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EL COSTO DEL BLOQUEO DE EE.UU CONTRA VENEZUELA

Miles de vidas, miles de tratamientos que no se pueden brindar, miles de escuelas sin construir.
El costo del bloqueo contra Venezuela




Cuando hablamos de la confiscación al Gobierno de Venezuela de miles de millones de dólares o de euros, el común de los mortales no somos capaces de cuantificar o dimensionar qué es lo que esto significa y cuáles son las consecuencias de este tipo de sanciones contra el pueblo venezolano en su conjunto.

El pasado 3 de mayo fue publicado un nuevo informe del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por su sigla en inglés), elaborado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs.

La publicación (que puede descargar completa enhttp://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-05-spn.pdf) transforma el bloqueo y la guerra económica en vidas humanas y encuentra que “las sanciones económicas implementadas por el Gobierno de Trump desde agosto de 2017 han causado decenas de miles de muertes y están empeorando rápidamente la crisis humanitaria”.

“Esto es ilegal de acuerdo al derecho estadounidense, al derecho internacional, y a los tratados que Estados Unidos ha firmado. El Congreso debería hacer algo para detenerlo”, dijo Mark Weisbrot, codirector de CEPR y coautor del informe.


“Habitualmente se culpa al Gobierno de Venezuela de la totalidad de la crisis económica del país (…) Pero es mucho más que eso. Las sanciones estadounidenses apuntan deliberadamente a destruir la economía venezolana y, por lo tanto, conducir a un cambio de régimen. Es una política infructuosa, despiadada, ilegal y fracasada que causa graves daños al pueblo venezolano”, dijo Jeffrey Sachs, coautor del documento.

Las consecuencias en vidas perdidas por culpa directa del bloqueo fueron estimadas por el CEPR en más de 40.000 personas muertas entre 2017 y 2018 y se estima que la situación podría empeorar de mantenerse la situación en 2019.

El informe del CEPR sustenta este dato en que “hay aproximadamente 80.000 personas con VIH que no han recibido tratamiento antirretroviral desde 2017, 16.000 personas que necesitan diálisis, 16.000 personas con cáncer y 4 millones con diabetes e hipertensión (muchas de las cuales no pueden obtener insulina o medicinas para el tratamiento cardiovascular)”.

Entre diciembre de 2014 y abril de 2019, el Gobierno de Estados Unidos ha dictado una ley y siete decretos ejecutivos que castigan y penalizan la economía venezolana aplicando el bloqueo y confiscación de activos financieros, la prohibición de negociación de la deuda de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), aumento de Riesgo País y costos financieros, prohibición de operaciones con oro, confiscación de activos (CITGO y activos de PDVSA), sanciones al comercio de petróleo venezolano, sanciones al Banco Central de Venezuela, así como multas y penalizaciones administrativas a las operaciones de comercio exterior.

En nuestra columna de la semana pasada (https://cajaderespuestas.blogspot.com/2019/05/eeuu-reconoce-responsabilidad-sobre.html) señalábamos que el gobierno norteamericano se ufanaba y presentaba como logros de la gestión de su Departamento de Estado tanto la aplicación de estas sanciones como sus consecuencias.

Nadie puede alegar que se desconocen las consecuencias del bloqueo sobre el pueblo venezolano, ya que Estados Unidos, y el sector identificado como los “halcones” de Washington, no solamente es efectivamente consciente de los efectos de estos actos, sino que han buscado concretamente esos resultados para forzar al presidente Nicolás Maduro a abandonar el cargo para el que fue electo el 20 de mayo de 2018 y rendir por hambre y privaciones al pueblo venezolano.

En diversos bancos se encuentran “represados” -eufemismo para decir que se robaron la plata- ingentes sumas de dinero que en realidad es propiedad del pueblo bolivariano.

Al 30 de abril de 2019, el Novo Banco de Portugal se había apropiado de manera indebida de 1.547.322.175,89 dólares; el Banco de Inglaterra robó oro por valor 1.323.228.162,57 dólares y el Clearstream (también de Inglaterra) se quedó con títulos de deuda pública por 517.088.580,00 dólares.

