El Cauca sufre las consecuencias de una dura lucha por el control territorial
Paramilitares, disidentes de las FARC, poderes locales… el departamento se despeña hacia la 'balzanización' de un conflicto con mil cabezas.
Texto: Camilo Alzate. Fotografías: Diego Val
Boris Guevara me contó que hizo un viaje un par de meses atrás para asistir a una reunión comunitaria en Toribío. Él ha vivido los últimos dos años entre Cali y el Espacio Territorial de Reincorporación de La Elvira, en Buenos Aires, al final de la trocha de cuarenta kilómetros que empieza en el corregimiento de Timba, junto al río Cauca, y sirve de acceso al corredor geográfico del río Naya, donde incontables cultivos de coca llenan las montañas hasta el océano Pacífico. La caravana de camionetas en la que viajaba Boris se enfiló por la vía Panamericana, una carretera angosta que bordea pueblos como Caloto, Corinto, Miranda, Florida y Pradera. Allí, Boris quedó impresionado al confirmar que los cultivos de coca y marihuana ya bajan hasta los bordes mismos de la vía, pero la verdadera sorpresa lo esperaba más adelante, sobre el cruce que remonta la cordillera siguiendo el cañón del río Palo hasta el municipio de Toribío.
Boris tiene poco menos de cuarenta años, es un bogotano pequeño y macizo que hizo presencia en los diálogos de La Habana. Ya ha escapado de la muerte varias veces, porque fue uno de los guerrilleros que estuvo al lado de Alfonso Cano durante los bombardeos y operativos que derivaron en la muerte del máximo comandante de las FARC el 4 de noviembre de 2011 en una vereda del municipio de Suárez.
Durante su viaje a Toribío, un grupo de encapuchados con prendas militares detuvo su camioneta en una curva: eran los famosos disidentes. El episodio es ilustrativo pues él mismo, un ex combatiente que conoció los rigores del monte, quedó sorprendido con que unos tipos armados salieran tan cerca de la Panamericana como si nada. Dice que lo bajaron del carro y un muchacho joven lo mandó a llamar. “¿Si se acuerda de mí?”, le preguntó el muchacho. Guevara lo recordaba, era apenas un niño cuando ingresó a las FARC. “¡Pues claro, huevón!”, le respondió Boris: “¿No me vas a matar?”. “Ahora yo soy el comandante”, le dijo el otro con orgullo. Entonces se pusieron a discutir, aquel le recriminó que la dirigencia de la guerrilla había traicionado la lucha, Boris le repuso que eso era falso: ¿Acaso podrían tomarse el poder por las armas? ¿Si las FARC no lo lograron en medio siglo, ahora ellos cómo lo iban a hacer? Al final lo dejaron seguir pero se llevaron las pistolas de los policías de la UNIPEP que lo escoltaban.
Pero en el Espacio Territorial de La Elvira, donde vivía Boris, la zozobra es permanente. Los grupos de disidentes y narcos que controlan la trocha que sube por allí rumbo al cañón del río Naya han amenazado a los ex combatientes y dicen que van a matar a Pacho Quinto, uno de los antiguos comandantes que todavía vive en La Elvira. El Ejército retiró la base militar que tenía apostada en la vereda El Ceral, desde eso la zona “es un despelote”. En La Elvira han visto pasar grupos de 15 o 20 hombres armados, marchando por la noche. Son los que se han opuesto a la sustitución de cultivos y también a la pavimentación de la carretera, una de las iniciativas en las que más han insistido los desmovilizados de La Elvira. “Pero si esa es la política de los disidentes, le están haciendo el juego al Gobierno”, piensa Boris. “Era lo que planificábamos con los acuerdos”, dice finalmente, “que si no había una reforma estructural, esto se iba a convertir en un problema de mil cabezas”.
