Condiciones de trabajo decente son aún esquivas para millones de trabajadores(as) en Colombia
Escuela Nacional Sindical
Es claro que la economía colombiana creció (4,3% en 2013), y que las variables de empleo mostraron una leve mejoría, pero también lo es que buena parte de este crecimiento se dio en sectores que no necesariamente son generadores de empleo. Además, no hubo cambios significativos en las condiciones de concentración del ingreso y bajaron los niveles de pobreza, pero más por efectos metodológicos en su medición que por una política efectiva de redistribución de la riqueza.
El comportamiento de la economía no se correspondió con la dinámica del mercado laboral y la coyuntura social; la economía colombiana tuvo la capacidad de crecer sin tener cambios sustanciales en las condiciones laborales.
En este sentido, una política pública de trabajo decente sería una herramienta fundamental para la reducción sostenible de la pobreza y un medio para conseguir un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible; y sería una gran contribución a la consolidación de una paz duradera. El trabajo decente entendido como expresión de los 4 objetivos estratégicos de la OIT: 1) Acceso a un pleno empleo productivo. 2) Principios y derechos fundamentales en el trabajo. 3) Protección social. 4) Promoción del diálogo social y tripartismo; objetivos que corresponden a una aspiración universal de dignidad, justicia, seguridad material y realización personal.
A continuación una lectura de las condiciones de trabajo decente para los y las trabajadoras del país, con base en cada una de las dimensiones que lo componen:
I. Oportunidades y riesgos del mercado laboral
En 2013 la tasa de desempleo disminuyó. Se ubicó en 9,6% (2´243.000 desocupados), o sea 0,8 puntos porcentuales menos con respecto a 2012. Sin embargo, el desempleo se estancó en su decrecimiento. Su disminución ha estado jalonada por el incremento en la tasa de inactividad (35,8% en 2013) y la caída en la tasa global de participación (64,2% en 2013), más que por un dinamismo en la creación de nuevos empleos, ya que para el 2013 el empleo solo creció 1,7%, mientras que en 2012 había crecido 3,4%.
Por otro lado, la tasa de ocupación fue de 58,0%, teniendo un cambio marginal de 0,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, cuando era de 57,8%. En total fueron 21´048.000 ocupados, 352.000 más que en 2012; empleos que representan menos de la mitad de los generados en 2012, cuando fueron 676.000.
La población asalariada creció 3,6% con respecto a 2012, pero es alarmante que la mayoría de la población no es asalariada. De cada 100 ocupados, 47 son asalariados (9´979.000 ocupados) y 53 no lo son (11´069.000). El aumento de los no asalariados se fundamenta en el crecimiento de los trabajadores cuenta propia, 1,3% con respecto a 2012, ubicándose en 9´002.000, y los trabajadores familiares sin remuneración en otras empresas, que aumentaron 7,9%, para un total de 136.000 ocupados en esta categoría.
El empleo crece en ramas de actividades que se caracterizan por la vulneración de los derechos laborales. Es el caso de comercio, hoteles y restaurantes, que creció 4,37%. Además, aumentó el empleo en la intermediación financiera (11,5%) y actividades inmobiliarias (7,4%). Decreció el empleo en sectores representativos, que han perdido participación en el PIB. Caso de la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, que disminuyó 2,02%, expulsando 73 mil empleos; y la industria manufacturera, que disminuyó en 4,7%, eliminando 123 mil empleos.
Los subempleados a pesar de disminuir con respecto a 2012, representaron el 42,6% de la población ocupada (31,2% tasa de subempleo subjetivo y 11,4% tasa de subempleo objetivo). Lo que indica que 4 de cada 10 ocupados no están satisfechos con su empleo, lo consideran inadecuado por competencias, por horas y/o por ingresos.
En cuanto a la tasa de informalidad, según el DANE, en las 13 áreas metropolitanas ésta fue de 49,4%, representando a 5´025.000 informales. Sin embargo, existen otras cifras. Según el Ministerio de Trabajo en 2013 la informalidad fue del 68%, y una cifra diferente presenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): 59,9%; mientras que para la OIT la informalidad fue de cerca del 80% . Es una situación alarmante si se tiene en cuenta que son trabajadores cuenta propia en labores de baja producción económica, que no reciben beneficios en salud y pensiones. Lo anterior también refleja las múltiples formas en que se concibe la informalidad, y explica en parte la dificultad de promover políticas eficientes y con destacado impacto.
La población informal es muy poco educada. El 80,1% había hecho educación primaria, secundaria el 51,6%, y sólo el 17,2% tenía educación superior.
Las mujeres, los jóvenes y otros grupos de trabajadores vulnerables se ven obligados a aceptar empleos en condiciones de informalidad. En Colombia la tasa de trabajo informal para mujeres fue 52,5%, frente a 46,7% para hombres.
Por otro lado se encuentra la generación NiNi, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se estima que el 20% de los jóvenes latinoamericanos entre los 15 y 30 años, no hace parte ni del sistema educativo ni del sistema laboral. En Colombia se estima que los NiNi constituyen el 19,3%. Para el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) el 27% de los jóvenes de estratos 1 y 2 no estudia, ni trabaja, ni busca empleo. Factores como la desigualdad social, las dificultades económicas, el desequilibrio familiar, entre otros, hacen que se acentúe el fenómeno y se traduzca en mayores riesgos para la deserción escolar y la inestabilidad laboral.
En 2013 la tasa de desempleo de los jóvenes fue de 16.4%, 1,3 puntos porcentuales por debajo a la reportada en 2012. Sin embargo, es alarmante que los jóvenes desocupados representaron el 51% del total de desocupados: 1'139.000 jóvenes.
II. Remuneración al trabajo
Los ingresos de los ocupados en el país son muy bajos, al punto de que el ingreso promedio nacional en 2013 fue de $816.646, aumentando en 6,1% con respecto a 2012, año en el que fue de $770.057. Si bien las estadísticas muestran un incremento en el ingreso promedio del país, también indican que un destacado 45,3% de los ocupados recibió hasta un salario mínimo, y de éstos 6,9% no recibieron ingresos. Es decir, de cada 100 ocupados, 45 recibieron el 72% del ingreso promedio del país, esto es $589.500.
Por otro lado, el ingreso promedio representa el 97% de la línea de pobreza por hogar , lo que obliga a que más de un miembro del hogar se vea obligado a ingresar al mundo laboral, el cual no le garantiza una mejor calidad de vida.
Algunas de las ramas de actividad que mayores ingresos laborales reportaron son a la vez las que menos incidencia tienen en el empleo. Es el caso de explotación de minas y canteras, con un ingreso promedio de $1´315.537, y suministro de electricidad, gas y agua, con $1´308.387; mientras que ramas que tienen una participación destacada en el empleo, como agricultura e industria manufacturera, reportaron ingresos promedios de $448.693 y $832.531 respectivamente.
Por posición ocupacional se encontró que el ingreso laboral promedio para los cuentapropistas, es decir, para el 42,8% de la población ocupada, fue de $755.139, mientras que el ingreso promedio de los empleados particulares fue de $1'099.108.
III. Trabajo infantil: de lo inadmisible a lo conciliable
Según el DANE, en el trimestre octubre-diciembre de 2013 la tasa de trabajo infantil fue del 9,7%, y de 14,8% ampliado, es decir, niños y niñas que trabajan en su hogar por más de 15 horas a la semana. Si bien se presenta una disminución con respecto al año anterior (cuando eran de 10,2% y 15,8% respectivamente) es muy alta y representa a 1´091.000 niños y niñas que trabajan.
Por sexo, la tasa de trabajo infantil fue de 12,5% para hombres y 6,6% para mujeres. Sin embargo, la tasa de trabajo infantil ampliada fue mayor para las mujeres, al ubicarse en 15,1% frente a 14,6% de los hombres. Las ramas de la economía en que mayor trabajo infantil se presentó fue en comercio, hoteles y restaurantes (34,6%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (34,3%) e industria manufacturera (11,4%).
El 49,6% de los niños y niñas son trabajadores sin remuneración, 26% son asalariados y 24,3% son independientes.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), en 2013 las mujeres en un 89,4% participaron en el trabajo no comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales (trabajo no remunerado); mientras que la participación de los hombres fue de 63,1%.
Además en la ENUT se observa que el tiempo promedio poblacional dedicado por las mujeres a las actividades personales, no difiere de manera relevante del de los hombres. Sin embargo, hay una enorme diferencia en la composición del tiempo promedio poblacional dedicado al trabajo remunerado y a las actividades no remuneradas de cuidado, pues mientras las mujeres dedican 2:31 al trabajo comprendido en el SCN y 6:35 al trabajo no comprendido en el SCN en un día promedio, los hombres dedican 5:11 y 2:00 respectivamente. Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado 3 veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa: dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.
Al desagregar el trabajo por las diferentes actividades, se encuentra que las mujeres dedican más tiempo promedio poblacional que los hombres en todas las actividades del cuidado, destacándose el suministro de alimentos a miembros del hogar de manera no remunerada (1:33), frente a los hombres (0:12); y estar pendiente de miembros del hogar (2:34) frente a (0:53) de los hombres.
Lo anterior tiene varias implicaciones: provoca que las mujeres tengan una doble o triple jornada de trabajo, y que las mujeres que se dedican exclusivamente a las actividades del cuidado no gozan de ningún tipo de protección social y otras garantías laborales.
IV. Seguridad en relación con el empleo
La dinámica laboral colombiana atraviesa por uno de los problemas estructurales y progresivos más fuertes: la tercerización laboral o subcontratación. Si bien ha habido una disminución en el número de Cooperativas de Trabajo Asociado y sus "asociados", no significa que la intermediación laboral ilegal haya disminuido. Al contrario: ha hecho metástasis en nuevas y "creativas" formas de tercerización laboral, tales como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), los contratos sindicales, o se han mimetizado en otras figuras existentes y legales, como las Empresas de Servicios Temporales.
Todas estas figuras, aunque con naturalezas jurídicas diversas, han servido para mantener, e incluso incrementar, la intermediación laboral ilegal. Pero lo más preocupante es el incremento de la figura del contrato sindical, que en 2013 alcanzaron a ser 964, un aumento del 37% con respecto al año anterior. 939 de ellos, o sea el 97,4%, pertenecen a la categoría económica "servicios sociales y de salud" .
En cuanto a las SAS, los múltiples beneficios y flexibilidades que en materia económica, fiscal, tributaria y laboral pueden obtenerse de la constitución de una de éstas sociedades, es lo que explica que en el solo periodo de 2008 a 2012 se hayan creado más de 160.000 empresas de este tipo, y resulta imposible determinar cuántas de ellas operan como tercerizadoras encubiertas.
V. Seguridad del ambiente de trabajo
En 2013 sólo el 39,3 del total de población ocupada del país estaba afiliada a riesgos laborales, esto es 8´269.950, lo que deja a más del 60% de la población ocupada excluida y desprotegida por el sistema. Preocupa además la situación de los independientes, ya que sólo el 2,81% de ellos se encontraba cubierto.
En 2013 se presentaron 542.406 accidentes de trabajo, 10.189 enfermedades laborales (incremento de 7% con respecto a 2012) y 752 muertes en el trabajo (incremento de 41,4% con respecto al año anterior, cuando fueron 532).
VI. Seguridad Social
En el último año se evidenció un trabajo informal, precario y sin cambios significativos en materia de protección social. Solo el 47% de los ocupados hacían parte del régimen contributivo de salud. En 2013 estaban afiliados como cotizantes a pensiones (en fondos voluntarios y privados) 5´491.424 ocupados, es decir, de cada 100 ocupados tan solo 26 estaba afiliado a pensiones en estos fondos.
El 70,7% del total de ocupados estaba excluido del régimen de cesantías (sin incluir a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro), lo que reitera la precarización que sufre la mano de obra en el país. En total se encontraban 6´160.784 ocupados en este régimen, presentando un incremento de 4,3% con respecto a 2012.