Por su parte, los bancos estadounidenses Sumitomo, Citibank y Unión Bank se adueñaron de 507.506.853,37, 458.415.178,49 y 230.024.462,00 respectivamente; Euroclear y Banque Eni (ambos de Bélgica) también “represaron” 140.519.752,26 de dólares en títulos de deuda y 53.084.499,92 de dólares en efectivo.

El francés Delubanc le puso también represa a 38.698.931,70 de dólares y otros 41 bancos e instituciones financieras de 17 países se quedaron con otros 654.142.049,10 de dólares.
El total de recursos que estas prestigiosas instituciones financieras le han tumbado a Venezuela son USD 5.470.030.645,30. Ni usted ni yo tenemos nuestra confianza puesta en esos bancos, pero ya sabe a quién no confiarle su dinero. No vaya a ser que lo “represen”.

Sin embargo, no solamente estos ladrones de traje y corbata se han adueñado de recursos venezolanos siguiendo indicaciones del gobierno norteamericano, las pérdidas totales y costos para la economía venezolana provocada por el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos entre 2015 y 2018 se estiman en más de 130.000 millones de dólares.

Estas medidas coercitivas unilaterales (denominadas eufemísticamente sanciones) conforman una estrategia sistemática y consciente de masiva violación de los derechos humanos del pueblo venezolano y han sido catalogadas por la ONU como delitos de lesa humanidad

Ya usted está mareado -y yo también- con tantos ceros, pero le puedo asegurar que estos datos están verificados, ya que las fuentes son varias y coincidentes: la organización de derechos humanos Sures, el equipo de investigación de Misión Verdad, la profesora Pascualina Curcio, el ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela y el ministerio de Finanzas de Venezuela.

Es una barbaridad de dinero. No sé usted, pero yo después del primer millón ya no pude sacar la cuenta de “con eso yo lo que haría es...”.

Pero podemos hacer algunas comparaciones para ilustrarnos.

Según diversas fuentes disponibles en la web, la construcción de un hospital incorpora un costo por cama y todos sus servicios anexos de entre 1.300.000 y 1.500.000 dólares. Asumiendo la cifra más barata, con la cifra que Estados Unidos le ha secuestrado a Venezuela, se podrían haber construido dos mil hospitales de 50 camas con la última tecnología.

Los costos de construcción de una escuela se pueden verificar en https://webspm.com/Articles/2015/07/01/School-Costs.aspx, donde se indica que una escuela para aproximadamente 600 alumnos cuesta en el entorno de 16 millones de dólares. Con la deuda que Estados Unidos y sus aliados tienen con Venezuela se podrían haber edificado 8.125 escuelas de más de 600 alumnos.

La página http://www.globalemergencyvehicles.com/company/blog/ambulance-for-sale-that-will-work-for-your-budgetindica que una ambulancia puede estar entre USD 100.000 y USD 200.000. Asumamos un precio promedio de 150.000 y obtenemos que con el dinero hurtado a Venezuela se podrían haber comprado 866.667 ambulancias completamente equipadas.

Según diversas fuentes consultadas, el costo de una patrulla policial con el equipamiento correspondiente ronda los USD 30.000, de forma que se hubieran podido comprar 4.333.333 patrullas.

Ni hablar de que con 130 mil millones de dólares se pueden pagar casi 380.000 tratamientos de por vida para pacientes con VIH, se pueden comprar casi 644 millones de toneladas de carne bovina, casi 38 millones de toneladas de leche en polvo o más de 320 millones de toneladas de arroz.

La próxima vez que alguien nos hable de la crisis de Venezuela, traduzcamos esas cifras que para ninguno de nosotros -gente común y silvestre- quiere decir nada.


