PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA
“La impunidad tapa el 90% de las violaciones de derechos humanos en Colombia”
La activista proderechos humanos Milena López Tuta describe una Colombia alejada de la paz y con heridas abiertas como la presión a las comunidades locales por parte del Estado y de los paramilitares
Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, describe una Colombia alejada de la imagen de “postconflicto” que se asienten en la opinión pública occidental.
ZARAGOZA
EDUARDO BAYONA @e_bayona
“La realidad es diferente de la que se representa en los medios. Incluso algunos colombianos se han creído que estamos en una situación de paz cuando la situación de los derechos humanos está empeorando”, explica Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, que describe una Colombia distante de la imagen de “postconflicto” que parece haberse instalado en la opinión pública occidental desde el inicio de las conversaciones entre el Estado y la guerrilla.
López, que estos días realiza una gira por varias ciudades españolas para hablar de la situación de su país –en Zaragoza y Huesca participa en los actos de la Semana de la Tierra que organiza Ecologistas en Acción-, sostiene que Colombia, donde los conflictos armados han generado seis millones de desplazados en apenas 30 años, sigue lejos de la paz pese a las conversaciones entre Gobierno y guerrillas: “Hay intereses económicos sobre los territorios, el Estado es servil con esos intereses, y mientras sigan seguirá generándose violencia”.
- Nos han contado que en Colombia la paz estaba hecha, pero ¿cómo están las cosas en realidad?
La gente cree que estamos en postconflicto y que el último día de guerra fue en octubre, pero para las comunidades [locales] eso no es así, porque el conflicto no ha cesado, sino que continúa intensamente. Los gobiernos no están teniendo ningún interés en lograr un compromiso para que haya paz.
- Pero sí está habiendo conversaciones…
El Gobierno llama paz a la desmovilización de las guerrillas y de los fusiles, pero para nosotros la paz tiene que ver con la garantía de derechos, con la permanencia digna en los territorios, con la soberanía. Sin embargo, en los últimos años se están dando una serie de reformas legales que van en detrimento de esos derechos fundamentales.
- ¿De qué tipo de medidas se trata?
Por ejemplo, aumentar el salario mínimo un 7% y luego elevar los impuestos como el IVA un 19%. Eso desmejora las condiciones de vida de la gente. Hay reformas como las zonas Sidre, para la reindustrialización, que en realidad buscan legalizar el despojo que los paramilitares, los propietarios y los industriales han hecho a sangre y fuego. Y la Ley de Seguridad Ciudadana penaliza acciones como salir a una vía a protestar, hacer plantones o entrar en una institución. Eso ahora se ha judicializado.
- ¿Qué penas puede acarrear una acción de ese tipo?
Está el derecho a la protesta, pero si sales y paralizas una vía eso es obstrucción y las penas son de más de cuatro años, y pueden llegar a veinte y más…por protestar. Y ahora se está reformando el Código de Policía, que permite entrar en las casas sin orden judicial y que permiten detenerte si consideran que estás en estado de alteración o que puedes suponer un riesgo.
- ¿Ese proceso de endurecimiento de las leyes no se está dando en toda Latinoamérica?
Es una medida de los distintos regímenes para evitar que el pueblo se organice y se movilice y para garantizar los macroproyectos extractivos. No va a haber una paz real mientras el Estado continúe con su política mineroenergética. Por un lado se habla de paz, pero por otra continúa la explotación de los territorios. El Estado busca la pacificación de los territorios para evitar un obstáculo a las empresas transnacionales.
- Pero las movilizaciones de las comunidades para conseguir esa permanencia siguen.
El 21 de marzo fueron detenidos en el sur de Bolívar cuatro dirigentes sociales que participan en una mesa de interlocución con el Estado y que habían hecho denuncias concretas sobre megaproyectos como el de la Ruta del Sol, o sobre el impacto ambiental de la navegabilidad del río Magdalena y las macroextracciones mineras o la presencia paramilitar en la zona. Les pasaron la cuenta por oponerse a proyectos que contrarían los derechos fundamentales de la gente y ponen en peligro la permanencia de las comunidades.
