NARCOTRÁFICO, COMODÍN DE GUERRA Y PAZ

HERNANDO LLANO ÁNGEL

El narcotráfico es una actividad inmersa en la política nacional e internacional donde están en juego miles de millones de dólares, además de una manipulada estrategia de control social. Sin embargo, las políticas antidrogas vigentes no solucionan el fenómeno; es momento de plantear estrategias más allá de la fumigación y la militarización de los territorios.

El narcotráfico no es un delito conexo con el político, es una actividad inmersa en la política. Así sucede desde que Richard Nixon declaró la llamada “guerra contra las drogas”, según lo reveló su asesor de política interna, John Ehrlichman, en una entrevista con el periodista Dan Baum, publicada en Harper’s Magazine:

“¿Quieres saber realmente de qué se trata todo esto?”, me dijo con la franqueza de un hombre que, después del oprobio público y una temporada en una prisión federal, tiene poco que proteger. “La campaña de Nixon de 1968, y la Casa Blanca de Nixon, tenían dos enemigos: la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te digo? Sabíamos que no podíamos hacerlos ilegales por ser negros o estar en contra de la guerra, pero al hacer que el público asociara a los negros con la heroína y a los hippies con la marihuana, y luego criminalizar ambas sustancias fuertemente, podíamos fragmentar sus comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, redar sus casas, disgregar sus reuniones y vilificarlos todas las noches”.

Y pronto se agregó a la lista la cocaína, completando así la coartada perfecta para la intervención de los cruzados y su agencia estandarte, la DEA, en la arena internacional, con toda la parafernalia de Convenciones Internacionales y Tratados de Extradición, que supuestamente auguraban un triunfo seguro del prohibicionismo sobre el “flagelo” del narcotráfico, como si este fuera una maldición inexorable. Una moderna cruzada de puritanos contra malvados narcotraficantes, que amenazan la inocente e indefensa juventud norteamericana y europea.

El “Bien” contra el “Mal”

Una nueva guerra emprendida por el Norte, virtuoso y emprendedor, contra el Sur pagano y corruptor. Y así, el Bien, con Tratados de Extradición, combatiría sin fronteras ni limitaciones al Mal, encarnado en el polo de la oferta, para proteger a la multitudinaria demanda, cada vez más adicta y víctima de los malvados narcotraficantes del Sur. Desde entonces la extra-adicción de su juventud, su emprendedora elite de lobos de Wall Street, los altos círculos sociales y artísticos, han pretendido evadir su irresponsable hedonismo con sólo la extradición de criminales y codiciosos narcotraficantes del Sur. Al parecer, los únicos responsables de tanto vicio. Incluso se llegó al extremo de criminalizar a nuestra portentosa naturaleza y se la sindicó de ser asesina: “La mata que mata”, para justificar el ecocidio impune de bombardearla y fumigarla con glifosato. Había que convertir en tierra arrasada cientos de miles de hectáreas de bosque tropical, porque albergaba “cultivos ilícitos”. Semejante expoliación y depredación de la naturaleza fue motivo de orgullo nacional para los entonces Presidentes, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que tuvieron el cinismo de llamar a esa política “Plan Colombia” y “Plan Patriota”, respectivamente. Una política que diezmaba y desplazaba, como peligrosos delincuentes, a miles de campesinos marginados, sin consideración alguna a su salud y dignidad, pues eran cómplices de la mortífera industria del narcotráfico.

A fin de cuentas, “raspachines” que proveían a los malvados narcotraficantes de su materia prima, no campesinos y mucho menos ciudadanos. “Raspachines” condenados a ser carne de cañón de organizaciones criminales que se disputaban sus vidas y territorios, desde ejércitos privados con membrete antisubversivo: Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pasando por la Fuerza Pública Nacional, un escuadrón de extranjeros y mercenarios fumigadores de glifosato y la misma insurgencia, Farc y ELN, que contaba así con recursos ilimitados para el avituallamiento de sus ejércitos y la “guerra anti-imperialista”.

Para completar el perfecto teatro de operaciones, combatió sin tregua a la criminal “narcoguerrilla”, mientras negociaba y elevaba a la condición de delincuentes políticos a los narcoparamilitares de las “AUC”, expidiendo para ellos la ley 975 de 2005, liderada por Uribe y el doctor Luis Carlos Restrepo, pura ternura. Posteriormente, cuando la cúpula de los “paras” empezó a revelar los pactos con el entorno político uribista y develar así la quintaesencia criminal de dicha gobernabilidad, serían inmediatamente extraditados. Tales fueron, muy resumidos, los principales abusos políticos de la “exitosa guerra” contra el narcotráfico y la extradición, que comparten orgullosos Pastrana y Uribe y, todo parece indicar, profundizará su hijo político adoptivo, Iván Duque, sumiso continuador de la fracasada guerra contra las drogas.

¿Narcoguerreros vs. narcopolíticos?

Lo que ahora llama a la estupefacción –incluso más que la generada por las combatidas drogas– es que quienes han politizado a tal extremo el narcotráfico, haciendo de la extradición una delegación casi total de la soberanía judicial del Estado colombiano y del “Plan Colombia” una estrategia militar contrainsurgente exitosa, nieguen en trance presidencial la esencia política del narcotráfico, para poder así extraditar en forma expedita a la antigua cúpula de la extinta Farc, haciendo trizas el Acuerdo de Paz y prolongando indefinidamente la absurda y criminal “guerra contra las drogas”, que cumple 50 años de fracasos continuos. Sin duda, la extradición es sustracción de soberanía judicial y de paz política. Nada importan las más de 220.000 víctimas mortales del conflicto armado interno, arrasadas por ese torbellino de violencia, en nombre de una falsa y maniquea moral, muy rentable para los mercaderes de la guerra y la muerte, tanto los legales como los ilegales, en Estados Unidos y en Colombia.

De consolidarse el anterior escenario, estaríamos frente al triunfo de los que con ironía pueden ser considerados “narcoguerreros” pura sangre, pues sus políticas antinarcóticas lo corroboran (en EU desde Nixon hasta Clinton y ahora Trump; en Colombia: Belisario, Barco, Pastrana y Uribe), frente a quienes han buscado salidas políticas al problema de las drogas ilícitas, que podrían denominarse cáusticamente “narcopolíticos” (Obama, Gaviria, Samper y Santos), con sus diferentes estrategias gubernamentales de negociación y confrontación, insuficientes para desarticular dicho entramado criminal. Entre ellas, la prohibición de la extradición de colombianos por nacimiento (artículo 35 de la Constitución, ya derogado); la política de “sometimiento a la justicia” Gavirista y su frustrada aplicación Samperista a los Rodríguez (abortada por el acuerdo de Pastrana-DEA con el proceso 8.000) y, el más reciente apoyo norteamericano, con Obama y su delegado en La Habana, que validó el cuarto punto del Acuerdo de Paz: “Solución al problema de las drogas ilícitas”. Punto que consagró la política de sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, en lugar de la depredadora y criminal de la erradicación forzada, a cambio de proporcionar las Farc las condiciones para que el Estado recobrara su precaria soberanía y la regulación de dichos territorios, reincorporando a los campesinos a su condición plena de ciudadanos, integrándolos legalmente al mercado nacional e internacional. Responsabilidad que el Estado no ha tenido la capacidad de asumir y hoy deja esos territorios en un limbo de cultivos de uso ilícito, anegado en sangre de líderes sociales asesinados por bandas narcotraficantes y de familias campesinas inermes, abandonadas o incluso masacradas por agentes de la Policía Nacional, como aconteció en Tumaco.

Contra una guerra perdida una política responsable

Pero también hay que resaltar que, en el plano internacional, en forma tardía y tímida, algunos ex-presidentes latinoamericanos que han padecido y experimentado la impostura de tan absurda guerra, se expresaron en la “Declaración Latinoamericana sobre Drogas y Democracia”, el 11 de febrero de 2009, bajo el título: “Drogas y Democracia: Hacia un Cambio Paradigmático”:

“Convocada por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia, y Ernesto Zedillo de México e integrado por 17 personalidades independientes, la Comisión evaluó el impacto de la “guerra contra las drogas” y presentó recomendaciones para políticas más seguras, eficientes y humanas. Sus tres recomendaciones principales son: 1) tratar el uso de la droga como una cuestión de salud pública; 2) reducir el consumo a través de medidas de información y prevención; y 3) enfocar los esfuerzos de la aplicación de la ley en el combate al crimen organizado”.

No obstante, la sensatez de dichas propuestas, hoy resultan insuficientes. Ya es hora de dar pasos más audaces en el ámbito internacional y de promover, como bloque latinoamericano, en las Naciones Unidas, el fin del prohibicionismo, matriz de la “guerra contra las drogas”, adoptando curiosamente la misma política que el Estado norteamericano aprobó en 1933, al derogar la enmienda que prohibió y penalizó el consumo del licor en 1914. Al respecto, cabe recordar el siguiente argumento a favor de la derogatoria de la Enmienda de la Prohibición, expuesto por el vocero de la Cámara, Oscar W. Undelwood, por considerar el prohibicionismo un “esquema tirano que pretende establecer por ley la virtud y la moralidad”, en contra de su colega prohibicionista de Alabama, Richmond Pearson Hobson, quien la defendía con argumentos como:

“Una investigación científica ha demostrado que el alcohol es un veneno narcótico”, es una “droga creadora de hábito”, “veneno protoplásmico, asquerosa excreción de un organismo viviente que convertía al negro en un bruto haciendo que este cometa delito no naturales”. El hombre blanco tiene la misma tendencia, salvo que “por el hecho de estar más evolucionado, le toma más tiempo llegar al mismo nivel”1.

Según lo anota el historiador Martin Short: “La prohibición había originado un horrible daño moral. Había convertido en ilegal un negocio de dos mil millones de dólares y se lo entregó a los gánsteres. La carretera del crimen organizado estaba pavimentada con las buenas intenciones del movimiento de templanza. Eso era bastante malo. Pero era mucho peor ese regalo de riqueza ilimitada que revolucionaría al crimen organizado, convirtiéndolo en un rasgo indestructible de la vida norteamericana. El sindicato de gánsteres llegaría a ser la quinta fortuna de la nación. La prohibición fue la causante de la banda”2.

Por eso es la hora de la regulación estatal, tal como lo está haciendo Uruguay con el control oficial de la producción, distribución y el consumo de la marihuana, para arrebatarle al crimen organizado tan violento como lucrativo negocio. Pero también es la hora de la prevención, la educación y la responsabilidad personal (como lo promueven con éxito las campañas contra el consumo del tabaco y el alcohol) que es lo propio de toda persona adulta y del ejercicio de la ciudadanía. Lo contrario, es reconocer que no se puede prescindir del Estado Policivo y terapéutico (Thomas Szasz), que trata a sus ciudadanos como siervos y menores de edad, carentes de autonomía personal, por lo cual deben ser vigilados y castigados, como lo propone el joven Iván Duque con mentalidad retardataria. Sigue así fielmente los preceptos de sus padres políticos adoptivos, Pastrana y Uribe, tan amigos de la templanza del fuego y las aspersiones con glifosato, totalmente inicuas y toxicas, pero electoralmente muy exitosas, sustentadas en los prejuicios y los miedos de quienes añoran un padre castigador y su brutal pedagogía de la “letra con sangre entra”. Así, Duque pretende disuadir y disminuir el consumo de sustancias estupefacientes con persecución policial, incautación de dosis personal y eventuales multas draconianas, que sólo promoverán mayor corrupción y descomposición de la convivencia y el tejido social. Tal como sucedió durante la prohibición del licor en Estados Unidos. Ya lo decía Al Capone, con fina ironía:

“Hago mi dinero satisfaciendo una demanda pública. Si yo rompo la ley, mis clientes, que se cuentan por cientos de entre la mejor gente de Chicago, son tan culpables como yo. La única diferencia es que yo vendo y ellos compran. Todo el mundo me llama traficante ilegal. Yo me llamo a mí mismo hombre de negocios. Cuando yo vendo licor es tráfico ilegal. Cuando mis clientes lo sirven en bandeja de plata es hospitalidad”3.

Un “Bien” que estimula el “Mal”

Con la templanza y la virtud de Duque, sus asociados y potenciales electores, estaremos condenados a medio siglo más de heroica lucha contra el “flagelo de las drogas”, no sólo como consecuencia de la codicia de los narcotraficantes sino también del “celo y la rectitud moral” de gobernantes que los combaten en nombre de valores superiores que ellos mismos ignoran o desprecian: la libertad, la dignidad humana, la paz y la democracia, convirtiéndolos en una coartada perfecta para prolongar su dominación y perpetuar una guerra pérdida. Una guerra que sólo se ganará cuando se abandone el paradigma prohibicionista y asuma el Estado su rol regulador, preventivo y formativo, dejando atrás el policivo, represivo y punitivo, que sólo eleva los precios de las drogas ilícitas y aumenta las ganancias de los narcotraficantes, además del presupuesto de las agencias antidroga, que medran y subsisten en el mundo de la ilegalidad, la corrupción y el crimen. Sólo basta mirar, sin celo extraditable, la celada montada por la DEA en el caso Santrich, con la participación de varios de sus agentes, cuya trama deberá ser examinada y valorada por la JEP, pues la Fiscalía y la Justicia ordinaria parecen haber perdido, lamentablemente, su independencia y autonomía judicial.

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1 Citado por Muso F, David Md, (1993) en su libro La enfermedad americana. Bogotá, Ed. Tercer mundo. p. 331.

2 Short, Martin (1986), Mafia, la sociedad del crimen, Barcelona, Ed. Planeta. p. 75.

3 Ibíd., p. 70.

Fuente: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0588/articulo05.html