Hablemos de gente fallecida porque el bloqueo no permitió atenderla, de hospitales y escuelas no construidas, de patrullas y ambulancias que no circulan por las calles, de comida y medicamentos que no pudieron ser comprados. Que no nos cuenten figurines.

EEUU reconoce responsabilidad sobre crisis en Venezuela
El descaro y el robo llevado al rango de política de Estado

La información volaba en las redacciones. ¿Viste lo que encontró GrayZone? El Departamento de Estado reconocía -y se ufanaba de ello- su responsabilidad en la crisis que hoy vive el pueblo venezolano. Nadie podía creerlo. El descaro convertido en relaciones exteriores y el robo llevado al rango de política de Estado.

La publicación original de este fact sheet -como se denomina en inglés a un boletín- fue realizada por el State Department en su portal pero rápidamente retirado, hasta que la periodista Anya Parampil lo ubicó y lo publicó en el periódico digital Grayzone (puede leer la nota en https://thegrayzone.com/2019/05/06/us-state-department-publishes-then-deletes-sadistic-venezuela-hit-list-boasting-of-economic-ruin/ y puede descargar el documento original en https://thegrayzone.com/wp-content/uploads/2019/05/US-Department-of-State-Venezuela-actions.pdf).

“El 24 de abril, seis días antes de que el autoproclamado “presidente interino” venezolano, Juan Guaidó, intentara derrocar violentamente al gobierno electo democráticamente de Venezuela junto con un puñado de desertores militares, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un boletín que mostraba el papel central de Washington en el intento de golpe de Estado en curso. Después de darse cuenta de la naturaleza incriminatoria de su error, el Departamento de Estado actuó rápidamente para eliminar la página”, escribe Parampil.

Consultado Samuel Moncada, representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre este informe, respondió el diplomático que el boletín era “una lista de confesiones”.

“Imagínese si cualquier otro país dice (que) está orgulloso de decir que estamos destruyendo la economía de nuestro vecino; estamos orgullosos de haber destruido el sistema político de nuestro vecino; estamos orgullosos de que estén sufriendo. Dicen que estamos librando una guerra contra Venezuela”, enfatizó Moncada.

El embajador acusó a Estados Unidos de participar en un “acoso” contra Venezuela en lugar de dar espacio a la diplomacia internacional, publicó Parampil.

“Ellos dicen que son nuestros logros “clave”, comentó Moncada. “Están diciendo que están causando problemas en nuestro ejército e induciendo un golpe militar, que hasta ahora no han logrado, pero están trabajando para lograrlo”.

“Si cualquier otra persona lo dice”, concluyó el embajador, “y si usted realiza esa confesión en la corte, irá a prisión”.

El boletín publicado y luego retirado dice que “la política de los Estados Unidos sobre Venezuela se enfoca en garantizar elecciones libres, justas y transparentes que traigan prosperidad y democracia al pueblo de Venezuela. Para cumplir con este objetivo, los Estados Unidos han emprendido una serie de acciones políticas firmes desde 2017 con el fin de presionar al antiguo régimen de Maduro (sic) y apoyar a los actores democráticos”.

Señala también las acciones adoptadas por el Departamento de Estado que incluirían “más de USD 213 millones en respuesta humanitaria” y “USD 43 millones en asistencia económica y para el desarrollo”. “El 24 de enero, el Secretario Pompeo anunció que Estados Unidos está listo para proporcionar $ 20 millones adicionales en asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela”, cierra el documento, que no destina más que unas pocas líneas a señalar lo que habrían hecho para responder a la crisis humanitaria.

Es de destacar que los 256 millones de dólares no habrían sido entregados en Venezuela, sino a gobiernos y entidades fuera del país. La “asistencia humanitaria inicial a las personas dentro de Venezuela” no supera los 20 millones. Nada en comparación con la guerra y el expolio al que ha sido sometido el pueblo venezolano a raíz de la postura injerencista de los Estados Unidos.

