Fondos buitre: práctica salvaje del capitalismo financiero
LibreRed
Los fondos buitre o holdouts son grupos de acreedores que aprovechan la situación de crisis económica que enfrentan algunos países para adquirir los bonos de la deuda pública a precios irrisorios, con el único objetivo de, más tarde, exigir el reembolso del triple o cuádruple de su “inversión”.
Se trata de un conjunto de especuladores internacionales, que reciben el calificativo de “buitre”, por la similitud que tienen con estas aves carroñeras en su forma de proceder. Revolotean sobre países en crisis. Esperan, pacientemente, a que se declaren en banca rota y compran lo que se conoce como “bonos basura” —bonos con alto riesgo de impago—para cobrarlos con intereses de hasta 1.600%.
“Los buitres son las aves que comienzan a volar sobre los muertos; los fondos buitre sobrevuelan sobre países endeudados y en default. Son depredadores sociales globales”, afirmó en una oportunidad la expresidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Estos bonistas representan el reflejo de un práctica salvaje de los mercados financieros, pues el capital no es utilizado para la inversión en la economía de un país, sino, por el contrario, se convierte en un instrumento de poder y de especulación, a costa de la riqueza de los pueblos.
Su forma de actuar es a través del miedo y la extorsión. El país se ve imposibilitado a saldar su deuda y entra en impago, ante estas circunstancias, los acreedores, con apoyo de oligopolios mediáticos, generan una matriz de catástrofe financiera, que presiona a los gobiernos a pactar con ellos un acuerdo de venta de sus bonos a un 10 o 30% menos de su valor real, describe Telesur.
Luego de adquirir los títulos, los bonistas inician casos judiciales en tribunales internacionales, en busca de sentencias que les permitan cobrar el capital original, lo acumulado por intereses, las multas por moratoria e, incluso, gastos legales. Con esto, engordan bonos y pretenden obtener, en algunos casos, hasta 1.500 millones de dólares por papeles que les costaron 48 millones.
El ejemplo más significativo de la actuación de los fondos buitre es el caso de Argentina, donde recientemente el Gobierno de Mauricio Macri firmó un convenio para pagar deudas al 7,6% de los acreedores que no entraron en el sistema de pagos negociados por los gobiernos anteriores entre 2005 y 2010.
Para pagarles, Macri venderá bonos que le permitirán recabar entre 12 y 15 billones de dólares, lo cual supone la deuda más alta de Suramérica en los últimos 20 años. Aun así, es una acción que la prensa mundial vende como el “regreso” de Argentina al mercado financiero internacional.
Este pacto significa la entrega, por parte del Ejecutivo argentino, de casi la mitad de sus reservas internacionales a los especuladores buitre, considerados parias del sistema económico mundial por su proceder fuera de todo margen ético.
Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó en septiembre de 2015 la resolución propuesta por la presidenta Cristina Fernández para regular las acciones de los fondos buitre sobre los países soberanos con deuda.
A pesar de todo el esfuerzo del kirchnerismo, el Congreso Nacional aprobó este miércoles un estatuto que permite el pago a los buitres y supone la derogación de las leyes Cerrojo y Pago Soberano, impulsada por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández para proteger el patrimonio económico de Argentina, a través de la normalización de la deuda pública y la recuperación del crédito.
Contra el pueblo argentino
El litigio con los holdouts tuvo sus inicios en la década de los noventa, cuando el endeudamiento de la nación suramericana creció abruptamente en los Gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y Fernando de la Rúa (1999-2001), que desembocó en una de las peores crisis políticas, económicas y sociales de la historia de Argentina, con la declaración del impago de la deuda en diciembre de 2001.
Luego de la toma del poder de Néstor Kirchner en 2003, se iniciaron las negociaciones con estos acreedores extranjeros, a quienes se les ofreció el pago del 75% del capital original de la deuda. Si bien, la mayor parte de estos grupos aceptaron el ajuste, el 7,6% de los bonistas se negó a la sinceración de los montos y llevaron el caso a juicio en Nueva York, Estados Unidos, donde el juez injerencista, Thomas Griesa, emitió un fallo a favor de los inversionistas y declaró en desacato a la nación argentina, con la intención de obligarla a pagar la deuda.
Argentina nunca se negó a cancelar sus pasivos, sin embargo, apeló la decisión del Tribunal estadounidense, buscando la sinceración de los desembolsos, cuyo monto exigido eran excesivamente injustos.
Aunque en 2014, bajo el mandato de Cristina Fernández, se logró revertir la decisión de Griesa, congelando el pago de 700 millones de dólares adicionales a la deuda, la disputa con los bonistas se mantuvo abierta hasta que ahora, en la era Macri, recibirán lo que piden a costa de los intereses del pueblo argentino.
Génesis Cedeño
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