Corrupción: Punta de lanza en el juego de tronos colombiano
SEBASTIÁN GIRALDO QUINTERO
Si hay un tema que ha dado de que hablar durante todo el año, ese es la corrupción. Nada parece mostrar de manera más explícita el carácter y la degradación interna de nuestro sistema político.
Nuestro sistema político está en plena conmoción producto de las filtraciones de la DEA sobre corrupción. A partir de éstas la sociedad colombiana ve a los “probos hombres de la patria” en el lodazal del cual nunca han podido salir. Podredumbre, manipulación, lucha de poderes, que como en la serie “Juego de tronos”, tiene dos grandes caballitos de batalla: la multinacional brasileña Odebretch y el exfiscal anti corrupción Luis Gustavo Moreno. ¿Qué detalles hay detrás de esta lucha por el trono colombiano? Veamos:
La corrupción del fiscal anticorrupción
Del anonimato al desprestigio. Esta es la triste parábola vivida por Luis Gustavo Moreno, flamante fiscal anticorrupción, pero en realidad operador de sobornos y manipulaciones para extraviar procesos de paramilitarismo y similares.
Su develamiento público ocurrió el 27 de junio, cuando Alejandro Lyons exgobernador de Córdoba, en colaboración con la DEA, presenta pruebas de un soborno por 10.000 dólares que pagaría a Moreno y su socio Leonardo Pinilla, para truncar procesos judiciales surtidos en su contra. Sorpresa, la denuncia no paró allí, detrás de ellos, como el mago que saca tela de un sombrero, fueron saliendo los nombres de una veintena de implicados, entre ellos políticos y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Carcomida la sal, ahora todo puede pensarse de la ética de los funcionarios públicos en Colombia.
Pegado del corrupto jefe de la anticorrupción, salió a la luz Musa Besaile, el barón electoral del santismo, primerísimo en el partido de la U, hombre de confianza del jefe de Estado, quien le maneja clientelas en la Costa Atlántica, así como los hilos en la Comisión cuarta del Congreso (responsable de tramitar la reforma tributaria, el Plan de Desarrollo, el Presupuesto General de la Nación y las estampillas que son tan codiciadas por los alcaldes). Como barón electoral, son sus más de 130 mil votos logrados en las más recientes elecciones al Congreso, beneficiario de una gran cuota burocrática en distintas entidades oficiales. En la marquilla que trae el pantalón de Besaile puede verse su exclusiva marca: 2 mil millones de pesos, pagados para frenar un proceso que en su contra llevaba la Corte por parapolítica.
Como barítono, así empezó a cantar el implicado, y en sus notas se alcanzó a escuchar que los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, le extorsionaron, vía el exfiscal Moreno, con la amenaza de una orden de captura. “Justicia” patrimonial, como siempre, para que los ricos funjan como “intachables”. Que no quede duda: Ladrones, ¡los que roban celulares! Corruptos, los ¡policías de tránsito!.
El trapo sucio sigue saliendo, del sombrero del mago, a la luz del auditorio Colombia, y otro jefe político deja ver su rostro, es el exsenador cordobés Julio Manzur Abdalá –sindicado igualmente por jugar un papel importante en la creación de los paramilitares–. Como su compadre de región, también está dispuesto a contar cómo fue extorsionado por la “justicia”.
Con diversidad de conjuros y pases mágicos el mago logra que el trapo, sucio, siga saliendo, ahorra agarra una parte del mismo, lo extiende como pantalla de televisión y allí se alcanza a ver, como en teatro negro, que toda esta trama corrupta, de ser cierta, es un modus operandi para extorsionar y “lavar” a diversidad de implicados en casos de gran revuelo, sobre todo en temas relacionados con paramilitarismo.
El mago recoge la tela y ahora extiende un nuevo pedazo del cual viene agarrada la exsenadora de la U Piedad Zucardi, interrogada hace pocas semanas sobre si había pagado para que le anularan evidencias dentro del proceso abierto en su contra, 6 años atrás, por nexos con paras.
En el auditorio hay conmoción, los murmullos crecen, unos y otros, desprevenidos, gente del común, se miran y se preguntan ¿pero qué pasa? Pero su pregunta no logra respuesta, el mago sigue metiendo la mano en su sombrero y jalando la tela, y con ella, bien agarrada, se ve a la laexrepresentante a la Cámara Zulema Jatin, también investigada por sobornos y paras. Ella, como Zucardi, fichas clave en apoyar las iniciativas del Ejecutivo en la Comisión tercera (hacienda y crédito público). Ahora patalea el senador barranquillero Álvaro Ashton, investigado por parapolítica y por el desangre de la Dirección de Estupefacientes, quien lleva días sin aparecerse por el Congreso.