El capítulo más extenso del boletín son sin duda las sanciones, entre las que se destacan organismos y personas venezolanas. “Tales acciones aseguran que el régimen de Maduro no puede contar con el sistema financiero de los Estados Unidos para sus prácticas destructivas”, dice el documento.

Si eso no es un bloqueo financiero, es algo muy parecido, porque además se sanciona a entidades y personas de terceros países que hagan negocios con Venezuela. El objetivo es sin duda asediar al pueblo y Gobierno de Venezuela para someterlos por hambre y privaciones.

Mientras tanto, se ofrecen esos milloncitos como “ayuda humanitaria”.

Las sanciones tienen justificaciones como que se dirigen “a quienes participan en socavar procesos o instituciones democráticas, actos de violencia o violaciones de derechos humanos, acciones contra la libertad de expresión o reunión pacífica, corrupción pública por parte de altos funcionarios del gobierno” (actuales o antiguos), pero no hacen sino impedir las normales operaciones económicas y financieras de cualquier gobierno a lo largo y ancho del planeta entero.

“Sanciones que niegan la financiación del régimen y protegen al sistema financiero de los Estados Unidos de la complicidad en la corrupción”, que es un eufemismo para decir que bloquean los fondos que Venezuela tenga en cualquier lugar del mundo, incluyendo organismos internacionales de los que participe Estados Unidos.

“El objetivo son las personas que operan en cualquier sector de la economía venezolana en el que el régimen de Maduro saquea la riqueza de Venezuela para sus propios fines corruptos”. Según lo que ellos mismos sostienen, todo. O sea que el bloqueo es indiscriminado.

En el boletín, el Departamento de Estado se apropia de las maniobras que se realizaron en contra de Venezuela en algunos organismos internacionales, particularmente la OEA y el Grupo de Lima, que aunque es vox populi y explícito en sus resoluciones que responden a los intereses de Estados Unidos, el texto deja claro qué tanto.

Quizás lo más interesante sea la sección dedicada a lo que el Departamento de Estado considera “resultados claves” de sus propias acciones.

Entre estos “resultados claves” del accionar de la organización dirigida por Mike Pompeo están: la autoproclamación de Guaidó, el reconocimiento de 54 países (de los 198 que tiene la ONU) a la misma, la designación de representantes de ese “gobierno” en 36 países y tres organismos y la deserción de “más de 1.000 miembros del Ejército” que huyeron a Colombia.

También se ufana de que ahora “la refinería estadounidense Citgo (propiedad de la venezolana PDVSA) está ahora bajo el control del gobierno interino (sic)”, “aproximadamente 3.2 mil millones (de dólares) de los activos de Venezuela en el extranjero están congelados” y “en marzo, la producción de petróleo de Venezuela cayó a
736.000 barriles por día (bpd), menos de la mitad de la producción en marzo de 2018, y redujo sustancialmente los ingresos para el régimen de Maduro. Dos de los cuatro mejoradores se reiniciaron, luego de que los cortes de energía en todo el país dejaran a los mejoradores inoperables”. “Se estima que 25 petroleros de crudo con 12 millones de barriles permanecen varados frente a las costas de Venezuela, debido a las dificultades para encontrar compradores”.

“La presión diplomática resultó en menos mercados para el oro venezolano. Un banco de los Emiratos Árabes Unidos canceló la compra de oro de Venezuela y hay indicios de que las exportaciones de oro a Turquía han disminuido”, concluye sin más el boletín.

Lo que esto no dice es cuánta leche se hubiera podido comprar con esos fondos, o cuánto arroz, o cuánta carne.

Tampoco dice cuántos antirretrovirales, o tratamientos para el cáncer, o material quirúrgico para el sistema de salud dejaron de adquirirse.

Por supuesto que el boletín tampoco menciona los repuestos e insumos para el transporte y la industria que no se pudieron comprar.

No señala el documento cuál ha sido el costo en derechos económicos, sociales y culturales afectados para todas las venezolanas y venezolanos.

Y mucho menos indica quién se está enriqueciendo con todo esto.


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