DEBATE:
El camino autoritario del Gobierno de Iván Duque
Por Javier Calderón Castillo, Celag
El presidente de Colombia, Iván Duque, está padeciendo varias dificultades de gobierno atribuibles a su ‘personalidad conciliadora’ y a su figura eclipsada por el expresidente Álvaro Uribe. La principal estrategia para revertir esas debilidades ha consistido en acarrear su Gobierno hacia el pasado, con anuncios de medidas conservadoras como el decomiso de las ‘dosis personales’ […]
El presidente de Colombia, Iván Duque, está padeciendo varias dificultades de gobierno atribuibles a su ‘personalidad conciliadora’ y a su figura eclipsada por el expresidente Álvaro Uribe. La principal estrategia para revertir esas debilidades ha consistido en acarrear su Gobierno hacia el pasado, con anuncios de medidas conservadoras como el decomiso de las ‘dosis personales’ de marihuana, la intención de imponer cadena perpetua para violadores, y la activación de “cátedras de Cívica y Urbanidad en los colegios”.
El país está retornando al pasado con dichos anuncios, inocuos para resolver los profundos problemas que padece la población: pobreza, narcotráfico, corrupción, desempleo, desplazamiento forzado, entre otros. Pero esos lineamientos conservadores se orientan, principalmente, a resolver un asunto medular de su gestión: lograr gobernabilidad para poder continuar con el modelo neoliberal, empujando el eje de la política nacional hacia la lógica de la guerra (con su dicotomía principal: amigo/enemigo). Con muchos problemas, el momento político aún gira en torno a las demandas sociales por la paz, aunque estén desprovistas ya de justicia social, contrariamente a como lo concibió el Gobierno anterior en el proceso de paz con las FARC y con el ELN.
De esa manera, el presidente está buscando agradar al núcleo duro de la coalición de Gobierno, colmada de conservadores y evangelistas, al tiempo que entona la retórica imperante en la ofensiva neoliberal de la región, cuyos eslóganes pasaron de criticar a los progresismos como populismos a constituir una doctrina contraria a los derechos fundamentales que están poniendo en riesgo la propia democracia liberal -tan defendida por los sectores de poder como el modelo ideal de sociedad-.
Entonces, las medidas conservadoras que aparecen como simples anuncios para un segmento de la opinión pública, pueden convertirse en la base para dinamitar el frágil paso de apertura democrática recorrido con el proceso de paz, y aventurar un momento de proscripción de las más elementales libertades democráticas.
¿Populismo punitivo?
Antes que la judicialización de la política -un tema de la agenda de toda la región- las discusiones sobre el sistema penal colombiano dan cuenta, desde la época del uribismo (2002-2010), de una tendencia al populismo punitivo, cuya principal característica es la de utilizar como pretexto la disminución de los efectos de la inseguridad ciudadana o de la poca confianza en la efectividad del aparato judicial, para socavar el espíritu garantista de la constitución de 1991, postulando normas acomodadas a interpretaciones arbitrarias y restrictivas sin efectos reales sobre tales problemáticas.
El decreto presidencial donde se autoriza a la fuerza pública para que incaute las ‘dosis personales’ de marihuana a la ciudadanía, se sustenta en el argumento punitivo de que la medida contribuirá a la disminución del consumo de la sustancia psicoactiva, revirtiendo el postulado democrático de la sentencia de la Corte Constitucional 221 de 1994, que reconoce que: “Dentro de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse de una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible…”
Se trata de un claro choque conceptual sobre la democracia y los derechos ciudadanos, que muestran cómo un inocuo decreto -que tendrá pocos resultados en contra del tráfico y el consumo de psicoactivos- destruye los cimientos de una posible sociedad democrática. Y lleva al país de vuelta al ideario conservador que regía en la anterior Constitución política nacional (redactada en 1886), que estaba cargada de constreñimientos al desarrollo cultural de la política y los derechos subjetivos que derivaron en violencias políticas y guerras.
Está ampliamente demostrado, con la batería de argumentos utilizados en la sentencia 221 de la Corte Constitucional, que la prohibición no resuelve el problema del consumo y penaliza la condición de adicto. Duque se recostó con rapidez sobre el seductor populismo punitivo que, en vez de enfrentar con claridad el grave problema -mundial- de la economía del narcotráfico, abona al consumo clandestino que impide medidas de salud pública y debates de orden simbólico sobre el consumo de todas esas sustancias. Con ese populismo punitivo la ciudadanía está expuesta a ser criminalizada a priori, y sus libertades limitadas al máximo.
