Chau Unasur, adiós a la paz, ¿Suramérica será zona de guerra?
Aram Aharonian
En Colombia se respira una atmósfera de zozobra e inestabilidad social, tras el asesinato de 330 líderes sociales, la amenaza permanente a periodistas y el temor a que Iván Duque, el nuevo mandatario, se aventure en dos guerras: una interna y otra contra su vecino, Venezuela.
“La única forma de tratar de unir a la nación es inventando un enemigo externo, para apelar al nacionalismo, una guerra contra los “castrocomunistas” venezolanos, desviando la atención de la continuidad del genocidio interno y la crisis social, económica y financiera”, señala el analista Camilo Rengifo.
Durante cuatro períodos presidenciales, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, quien además fue ministro de Defensa del primero en épocas de los “falsos positivos” –campesinos asesinados y vestidos con ropa de guerrilleros para mostrar a la prensa victorias militares-, la hipótesis del conflicto siempre estuvo en al aire, en guerras de micrófonos o con injerencia directa en asuntos internos del vecino del noroeste.
Y, los mentideros políticos señalan que Santos quiso despedirse del gobierno apoyando el intento (frustrado) de magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, el 4 de agosto último. Pero esta última jugada del benemérito Nobel de la Paz, no le salió bien.
James Mattis, secretario de Defensa de los Estados Unidos visitó a mediados de agosto Brasil, Chile, Colombia y Argentina, con una agenda que insistía en el tema de la inestabilidad política y la supuesta crisis humanitaria de Venezuela, que podría afectar el escenario regional, junto al temor por un conflicto armado entre Colombia Y Venezuela tras el atentado fallido -con drones cargados de explosivos- contra Nicolás Maduro.
La gira busca resaltar los vínculos de Washington con lo que considera su patio trasero, según destaca un comunicado del Pentágono, pese a que EEUU no ofreció todavía ninguna agenda positiva de cooperación. Las alianzas panamericanas han sido punto focal de las visitas, este mismo año, del exsecretario de Estado Rex Tillerson, su sucesor Mike Pompeo y del vicepresidente Mike Pence a la región.
El ministro brasileño de Defensa, Joaquim Silva e Luna, dijo que entendió bien lo que quiso decir Mattis, “pero eso es una disputa comercial en todo el mundo; hay una gran reorganización en todo el mundo, en Asia, en la Unión Europea, es una disputa de mercado” y señaló que es posible que Brasil se beneficie de una guerra comercial entre EEUU y China.
Según Mattis, su país apoya “decisiones soberanas de estados soberanos”, pero advirtió de “invasiones de otros países”. El libreto pareciera convertir a Latinoamérica en un campo del juego geopolítico estadounidense.
Otra preocupación del mandamás del Pentágono es la reunión en Argentina del G-20, donde el anfitrión tiene responsabilidades en defensa y seguridad de los líderes del mundo “desarrollado”, que permitan la asistencia de Donald Trump: cómo participar de manera discreta sin resentir las pasiones nacionales. La propuesta de Mattis fue la posible cesión de equipos para un área específica; la prevención de ciberataques, con “inhibidores” de circulación de drones.
En los países visitados, Mattis auscultó la influencia y presencia en Sudamérica de dos rivales, China y Rusia. Y al respecto señaló que “hay más de una forma de perder la soberanía en este mundo. No es sólo por las bayonetas. Puede ser con países que llegan ofreciendo regalos, préstamos amplios que acumulan deudas masivas en otros países a sabiendas de que no podrán repagarlas, es lo que parecen ser los préstamos chinos a naciones como Venezuela y Filipinas”.
La visita de Mattis a la región se produjo tras el encuentro del titular de la Armada estadounidense con sus pares de Argentina, Brasil y Chile en Cartagena, Colombia, en el marco de la 28 Conferencia Naval Interamericana que congregó a los jerarcas navales de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podría ser el eufemísticamente llamado ejercicio naval multinacional Unitas Lix-2018, del que Colombia será anfitriona en septiembre próximo, señala el analista mexicano-uruguayo Carlos Fazio.
