Luchas sociales y elecciones regionales
¿Por qué han protestado en los últimos años las poblaciones de las diferentes regiones del país? Un recorrido por los epicentros y las razones de estas protestas dice mucho sobre los retos que tendrán que enfrentar los nuevos mandatarios locales.
Martha Cecilia García* - Ana María Restrepo**
Un país protestante
A una semana de las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles viene bien una mirada sobre lo que importantes sectores sociales han pedido en el pasado reciente a las autoridades locales y regionales. Estas demandas, plasmadas en luchas sociales, deberían ser tomadas muy en cuenta por los funcionarios que tomarán posesión de sus cargos el próximo 1 de enero.
Según el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), entre enero de 2012 y diciembre de 2014 se registraron 2.774 protestas. Las más divulgadas por los medios de comunicación fueron:
- El paro agrario,
- La resistencia civil en el Catatumbo,
- Las protestas contra la construcción de la represa El Quimbo,
- El paro de mineros artesanales e informales,
- Las jornadas nacionales de protesta del magisterio colombiano,
- Los paros de la Rama Judicial y de la Fiscalía,
- Las movilizaciones de estudiantes universitarios contra la política de financiación de la educación superior mediante alianzas público-privadas,
- El movimiento nacional por la salud y la seguridad social contra del proyecto gubernamental para reformar el sistema de salud, y
- Las marchas a favor del proceso de paz.
Sin embargo, muchos otros motivos de protesta se expresaron a lo largo y ancho del país de manera constante e insistente.
¿Por qué protestaron?
Más de la mitad de las luchas sociales durante el período de referencia giraron alrededor de las políticas gubernamentales, el incumplimiento de pactos, los derechos humanos y los servicios sociales. Esto podría ofrecer indicios a los nuevos mandatarios locales y regionales acerca de los frentes que deberán atender en cumplimiento de sus funciones públicas y de las promesas de sus antecesores.
La mayoría de luchas sociales fueron motivadas por políticas públicas. Entre ellas:
- Las protagonizadas por comerciantes y transportadores informales en contra de las medidas de recuperación del espacio público y del control del transporte pirata, que alcanzaron el 44 por ciento,
- En segundo lugar estuvieron aquellas que impugnaron o reclamaron políticas sociales (15 por ciento): educación, salud, seguridad social y empleo, en ese orden.
- Las políticas fiscales fueron blanco del 11 por ciento de las protestas: por alzas de impuestos y valorización, medidas de control al contrabando y la reforma tributaria.
El segundo motivo de protesta fue el incumplimiento de pactos, una costumbre común entre las autoridades gubernamentales de distinto rango, miembros de corporaciones públicas, y en las relaciones sostenidas por empresas privadas, públicas o mixtas con las comunidades.
La mitad de las luchas por este motivo ocurrieron por la falta de pago oportuno de salarios, primas, cesantías y por otros incumplimientos en los contratos laborales;
Un 37 por ciento tuvo su origen en la inobservancia de acuerdos previos, particularmente de aquellos que pusieron fin a otras protestas.
El 13 por ciento de las protestas denunciaron violaciones legales (principalmente del Código Laboral).
El reclamo de garantía y protección de derechos ocupó el tercer lugar de protestas en Colombia. Entre ellas:
Encuentro de Manifestantes y la Fuerza Pública en Buriticá, antioquia, durante el
Paro Agrario. Foto: Camilo Cardona
La mitad reivindicaron los derechos colectivos y el derecho a la vida, la integridad y la libertad.
El 22 por ciento reclamaron la protección de los derechos civiles y políticos,
El 17 por ciento reclamaron los derechos económicos y sociales,
Un 6 por ciento de ellas denunció violaciones graves al derecho internacional humanitario; y
Un 4 por ciento hizo explícita la exigencia de respeto a los derechos culturales e interétnicos.
El cuarto motivo de protesta giró alrededor de los servicios sociales. Entre estas protestas:
El 53 por ciento estuvieron relacionadas con la educación: por el mejoramiento o construcción de plantas físicas, el nombramiento de maestros y personal administrativo y de servicios generales para escuelas y colegios públicos, la dotación de bibliotecas, laboratorios y la extensión de prácticas académicas;
La seguridad ciudadana fue la razón de un 33 por ciento de las protestas,
Por último, los servicios de salud cubrieron el 14 por ciento. Aunque hay que decir que este bajo porcentaje no debe llevar a engaños, pues cada vez más la salud se reivindica como un derecho social.
Aunque los motivos ambientales ocupan solo el 7 por ciento del total de las luchas sociales durante el período observado:
El 66 por ciento de estas luchas se dirigieron a proteger recursos naturales amenazados principalmente (en un 43,5 por ciento) por proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y minas, y en un 7 por ciento por la construcción de hidroeléctricas o represas;
El 17 por ciento denunciaron la contaminación, y
El 17 por ciento se refirió a riesgos, desastres y atención a damnificados.
Hay que señalar que entre las luchas por incumplimiento de acuerdos previos se presentaron 6 por ciento de damnificados, 11 por ciento por no pago de indemnizaciones por desalojos causados por construcción de hidroeléctricas y un 18 por ciento por promesas o expectativas no cumplidas por entes dedicados a la extracción minero-energética.
¿Dónde protestaron?
Distribución departamental de las luchas sociales, 2012-2014
Llama la atención que cuatro de los siete departamentos de la costa caribe aparecen entre los diez donde hubo más protestas. La lista fue encabezada por Bolívar, que desbancó a Bogotá, Antioquia, Santander y el Valle, lugares que tradicionalmente se disputaron el primer lugar como escenarios de acciones colectivas contenciosas.
Cada vez más la salud se reivindica como un derecho social.
En los departamentos continentales de la costa caribe primó la demanda por servicios sociales, en su orden: educación, seguridad ciudadana (la mitad de las luchas nacionales por este motivo tuvieron lugar en estos seis departamentos) y salud, seguidas por la demanda de servicios públicos, sobre todo de energía y por la crítica al funcionamiento de Electricaribe. No se tiene información sobre Vichada.
Magdalena, Amazonas, Cundinamarca y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se apartan de la tendencia general respecto de los motivos de las luchas. Así, la prolongada crisis de agua potable en Santa Marta, la ineficiencia de Empoamazonas como prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado, la demanda de vías terciarias y pavimentación de calles en pequeños poblados de Cundinamarca y la contaminación marítima y de las playas en San Andrés marcaron la tendencia en estos departamentos.
La localización de las luchas sociales pone de presente la importancia de la coordinación entre gobernadores y alcaldes. Se necesita una propuesta de regionalización que articule las demandas más allá de los límites administrativos y permita ofrecer respuestas oportunas y reales a problemas sociales asociados con la territorialidad de las comunidades. Llama la atención, por ejemplo, que el motivo de derechos sea el principal en la región del Pacífico colombiano.
Recomendaciones a los futuros gobernantes
Vista de la sede de la Gobernación de Cundinamarca y el centro de Bogotá. Foto: Greg Stern
Este panorama muestra que hay un proceso de organización social consolidado alrededor del malestar por la definición de políticas que no toman en cuenta las demandas de las comunidades y por la exigencia de derechos (un esfuerzo por frenar el proceso de retiro del Estado del cumplimiento de sus obligaciones con los ciudadanos).
Pero, sobre todo, se destaca el hecho de que ni el gobierno nacional cumple lo que debe ni los gobiernos locales se han ocupado de exigir el cumplimiento de los pactos que dieron fin a protestas anteriores o a gestionar la ejecución de esos acuerdos.
Cuatro de los siete departamentos de la costa caribe aparecen entre los diez donde hubo más protestas.
Entre 2012 y 2014 se hizo evidente el regreso al papel de adversario de los gobiernos locales. En períodos anteriores las demandas sociales se dirigían al Ejecutivo nacional, lo que indicaba la pérdida de credibilidad ciudadana en la capacidad de las administraciones municipales y departamentales para resolver los conflictos sociales. Hoy, las expectativas para tramitar estos conflictos se fijan en niveles gubernamentales más cercanos porque en el nivel nacional no se encontró respuesta satisfactoria.
Si bien es claro que los alcaldes y gobernadores elegidos próximamente también tendrán entre sus retos el desarrollo de los acuerdos entre el gobierno y las FARC, no todo pasa por La Habana. Mucho menos la solución de las deudas sociales que crecen año a año y que principalmente se tratan de condiciones de vida digna: servicios públicos y sociales para todos, viviendas dignas y reconocimiento social y cultural.
Un programa de gobierno comprometido con la localidad no puede obviar la constante exigencia de sus comunidades e ignorar su participación en la política, expresada a través de la movilización. No hay que olvidar que los bloqueos de vías, los paros, las marchas son el recurso cuando ya se han agotado todos los medios para hacerse oír.
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*Socióloga y magíster en Urbanismo de la Universidad Nacional de Colombia, candidata al Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito. Investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
** Historiadora, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)
http://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/8918-luchas-sociales-y-elecciones-regionales.html
