EL ATERRADOR PANORAMA DE ASESINATOS EN COLOMBIA Y LA RADIOGRAFÍA DE LOS LÍDERES ASESINADOS EN EL CARIBE

#QuiénLosEstáMatando: el aterrador panorama de asesinatos que indigna a Colombia Foto: Archivo particular

No era una exageración de las redes sociales. Esta semana comenzó con la fiesta nacional por el partido de la Selección Colombia, un acontecimiento que opacó por algunas horas el baño de sangre que azotó a tres regiones: Chocó, Atlántico y Cauca. Para al final de la tarde la fiesta se apagó y quedaron los dramas detrás de nueve muertos: siete víctimas de una masacre en el Cauca y el crimen de dos líderes sociales. El luto para quienes defienden los derechos humanos se prolongó y al cierre de esta edición ya eran cuatro los líderes asesinados en el país en tres días. 

En el caso de don Luis Cuarto Barrios Machado ya se lo temía. Aunque el martes se unió a la hinchada nacional que veía el partido de Colombia, desde el 30 de marzo se había acercado a la Fiscalía para denunciar -con nombre propio- a los hombres que lo habían interceptado para amenazarlo, pues él había tomado la decisión valiente de hacer una denuncia contra el microtráfico. En su lucha por limpiar las calles de Palmar de Varela (Atlántico) del vicio, había entregado nombres y apellidos de quiénes integraban estas organizaciones expendedoras, cómo funcionaban, cuál era su ubicación y, lo que pudo haberle costado la vida, quiénes les colaboraban. 

Aunque de manera preventiva, la Policía puso a una patrulla a pasar revista una vez al día en casa de Barrios, su caso llegó apenas el 27 de junio a Bogotá a la Unidad Nacional de Protección para que se adelantara el estudio de seguridad. Tarde. El presidente de Asocomulal en Palmar de Varela, militante del Polo Democrático y seguidor de Gustavo Petro encontró su lecho de muerte en la cama en la que estaba viendo el partido contra Inglaterra. Dos disparos a la cabeza lo ubicaron en la escandalosa, imprecisa y negra estadística de líderes sociales asesinados en Colombia.

Según la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que hace la doble verificación -la de ocurrencia del crimen y la condición de liderazgo de la víctima- asegura que han sido asesinadas 178 personas desde el 2016; más otros 35 casos que están en estapa de estudio. Como presunto autor, la lista la integraron el Clan Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc, organizaciones crimínales tipo C (que prestan sus servicios al mejor postor y tienen incidencia local), y autores particulares. Las víctimas, en su mayoría, fueron miembros de juntas de acción comunal. 

En esta estadística se basa el gobierno y la misma Fiscalía, que tienen a la ONU como aliado. Sin embargo, contrasta con la que emite la Defensoría del Pueblo y que a corte de 30 de junio reporta 311 víctimas en todo el país. Las diferencias en las mediciones es algo que sectores sociales no comprenden teniendo en cuenta que desde hace un año, la Procuraduría estableció las reglas para la protección de los líderes y defensores de derechos humanos y le pidió al Gobierno que cree un "registro único, integrado, consolidado y actualizado" de la población que haya visto vulnerados sus derechos.

Hasta ahora, la amenaza identificada que perseguía a los líderes sociales radicaba en silenciar las reclamaciones de restitución de tierras y en frenar iniciativas asociadas a la erradicación de cultivos ilíctos. A José Gilmer Cartagena Úsuca, integrante de una asociación campesina del alto Sinú, lo asesinaron el 10 de enero del 2017, horas después de haber irrumpido en una reunión convocada por el Clan del Golfo para generar resistencia campesina a la erradicación de cultivos ilícitos. El líder se levantó de la silla y les dijo a los hombres armados que no podían darles órdenes. A los dos días apareció su cuerpo; le habían arrancado las uñas. La Fundación Ideas para la Paz ha identificado 13 posibles crímenes asociados a la erradicación de cultivos ilícitos desde el 2016.

Pero esta semana, fueron las muertes de Ana María Cortés, secretaria de la campaña de Gustavo Petro en Cáceres, y la de Luis Barrios Machado, que en vida se tomó una fotografía en la que aparecía rodeado de imágenes del excandidato presidencial. Esta característica militante le puso otra cara al problema; revivió el fantasma del exterminio político, como el que vivió el país con la Unión Patriótica. Los líderes le han manifestado al gobierno que temen que organizaciones de ultraderecha crean que tienen carta blanca para actuar violentamente en contra movimientos sociales que tienen protagonismo. 