El atentado buscaba que el poder fuera transferido sin demora a las “autoridades civiles legítimas, miembros de la Asamblea Nacional” presidida por Julio Borges, tras “liberar” una zona del país e instalar allí un “gobierno paralelo” que ejerciera funciones de hecho, con el respaldo de Washington, sus socios de la OTAN y el Grupo de Lima.
Hoy la producción de coca alcanza en Colombia niveles record, grupos armados ilegales luchan por territorios en los que el Estado tiene escasa o nula presencia y una oleada de 330 asesinatos de activistas sociales en los últimos meses, mostró que la paz sigue siendo un término relativo.
Si Iván Duque, el nuevo presidente -que quiere reformular el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC que su antecesor Juan Manuel Santos se abstuvo de implementar- no logra llevar el Estado a las zonas rurales, hoy en manos de narcotraficantes y paramilitares (o no está interesado en ello), poco cambiará en Colombia, que registró al menos 260 mil muertos, 60 mil desaparecidos y más de siete millones de desplazados.
¿Fin de la zona de paz?
La coordinación conservadora de varios presidentes suramericanos lograron desmontar los más importantes avances de la integración de los países de América del Sur que conformaron la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) como bloque referente de las relaciones mundiales marcadas por la multipolaridad de potencias y de proyectos integracionistas regionales y declararon a la región como zona de paz.
La potencia económica y política de los gobiernos de Argentina y Brasil, respaldados por los presidentes de Perú, Chile, Colombia y Paraguay (el denominado Grupo de Lima), comenzó su tarea destructiva en abril pasado, cuando determinaron “suspender su participación” en el organismo
Y el momento “adecuado” (la asunción de la presidencia pro-tempore de Bolivia) finalizó dos años de sigilosos movimientos de debilitamiento y parálisis de todos los proyectos integracionistas construidos al margen de la influencia y predomino de Estados Unidos: Mercosur, ALBA, CELAC y Unasur.
Desmantelados los organismos de integración horizontal, vuelve el poder del panamericanismo monroista -América para los (norte)americanos-, dejando en pie a la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo la tutela de Washington. Pero no logran consenso, porque Nicaragua, Venezuela y Bolivia, al menos, se oponen a la injerencia en asuntos internos de otros países. Y por eso, EEUU trata de desestabilizar sus gobiernos con todos los medios posibles,
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, auspició el Consejo de Defensa Sudamericano, integrado por 12 países, que entre sus propósitos principales tuvo consolidar a la región como zona de paz y servir de contrapeso a los afanes intervencionistas del Pentágono en los ejércitos locales, con fines de alineamiento y adoctrinamiento.
Pero la contraofensiva conservadora y del Comando Sur del Pentágono siguió adelante. En mayo último, Juan Manuel Santos anunció que Colombia – con siete bases estadounidenses en su territorio- se sumaba como “socio global” de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, máximo exponente de las intervenciones militares, abiertas y encubiertas, después de la guerra fría. Ahora Chile quiere seguir el mismo camino.
Y ahora, de la mano del embajador de EEUU en Bogotá, Kevin Whitaker el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, apadrinado por Álvaro Uribe, sindicado como genocida y unido al narcotráfico y el paramilitarismo, quiere ser protagonista del “Golpe Maestro”.
Este plan, fue diseñado por el almirante Kurt Tidd, jefe del Comando Sur, quien aspira a que el gobierno bolivariano sea derrocado a través de una “operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de los Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA y la supervisión, en el contexto legal y mediático del secretario general, Luis Almagro”.
Según se supo en el Congreso estadounidense, Duque tiene una estrategia para negociar con EEUU una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: manejar la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.
A inicios de julio y antes de asumir la presidencia, negoció en Washington con el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado, Mike Pompeo, la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, el zar antidrogas James Carrol, y el asesor de Seguridad Nacional, el superhalcón John Bolton.
A Pence, “preocupado” por la supuesta amenaza a Colombia de la “dictadura” de Maduro –como ya se lo había manifestado a Santos en su visita a Bogotá y en la reunión cuando la Cumbre de la OEA en Lima- le solicitó apoyo en materia militar, de inteligencia y seguridad.
El 10 de agosto, tres días después de asumir la Presidencia, anunció el retiro “irreversible” de Colombia de Unasur y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela, tras prometer que llevaría a Maduro ante la Corte Penal Internacional, la misma “justicia” internacional, donde Uribe, está acusado por crímenes de lesa humanidad, y donde hacen cola los mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Un día antes, en la sede de la cancillería colombiana en Bogotá, el nuevo ministro del exterior, Carlos Holmes Trujillo, se reunió con Julio Borges, sindicado como uno de los coautores intelectuales del frustrado magnicidio del presidente venezolano Nicolás Maduro, para expresarle el “apoyo incondicional” del gobierno de Duque para “rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela”.
Gustavo Álvarez Gardeazábal, al criticar las declaraciones de Duque en Washington, cuando afirmó que iba a liderar un bloque latinoamericano contra Maduro, en una nota titulada “¿A la guerra?’, advertía que así un presidente no esté de acuerdo con la ideología de una nación, no puede comenzar a hacer declaraciones que vayan en contra del principio del respeto soberano. Y advertía que si la guerra llegase a suceder con el país hermano, Colombia perdería “pues Venezuela está mejor armada que nosotros”.
La periodista María Jimena Duzán, en su última columna antes de que la amenazaran, recordaba las declaraciones del general retirado Leonardo Barrero (“Prepárense porque vuelve la guerra”) y se preguntaba cuál será el blanco principal de esta nueva guerra anunciada: ¿los líderes sociales que están cayendo como moscas, los ocho millones de ciudadanos que votaron por Petro, los diez millones de personas que votaron por Duque y que aún creen en ‘pajaritos en el aire’?
Paralelamente, desde junio está en Cúcuta y Maicao, poblaciones fronterizas con Venezuela, un contingente de “cascos Blancos” de la cancillería argentina. Gabriel Fucks, extitular de estos “contingentes de paz”, señaló que la misión en la frontera colombiano-venezolana, más que una acción de asistencia sanitaria, forma parte de una política de presión contra Venezuela.
No es de extrañar que el gobierno de Mauricio Macri se haya sumado a los planes estadounidense-colombianos, dada su posición subordinada en la OEA. Macri, además, aceptó desplegar en el territorio argentino una nueva red de bases militares estadounidenses: una en Neuquén, en el estratégico sur patagónico, cerca de la reserva gasífera de Vaca Muerta, financiada por el Comando Sur con “ayuda humanitaria” y dos en Tierra de Fuego, la de Tolhuin y la de Ushuaia.
Una vasta frontera caliente
La mayor parte de los problemas que se suscitaron históricamente y se siguen suscitando en la extensa frontera común de más de 2.200 kilómetros, los genera la actitud del establishment colombiano, generando tensiones que en algunos casos han estado a punto de desencadenar conflictos de carácter bélico, a veces alegando presuntas reivindicaciones territoriales.
Generar tensiones con Venezuela sirve para desviar la atención de la violencia de seis décadas en Colombia, parte de la normalidad en ese país y que contrasta en las últimas dos décadas por la existencia de sistemas sociales, económicos y políticos contrapuestos. El mensaje de la conducción política colombiana y los medios de comunicación hegemónicos, no ha cambiado: su lenguaje es agresivo, belicoso, xenófobo y permanentemente amenazante.
El periodista José Vicente Rangel, exvicepresidente y excanciller venezolano, señala que la provocación en política siempre ha estado en la base de cualquier aventura. Dos períodos constitucionales de Álvaro Uribe, dos de Juan Manuel Santos y el próximo de Iván Duque, cuyo lenguaje provocador antes de tomar posesión del cargo, es el mismo de sus predecesores.
La oligarquía y la derecha colombianas tienen planes políticos y militares contra Venezuela, no de ahora, con motivo del desarrollo del proceso bolivariano contra el cual aducen razones de carácter ideológico, sino de muy atrás en el tiempo, durante otros gobiernos venezolanos. Desde el intento de usurpación de los derechos venezolanos sobre Los Monjes, la provocación de la fragata Caldas en el Golfo de Venezuela
El poder fáctico colombiano ha estado involucrado en múltiples operaciones contra Venezuela: comerciales financieras en la frontera, con el contrabando de extracción, con la actuación de grupos paramilitares, infiltrando unidades a través de la frontera a fin de generar actos terroristas en territorio venezolano.
Uribe instrumentó una alianza con la oposición venezolana golpista, a la que orientó y financió abiertamente, e incluso se lamentó, en una insólita declaración, no haber tenido tiempo –siendo presidente– para atacar militarmente a Venezuela (a lo cual, por cierto, Chávez le contestó que lo que le faltó fueron cojones).
Santos, sibilino y de la aristocracia bogotana, intrigó en organismo internacionales y en gobiernos de la región para adelantar una campaña consistente en afirmar que con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, Maduro había acabado con la democracia venezolana, y se negó a reconocer su reelección.
El atentado que quiso acelerarlo todo
El 4 de agosto, durante la parada militar por el aniversario de la Guardia Nacional un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 -de última generación, con un rendimiento de vuelo mejorando y una mayor capacidad de carga, utilizados con fines industriales y profesionales de diversos rubros, incluidos los militares- cargados de explosivos contra el presidente Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha no ha podido conseguir en una veintena de elecciones.
Tampoco lo logró con el golpe de Estado de 2002 contra el presidente Hugo Chávez, ni con el sabotaje petrolero de 2002-2003, ni con la desestabilización y las guarimbas de 2014 y 2017 desarrolladas éstas por sectores radicales proestadounidenses de la oposición venezolana, con el apoyo y financiamiento de Washington, Madrid y Bogotá, el aliento de la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados, nacional y trasnacionales.
Ni siquiera con las sanciones y la guerra económica, y la guerra de Cuarta generación, con campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de Estados Americanos y los gobiernos del llamado Grupo de Lima.
Según los expertos, uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado en las operaciones de bandera falsa de la Red Gladio de la OTAN y también por agentes de la CIA para derribar la aeronave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976, en el que murieron 73 personas), y en el asesinato del excanciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, en Washington, ese mismo año.
Obviamente el Comando Sur estadounidense no detuvo sus planes por el fracaso del atentado con drones, que debía provocar –de acuerdo al plan- un asesinato en masa de líderes civiles y militares en Venezuela, el caos social y una guerra civil, sino que sigue tratando de generar divisiones en las Fuerzas Armadas bolivarianas, para impulsar algún levantamiento en guarniciones castrenses, como lo intentaran en el Fuerte Paramacay.
Los frustrados magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el departamento colombiano Norte de Santander, donde aprendieron a manejar drones, a cambio de 50 millones de dólares y residencia en Estados Unidos (no en Guantánamo).
Tras el atentado terrorista, la mayoría de los presidentes (¿conocían el plan?), mantuvieron silencio, minimizaron el incidente con drones, relativizaron el atentado o silenciaron la tentativa de magnicidio y el acto de terrorismo, y cuándo no, recuperando las nociones oscurantistas de siempre, lo calificaron como un “montaje”, “autoatentado” o “maniobra”. En los hechos estaban validando el (su) fracaso.
Colofón
Quedan muchas interrogantes: ¿Qué pasaría con los pueblos: aceptarían una guerra? ¿Es este todo el escenario deseado por todo el gran capital? ¿Qué actitud tomarían China y Rusia, por ejemplo? ¿Qué pasará en EEUU con las elecciones parlamentarias? ¿El gran capital seguirá apoyando a Trump o preferirá su reemplazo por Pence?
Sin duda hay que llamar a una actitud activa por la paz, crear conciencia de los peligros que corre Latinoamérica toda. Es la paz o la destrucción. Es el futuro de la región.
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Aram Aharonian
Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/194791
