Logros –parciales– de quince días de Minga
Resumen comunicados
Por: Sara Leukos
Después de 12 días de Paro, los pueblos indígenas, campesinos, afros y sectores populares llegaron a un acuerdo con el Gobierno bajo una Mesa Única Nacional. Allí se precisaron seis puntos clave:
Un Acuerdo sobre el tema Minero -Energético Nacional: se busca un análisis de los títulos de explotación y exploración de minerales e Hidrocarburos
Medioambiente: construir un mecanismo de aplicación de las sentencias de la corte en materia de revocatoria de licencias y protección de territorios, páramos, cuencas hidrográficas, y tierras de vocación agrícola.
Paz y Derechos Humanos –Construcción de la CACEP, como mecanismo consultivo y de participación decisoria de la sociedad en el proceso de construcción de Paz.
Garantías en Derechos Humanos: No estigmatización de la Cumbre Agraria Campesina étnica y popular, ni vincularla con grupos armados. Garantías de la protesta social. Gobierno –Naciones Unidas en un marco jurídico para garantías de la protesta social.
Tierras, territorios colectivos y ordenamiento Territorial: ruta del reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Viabilizar mecanismo para el reconocimiento de figuras de territorialidad agraria como Zonas de reserva Campesina y Territorios Campesino Agroalimentarias. Derogar la ley Zidres
Restitución de tierras para los campesinos, indígenas y afros (punto de conversación al día 12 de junio).
El Paro y la movilización de la Minga es, sin duda, un reto para el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta implica, necesariamente, la inclusión de planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas y afro ante los organismos del Estado. El gobierno debe realizar acciones de política pública, efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como “sujetos de derechos”.
http://www.las2orillas.co/avances-la-mesa-unica-nacional-luego-del-paro-agrario/
El 12 de junio de 2016, en la ciudad de Santander de Quilichao, luego de 15 días de bloqueos y enfrentamientos contra la arremetida violenta de la fuerza pública, la Cumbre Agraria y el Gobierno firmaron diez actas específicas y una general. Los acuerdos más importantes fueron:
Garantías para la movilización
El Gobierno se compromete a “brindar plenas garantías al ejercicio del derecho a la protesta social en todo el país”, donde se acuerdan elementos centrales frente a los manifestantes judicializados, y al establecimiento de protocolos para la actuación de la fuerza pública frente a los manifestantes. En el marco de este acuerdo se establece que “la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -OACNUDH- y la Defensoría del Pueblo harán el proceso de seguimiento, monitoreo y verificación a las garantías de seguridad y protección a las comunidades [...] movilizadas en el territorio nacional”. Dentro del acta 002 se señala además, que “el gobierno nacional se compromete a la creación de una comisión de Alto Nivel para el análisis y recomendaciones que busquen soluciones de la crisis carcelaria”.
Avances para el reconocimiento de los Territorios Campesinos Agroalimentarios - TCA
En la comisión de territorialidad campesina, en el eje de tierras, territorios y ordenamiento territorial, el acta 005 señala que el Gobierno se compromete a explorar la “viabilidad jurídica del reconocimiento de otras figuras territoriales campesinas” no incluidas en la ley 160 de 1994, que solo reconoce las Zonas de Reserva Campesina. Del mismo modo, esta acta señala que el gobierno nacional se compromete a hacer la identificación física y jurídica de las tierras productivas [...] con fines de redistribución a campesinos sin tierra y poca tierra”. Finalmente, esta acta señala que “el ministerio de agricultura se compromete a gestionar con el Dane la inclusión de la categoría ‘campesino’ en el censo nacional”, lo cual significa un avance en la búsqueda del reconocimiento político del campesinado por parte del Estado colombiano.
Construcción de apuestas de paz y autonomías de control social - territorial
En materia de paz, el Gobierno se compromeó a combatir y judicializar las estructuras paramilitares, proteger a los líderes sociales e impulsar investigaciones efectivas; en segundo lugar, se acordó construir un mecanismo concertado de participación efectiva y directa de los sectores y movimiento sociales en la construcción de paz; en tercer lugar, se avanzó en el reconocimiento de las competencias de las guardias indígenas como instituciones autónomas de control social y territorial, dejando la Cumbre Agraria la constancia para seguir exigiendo un reconocimiento similar para las guardias cimarrona y campesina.
En consecuencia, el gobierno nacional se compromete a trabajar con las autoridades indígenas en un mecanismo para el reconocimiento jurídico, definición de competencias para garantizar el ejercicio de la Guardia Indígena como institución de autonomía del Gobierno Propio, en el marco de la Jurisdicción Especial Indígena. Lo anterior deberá formularse en un plazo de seis meses, con una ruta metodológica concertada y financiada por la Alta Consejería para el Postconflicto. El gobierno nacional apoyará, de igual manera, la implementación de tres experiencias para la recuperación de la armonía territorial en el marco del pos acuerdo, en el caso de las comunidades indígenas y afros. Mientras que para las comunidades campesinas el compromiso es garantizar experiencias de Territorios Campesinos de Paz. La construcción de las propuestas a implementar será concertada con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos en el marco de la Cumbre Agraria, en un plazo de cuatro meses.
También se acordó iniciar la construcción de una política pública de comunicaciones para la paz entre la Cumbre y el gobierno nacional. En lo referente al estado de los derechos sociales, económicos y culturales, fue acordada una ruta para abordar su seguimiento y cumplimiento; se realizará una Audiencia Pública en el Congreso para abordar la reforma tributaria y seguir con audiencias regulares para presentar la agenda de país desde el movimiento social.
Sistema General de Participaciones
Se acordó una asignación especial donde el gobierno nacional se compromete a tramitar los ajustes necesarios para la distribución del Sistema General de Participaciones, como resultado del fin del periodo de transición establecido en el Acto Legislativo 04 de 2007. De acuerdo con la propuesta de los pueblos indígenas, el porcentaje destinado para los resguardos indígenas estará entre el 1 y el 2 por ciento, por presentarse en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, con el objeto de presentar y defender la modificación de la Ley 715 de 2001 al Congreso de la República, órgano que tomará la decisión en cumplimiento de los trámites previstos en la Ley 5ª de 1993.
Reparación de víctimas
El gobierno nacional, en cabeza de la UARIV, se compromete a formular un Conpes para la implementación integral de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011. Este proceso deberá concertarse con la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en el marco de los escenarios legítimos de cada sector, y será formulado en un plazo máximo de cuatro (4) meses a partir de la firma de este acuerdo. La UARIV se compromete a elaborar un plan de financiamiento anual, que especifique el esquema plurianual de inversiones para la ejecución del año 2017, y formular de manera concertada un proyecto de inversión específica para el cumplimiento de los decretos ley 4633 y 4635 de 2011, respectivamente, para la vigencia 2018.
La UARIV se compromete a crear una Coordinación Nacional Étnica, para incorporar el componente diferencial y garantizar los derechos de los grupos étnicos en los procesos de implementación, ajuste y reformulación de la Política Nacional de Atención y Reparación de Víctimas. También facilitará los espacios necesarios para construir, revisar y adecuar los protocolos de participación, asistencia y atención; reparación integral, retorno y reubicación que se aplican a grupos étnicos. De igual manera, la UARIV, como coordinadora del SNARIV, se compromete a direccionar a las entidades para que los programas cuenten con enfoque diferencial étnico, y concertar con los grupos étnicos participantes en la Cumbre Agraria una ruta de comunicación y difusión de la información.
Se avanza en la construcción de una política pública minero-energética
En materia minero-energética, se acordó “la realización de una revisión conjunta de la totalidad de los actos administrativos que otorgan licencias, permisos y concesiones en materia ambiental y minero-energética” para constatar su legalidad o, en su defecto, proceder a su revocatoria; por otro lado, se ha acordado la realización de un gran Diálogo Nacional Minero Energético, que produzca insumos para una política pública en la materia; se realizarán evaluaciones piloto de carácter socio-económico de proyectos minero-energéticos.
Luis Fernando Arias Arias, Consejero Mayor de la Onic destacó que “avanzamos en un mecanismo para discutir el tema minero energético, el cual es de orden estructural en la agenda de país; así como acuerdos en materia de proyectos de inversión con Planeación Nacional, en el marco de los acuerdos que suscribimos los pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018”.
Articulación campo-ciudad
Una novedad y avance en esta jornada de acuerdos, es la ruta acordada para abordar el tema de la relación campo-ciudad, que se iniciará el próximo 17 de junio en reunión entre la Cumbre Agraria y los jefes de cartera del interior, y funcionarios de los ministerios de agricultura, medio ambiente, vivienda y de planeación nacional.
Estas actas dan cuenta de una extensa agenda de reuniones de seguimiento y monitoreo a los acuerdos incumplidos desde el 2014 y a los nuevos acuerdos de esta jornada de paro. Siendo quizá la más importante la reunión del próximo 22 de junio en la ciudad de Bogotá entre la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, con el presidente Juan Manuel Santos, donde se abordará, entre otros temas, el seguimiento a estos acuerdos.
Comunicado conjunto 004 2016
“Seguimos en Minga
En el Resguardo del Palmar, municipio de Ricaurte, el Pueblo Indígena Awá representado en las Organizaciones CAMAWARI, UNIPA Y ACIPAP junto con el Pueblo Indígena Eperara Siapidara representado por la Organización ACIESNA, las comunidades Afro de Iscuandé, Barbacoas y Roberto Payán, las Juntas de Acción Comunal de Chambú y Nembí, todas dentro de sus lineamientos de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, informan a la opinión pública y a los diferentes medios de comunicación, que dentro de sus principios como pueblos originarios y autónomos, esta la defensa del territorio y sus habitantes, como una obligación con los ancestros, en aras de preservar y salvaguardar las tradiciones culturales heredadas de los mayores. Saludamos el proceso de movilización realizado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, en la cual hemos participado desde el día 30 de mayo de 2016, con más de 2000 comuneros entre indígenas, campesinos y afro de la región. Celebramos los acuerdos alcanzados por la Mesa Única Nacional reunida en Santander de Quilichao, suscritos los días 10, 11 y 12 de junio. Sin embargo, luego de analizar con nuestras comunidades la no inclusión de nuestra problemática específica en los acuerdos realizados, hemos decidido mantenernos en “Pie de Lucha”. Por lo tanto, ratificamos que continuaremos nuestra propuesta conjunta para exigirle al Gobierno la atención inmediata a nuestras demandas, contempladas en las actas de las mingas de 2013 y 2014:
1. Se solicita cumplir los acuerdos establecidos y firmados por el gobierno nacional desde los años 2013 y 2014 a raíz de las movilizaciones del pueblo Awá, así como las concertaciones realizadas con el pueblo Eperara Siapidara en el tema de reparación colectiva.
2. Es necesario exigir la terminación de la fase de concertación y protocolización de los planes de salvaguarda de los pueblos Awá y Eperara Siapidara de la Costa Pacífica, así mismo lo contemplado por el auto 174 para el pueblo Awá.
3. Asumir compromiso en torno a una propuesta de política pública agropecuaria para la región, como alternativa a la sustitución de cultivos de uso ilícito, previo al agotamiento de la respectiva consulta previa.
Por lo anterior:
1. Nos mantenemos en Asamblea Permanente en la región del Piedemonte Costero de Nariño concentrados en el Resguardo del Palmar municipio de Ricaurte de manera indefinida.
2. Exigimos al Gobierno Central, la presencia del gabinete de Ministros de Defensa, Agricultura, Interior y de Justicia, así como funcionarios de alto nivel, en conjunto con el Gobernador de Nariño, mediante la instalación de una mesa de diálogos dentro del Territorio Indígena Awá.
Denunciamos la presencia del ESMAD durante la Asamblea Permanente, ocupando las casas de nuestros comuneros en clara violación al Derecho Internacional Humanitario e incitando a la confrontación por medio de insultos verbales, detonación de artefactos, grabaciones y tomas fotográficas a nuestros mingueros. Por lo tanto exigimos de manera inmediata, el retiro de las Fuerzas Militares, y Policía Nacional – ESMAD, de nuestro Territorio Indígena.
4. Solicitamos además como garantes la presencia de las instituciones que componen la Misión Humanitaria Permanente a los Territorios Indígenas Awá.
Se suscribe en el resguardo el Palmar, municipio de Ricaurte, a los 13 días del mes de junio:
Cabildo Mayor Awá de Ricaurte - CAMAWARI, Unidad Indígena del Pueblo Awá - UNIPA, Asociación de Cabildos Indígenas Awá del Putumayo - ACIPAP, Asociación de Cabildos Indígenas Eperara Siapidaara de Nariño - ACIESNA, Junta de Acción Comunal de Nembí-Barbacoas, Junta de Acción Comunal de Chambú-Ricaurte, Consejos Comunitarios de los municipios de Iscuandé Roberto Payan y Barbacoas.
http://www.desdeabajo.info/colombia/item/29024-logros-parciales-de-quince-dias-de-minga.html
Campesinos, afros e indígenas acordaron seis puntos clave con el Gobierno
Avances de la Mesa Única Nacional luego del Paro Agrario
Por: Sara Leukos
Después de 12 días de Paro, los pueblos indígenas, campesinos, afros y sectores populares llegaron a un acuerdo con el Gobierno bajo una Mesa Única Nacional. Allí se precisaron seis puntos clave:
Un Acuerdo sobre el tema Minero -Energético Nacional: se busca un análisis de los títulos de explotación y exploración de minerales e Hidrocarburos
Medioambiente: construir un mecanismo de aplicación de las sentencias de la corte en materia de revocatoria de licencias y protección de territorios, páramos, cuencas hidrográficas, y tierras de vocación agrícola.
Paz y Derechos Humanos –Construcción de la CACEP, como mecanismo consultivo y de participación decisoria de la sociedad en el proceso de construcción de Paz.
Garantías en Derechos Humanos: No estigmatización de la Cumbre Agraria Campesina étnica y popular, ni vincularla con grupos armados. Garantías de la protesta social. Gobierno –Naciones Unidas en un marco jurídico para garantías de la protesta social.
Tierras, territorios colectivos y ordenamiento Territorial: ruta del reconocimiento de los campesinos como sujetos de derechos. Viabilizar mecanismo para el reconocimiento de figuras de territorialidad agraria como Zonas de reserva Campesina y Territorios Campesino Agroalimentarias. Derogar la ley Zidres
Restitución de tierras para los campesinos, indígenas y afros (punto de conversación al día 12 de junio).
El Paro y la movilización de la Minga es, sin duda, un reto para el gobierno de Juan Manuel Santos, ante el histórico ordenamiento territorial que proponen las comunidades como modelo económico y de desarrollo. Esta propuesta implica, necesariamente, la inclusión de planes de vida de las comunidades indígenas, campesinas y afro ante los organismos del Estado. El gobierno debe realizar acciones de política pública, efectividad presupuestal para validar el pleno goce de los derechos de las comunidades como “sujetos de derechos”.
http://www.las2orillas.co/avances-la-mesa-unica-nacional-luego-del-paro-agrario/