El mago abre los ojos, como sorprendido por la extensión de su tela y la profundidad de su sombrero; no es para menos, pues ahora alcanza a verse colgada de la tela a la expresidenta del Congreso y actual gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, quien hace 5 años tiene una investigación preliminar por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Uno tras otro, ahora puede verse a Hernán Andrade, exsenador del Partido Conservador investigado desde hace nueve años por la recepción de 250 millones de pesos de manos del cerebro del desfalco a Cajanal –Armando Cabrera Polanco– apenas dos días antes de las elecciones para el Congreso en 2006. También Luis Alfredo Ramos, expresidente del Congreso, exgobernador de Antioquia y una de las personalidades que el centro democrático estaba perfilando para las campañas presidenciales de 2018, también acusado por paramilitarismo y por pagar sobornos a Moreno.
Barones electorales de la U, del Partido Conservador, de Cambio Radical, agiles negociantes de la confianza pública, usurpadores de lo común, artífices de los negocios de la empresa privada en el Congreso –de las privatizaciones–, allí hay de todo, como en piñata de rico. Unos y otros, a su vez, son la explicación de que el mayormente perjudicado con estos conjuros de aprendiz de hechicería es Juan Manuel Santos, que con pasmosa tranquilidad anuncia, en alusión radiotelevisada, que su gobierno lucha de manera denodada, como ningún otro lo ha hecho, contra la corrupción ¡?!
Magistrados
Con clientes garantizados, pero que paguen bien. Como se ha dicho, tres son los magistrados, expresidentes de la Corte Suprema de Justicia salpicados por corrupción: Francisco Ricaurte (quien aspira a ser magistrado del Tribunal de Paz), Camilo Tarquino, perteneciente a la Sala Laboral, y José Leonidas Bustos, de la Sala de Casación Penal –el “papá” de Luis Gustavo Moreno –según puede escucharse de su propia voz en audio filtrado por la DEA–, su profesor universitario y, al parecer, su mayor socio en la rama judicial para truncar los procesos en la Corte.
De lo monitoreado por la DEA entre Luis Gustavo Moreno y Alejandro Lyons, cuando este último pedía garantías de que su caso saliera bien en la Sala Penal de la Corte, le respondieron que “eso ya lo habían hecho en el pasado, que era una estrategia probada. Que con el concurso de los magistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino habían arreglado los procesos contra los congresistas Musa Besaile, Hernán Andrade y Luis Alfredo Ramos”. Con ellos hablaron de una suma importante de dinero, cercana a los 2.000 millones de pesos.
Según El Tiempo, en la grabación hablan incluso de una “tarifa” en la Corte, de entre 1.000 y 3.000 millones de pesos por caso. Sobre Andrade, dijeron que habría pagado para que saliera a su favor el proceso por el escándalo de Cajanal, en el cual Moreno fue su abogado.
La cortina de humo del fiscal Martínez
No obstante, en esta maraña de corrupción hay un personaje que no ha sonado lo suficiente, el fiscal Néstor Humberto Martínez; curiosa cuestión, al ser un personaje central en el escenario de la gran política colombiana.
Según el portal las 2Orillas, existen pruebas de que Enrique Vargas Lleras, hermano de Germán Vargas, le recomendó la hoja de vida de Moreno a Néstor Humberto Martínez para ocupar el cargo de fiscal anticorrupción. El único que rechistó al respecto fue el senador Jorge Enrique Robledo quien cuestionó la negligencia del Fiscal con Luis Gustavo Moreno. Según Robledo, las explicaciones dadas por Martínez sobre el caso son “amañadas”, también cuestiona el hecho de que Martínez no responda cómo, por quién y por qué Moreno llegó a ese cargo, sabiendo que su hoja de vida ya era bastante cuestionable1.
Pero, más allá del Senador del Polo, nadie más se alarma, cosa extraña. Néstor Humberto Martínez es cercano al Uribismo y es cuota política de Germán Vargas Lleras, fue asesor del multimillonario banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo y Odebrecht. Antes de ser fiscal, Néstor Humberto aseguró no tener impedimentos para ejercer el cargo, pero cuando se demostró que había firmado documentos como asesor de Odebrecht –en la adición de la vía Ocaña-Gamarra al contrato de concesión de la Ruta del Sol II–, se declaró impedido.
Luces grises lo enfocan Néstor Humberto aparece en los llamados “Papeles de Panamá” o sociedades offshore en paraísos fiscales, al igual que su excliente Luis Carlos Sarmiento, socio de Odebrecht a través de una de las compañías del grupo Aval, Estudios y Proyectos del Sol (Episol); al igual que su jefe político Germán Vargas Lleras; y el patrocinador de las campañas políticas de Cambio Radical, Alberto Ríos.
Desde su nombramiento como Fiscal General de la Nación (septiembre de 2016), Néstor Humberto Martínez ha dedicado buena parte de su acción a lanzar cortinas de humo, al parecer buscando encubrir a sus exclientes y tratando de facilitarle un salvavidas a sus amigos, quienes podrían ser investigados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Como hemos dicho, Gustavo Moreno era el intermediario para pagar sobornos al expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, lo que no se dice es que Bustos es amigo de Martínez, pues fue sostenido y defendido por él, como quedó evidenciado el año pasado en el debate de equilibrio de poderes, cuando Martínez fue ministro de la presidencia2.
Tomar cartas en el asunto
A esta altura del espectáculo circense, ¿quién investiga a quién? La solución planteada por el presidente Santos (el mismo que propuso y creó los cupos indicativos3, con los cuales logró su poder electoral Musa y el ‘Noño” en Córdoba) es crear un Tribunal de Aforados4, para reemplazar la desdentada Comisión de Acusaciones (en su larga existencia solo a logrado sacar adelante un proceso, el del exmagistrado Jorge Pretelt).
Como es obvio, construir otro tribunal no impide ni su manipulación ni su compra. El verdadero centro del asunto radica en la naturaleza del poder en que se asientan las instituciones y el mismo carácter de clase que representan, en lo que pretenden ocultar al exonerar de su ligazón con la parapolítica a diversidad de personajes del alto gobierno y del capital privado, en la lógica de la ganancia privada que impera por sobre la del bien común y por sobre la misma democracia (así sea la formal que tanto defienden, que es la que marca las reglas del juego de tronos). Pero el verdadero centro del asunto también radica en los intereses a los que son funcionales estas acusaciones, así como en las dinámicas que reproducen: el metabolismo social de la acumulación desaforada de capital, y en la superficie: magistrados, senadores y altos funcionarios, con sueldos 36 veces mayores al de la gran mayoría de colombianos, pese a lo cual quieren acumular más. Su apetito no tiene límite. Así quieren que sea su poder.
Adicional a esto, existe algo inquietante que hasta ahora no está plenamente aclarado; en los más sonados casos por corrupción que ahora pasman a las mayorías nacionales –Odebrecht y el exfiscal anticorrupción–, corresponde al Departamento de justicia de los Estados Unidos y su DEA (Agencia dedicada a seguir casos de narcotráfico y lavado de activos)el aporte de la mayor cantidad de evidencias para los procesos judiciales, cuyos afectado –en la mayoría de casos–, son las fichas estratégicas del santismo en departamentos de la Costa Atlántica, en comisiones claves del Senado y en la rama del poder judicial. ¿Qué pretenden con ello los gringos? ¿Desestabilizar el tablero nacional para la campaña electoral de 2018? ¿Por qué desestabilizar los partidos de lado y lado? ¿Cómo incide esto en el cumplimiento de los procesos de paz? ¿Por qué un país, que dice ser soberano, renuncia al control y dominio de su rama judicial?
Como en Juego de tronos, en otro capítulo habrá luz sobre el escenario.
1 http://www.semana.com/nacion/articulo/senador-cuestiona-al-fiscal-nombramiento-de-gustavo-moreno/531479
2 https://www.youtube.com/watch?v=37LzTzP7498
3 Los cupos indicativos son unos cupos presupuestales que los ministerios de Hacienda y del Interior negocian con los congresistas, supuestamente para lograr que las necesidades de sus representados sean suplidas y ayudarle al gobierno central a focalizar las inversiones. En realidad se hace para lograr que les aprueben las reformas legislativas.
4 El aforamiento es una situación jurídica según la cual determinadas personas por el cargo que ocupan no son juzgadas por los tribunales de primera instancia sino por los tribunales superiores, la idea con el tribunal es sencilla, que los magistrados tengan un organismo superior que los investigue y juzgue.
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Referencias:
http://lasillavacia.com/historia/asi-sabe-la-mermelada-de-nono-elias-46813
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/la-confesion-de-musa-besaile-que-prueba-la-corrupcion-en-la-corte-suprema-125096
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504186729_703576.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504186729_703576.html
http://caracol.com.co/radio/2017/08/31/judicial/1504187484_351017.html
http://caracol.com.co/tag/caso_bustos_ricaurte_tarquino/a/
http://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/politicos-en-investigacion-por-posibles-pagos-al-exfiscal-gustavo-moreno-126454
Fuente: https://www.desdeabajo.info/colombia/32523-corrupcion-punta-de-lanza-en-el-juego-de-tronos-colombiano.html
