en que se encuentra en Washington una delegación de primer nivel, encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, con el propósito de buscar vías de solución al diferendo creado por la propia Casa Blanca, el magnate republicano difundió un tuit en el que afirma: “México está enviando una gran delegación para platicar sobre la frontera. El problema es que ellos han estado ‘hablando’ durante 25 años. Queremos acción, no platicar”; y agregó que los mexicanos podrían resolver la crisis fronteriza en un día si lo desearan.
El grosero mensaje no es una mera expresión de la personalidad sulfúrica del mandatario, sino también una calculada vuelta de tuerca para llevar la tensión bilateral al límite, en la modalidad característica del estilo trumpiano de negociar. Lo grave es que el propio jefe de Estado queda cada vez más atrapado en sus palabras –formuladas, en buena medida, para consumo de sus bases electorales más atrasadas, chovinistas y agresivas– y no parece fácil que pueda evitar la imposición de aranceles con la que él mismo amenazó.
Sin embargo, este ensayo de extorsión injerencista, que tendría consecuencias sumamente negativas para la economía mexicana, ha encendido las alarmas en sectores empresariales estadunidenses que perciben el peligro inminente de una hostilidad comercial que les resultaría sumamente adversa: México exporta a su vecino del norte productos por 307 mil millones de dólares, pero Estados Unidos recibe 181 mil millones de dólares de sus exportaciones a México; si bien es cierto que existe un elevado superávit a nuestro favor, ello no le resta letalidad a las respuestas que las autoridades mexicanas deberían adoptar ante la escalada proteccionista que impulsa la Casa Blanca. Significativamente, por lo pronto, la amenaza del jueves pasado se tradujo al día siguiente en una caída generalizada de los indicadores bursátiles en ambos países.
Es difícil calcular hasta dónde llegará Trump en su afán por tensar la cuerda, pero es claro que el gobierno mexicano tiene ante sí la necesidad de elaborar una estrategia de respuesta a partir de cuatro ejes: en lo inmediato, insistir en el diálogo y la negociación como la vía correcta para resolver el diferendo, sin caer en las provocaciones del presidente republicano; responder puntualmente a las agresiones comerciales estadunidenses con medidas recíprocas y proporcionales; no ceder al chantaje trumpista ni permitir que Washington dicte las políticas mexicanas migratoria y de seguridad pública y, por último, impulsar y operar, con toda la urgencia que el caso amerita, una diversificación de las relaciones comerciales, industriales y tecnológicas, de manera especial hacia América Latina, Europa y Asia.
El país vive una situación sumamente difícil y parece inevitable que los disparates de Trump tengan efectos negativos en nuestra economía; pero la combinación del trabajo diplomático, las gestiones comerciales multilaterales y la firmeza en la defensa de la soberanía, en un entorno de necesaria unidad nacional, pueden lograr que la crisis resulte transitable y, a la larga, se traduzca en una economía robustecida y una soberanía reafirmada.
Fuentes:
