No desaparece lo que nunca se combatió
Por: Carolina TejadaMartes, 12 Abril 2016 01:31
Los grupos paramilitares han existido como fenómenos nacionales con apoyo de sectores del Ejército Nacional, poderosos empresarios, multinacionales y políticos.
En un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre el desarrollo de los derechos humanos en la región, publicado a finales de los años 90, se advertía de la barbarie paramilitar, particularmente en la zona de Antioquia, donde estos grupos venían cometiendo ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violencia criminal, además someter a la población civil.
En ese mismo informe la comisión aseguraba: “El Estado de Colombia tampoco ha actuado de la forma adecuada para controlar a los grupos paramilitares. Un velo de impunidad ha protegido casi completamente a esos grupos y a los miembros de las fuerzas de seguridad supuestamente relacionados con ellos”. Seguido a este aparte sobre paramilitarismo, la comisión resalta: “La falta de acción del Ejército colombiano para combatir el fenómeno del paramilitarismo fue denunciada por el coronel Carlos A. Velásquez. A causa de sus denuncias en este sentido presentadas al Comando del Ejército, el coronel fue llamado a retiro en noviembre del año 1996. En enero de 1997, el coronel Velásquez señaló en declaraciones públicas que, “en Urabá no se está luchando contra los paramilitares”. El coronel Velásquez se desempeñó como segundo comandante de la Brigada XVII del Ejército con sede en Urabá hasta que fue retirado”.
Paradójicamente para la misma época, el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, creó las denominadas Cooperativas de Vigilancia Rural Convivir. La comisión advirtió para entonces: “También se ha observado con preocupación la creación y desarrollo de las (…) “ La Comisión muestra su preocupación por el hecho de que las actividades y la estructura de las Convivir no se distinguen fácilmente de aquellas de los grupos paramilitares ilegales, los cuales han sido responsables de numerosas violaciones de derechos humanos”.
Legalización de la impunidad
Para el periodo presidencial en el que fue elegido Álvaro Uribe Vélez y su posterior reelección para el año 2002 al 2010, con el lema de la “Seguridad Democrática”, se aumentaron los niveles de cooperación con los EE.UU., se elevó el presupuesto para guerra bajo la consigna de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, calificativo con el que marcó en la memoria del país a la insurgencia armada, y en ese mismo costal, a las organizaciones sociales, sindicales y de DD.HH.
Su política de Seguridad Democrática, por un lado jugó un papel importante a la hora de construir estructuras económicas y políticas tendientes al desarrollo de una sociedad en el marco de la doctrina de “Seguridad Nacional”, lo que implicó el aumento del aparato militar, control social y restricción de las libertades democráticas, tal y como lo anuncia en su misión la Escuela de las Américas, en Brasil: “Seguridad Nacional es el grado relativo de garantía que, a través de acciones políticas, económicas, psico-sociales y militares, un Estado puede proporcionar en una determinada época a la Nación, para la consecución y salvaguardia de los objetivos nacionales, a pesar de los antagonismos internos o externos existentes o previsibles”.
Las estructuras paramilitares bajo la experiencia de las Convivir, ayudaron a mantener una cohesión psicológica, militar y política en el país, principalmente bajo el terror y la guerra contra la población civil. En su segundo periodo presidencial, se tramitó en el congreso de la República una ley de Justicia y Paz, que amparaba a los grupos paramilitares que entrarían en un proceso de desmovilización, y dejaba en total impunidad los crímenes cometidos por estos. La gran mayoría de estos crímenes fueron presentados por el entonces ministro de Defensa y hoy presidente de Colombia Juan Manuel Santos, como “falsos positivos”, queriendo desdibujar la responsabilidad del Estado, estos crímenes no son más que crímenes de lesa humanidad.
Nunca se desmovilizaron
Iniciado este proceso solo se llegó a hablar de 19 mil posibles desmovilizados, pero en el transcurso del mismo se desmovilizaron 35 mil paramilitares a los que se les atribuían diversas masacres y otros tantos miles de crímenes atroces. Sin embargo y dado el incremento desbordado de este ejército al que el Estado les brindaría valiosas garantías y apoyo económico para la desmovilización; escenarios como el de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos MAPP/OEA, en uno de sus informes explican que “Las estructuras paramilitares beneficiarias de la desmovilización habían engañado a la sociedad colombiana, toda vez que un considerable número de personas relacionadas en las listas eran delincuentes comunes de las zonas de influencia paramilitar, que no integraban sus filas, o amigos a los cuales se les “reclutó” días antes de las desmovilizaciones de los frentes y/o bloques, se les entrenó, se les dotó de algún armamento viejo e inservible y se les ofreció un sueldo a cambio de aceptar ser miembros de la organización”-.
En el caso del Bloque del Casanare, dirigido por Martín Llanos, esta estructura desiste de vincularse al proceso y abiertamente siguieron delinquiendo. Además de ello también se encuentran los más de 7.200 hombres que según investigaciones de organizaciones de DD.HH., corroboradas por las versiones libres de algunos de los paramilitares, iniciaron un proceso de reorganización en el país.
Un paro armado y la hipocresía Santos
Mientras se adelanta el proceso de diálogo en La Habana, las estructuras paramilitares, mal llamadas Bacrim, se han venido fortaleciendo y continúan delinquiendo bajo la omisión del Estado. Estos grupos patrullan en veredas y municipios, atentan contra la población civil, las zonas más afectadas siguen siendo Antioquia, Chocó y Córdoba.
La negativa de la existencia del paramilitarismo se desvirtuó a finales del mes de marzo con una serie de amenazas y asesinatos en todo el país, y el anuncio de un paro armado, firmado por las Autodefensas Gaitanistas como se denominan en un comunicado público, en sus zonas de influencia para el primero de abril, un día antes de la movilización programada por el Centro Democrático, el partido de Álvaro Uribe.
Sus amenazas se cumplieron; patrullaron por diversos territorios, quemaron vehículos de transporte público y de carga, llenaron de grafitis las paredes de establecimientos públicos y dispararon sin compasión a quienes no obedecieron el llamado al paro. Este paro desestimado por el gobierno nacional, dejó como resultado cinco personas asesinadas, 27 acciones violentas.
En una comunicación publicada el 12 de marzo en la revista Semana, el grupo de ‘La Oficina’, que delinque en el Valle de Aburrá expresó su interés de “entrar en una etapa de exploración y acercamiento con los gobiernos para la búsqueda de un acuerdo de paz”. Todos estos anuncios y la creciente amenaza en los territorios continúan bajo el silencio cómplice del Presidente. Por su parte la guerrilla de las FACR-EP sigue insistiendo que mientras no se desarticulen estos grupos, el proceso de paz no avanzará, pues los paras han declarado a los miembros de esta guerrilla como objetivo militar. A lo que el mismo comandante Timoleón Jiménez ha respondido: “No nos vamos a dejar matar miserablemente”.
Semanario Voz
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