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El 8 de agosto fui hasta San Francisco para conversar con la viuda de Ibes Trujillo, un reconocido dirigente afrocolombiano secuestrado y asesinado en las montañas de Suárez la primera semana de junio. Nada más salir de Jamundí, mientras cruzaba los pueblitos pequeños de la vía a Suárez, sentía como si viajara hasta los años noventa: el bus hacía paradas en los caseríos paupérrimos con fortificaciones militares forradas de trincheras y mallas metálicas para repeler las granadas, los soldados caminaban junto a la vía como sacados de un manual, todos de casco y morrales y pecheras y radioteléfonos a la espalda, las cantinas estremecían con su estridencia llenas de jornaleros, las paredes desconchadas, los toyotas cargados de insumos rumbo a las montañas que producen tanta coca como café.
Apenas dos días antes había ocurrido una seguidilla de bombas, atentados y ataques en varias regiones del departamento con motivo de la posesión del nuevo presidente Iván Duque: una moto cargada de explosivos mató a varios policías en Padilla, entre ellos el comandante de la estación, ocurrieron hostigamientos cerca a Santander de Quilichao, y un ataque en Suárez, todos atribuidos a grupos disidentes de las antiguas FARC.
San Francisco queda junto al río Cauca, a doce kilómetros de Suárez. Es una tira larga con las casas de bahareque y guadua, muchos de los habitantes son afrocolombianos. Maritza*, una muchacha que pertenece a un proceso organizativo de jóvenes en la zona, cuenta que han circulado infinidad de panfletos de las Águilas Negras y las Autodefensas amenazando a todo el mundo: a los seguidores de Petro, a los resguardos y cabildos indígenas, a los afros, a los dirigentes campesinos y ambientalistas, a los defensores de derechos humanos, a los sindicalistas, a las organizaciones de mujeres, a los congresistas y políticos de izquierda, a los desmovilizados de las FARC, a los profesores… Por eso, algunas personas evitan tomar la carretera hacia Buenos Aires en moto, pues es muy solitaria, prefieren hacerlo en el bus de servicio público.
Ibes Trujillo y Héctor Marino, dos líderes negros que coordinaban el Movimiento Marcha Patriótica en el norte del departamento, fueron amenazados. A Ibes lo secuestraron en su finca en los mismos días que tramitaba un esquema de escoltas para su protección con el Gobierno nacional. Según cuenta su viuda, Ibes tenía programada la vuelta para un miércoles pero el martes se fue a la finca y no volvió más. Antes, Héctor Marino había sufrido en Timba un atentado que lo tumbó de la moto y le fracturó el tabique. Héctor Marino tuvo que salir del Cauca pocos días después del asesinato de Ibes Trujillo.
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“Creo que uno de los problemas más graves que están pasando en nuestra zona tiene que ver con los cultivos de uso ilícito y la llegada bandas emergentes”, sostiene un viejo dirigente afrocolombiano de la zona norte. “La gran mayoría de líderes y procesos organizativos son críticos con estos grupos armados. También está el empoderamiento en los territorios, son críticos con ciertos sectores políticos, con la corrupción administrativa, entonces todos estos temas se unen para dañarnos la convivencia. A la oficina nuestra llegó una amenaza, ya no estamos yendo a la oficina, sólo va la secretaria”, concluye.
Los programas de sustitución nunca arrancaron, o lo hicieron a medias con enormes lastres administrativos. “El panorama se veía venir desde antes de que empezara”, afirma un dirigente Nasa, quien asegura que nada se ha concretado en la zona norte. A esto se agregó el hecho de que el Ejército está llegando a varias regiones para hacer erradicación forzosa de la coca, con un resultado obvio que es la intensificación de la violencia y el fortalecimiento de las bandas armadas, que nadie sabe a ciencia cierta cuántas son ni cuántos hombres tienen. En las zonas veredales de Miranda y Caldono hubo una auténtica desbandada de guerrilleros que abandonaron el proceso de reincorporación desmoralizados y resentidos con el Gobierno.
Los corredores estratégicos como el cañón del Naya, el triángulo entre Corinto, Toribío y Tacueyó, o la zona rural de Argelia, se convirtieron en una tierra de nadie una vez salieron las FARC de las montañas. En Corinto, las autoridades indígenas aseguran que han aparecido hombres de aspecto paisa o costeño con armas largas, quienes firman como “EPL” y ya han tenido roces con las comunidades.