Estado de opinión
El expresidente Uribe pretendió fundar su propia doctrina política en sus dos periodos de Gobierno, y acuñó la idea de instaurar un Estado de opinión que respondiera a las demandas de la ciudadanía con las acciones de Gobierno, incluso si ello implicaba modificar el ordenamiento jurídico estatal: “el Estado de opinión es la fase superior del Estado de derecho” llegó a advertir en sus repetidos discursos, tratando de persuadir a la clase política y a la ciudadanía en la búsqueda de un respaldo absoluto para sus acciones de Gobierno -que modificaban, de facto, otros consensos sociales constituidos con anticipación, como los consagrados en la Constitución Nacional-.
Con los anuncios punitivos del Gobierno de Iván Duque, tal pretensión doctrinaria parece estar de regreso luego de ser obstaculizada por la gestión de Santos, que se alejó de su mentor y de esos polémicos postulados, para encuadrarse en un Gobierno centrado en la administración tradicional de las democracias representativas. Todo indica que se intenta, de nuevo, instaurar el engañoso “Estado de opinión” sobre el Estado de derecho. Con ello, el uribismo pretende imponer a la sociedad la voluntad de un sector político relacionado con los valores religiosos tradicionales, con las ideas conservadoras y con las creencias de las iglesias evangelistas.
Luego de decretar la insustancial confiscación de la ‘dosis mínima’, ya se anuncia la instauración de la cadena perpetua o la pena de muerte para violadores, mientras se mantienen los estereotipos que estigmatizan las demandas feministas y de las diversidades sexuales como una ‘ideología de género’ negativa para la sociedad. Es decir, se reafirma el sentido común sobre el cual se sustentan las violencias sexuales, en tanto se pretende erradicarlas con cadena perpetua o con la muerte. Una situación que se traslada a otros planos de la política, en especial, al debate sobre el contenido y la implementación del Acuerdo de Paz.
Efectos políticos del punitivismo conservador
Se puede decir que esa política punitiva y de opinión genera un escenario cada vez más autoritario, que busca efectos políticos mucho más de fondo. Con ella se está tratando de construir un escenario político que habilite (con respaldo mayoritario) el retorno a la guerra como mecanismo de control social y político. La opinión conservadora se va convenciendo de que puede imponer a toda la sociedad su sistema de valores y, en especial, a sectores de la población con escasas herramientas de cultura política. De esa manera, el autoritarismo se expande con rapidez.
Duque puede profundizar ese esquema, contagiado por el entorno internacional que está caminando hacia ese mismo abismo. El Gobierno de Donald Trump auspicia la vieja política punitiva antidrogas, contraria al Acuerdo de Paz en lo referente a la sustitución concertada de cultivos y la reforma rural integral que, por esas razones, está frustrada en la práctica. Con una presidencia tan volcada a la derecha conservadora, también existe un alto riesgo de acercarse a los postulados de Jair Bolsonaro, el candidato a la presidencia de Brasil que ostenta un pensamiento fuertemente autoritario y de extrema derecha.
La profundización del esquema puede ser mucho mayor si tenemos en cuenta la activación de las bandas paramilitares y los asesinatos sistemáticos de liderazgos sociales. El abismo autoritario se acerca luego de la intervención de Duque en la sesión de las Naciones Unidas, defendiendo las sanciones contra Venezuela y dejando en el ambiente la posibilidad de una intervención militar contra ese país. En ella quedó claro que el estilo ecléctico y apacible del presidente colombiano es tan sólo una estrategia para facilitar el inicio de su Gobierno, llevando de forma progresiva al país hacía un pasado caracterizado por la guerra, la democracia restringida y el autoritarismo.
Los efectos de estas decisiones presidenciales en la política interna pueden ser nefastos, pues permiten un ambiente para mantener la espiral de violencia en algunas regiones del país, donde se continúa asesinando a líderes y lideresas sociales sin que existan respuestas gubernamentales concretas para impedirlo. Alimenta también la presión conservadora que impide avanzar en la paz con el ELN y que está obstaculizando la implementación del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las FARC; una situación que puede terminar con una escalada de violencia igual o peor de la que que trató de ser sosegada con el Acuerdo de La Habana.
La agenda punitiva de Duque, en consecuencia, es mucho más que una desesperada carrera para impedir el descenso de su imagen en las encuestas o para satisfacer a un sector de su Gobierno. Es el inicio de un periodo que pretende mellar las bases ciudadanas, libres de clientelismo, con las cuales se enfrentó en las pasadas elecciones en una contienda inusual que tuvo como protagonista un discurso progresista. Las claves para impedir un triunfo de las fuerzas progresistas en las elecciones municipales en el 2019 parecen estar cimentadas en el autoritarismo del ‘Estado de opinión’ y del populismo punitivo. Aunque el aliento de la movilización social se está sintiendo con fuerza de la mano del estudiantado, que puede impedir este rumbo autoritario hacia el pasado.
Fuente: celag.org/camino-autoritario-gobierno-ivan-duque
