JUSTICIA COLOMBIANA ES CORRESPONSABLE POR SU INACCIÓN DE FEMINICIDIOS EN EL PAÍS

John Martínez

Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra temía por su vida. Alertó a las autoridades pero su llamado no fue atendido. El diez de abril a las siete de la noche, Julio Alberto Reyes entró a un local del Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, lugar donde trabajaba Claudia Rodríguez, y tras retenerla por varios minutos la asesinó con un disparo en el estómago. Luego de dos horas de tensión, el asesino fue atacado por la policía y llevado a la fundación Cardioinfantil, donde falleció.

En Colombia, durante el 2016 reportaron 10.664 casos de mujeres lesionadas por su pareja. En el mismo año 109 de ellas fueron asesinadas por su condición de ser mujeres. De estos casos el 45 por ciento de los agresores fueron sus compañeros sentimentales. Durante los últimos cinco años han ocurrido 345 feminicidios en el país. Pero en el 95 por ciento de estos casos no hay personas procesadas. Sin embargo, lo más importante es que muchos se podrían prevenir si la justicia respondiera eficazmente al llamado de las mujeres maltratadas.

Como otras muchas, Claudia Giovanna Rodríguez Altuzarra había solicitado ayuda a las autoridades dado que Julio Alberto Reyes la maltrataba y amenazaba no sólo con quitarle su vida sino con la de su hijo, fruto de esa relación. En este caso la negligencia llega a puntos alarmantes al conocerse el historial delictivo del victimario, quien había sido condenado por asesinar a dos personas en circunstancias similares. Era el año 2006 cuando Julio Alberto llegó al bar ‘Combo Combo’, en el Centro Comercial Bachué II, en Bogotá. En él se encontraba su esposa de momento, María Margarita Acosta Castaño, y algunos de sus familiares. Entonces, Julio Alberto disparó y las balas asesinaron en una hermana y una amiga de Margarita, quien logró salir con vida. En el 2016, el hombre fue excarcelado tras cumplir sólo la mitad del tiempo previsto en la condena, producto de su buen comportamiento, según dijo la jueza que lo liberó el 29 de marzo de 2016.

Tiempo después Claudia Giovanna tuvo que huir de Medellín para liberarse del maltrato de Julio Alberto. Sin embargo éste la siguió hasta Bogotá donde la familia de la mujer, al ver que la justicia no cumplía con su deber, se encargaron de protegerla. La llamaban a cada momento e iban a recogerla al trabajo, como la noche del homicidio. Esa noche su hermana llegó al Centro Comercial justo en el momento que el asesino tenía retenida a Claudia. De haber llegado antes, basado en el historial de Julio Alberto, su vida también hubiera corrido peligro. Así, la justicia colombiana jugó con la vida tanto de Claudia como de sus familiares, incluida la del hijo.

«Crimen pasional», titularon el hecho los medios de comunicación tras conocerse que la víctima fatal había dejado al homicida semanas antes, insinuando así que la razón del hecho fue la separación. Pero ni ésta, ni la supuesta enfermedad mental de Julio Alberto, explican el homicidio. La explicación reside, por el contrario, en el machismo estructural interiorizado en cada individuo de la sociedad y en sus instituciones. Ese mismo que le hace creer a los hombres que son dueños de las mujeres, que ellas son su propiedad. Derecho imaginario al que muchos no piensan renunciar y por eso, cuando se sienten amenazados, actúan con violencia.

Según cifras de la Fiscalía, el año pasado se reportaron 117 mil denuncias de maltrato intrafamiliar contra mujeres. Es decir, 117 mil mujeres que corren el peligro de terminar asesinadas. Las acciones de la justicia no están siendo efectivas para prevenir más casos como los de Claudia Rodríguez, por el contrario, su negligencia es cómplice. Más aún cuando son los mismos jueces, como ha salido a relucir en innumerables ocasiones —tanto en Colombia como el mundo— quienes culpan a las mujeres por vestir provocativamente, por salir solas a la calle, por emborrachase; o, como se lee en redes sociales en el caso de Claudia «ella sabía que su expareja era un asesino». Por eso, como sociedad, debemos, además de exigirles a las autoridades tomar acciones en el asunto porque el machismo estructural sigue maltratando y asesinando a nuestras mujeres, liderar como movimientos sociales una amplia, extensa y continúa campaña por la igualdad real entre ambos sexos, campaña fundada en un poderoso aliento cultural que confronte tradiciones y “derecho inalienables”, esos mismos que sustentan un proceder macho superado por la historia pero presente por las bases estructurales que le siguen brindando estados como el colombiano, defensor de la tradición, la desigualdad social, la concentración de la riqueza, la exclusión de las minorías, auspiciador de violencia, soporte del militarismo más atroz, cultor de las armas, patrocinador de la corrupción y cómplice de la impunidad en todos aquellos casos de personas cercanas a sus más exquisitas redes.

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