Y también el ELN, que se especulaba desde el año pasado si hacía o no presencia en el norte del departamento. Dos fuentes de lugares distintos del departamento aseguraron que la masacre ocurrida en una finca de Suárez a comienzos de año fue perpetrada por el ELN en contra de varios ex guerrilleros de las FARC que habían salido de la Zona Veredal de Caldono con el propósito de rearmarse. José Antonio Gutiérrez, un investigador que conoce la zona de Argelia donde ocurrió otra masacre que fue atribuida al ELN, sostiene que esta fue cometida por grupos paramilitares para crear pánico en la zona.
En julio, la guardia indígena de Corinto capturó en su territorio a dos muchachos con uniformes, armas, banderas y distintivos del ELN, lo que motivó la última asamblea extraordinaria del pueblo Nasa en la región. Aunque el Comando Central de esa organización ha negado varias veces la responsabilidad de ciertos hechos en la zona norte, a través de internet otras estructuras del ELN se han atribuido algunas como la instalación de banderas.
Como si todo pudiera ser peor, en una vereda de Caldono reventó un viejo litigio de tierras entre dos comunidades indígenas diferentes, los Nasa y los Misak, que reclaman la propiedad de un terreno en disputa. El ESMAD terminó favoreciendo a los Misak con un desalojo violento que dejó dos muertos. El Cauca avanza a un proceso de balcanización y fragmentación territorial que sólo sirve a las economías ilegales y los actores armados.
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Edwin Mauricio Capaz, responsable de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, cree que los asesinatos y amenazas obedecen a dinámicas locales y no a un plan nacional y sistemático, como se ha sugerido en otras ocasiones con relación a los líderes sociales asesinados.
“Existen unos poderes locales en torno al narcotráfico, las economías ilegales, la extorsión, la circulación de armas, todo esto se nota mucho en la reagrupación de grupos armados”, dice Edwin Capaz. “Este tema en particular afecta mucho a los cabildos en el norte del Cauca, porque los cabildos han establecido una política de control territorial y ese control ha dado resultados: desde hace mucho tiempo las autoridades indígenas han decomisado cargamentos de marihuana, de cocaína, han detenido a personas pertenecientes a los grupos armados que han atentado contra las comunidades, han incautado y destruido armamentos, caletas. Muchos de los asesinatos y las amenazas están relacionados con ese tema del control territorial”. Los cabildos indígenas llevan décadas enfrentándose a los grupos armados con sus bastones de mando y ejerciendo soberanía en medio de los años más duros del conflicto. También se han opuesto a los intereses de los delincuentes; por citar un caso célebre: la guardia indígena ha recuperado y devuelto centenares de motos robadas que son vendidas en sus territorios de forma ilegal.
“Las autoridades están luchando contra un poder local muy fuerte apoyado por las economías ilícitas”, concluye Edwin. “Hay una coincidencia fatal, y es que cuando Duque se perfiló como opción fuerte en la carrera presidencial se cayó en un contexto propicio para las amenazas y atentados en todo el país, no sólo en el Cauca, debido al odio que promovía la opción de invalidar al otro. Eso es lo que vimos en todas las zonas: los poderes locales envalentonados”. El Cauca es el departamento del país con el mayor número de líderes asesinados. Algunas cifras hablan de 90 víctimas, mientras que la Defensoría en cabeza de Carlos Alfonso Negret registraba 81 a mediados de julio.
Apenas tres días después de la gran movilización por la vida convocada para el 7 de agosto fue asesinado el dirigente indígena Emiliano Trochez. Ocurrió el 10 de agosto en Santander de Quilichao. Emiliano Trochez no era cualquiera: había sido gobernador indígena de su comunidad, antiguo consejero de la Asociación de Cabildos del Norte, profesor y dirigente comunal. Los sicarios llegaron hasta la puerta de su casa, esperaron que saliera, después dispararon varias veces contra él, un viejo de setenta años que empuñaba un bastón y una pañoleta rojiverde.
*Algunos nombres fueron cambiados u omitidos.
Fuente: http://colombiaplural.com/la-balcanizacion-del-cauca/