Por otra parte, el 67,9% de los ocupados no estaba afiliado al sistema de cajas de compensación familiar. Este sistema solo afilia a 6´759.470 ocupados, que si bien se incrementaron frente al 2012, solo representaban el 32,1% de los ocupados.
VII. Trato y libertades individuales en el trabajo
En 2013 las mujeres tuvieron tasa de desempleo de 12,7%, esto es 5,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres la cual fue de 7,4%. La brecha de género en materia de desempleo es el doble que la de América Latina. A finales de 2013 Colombia presentó la segunda tasa más alta de desempleo en la región, donde sobresale una brecha de género de 5,3 puntos porcentuales, mientras que este indicador para la región es, en promedio, de 2 puntos porcentuales para el mismo período. En comparación con el 2012, esta brecha presenta una leve reducción por 0,7 puntos porcentuales .
A finales de 2013, en materia de remuneración, las mujeres ganaban 18,5% menos que los hombres; en el 2012 alcanzó su expresión más aguda: el 20,9%. De hecho, la mayor concentración salarial para las mujeres (27,3%) se halla en de 0 a 0.5 smlmv, y para los hombres (29,7%) en más de 1 hasta 1.5 smlmv.
VIII. Libertades sindicales y diálogo social
En el año 2013 no cesaron las violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Se destacan el aumento de homicidios (se incrementaron en 50% con respecto a 2012) y de los atentados (que aumentaron en 157,1% de un año a otro). En total se presentaron 436 casos de violencia.
Así mismo, se registraron al menos 51 violaciones a la vida, la libertad e integridad de las mujeres sindicalistas, entre ellas 3 asesinatos, un atentado con o sin lesiones, y 38 amenazas de muerte.
En materia de impunidad puede decirse que son todavía muy leves los avances en las investigaciones de crímenes contra sindicalistas. Se encuentran en investigación 1.545 casos, correspondientes a hechos ocurridos entre el 30 de agosto de 1988 y 23 de febrero de 2013. Es de señalar que sólo en 808 de estos casos se ha probado la calidad de sindicalistas, y se evidencia la aparición de casos en los que se vincula como procesados a sindicalistas (por lo menos en cuatro casos).
En cuanto a la dinámica de la negociación colectiva, se encontró que en 2013 se presentaron 1.827 casos, de los cuales el 52,8% (964) correspondieron a contratos sindicales, 25,1% (459) a convenciones colectivas, 11,2% (204) a pactos colectivos, y 10,9% (200) a acuerdos en el sector público. Es importante resaltar dos cosas: primero, los pactos colectivos son una de las estrategias utilizadas por las empresas para debilitar a los sindicatos, o para impedir que éstos se formen en las empresas; y segundo, los contratos sindicales en muchas ocasiones son utilizados para precarizar la mano de obra.
Por último, se encontró que durante el año 2013 la dinámica de la movilización sindical y laboral evidenció un logro que merece destacarse: la unificación de distintos sectores para protestar contra las políticas estatales en materia económica, política y social. En este año hubo 364 protestas laborales y sindicales, 74 más que en 2012, lo cual indica un incremento del 25,5%.
Según el tipo de acciones colectivas, predominaron las jornadas o manifestaciones con un 71,7% del total. En segundo lugar se ubicaron los ceses de actividades, con un 24,5%. Ambas formas de protesta aumentaron de manera significativa con respecto al año anterior.
En lo que respecta a la clasificación desglosada de todas las variables, se reiteran la marcha y el mitin o plantón como las dos más destacadas, agrupando el 44,2% del total. Este entramado indica que los trabajadores valoran este tipo de acción porque lograron ver el impacto que genera en el gobierno y la sociedad. Además, demostraron que las marchas son mecanismos de resistencia que propenden por la participación colectiva, la presión para reclamar soluciones rápidas, la unidad y la solidaridad.
En materia de Trabajo Decente los retos son pues inmensos, máxime en un proceso de paz histórico, donde diversos sectores económicos y académicos del país quieren aportar a la construcción de mejores condiciones para las y los colombianos.
http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=a---;1;-;-;&x=20170280
