NUEVO CÓDIGO DE POLICÍA:
“un carcelazo no se le niega a nadie”
José Arlex Arias, La Verdad, Cartagena
El recorte de la libertad, el límite de las garantías ciudadanas y la criminalización de la protesta y la actividad social son características que acercan a un gobierno hacia la dictadura, bien sea de tipo constitucional o militar, habida cuenta que restringe la propia democracia a través de la cooptación de las otras ramas del poder por parte del Ejecutivo. En Colombia, hace rato se está caminando por ese filo de la navaja para poder sostener a una clase dirigente corrupta y excluyente, lo cual se profundiza en la medida que el modelo neoliberal golpea a sectores económicos y sociales.
Esta dirigencia, con tal de ejecutar las protervas políticas en contra del país y sus ciudadanos, y justificándose en combatir a grupos armados ilegales, siempre han querido limitar las libertades. Son mal recordados: el Estatuto de Seguridad de Julio César Turbay, dictado el 6 de septiembre de 1978, que sirvió para propiciar conductas punibles de los organismos militares como las torturas en las Caballerizas de Usaquén, causando el exilio de muchos colombianos. Y el Estatuto Antiterrorista dictado por Álvaro Uribe en su primer gobierno, aprobado en diciembre de 2003, mediante reforma constitucional, para concederles facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares, un viejo anhelo del estamento castrense que, para fortuna de los colombianos, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional.
Pero es que la reacción de los diversos sectores contra la exacción de sus derechos y la concentración de la riqueza, hace que estas medidas sean necesarias para controlar ese descontento. Por eso, Juan Manuel Santos, con su Unidad Nacional, en coalición con el Centro Democrático de Uribe, aprueban la Ley de Seguridad Ciudadana, que criminaliza la actividad y protesta social, lo cual llevan al límite con la denominada reforma al nuevo Código de Policía, que en la práctica es otro Estatuto de Seguridad, con el que convierten a este cuerpo militar en un grupo de “superpoder”, que le permite entrometerse en todo. Lo único que les faltó fue autorizarlos a meterse a la cama de los ciudadanos o a sentarse en su comedor, sin ningún tipo de invitación.
Son muchos los aspectos en los que se restringen las libertades ciudadanas como: limitar el uso de la protesta social a un permiso y solo cuando busque un “fin legítimo”, con lo cual se recorta toda la democracia, puesto que no solo acaban con la protesta espontanea sino que incluso ilegalizan los discursos que no estén alineados con el Gobierno, acabando con la libertad de expresión. Este código también permite a los uniformados “penetrar” en los domicilios sin una orden judicial, “cuando fuese de imperiosa necesidad”, sumándose a las arbitrariedades que se cometen contra la población. Pero además, les permite reglar o escoger el “uso de la fuerza” por parte de la Policía. Como si fuera poco, estableció el “traslado por protección” cuando se esté embriagado o bajo el efecto de sustancias psicoactivas, lo que podría llevar a posibles abusos de autoridad de los uniformados, algo que ya se ha visto. La lista de sanciones reguladas en 244 artículos es tan grande que es imposible enumerarlos. Lo cierto es que en Colombia: ¡Un carcelazo no se le niega a nadie!