- ¿Cuál es su situación?
Para la Fiscalía, deben estar presos porque constituyen un peligro para la sociedad, aunque a Milena Quiroz, portavoz de la comunidad ante la Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular, le sustituyeron la cárcel por arresto domiciliario por ser madre. Pero no puede cumplirlo allí sino en Medellín, donde no tiene gente. Eso es una forma de destierro. La mesa en la que participan es producto de las movilizaciones y tiene como objetivo buscar soluciones por la vía pacífica y del diálogo, pero este es el resultado de la paz que realmente estamos viviendo en la región.
Milena López Tuta, miembro de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra en el Departamento de Arauca, describe una Colombia alejada de la imagen de “postconflicto” que se asienten en la opinión pública occidental.
- ¿Qué nivel de violencia vive el país?
El año pasado fueron asesinados 120 dirigentes sociales en Colombia y este año ya llevamos treinta, dentro de un total de 156 ataques y sin contar la gente que diariamente está siendo asesinada en los territorios. Hay una agresividad especial contra las mujeres dirigentes de movimientos sociales, con asesinatos, amenazas y judicializaciones. El Gobierno ha sido claro en plantear que las organizaciones guerrilleras están en procesos de diálogo tendente a parar el conflicto armado, pero que continúa el conflicto social y político. La arremetida va a venir contra nosotros.
- ¿Cuántos de los autores de esos asesinatos han sido detenidos o identificados?
La situación de impunidad en los casos de violación de los derechos humanos llega al 90%. Solo algunos casos han tenido un impulso de la investigación por la presión social y el acompañamiento internacional. Hemos tenido que acudir a la Corte Interamericana para que se investigue. La impunidad es una herramienta más para reprimir.
- ¿Mientras se producen esos diálogos con las guerrillas, con los movimientos sociales al margen, qué ocurre con los paramilitares?
Los grupos paramilitares siguen. Una de las exigencias de los movimientos sociales al Gobierno es que, si estamos avanzando hacia la paz, la desmovilización de las guerrillas es solo una parte. Pedimos como garantía el desmonte real de las estructuras paramilitares que siguen actuando en los territorios tanto militar como políticamente. Vemos de buena manera que el ELN plantee claramente la necesidad de que la sociedad civil participe en las propuestas de paz. Las nuestras son esos planes de vida que hemos venido defendiendo a través del tiempo, de la movilización y de la construcción social.
- Pero sí existe una Mesa Social de la Paz ¿Qué ámbito tiene?
Es una iniciativa del movimiento social de ámbito estatal con mesas regionales que elaboran propuestas. Es una mesa complementaria de las del ELN y las FARC pero independiente, porque consideramos que la mesa sobre el conflicto político, social, cultural y económico debe seguir andando al margen de la revisión del armado. Estamos aportando a ese proceso. Si no se solucionan estos otros conflictos se van a generar otros tipos de violencia, y la paz quedaría en ‘veremos’.
- ¿Cómo va el Gobierno a esta mesa?
Tenemos la experiencia de la Cumbre Nacional Agraria, que tiene una mesa de interlocución cuyos acuerdos han sido sistemáticamente dejados de lado por el Estado. Por eso el movimiento social hemos hecho uso de la movilización, para pedir el cumplimiento de esos acuerdos y pedir la participación real de la sociedad civil en la construcción de la paz.
- ¿Qué papel juega el narco en todos estos procesos?
El tema de la droga está muy ligado a las estructuras del Estado. Por eso no hay un interés real en la lucha contra el narcotráfico, que ha sido una excusa del Gobierno para arremeter contra el campesinado. En Arauca, por ejemplo, la coca la erradicó el campesinado con organizaciones como la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos. Pero el Estado no tuvo ningún interés en apoyar al campesinado para implementar otros proyectos agropecuarios. Hoy, en el marco de los Acuerdos de La Habana, están erradicando los cultivos que habían quedado.
http://www.publico.es/internacional/impunidad-tapa-90-violaciones-derechos.html