La tensión política llegó a su punto cuando Gustavo Petro le exigió al presidente electo Iván Duque que se pronuncie en contra de los asesinatos de quienes apoyaron a la Colombia Humana a la presidencia: "Su silencio permite el empoderamiento de los asesinos", dijo.

Carlos Guevara, director de la organización Somos Defensores, una ONG que cuenta con un sistema de información sobre agresiones contra defensores, asegura que el problema no radica en el color político sino en los espacios de participación que se abrieron con acuerdos de paz con las Farc. "Los brazos violentos intentan callar es eso, que la gente participe políticamente, en las Juntas de Acción Comunal, exigiendo la restitución de tierras, defendiendo derechos sindicales". 

Cifras de la ONG revelan que en el primer trimestre del año fueron asesinados 46 líderes, un 130 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 26 asesinatos. Pero la mayor alerta se generará cuando se publiquen las cifras del segundo trimestre del 2018. Se calcula que desde hace dos semanas y media, es decir, desde la contienda presidencial, han sido asesinadas una decena de defensores. 

"Recorrimos la Costa Atlántica, el suroccidente, centrooriente, Arauca, Meta, Guaviare, lo que nos dicen los defensores es que hay un plan tortuga de la Fuerza Pública que permite que ocurran casos como estos en los territorios. Alertas Tempranas se encarga de ubicar al Clan del Golfo en tal lugar y pareciera que no están dando todo para enfrentarlos", manifestó. Para Guevara, existe el temor de una "militarización de la paz", esto es, que las políticas del nuevo gobierno vuelvan a empoderar a una fuerza pública que esté por encima de los alcaldes y que así disminuyan los espacios de participación a las organizaciones sociales. 

Alberto Brunori, representante en Colombia del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, lo ha dicho públicamente. La defensa de los derechos humanos en Colombia se ejerce bajo asedio. Y la situación es tan grave que en Colombia, "el riesgo y el miedo son elementos normales e interiorizados en la defensa de los derechos humanos", dijo. Por eso hizo un llamado al presidente electo Iván Duque para que rompa ese asedio y siga construyendo un país en paz.

Un estudio solicitado por la Procuraduría al Centro Nacional de Consultoría, revela que renovar el liderazgo de un defensor en Colombia se puede tomar entre 1 y 4 años. Bajo esta tesis, Colombia ha perdido por lo menos 178 años de trabajo con las comunidades; si se calcula con las cifras de la Defensoría son por lo menos 311 años de esfuerzos sociales que se quedaron acéfalos. 

Otro de los problemas en los que el Estado no ha ganado la batalla tiene que ver con la impunidad. Según la Fiscalía, hay avances de investigación en el 49 por ciento de los casos, de estos 16 han llegado a sentencia y 36 están en etapa de juicio. A pesar de los 164 capturados, no se ha logrado que cedan los índices de asesinatos, que es la verdadera meta. Y no solo ahora sino históricamente. Así lo afirma María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz: aunque se registran picos en algunos años, el problema es crónico. 

El Ministro del Interior, Guillermo Rivera, reveló que en zonas como el Bajo Cauca antioqueño el asesinato de líderes sociales fue usado por organizaciones criminales como estrategia para quedarse con el control de negocios de narcotráfico y la minería ilegal. En entrevista con La W Radio, aseguró que tienen información de que integrantes de los ‘Caparrapos‘ -una disidencia del Clan del Golfo- estaría acudiendo a este tipo de crímenes para provocar desplazamientos, llamar la atención de la Fuerza Pública para que haga presencia y así evitar la confrontación directa con sus antiguos socios. Es una de las zonas más golpeadas estos asesinatos.

Ahora todos intentan explicar el problema. Pero lo cierto es que la mayoría casos no tienen respuestas. Como el de Juana Bautista Almanzo Uriana, asesinada el 26 de septiembre del 2017 en Uribia, La Guajira. Era una líder de la etnia wuayú, docente, había denunciado problemas de corrupción. Su cuerpo fue hallado semidesmembrado, lo habían quemado con ácido para hacer imposible su identificación, se descompuso por la exposición al sol.